CE - Sentencia 11001031500020250692700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06927-00

Accionante: CELMIRA ROMAÑA ROMAÑA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ Y

OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia constitucional / improcedencia – La accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 5 de noviembre de 2025 1 por la señora Celmira Romaña Romaña, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Chocó. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. La parte demandante es docente oficial y pertenece a la categoría 3AM del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

2. La actora manifestó que el Gobierno Nacional, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial de los empleados del Estado, estableció aumentos

escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

2. La actora manifestó que el Gobierno Nacional, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial de los empleados del Estado, estableció aumentos iguales para los docentes del Decreto 1278 durante los años 2005, 2006 y 2007. No obstante, en 2008 y 2009 dispuso incrementos diferenciados e injustificados, sin motivación técnica, jurídica o fáctica, con lo que generó una ruptura en la política salarial uniforme restablecida desde 2012.

3. La tutelante señaló que la categoría 3DM recibió un incremento acumulado del 52,56 %, mientras la 3AM 2 obtuvo solo el 35,81 %, lo que produjo una brecha negativa de 16,75 puntos porcentuales y configuró un trato desigual en perjuicio de la demandante.

4. La actora presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Chocó, con el objetivo de

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL miércoles, 5 de noviembre de 2025 con secuencia: 11193 - Cuad.:1”. 2 Categoría a la cual pertenece la tutelante.Radicación: 11001031500020250692700

Accionante: Celmira Romaña Romaña Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 solicitar el pago de las diferencias salariales ocasionadas por los incrementos desiguales de 2008 y 2009. Ambas entidades negaron la solicitud mediante los

Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 solicitar el pago de las diferencias salariales ocasionadas por los incrementos desiguales de 2008 y 2009. Ambas entidades negaron la solicitud mediante los oficios Nos. 2024-EE-060425 y CHO2024EE001788.

5. Ante la negativa, la señora Celmira Romaña Romaña interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las entidades mencionadas, con el propósito de la inaplicación por ilegalidad del decreto salarial de 2024, la nulidad de los actos administrativos y el reconocimiento de las diferencias salariales causadas en los tres años anteriores a la reclamación.

6. A través de providencia del 19 de marzo de 2025 3, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó las pretensiones por considerar que las demandadas carecían de competencia para fijar la remuneración docente, atribución exclusiva del Presidente de la República.

7. Mediante Sentencia del 30 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de primera i nstancia. Concluyó que los incrementos salariales diferenciados de los años 2008 y 2009 no vulneraron los principios de igualdad ni progresividad. Señaló que los grados 3AM y 3DM, aunque pertenecen al mismo grado general del escalafón docente, corresponden a niveles distintos sustentados en la formación, experiencia y resultados de evaluación, conforme a los artículos 19, 20, 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002. En consecuencia, estimó que el trato salarial diferenciado se ajustó a la estructura progresiva del escalafón y que los

19, 20, 35 y 36 del Decreto Ley 1278 de 2002. En consecuencia, estimó que el trato salarial diferenciado se ajustó a la estructura progresiva del escalafón y que los decretos cuestionados no contravinieron la Ley 4ª de 1992 ni el Estatuto de Profesionalización Docente.

Pretensiones

8. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Se declare que el Tribunal Administrativo del Chocó, en la sentencia proferida el 30 de julio de 2025, dentro del expediente identificado con el número 27001333300120240010901, transgredió los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad de la señora Celmira Romaña Romaña, por cuanto las razones de su decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, al marco normativo aplicable al caso y al material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó dejar sin efectos la providencia mencionada en el numeral anterior y proferir una nueva decisión que realice una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico, analizando de manera concreta la situación particular de la docente Celmira Romaña Romaña, a la luz de los argumentos expuestos en la demanda ordinaria y de los hechos probados dentro del proceso.”4.

3 Proceso identificado bajo el radicado: 27001333300120240010900/01.

Romaña, a la luz de los argumentos expuestos en la demanda ordinaria y de los hechos probados dentro del proceso.”4.

3 Proceso identificado bajo el radicado: 27001333300120240010900/01. 4 Índice electrónico 02 de SAMAI.1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELACELMIR(.pdf) NroActua 2.Radicación: 11001031500020250692700

Accionante: Celmira Romaña Romaña Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 Fundamentos de la demanda de tutela

9. La peticionaria afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Adicionalmente, manifestó que la sentencia del Tribunal incurre en un defecto sustantivo, porque adopta una interpretación irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002. El Tribunal confirmó la decisión de primera instancia al afirmar que los incrementos salariales diferenciados entre los grados 3AM y 3DM derivaban de criterios objetivos del escalafón docente. Sin embargo, en criterio de la accionante esa conclusión desatiende el verdadero problema jurídico: la desigu aldad porcentual en los incrementos salariales de 2008 y 2009, y no la diferencia estructural entre grados.

10. La peticionaria indicó que en 2008 el Gobierno otorgó un incremento del 44,89 % al grado 3DM y solo del 17,40 % al grado 3AM; en 2009 otorgó un 18,41 % al

10. La peticionaria indicó que en 2008 el Gobierno otorgó un incremento del 44,89 % al grado 3DM y solo del 17,40 % al grado 3AM; en 2009 otorgó un 18,41 % al

3AM frente a 7,67 % al 3DM. Esa disparidad generó una afectación permanente a la base salarial de los docentes del 3AM que el Estado nunca compensó. Los decretos salariales de esas anualidades (624, 714 y 1407 de 2008; 702 y 1238 de 2009) se expidieron tomando como referencia el decreto previo, lo cual produjo un efecto acumulativo que distorsionó la remuneración de la actora.

11. A juicio de la solicitante, el Tribunal desconoció el alcance del principio de igualdad y el deber de progresividad, porque redujo el examen a la estructura del escalafón docente y omitió verificar si existían razones objetivas y s uficientes que justificaran una brecha tan amplia en un mismo año para categorías sometidas a un régimen salarial unitario. Tampoco exigió a la Administración estudios técnicos o soportes normativos, y validó la diferencia con argumentos genéricos sobre formación y experiencia.

12. La actora precisó que la sentencia atacada omitió aplicar el precedente vinculante de la Corte Constitucional fijado en la Sentencia C -1064 de 2001, que exige una justificación objetiva, razonable y proporcional para cualquier trato diferenciado en materia salarial. Ese precedente demuestra la inconstitucionalidad del incremento otorgado a los grados 3DM y 3AM en 2008 y 2009, pues la brecha

diferenciado en materia salarial. Ese precedente demuestra la inconstitucionalidad del incremento otorgado a los grados 3DM y 3AM en 2008 y 2009, pues la brecha carece de sustento técnico, normativo y presupuestal, y produce un perjuicio salarial evidente.

13. Frente a lo anterior, solicitó a la Corporación que corrija la omisión advertida, aplique el precedente constitucional y, en ejercicio del control difuso, restablezca el derecho a la igualdad sustancial, así como los efectos económicos derivados de la política salarial discriminatoria que la sentencia impugnada mantuvo vigente.

14. Además, la tutelante señaló que el Tribunal incurre en un defecto fáctico, en la medida que valoró de manera insuficiente el material probatorio y avaló los incrementos salariales d iferenciados sin que existiera prueba alguna que demostrara razones objetivas, técnicas o jurídicas que justificaran la decisión de la Administración. Ni el expediente ni la sentencia explican por qué en 2008 y 2009 se otorgaron incrementos del 44,89 % al grado 3DM y solo del 17,40 % al 3AM, diferencia que afectó de manera permanente la base salarial de la accionante.Radicación: 11001031500020250692700

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15. Afirmó que la autoridad judicial omitió verificar: (i) si la administración contaba con estudios técnicos que justificaran el trato desigual; (ii) si los decretos salariales se ajustaban estrictamente al marco jurídico; y (iii) si la medida respondía a criterios

con estudios técnicos que justificaran el trato desigual; (ii) si los decretos salariales se ajustaban estrictamente al marco jurídico; y (iii) si la medida respondía a criterios verificables y no a una decisión discrecional sin sustento.

16. En criterio de la accionante pese a esa ausencia probatoria, el Tribunal fundamentó su decisión en conjeturas relacionadas con una supuesta corrección de brechas salariales, afirmación que no aparece en los decretos ni fue acreditada por la entidad demandada. En consecuencia, la providencia se basó en premisas no demostradas, vulneró el principio de igualdad material del artículo 13 de la Constitución y desconoció el deber del juez de decidir con base en pruebas y no en hipótesis.

17. Finalmente, la actora sostuvo que la falta de valoración rigurosa del acervo probatorio configuró una afectación directa del debido proceso, del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de prevalencia del derecho sustancial. Por ello, la peticionaria solicitó al juez de tutela amparar los derechos fundamentales vulnerados y ordenar a la a utoridad accionada ajustar su decisión al marco probatorio, a la Constitución y al precedente jurisprudencial aplicable.

Trámite en primera instancia

18. Mediante Auto del 7 de noviembre de 20255, el Despacho sustanciador admitió la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, dispuso vincular al Juzgado Primero Administrativo O ral del Circuito de Quibdó, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Departamento del Chocó

la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, dispuso vincular al Juzgado Primero Administrativo O ral del Circuito de Quibdó, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público y a los demás intervinientes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 27001 -33-33-001-2024-00109-00/01, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso. Finalmente, reconoció la personería adjetiva a la abogada Gloria Elizabeth Hurtado Lloreda.

Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo del Chocó6 solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela, por cuanto —a su juicio — no cumple el requisito general de relevancia constitucional. Explicó que la demandante pretende que este mecanismo excepcional funcione como una tercera instancia, propósito que desnaturaliza la finalidad propia del amparo. Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada no presenta ninguno de los defectos invocados por la accionante, toda vez que se ajustó de manera integral a los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables al caso.

5 Índice electrónico 03 de SAMAI. 1Autoadmitetut_00020250027500AUTOAD(.pdf) NroActua 3. 6 Índice electrónico 012 de SAMAI. 19RECIBEMEMORIAL_INFORMEACCIONDETUTEL(.pdf) NroActua 12.Radicación: 11001031500020250692700

6 Índice electrónico 012 de SAMAI. 19RECIBEMEMORIAL_INFORMEACCIONDETUTEL(.pdf) NroActua 12.Radicación: 11001031500020250692700

Accionante: Celmira Romaña Romaña Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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20. El Ministerio de Educación7 pidió ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que su criterio no ostenta responsabilidad alguna frente a la conducta cuya omisión habría generado la vulneración alegada.

En consecuencia, afirmó no tener competencia para emitir pronunciamiento sobre los hechos y las pretensiones formuladas en la presente acción de tutela.

21. La Secretaría de Educación Departamental del Chocó 8 solicitó que se declarara improcedente la acción de amparo constitucional. Señaló que la actora ya dispuso de las dos instancias propias del proceso ordinario y que, por tanto, pretende emplear la tutela como un medio adicional de revisión, en contravía de su naturaleza subsidiaria y excepcional.

22. La Fiduprevisora S.A. 9 solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, toda vez que las autoridades judiciales que conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa aplicable, sin que resulte p osible afirmar que los funcionarios judiciales accionados desconocieron, entre otros aspectos, los precedentes relacionados con la materia objeto de debate.

23. Asimismo, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al consider ar que interviene únicamente en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones

23. Asimismo, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al consider ar que interviene únicamente en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio.

CONSIDERACIONES

Competencia

24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de

201910.

Problema jurídico y metodología de la decisión

25. La señora Celmira Romaña Romaña promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó. La accionante expuso que, en 2008, el Gobierno Nacional otorgó un incremento salarial del 44,89 % al grado 3DM y únicamente del 17,40 % al grado 3AM; y que, en 2009, fijó un aumento del 18,41 % para el grado

3AM frente a un 7,67 % para el 3DM. A su juicio, esta disparidad generó una afectación permanente en la base salarial de los docentes del grado 3AM, sin que el Estado adoptara medidas compensatorias en los años posteriores. Por estas razones, afirmó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,

7 Índice electrónico 013 de SAMAI. 23RECIBEMEMORIAL_2025EE339187Comunica(.pdf) NroActua 13. 8Índice electrónico 016 de SAMAI. 26_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda7 Índice electrónico 013 de SAMAI. 23RECIBEMEMORIAL_2025EE339187Comunica(.pdf) NroActua 13. 8Índice electrónico 016 de SAMAI. 26_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaCELMIRAROMANAROMAN(.pdf) NroActua 16. 9 Índice electrónico 018 de SAMAI. 35RECIBEMEMORIAL_1202505800202311_000(.pdf) NroActua 18. 10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación: 11001031500020250692700

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6 a la igualdad, al acceso a la adm inistración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

26. En este escenario, la Sala debe determinar si la acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional. Ello resulta necesario, en tanto la actora ya contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural de la controversia.

27. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del caso concreto.

La procedencia excepcio nal de la acción de tutela contra providencias judiciales

providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del caso concreto.

La procedencia excepcio nal de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Conforme el precedente constitucional fijado en la C -590 de 2005 11, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causale s genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constituc ional14 o el Consejo de Estado 15, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la t utela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite pro cesal; (v) que se

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite pro cesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 17 o los medios de defensa jud icial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un

11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cos a juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentenc ias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación: 11001031500020250692700

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Accionante: Celmira Romaña Romaña Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

30. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la con troversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

31. La Corte Constitucional indicó 18 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

32. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate 19: (i) el debate debe recaer sobre un asunto c onstitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de

eventos en que se pretende reabrir el debate 19: (i) el debate debe recaer sobre un asunto c onstitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constit ución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

33. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demost rar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.

Análisis del caso concreto

34. La señora Celmira Romaña Romaña interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar que dicha autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Sostuvo que esas irregularidades judiciales afectaron de manera directa sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

justicia, tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 20 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.Radicación: 11001031500020250692700

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35. En dicho proceso, en primera instancia, en pro videncia del 19 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó las pretensiones, al concluir que las entidades demandadas carecían de competencia para fijar la remuneración docente, facultad exclusiva del Presidente de la

República.

36. En Sentencia del 30 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión. Consideró que los incrementos salariales diferenciados de 2008 y 2009 no vulneraron los principios de igualdad ni progresividad, pues los grados 3AM y 3DM, aunque ubicados en el mismo nivel del escalafón, corresponden a categorías distintas según formación, experiencia y evaluación, conforme al Decreto Ley 1278 de 2002. En consecuencia, concluyó que el diferencial salarial se ajustaba a la estructura progresiva del escalafón y a la Ley 4ª de 1992.

37. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

37. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

38. En primer lugar, Celmira Romaña Romaña cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó, providencias que, según afirma, transgredieron sus garantías constitucionales.

39. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Chocó, autoridades judiciales que emitió la providencia a la que se le atr ibuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por la accionante. Así mismo, se vinculó a la autoridad de primera instancia del proceso cuestionado, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, ya que tiene interés en el asunto de la referencia.

40. El Ministerio de Educación pidió ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que funge como parte demandada dentro del proceso ordinario, razón por la cual se mantendrá vinculado en la presente acción constitucional.

41. La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la Sala advierte que las resultas de la presente acción de tutela podrían afectar directamente sus inter eses, de ahí que se

41. La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la Sala advierte que las resultas de la presente acción de tutela podrían afectar directamente sus inter eses, de ahí que se mantendrá vinculada en la presente acción de tutela.

Relevancia Constitucional

42. La Sala considera que los defectos alegados no superan el requisito general de relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterarRadicación: 11001031500020250692700

Accionante: Celmira Romaña Romaña Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y Otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho21.

43. En primer lugar, el defecto fáctico no supera el requisito general de relevancia constitucional. La accionante se limita a enunciar en términos generales una indebida valoración probatoria del juez ordinario, sin exponer de manera concreta y sustentada las razones por las cuales la omisión en la apreciación de determinados medios de prueba habrían sido determinantes para modificar el sentido de las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó, y en consecuencia, vulnerar sus derechos fundamentales. Tampoco aportó argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por el fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en reproducir cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

respecto del juicio valorativo realizado por el fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en reproducir cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. En relación con el presunto defecto sustantivo, la Sala advierte que tampoco se satisface el requisito general de relevancia constitucional. La actora fundamentó su inconformidad en una interpretación distinta del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002. Sin embargo, los argumentos expuestos no permiten advertir la configuración