CE - Sentencia 11001031500020250691900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación:

11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Jorge Emilio Ramírez Gasca en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 4 de noviembre de 202 52 el tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales considera vulnerados con la providencia proferida el 24 de julio de 2025 , mediante la cual revocó la decisión dictada el 18 de octubre de 2023 por el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá y, en su lugar, se declaró terminado el proceso ejecutivo No. 11001333502520180027400/01.

2.- Hechos

2.1.- Jorge Emilio Ramírez Gasca promovió el medio de control de nulidad y

de Bogotá y, en su lugar, se declaró terminado el proceso ejecutivo No. 11001333502520180027400/01.

2.- Hechos

2.1.- Jorge Emilio Ramírez Gasca promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento No. 11001333502520150005600 contra Colpensiones. En primera instancia, el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 19 de abril de 2016, revocó dicha decisión y declaró la nulidad de la Resolución GNR 380172 del 28 de octubre de 2014, que había reliquidado la pensión de veje z del interesado. En cumplimiento, Colpensiones expidió la Resolución GNR 2787700 del 20 de

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E3D95F3B2F9A7E66 D7503C7E3307DD2A 1C20DF94336BAD9A DCB11F15CF1065E3. 2 Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8F29E7CBF007C832

C335B678063EC6CA 48DB1D8ABF61EA9B A8ABADAD5F8104EA.2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia septiembre de 2016, que reconoció valores por diferentes conceptos pensionales y

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia septiembre de 2016, que reconoció valores por diferentes conceptos pensionales y fijó un valor a pagar de $4.536.727. Sin embargo, en opinión del actor, la entidad erró al determinar como base pensional para 2013 la suma de $2.685.273. Estimó que la mesada pensional para 2013 debió fijarse en $4.193.269 en virtud de la indexación3.

2.2.- Con base en los hechos anteriores Ramírez Gasca inició el proceso No. 11001333502520180027400, cuyo título ejecutivo fue la aludida sentencia de 2016. El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá, mediante auto del 20 de febrero de 2020, libró mandamiento de pago. Por providencia del 18 de octubre de 2023 ordenó seguir adelante con la ejecución por un total de $55.403.988. Para ello, determinó la primera mesada indexada en $2.879.464. El total de mesadas hasta la ejecutoria de la sentencia fue de $11.188.763; la indexación correspondiente, $1.332.241; los aportes pensionales sobre los factores incluidos en la sentencia, $3.756.776; las mesadas hasta la expedici ón de la Resolución No. GNR 278700 del 10 de septiembre de 2016, $1.525.557; lo adeudado hasta dicha resolución con intereses, $5.982.003; y las mesadas causadas hasta la fecha de liquidación, $20.397.537. Finalmente, los intereses moratorios se calcularon desde febrero de 2017 hasta el

$5.982.003; y las mesadas causadas hasta la fecha de liquidación, $20.397.537. Finalmente, los intereses moratorios se calcularon desde febrero de 2017 hasta el 11 de agosto de 2023, lo cual arrojó un total de $28.866.6944.

2.3.- Inconforme, Colpensiones apeló la decisión referida. Por sentencia del 24 de julio de 2025 5, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró terminado el proceso. Indicó que la pretensión relacionada con la indexación de la primera mesada pensional , la de 2013, no era procedente, toda vez que el título ejecutivo aportado no contenía una orden expresa, clara ni exigible sobre dicha obligación. Señaló que en el ordinario no se solicitó la indexación de la primera mesada ni esto fue objeto de pronunciamiento, sino que únicamente se dispuso la actualiza ción de las mesadas. Afirmó, además, que el ejecutivo no puede usarse para reabrir debates ni para introducir elementos no discutidos previamente, por ende, estimó la ausencia de un título ejecutivo que contuviera una obligación clara, expresa y exigible al respecto.

3 A folios 59-60 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 84FF06A92BF6ED7C 722CD8010813AB2C 19C9CF08D03EE537 7CE1063EA27C4886. 4 Ibidem, a folios 60-61. 5 Obra sentencia a folios 58 -77 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

4 Ibidem, a folios 60-61. 5 Obra sentencia a folios 58 -77 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

84FF06A92BF6ED7C 722CD8010813AB2C 19C9CF08D03EE537 7CE1063EA27C4886.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pasó por alto que la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho estableció expresamente la obligación de actualizar los valores conforme al IPC, por lo que el mandamiento de pago debía incluir la indexación de la primera mesada pensional. Argumenta que dicha indexación es un componente esen cial del derecho a la pensión, reconocido por la jurisprudencia constitucional y contencioso -administrativa, y que su omisión afecta derechos fundamentales. Indica que el fallo atacado incurrió en un defecto fáctico, al no valorar adecuadamente el título e jecutivo ni la prueba pericial practicada por la oficina de apoyo judicial, la cual reflejaba correctamente la liquidación.

Ramírez Gasca sostiene que la ejecución no busca reabrir el debate, sino cumplir la orden judicial previamente impartida, y que el título ejecutivo sí contiene una obligación clara, expresa y exigible o, en su defecto, una base suficiente para determinarla mediante operación matemática. Aduce que el tribunal desconoció la

la orden judicial previamente impartida, y que el título ejecutivo sí contiene una obligación clara, expresa y exigible o, en su defecto, una base suficiente para determinarla mediante operación matemática. Aduce que el tribunal desconoció la ratio decidendi de precedentes judiciales sobre la indexación de la primera mesada, lo que configuró una actuación judicial arbitraria. Concluye que la terminación del ejecutivo por ausencia de título válido contradice la doctrina constitucional sobre la protección integral del derecho a la pensión y desnaturaliza el alcance de la indexación, al tratarla como un simple ajuste técnico y no como un instrumento de garantía del poder adquisitivo del pensionado.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya trasgresión se denuncia; (ii) declarar que la providencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y las decisiones que de ella dependen, vulneran la Constitución Política; y (iii) dejar sin efectos dicha providencia y, en consecuencia, confirmar la decisión adoptada el 18 de octubre de 2023 por el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá, D. C.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1.- Mediante auto del 6 de noviembre del 2025 el despacho ponente admitió la

Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1.- Mediante auto del 6 de noviembre del 2025 el despacho ponente admitió la acción de tutela y vinculó al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá y a la Administradora Colombiana de Pensiones . También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2.- Colpensiones argumentó que la discusión invocada ya fue objeto de decisión por otro juez. Alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones no se dirigen en su contra ni se encuentran dentro de su competencia. Señaló, además, que no existe hecho vulnerador que le sea atribuible. Afirmó que el juez constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de asuntos zanjados por la jurisdicción contencioso -administrativa, en ausencia de una vulneración evidente o de la configuración de un perjuicio irremediable.

5.3.- La magistrada Alba Lucía Becerra Avella del Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó que la providencia del 24 de julio de 2025 se fundó en una valoración rigurosa y razonada del título ejecutivo. Aseveró que el fallo de 2016 no ordenó de manera clara, expresa ni exigible la indexación de la primera mesada pensional. Resaltó que la ejecución no es el escenario procesal para introducir nuevas pretensiones o reabrir debates resueltos, como lo sería la inclusión de la indexación de la primera mesada, la cual no fue solicitada ni discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, acotó que su actuación

nuevas pretensiones o reabrir debates resueltos, como lo sería la inclusión de la indexación de la primera mesada, la cual no fue solicitada ni discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, acotó que su actuación se ajustó a derecho. Además, consideró que este mecanismo busca reabrir el debate judicial como si fuera una tercera instancia.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jorge Emilio Ramírez Gasca en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia 2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad 6 y de procedencia 7 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso

requisitos de procedibilidad 6 y de procedencia 7 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”8.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber9: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la releva ncia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo

6 De acuerdo con la sentencia C -590 del 2005, la tutela en contra de providencia judici al está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez ; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derec hos fundamentales; que se identifiquen en forma

el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derec hos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 7 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. 9 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202210, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;

determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, el tutelante alega, en esencia, que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (i) ignoró que la sentencia base de la ejecución ordenó expresamente la actualización de valores conforme al IPC, lo que incluye la indexación de la prim era mesada pensional; (ii) desnaturalizó la indexación al tratarla como un simple ajuste técnico y no como garantía del poder adquisitivo y del mínimo vital; (iii) incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de un peritaje y del título; (iv) des conoció los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la protección del derecho pensional; y (v) dio por terminado el proceso ejecutivo pese a la existencia de un título con obligación clara, expresa y exigible o, en su defecto, determinable mediante una operación aritmética.

4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar debidamente justificados, se advierte n como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 24 de julio de 2025, se dilucida el siguiente análisis textual:

adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 24 de julio de 2025, se dilucida el siguiente análisis textual:

“En asunto sub examine el demandante adujo como título base de la ejecución la sentencia del 19 de abril de 2017, proferida en segunda instancia por el Tribunal - Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D, que revocó el fallo dictado el 19 de octubre de 2015, por el Juzgado 25 administrativo de Bogotá que había negado las pretensiones, para lo cual consideró: (…)

La anterior decisión cobró ejecutoria, el 19 de abril de 2016, según certificación expedida el 30 de junio de 2017, por el secretario del Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C., (archivo 001, fl.22. exp. virtual).

10 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para dar cumplimiento al fallo antes analizado, expidió la Resolución No. GNR 278700 del 20 de septiembre de 2016, en la cual consideró: (…)

En la demanda ejecutiva presentada por el señor Ramírez Gasca (archivo 001, fl.12, exp. virtual), este afirmó que la entidad accionada incurrió en error al determinar, como mesada para el 4 de enero

consideró: (…)

En la demanda ejecutiva presentada por el señor Ramírez Gasca (archivo 001, fl.12, exp. virtual), este afirmó que la entidad accionada incurrió en error al determinar, como mesada para el 4 de enero de 2013, la suma de $2.685.273, pues a su juicio, debió tomar este monto y actualizarlo de conformidad con el I.P.C., certificado por el DANE y así establecer en realidad cual era la mesada pensional para el referido año en que adquirió el estatus.

De lo anterior, se advierte que la inconformidad planteada por el demandante frente a la liquidación efectuada por Colpensiones en la Resolución No. GNR 278700 del 20 de septiembre de 20 16, se circunscribe únicamente a que según su criterio no se indexó la primera mesada teniendo en cuenta que la misma se liquidó con base en los factores percibidos en el último año de prestación del servicio público que lo fue entre el 30 de julio de 2002 y el 30 de julio de 2003, en tal medida, a través del proceso ejecutivo reclama el pago de las presuntas diferencias surgidas de la mencionada indexación, en ninguna parte de la demanda ejecutiva se alega que se hayan dejado de incluir factores o que los valores tenido en cuenta para la liquidación no corresponda a los montos percibidos por tales emolumentos.

Por su parte, el a -quo sin ahondar en el análisis del título ejecutivo aportado como base de la ejecución, por auto del 20 de febrero de 2020 (archi vo 01, fls.169 -173, exp. virtual), dispuso librar orden de pago por los valores reclamados por el actor en su demanda.

ejecución, por auto del 20 de febrero de 2020 (archi vo 01, fls.169 -173, exp. virtual), dispuso librar orden de pago por los valores reclamados por el actor en su demanda.

Y en la sentencia apelada procedió a la indexación de la primera mesada pensional y con fundamento en ello liquidó el crédito, observando que la ejecutada Colpensiones adeuda la suma de $26.157.754 por concepto de indexación a mesadas pensionales y aportes a pensión, y el monto de $29.246.234, por intereses de mora, y si bien refiere al título ejecutivo aportado, en esta oportunidad tampoc o estudió si el mismo reunía los elementos requeridos por la ley respecto a si obligación reclamada, es clara, expresa y exigible.

Bajo el anterior contexto, luego de analizada la sentencia del 19 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aportada en la presente demanda como título ejecutivo se advierte que la obligación pretendida por el ejecutante no es expresa, clara ni exigible, habida cuenta que lo reclamado en la demanda ordinaria como restablecimiento del derecho, fue que se le reliquidara la pensión de jubilación del demandante con inclusión en el IBL de los factores percibidos en el último año de la prestación del servicio oficial por parte del señor Ramírez Gasca, cuyo lapso fue entre el 30 de julio de 2002 y el 30 de julio de 2003, sin que allí se reclamara la indexación de la primera mesada, y por ende, el fallo presentado como título ejecutivo NO contiene dicha obligación.

En efecto, la citada providencia no ordena explícitamente la indexación de la primera mesada, por lo

primera mesada, y por ende, el fallo presentado como título ejecutivo NO contiene dicha obligación.

En efecto, la citada providencia no ordena explícitamente la indexación de la primera mesada, por lo tanto, resulta evidente que en el título base de esta acción ejecutiva, no hay una orden judicial que de manera clara, precisa e inequívoca contenga la obligación de indexar la primera mesada. En ese orden, no se cumple con los requi sitos de claridad, expresividad y exigibilidad de una obligación, relacionada con la indexación de la primera mesada.

Ahora bien, en el fallo aportado como título ejecutivo se dispuso sobre la actualización de la condena en los términos del artículo 187 del CPACA., dando aplicación a la fórmula establecida por el Consejo de Estado, lo cual solo es aplicable a las mesadas causadas desde la adquisición del estatus de pensionado y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, pero de ninguna manera se condenó a la accionada a la indexación de la primera mesada, pues con la demanda ordinaria no se solicitó, ni tampoco en ninguna de sus partes -motiva o resolutiva-, el referido fallo se pronunció sobre condenar a la actualización de la primera mesada, de allí que se torne improcedente, el seguir adelante con la ejecución de la forma establecida por el a-quo, en cuanto no existe en la orden judicial cuya ejecución se persigue, una condena en los términos reclamados en la demanda ejecutiva; ya que hacerlo implica r evivir el debate del proceso ordinario adicionando en la discusión jurídica un punto que ninguna de las partes alegó en su momento.

En este punto se considera necesario indicar que el proceso ejecutivo no es el escenario idóneo para

implica r evivir el debate del proceso ordinario adicionando en la discusión jurídica un punto que ninguna de las partes alegó en su momento.

En este punto se considera necesario indicar que el proceso ejecutivo no es el escenario idóneo para plantear controversias que debieron ser resueltas en el proceso de conocimiento, relativas al reconocimiento de un derecho, pues la ejecución surge de la existencia del mismo con la única finalidad de hacerlo efectivo. Así lo precisado el Consejo de Estado: (…)

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, debe advertirse que el proceso ejecutivo, constituye una tercera instancia en donde pueda controvertir la existencia o monto de los derechos exigidos, ni es dable en esta etapa al juez de la ejecución, modif icar las obligaciones contenidas en8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia los títulos que pretenden ejecutarse. En tal sentido, al momento de resolver sobre la orden de pago, corresponde al juez corroborar el cumplimiento de los presupuestos formales de la demanda y el título, así como la satisfacción de los requisitos establecidos en el artículo 422 del C.G.P.

En síntesis, no es procedente la pretensión de ejecución de la indexación de la primera mesada por cuanto el título ejecutivo aportado no la contempla, en ese orden, al no reunir los r equisitos de obligación clara, expresa ni exigible, se revocará la sentencia apelada expedida por el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá, que ordenó seguir adelante con la ejecución y en consecuencia se declarará terminado el proceso”11.

obligación clara, expresa ni exigible, se revocará la sentencia apelada expedida por el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá, que ordenó seguir adelante con la ejecución y en consecuencia se declarará terminado el proceso”11.

4.5.- En atención a lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la demanda ejecutiva presentada por Ramírez Gasca y estimó que no procedía continuar con la ejecución. Para ell o, consideró que la obligación de indexar la primera mesada pensional no fue solicitada ni reconocida expresamente en el fallo proferido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; que el título ejecutivo carecía de los requisito s de claridad, expresividad y exigibilidad respecto de dicha indexación; y que continuar con la ejecución implicaría reabrir el debate propio del proceso ordinario, al incorporar elementos no discutidos ni decididos en su momento. Además, explicó que el ej ecutivo no es el escenario adecuado para reconocer derechos que no fueron expresamente determinados en el título que se pretende hacer efectivo. Por ende, concluyó que la pretensión de cobrar la indexación de la primera mesada era improcedente.

4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, como se vio, la autoridad judicial estudió minuciosamente la posibilidad de actualizar el valor de la primera mesada en el marco del trámite ejecutivo y determinó que ello era inviable. Por ende, resulta diáfano que las quejas elevadas por el convocante se limitan a controvertir, de forma genérica, lo resuelto en el proceso No.

primera mesada en el marco del trámite ejecutivo y determinó que ello era inviable. Por ende, resulta diáfano que las quejas elevadas por el convocante se limitan a controvertir, de forma genérica, lo resuelto en el proceso No. 11001333502520180027400/01, con el fin de que se desc onozca la tesis del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto a las decis iones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.

11 A folios 67, 70 y 72-76 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

84FF06A92BF6ED7C 722CD8010813AB2C 19C9CF08D03EE537 7CE1063EA27C4886.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06919-00

Accionante: Jorge Emilio Ramírez Gasca Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “ juicio de validez” y no como un

de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “ juicio de validez” y no como un “juicio de corrección ” de la decisión cuestionada 12, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso ordinario13.

4.8.- Así las cosas, se declararán improcedentes los cargos del amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional , de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejero de Estado

12 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.

Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Consejero de Estado

12 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 13 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.