CE - Sentencia 11001031500020250692600 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante MAR˝A ORFILIA MOSQUERA RENTER˝A

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA PRIMERA DE DECISIÓN Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fÆctico. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Diferencia salarial escalafón docente. Requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por María Orfilia Mosquera Rentería, de conformidad con lo dispu esto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de noviembre de 2025 1, María Orfilia Mosquera Rentería interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia del 30 de julio

tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025 por la que el tribunal accionado confirmó la decisión de pri mera instancia en la que se negaron las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-33-33-006-2024-00120-00/01. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones: «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ en la sentencia proferida el día 30 DE JULIO DEL 2025, en el expediente radicado bajo nœmero 27001333300620240012001, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) seæor (a) MARIA ORFILIA MOSQUERA RENTERIA , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del ( la) docente MARIA ORFILIA MOSQUERA RENTERIA a la luz de los argumentos planteados en la

anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del ( la) docente MARIA ORFILIA MOSQUERA RENTERIA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Tutela radicada a travØs de la ventanilla virtual.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. La seæora María Orfilia Mosquera Rentería se desempeæa como docent e oficial en la categoría 2B del escalafón docente vigente, reubicada salarialmente del grado 2A al grado 2B mediante la resolución 2689 de l 5 de septiembre de 2019. 2.2. Sostuvo que con ocasión de los incrementos ordenados para el perso nal docente vinculado en el nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002, para los aæos 2008 y 2009 hubo aumentos porcentuales inequitativos en la asignación bÆsica salarial de dicho personal sin motivo alguno, lo que generó una diferenciación ya que a los docentes ubicados en categorías inferiores como la 2A se les benefició con un incremento mayor respecto de su categoría 2B. 2.3. La accionante presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de

generó una diferenciación ya que a los docentes ubicados en categorías inferiores como la 2A se les benefició con un incremento mayor respecto de su categoría 2B. 2.3. La accionante presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del departamento del Chocó en la que pidió el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales por los aæos 2008 y 2009. 2.4. Tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de Educación del departamento del Chocó negaron lo solicitado mediante oficios del 14 d e marzo de 2024 y 4 de abril de 2024, respectivamente. 2.5. Por lo anterior, la accionante María Orfilia Mosquera Rentería haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presen tó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Chocó, Secretaría de Educación, con el fin de que se inaplicaran los decretos que modificaron lo relacionado con el aumento de la asignación salarial que correspondía a la categoría 2B, así como tambi Øn se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron su solicitud de reconocimiento y pago de las diferencias salariales por los aæos 2008 y 2009. En consecuencia, pidió se ordenara reconocer y pagar las diferencias salariales con ocasión del incremento salarial decretado de manera desigual entre las categorías 2A y 2B del escalafón docente. 2.6. En primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Chocó a quien correspondió conocer el proceso en primera instancia (expediente 27001-33-33entre las categorías 2A y 2B del escalafón docente. 2.6. En primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Chocó a quien correspondió conocer el proceso en primera instancia (expediente 27001-33-33006-2024-00120-00) en sentencia 12 de diciembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que los porcentajes de aumentos en los distintos grados del escalafón tuvieron como fundamento el grado de formación, valorando el avance profesional de los docentes con incrementos destacados, especialmente, e n aquellos con estudios en maestrías, doctorados y postdoctorados. En ese sentido, explicó que los aumentos tuvieron en cuenta una vari able relacionada con la formación y no con un aumento caprichoso e injustificad o que desconociera los derechos laborales, salariales o prestacionales de los docentes entre uno y otro grado. Dijo que en el aumento decretado durante el aæo 2008 se tuvieron en cuenta los factores de formación y experiencia para aumentar los salarios de los docentes, que a su vez sirvieron como parÆmetro para los subsiguientes aumentos salariales pero que, en todo caso, el grado salarial iba po r niveles debiendo cumplirse una serie de requisitos para pasar del grado A al grado B de modo que no podía hablarse de un desconocimiento del derecho a la igualdad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7. La decisión se apeló por la parte demandante.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7. La decisión se apeló por la parte demandante. Conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo de del Chocó, Sala Primera de Decisión que, en sentencia del 30 de julio de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 8 de agosto de 2025) confirmó la decisión del juzgado. Luego de hacer un cuadro comparativo entre el docente grado 2A con respecto al grado 2B, consideró que en todas las vigencias se mantuvo una asignación mensual mayor por parte de la accionante quien ostenta el grado 2B fren te a los docentes del grado 2A. Explicó que si bien los grados 2A y 2B hacen parte del mismo grado gen eral del escalafón (grado 2), tenían grados distintos y en ese orden, dijo que n o eran grupos jurídicamente comparables a efectos del anÆlisis del principio de igualdad y que, en caso de que se aplicara la metodología del juicio de igualdad, no se advertía que los decretos salariales docentes de los aæos 2008 y 2009 cuestionados hubieran sido expedidos de manera arbitraria o caprichosa.

3. Fundamentos de la acción Para la parte actora la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida po r el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los defectos sustantivo y fÆctico.

Las razones fueron las siguientes: 3.1. Defecto Sustantivo: Seæaló que de acuerdo con el literal j) del artículo 2” de

nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los defectos sustantivo y fÆctico. Las razones fueron las siguientes: 3.1. Defecto Sustantivo: Seæaló que de acuerdo con el literal j) del artículo 2” de la Ley 4“ de 1992 la fijación de las escalas salariales de los empleados pœblicos deben tener cuenta el nivel de los cargos, las funciones, responsabilidades y calidades exigidas para su desempeæo en armonía con el principio de « a trabajo igual, salario igual». Dijo que en este mismo sentido, la Ley 1278 de 2002 establece u n sistema de estímulos orientado a incentivar que la función docente sea ejercida por profesionales idóneos, partiendo del reconocimiento expreso de que la formación acadØmica, la superación de evaluaciones de competencias y el perfeccionamiento continuo constituyen factores determinantes tanto para la ubicación inicial en el escalafón como para los posteriores ascensos y reubicaciones salariales. Sostuvo que en sede judicial se comprobó que los incrementos salariales aplicados a los docentes del nivel 2B donde estaba ubicada, fueron inferiores a los otorgados al personal ubicado en el nivel 2A sin que el tribunal ofreciera una justificación clara y coherente que permitiera concluir que dicha diferencia era legal y ajustada a la norma y que se limitó a avalar el trato desigu al sin examinar a fondo las condiciones objetivas del caso ni las disposiciones que regulaban el rØgimen salarial docente que establecen de forma expresa que las retribuciones deben corresponder al nivel de formación, experiencia y desempeæo del trabajador. De esta manera, dijo que tal omisión no solo reflejaba una ausencia de

regulaban el rØgimen salarial docente que establecen de forma expresa que las retribuciones deben corresponder al nivel de formación, experiencia y desempeæo del trabajador. De esta manera, dijo que tal omisión no solo reflejaba una ausencia de motivación adecuada, sino tambiØn un evidente error en la interpretación de las normas y precedentes aplicables. Finalmente, en relación con lo afirmado por el Tribunal en cuanto a l a competencia del Gobierno Nacional para establecer diferencias salariales sin tener en cuenta el grado y nivel en el escalafón, precisó que no se cuestionaba la facultad del ejecutivo para definir el rØgimen salarial y prestacional de losRadicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleados pœblicos pero consideró que dicha potestad no podía ejercerse de manera caprichosa o arbitraria, sino que debía estar sustentada en criterios objetivos, racionales y proporcionales que garantizaran el respeto de los principios de igualdad y equidad material y en esa medida dijo que no era viable referirse a motivos como una pretendida corrección de las brechas salariales para justificar la legalidad de la actuación administrativa, cuando esos fundamentos no fueron consignados en los actos que dispusieron lo s incrementos ni fueron acreditados por la parte demandada en el desarrollo del proceso. 3.2. Defecto fÆctico: Consideró que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, pues que no se acreditó por parte de la demandada qu e el mayor

incrementos ni fueron acreditados por la parte demandada en el desarrollo del proceso. 3.2. Defecto fÆctico: Consideró que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, pues que no se acreditó por parte de la demandada qu e el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón como era el caso del escalafón 2A en comparación con quienes como ella se encontraban en la categoría 2B, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Dijo que no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de m otivos vÆlidos que justificaran dicha decisión administrativa y que si no se tomó en cuenta la Ley 1278 de 2002 que reconoce la proporcionalidad salaria l en función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador, no entendía quØ aspectos vÆlidos y co ncretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo. Concluyó que el grado 2 nivel salarial A con y sin especialización obtuvo incrementos salariales superiores para los aæos 2008 y 2009 en comparación con el grado 2 nivel salarial B con y sin especialización ya que los aumentos en la remuneración se ordenaron en porcentajes inferiores al primer grad o y nivel salarial indicado.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 7 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación de las partes accionante y accionada, esto es, al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión; como terceros con interØs se ordenó vincular a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo

la notificación de las partes accionante y accionada, esto es, al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión; como terceros con interØs se ordenó vincular a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG y al Departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental SEDCHOCÓ (entidades que actuaron como demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho); y al Juzgado Sexto Administrativo Quibdó (autoridad que dictó sentencia de primera instancia en el proceso 27001-33-33-006-2024-00120-00/01). 4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, manifestó en el escrito de oposición que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional al buscar en este mecanismo una instancia adicional. Agregó que de considerarse superados los requisitos generales de procedencia, tampoco se advertía la configuración de los defectos sustantivo y fÆctico propuestos en su criterio, porque la sentencia se basó en normas legal y constitucionalmente aplicables al caso y porque no se desconocieron las pruebas allegadas al expediente, por el contrario, dijo haber valorado los certificados laborales, desprendibles de nómina y las resoluciones administrativas, todo lo que llevó a concluir que no se presentó una disminución en el ingreso mensual de la accionante ni en sus derechos prestacionales. 4.3. El Ministerio de Educación Nacional, rindió informe por conducto de apoderada en el que indicó que no se cumplía con el criterio de la relevanciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

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apoderada en el que indicó que no se cumplía con el criterio de la relevanciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucional en la medida que se trataba de intereses económicos y privados que no podían ser discutidos a travØs de este mecanismo constitucional, ademÆs que le correspondía a la parte actora probar que la decisi ón judicial vulneró sus derechos fundamentales lo que no aconteció. 4.4. El Juzgado Sexto Administrativo Quibdó , allegó el link de acceso al expediente ordinario. 4.5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG y el Departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental SEDCHOCÓ, no se pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundam entales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga c omo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga c omo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias ju diciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tend rÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados

y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decreto». 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providen cias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la prot ección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgÆnico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fÆctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por e rror inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judici al deberÆ verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, concretamente el de la relevancia constitucional.

De estar acreditado, corresponderÆ a la Sala determinar si al emitir la p rovidencia del 30 de julio de 2025 en el medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión incurrió en los defectos sustantivo y fÆctico en los tØrminos propuestos por la parte actora.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su anÆlisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autono mía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, estÆ orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales estÆ

labor, entonces, estÆ orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales estÆ condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con e ste requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo seæalado por la Sala P lena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2 014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no estÆ concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por mÆs informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado estÆ en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del procesoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

Demandante: María Orfilia Mosquera Rentería

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. En línea con el œltimo criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se estØ utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. P ara tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. 4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de procedibilidad, pues al verificar los argumentos presentados en el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó se evidencia que reitera los argumentos propuestos al juez natural ahora a travØs de la interposición de la presente acción. Los argumentos presentados en el recurso de apelación fueron los siguientes: (i) Sostuvo que de acuerdo con el literal j) del artículo 2” de la Ley 4“de 1992 la fijación de las escalas salariales de los empleados pœblicos, debían tener cuenta el nivel de los cargos, las funciones, responsabilidades y calidades exigidas para su desempeæo en armonía con el principio de «a trabajo igual, salario igual». (ii) Dijo que el Decreto Ley 1278 de 2002 por el que se expidió el Estatuto de Profesionalización Docente tenía como finalidad regular las relaciones entre el

salario igual». (ii) Dijo que el Decreto Ley 1278 de 2002 por el que se expidió el Estatuto de Profesionalización Docente tenía como finalidad regular las relaciones entre el Estado y los docentes al servicio y que se trataba de garantizar una docencia ejercida por profesionales competentes (iii) Advirtió que la norma establecía la estructura del escalafón docente y que se definían los grados y niveles entendiendo que el salario correspondía al nivel y grado, por lo que no podía concebirse que para los aæos 2008 y 2009 se hubiera dado un incremento mayor en el salario de los docentes pertenecientes al nivel 2A que aquellos que pertenecían como ella al nivel 2B pues que estar en un nivel distinto implicaba contar con otras competencias que ameritaban una mayor remuneración que los grados inferiores. La providencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, resolvió el problema jurídico de la siguiente manera: «65. En el asunto sub examine, si bien los grados 2A y 2B hacen parte d el mismo grado general del escalafón docente (grado 2), representan niveles distintos dentro de dicha categoría. Esta distinción se encuentra prevista en los artículos 19, 20, 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, los cuales consagran una estructura progresiva basada en criterios objetivos como la formación acadØmica, la experiencia profesional y los resultados obtenidos en evaluaciones específicas.

66. En ese orden, los docentes ubicados en los grados 2A y 2B no constituyen grupos jurídicamente comparables a efectos del anÆlisis del principio de igualdad. P or

resultados obtenidos en evaluaciones específicas.

66. En ese orden, los docentes ubicados en los grados 2A y 2B no constituyen grupos jurídicamente comparables a efectos del anÆlisis del principio de igualdad. P or consiguiente, no se configura una afectación prima facie del principio de igualdad.

67. Ahora, si se aceptara la existencia de una posible afectación al principio de igualdad, y atendiendo a la metodol ogía del “juicio integrado de igualdad” establecido por la jurisprudencia constitucional, el nivel de escrutinio aplicable al caso sería el d Øbil para concluir que no se vulnera el principio aludido, pues no se vislumbra que los Decretos salariales docente de los aæos 2008 y 2009 cuestionados hayan sido expedido bajo el uso de criterios arbitrarios o caprichosos.

68. Así las cosas, el tratamiento diferenciado en los porcentajes de incr emento salarial se justifica constitucionalmente, pues responde a la lógica del escalafón. (…)Radicado: 11001-03-15-000-2025-06926-00

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72. De cara a lo anterior, cabe resaltar que los aumentos porcentuales fijados por el gobierno nacional en los aæos 2008 y 2009, no implicaron la desmejora de der echos adquiridos ni privó a los docentes de una remuneración adecuada. A pesar de que los aumentos fueron menores para el grado 2B, los docentes en este nivel continuaron

adquiridos ni privó a los docentes de una remuneración adecuada. A pesar de que los aumentos fueron menores para el grado 2B, los docentes en este nivel continuaron percibiendo una asignación salarial superior a la de los docentes del grado 2A, en atención a su mayor rango dentro del escalafón. Esto demuestra que no se trató