CE - Sentencia 11001031500020250692900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

Accionante: María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora María Alejandra Ceballos Román en contra del Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 5 de noviembre de 2025 2 la parte actora promovió la presente acción constitucional con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso, a la igualdad de oportunidades, de petición, a la administración de justicia y a la presunción de buena fe. Sostiene que tales garantías resultaron desconocidas por el Tribunal Administrativo de Nariño, en razón a que, dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001 -33-33-008-201700035-01, dicha corporación profirió sentencia el 18 de julio de 2025, mediante la cual revocó la decisión emitida el 29 de julio de 2020 por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto y, en su lugar, negó las pretensiones encaminadas a que se declarara la existencia de un contrato realidad entre la accionante y el Centro de Salud de los Andes E.S.E.

1 Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado 2D1B8688A432D2AF D89889DE3FF883D7 5D7A84B8B41A23B6 5876E21E2BB135EE. 2 Consta en el í ndice 2 de SAMAI , certificado 42DB40F44E6B1958 18C8115B3CEDEC58 CAC74A9A615EDA9D

1816E2645C5A90F6.2

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Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. La señora María Alejandra Ceballos Román informó que el 9 de febrero de 2017 promovió el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la E.S.E. Centro de Salud de los Andes – Pasto, Nariño. Señaló que el trámite fue asignado al Ju zgado Octavo Administrativo de Pasto, autoridad que avocó

E.S.E. Centro de Salud de los Andes – Pasto, Nariño. Señaló que el trámite fue asignado al Ju zgado Octavo Administrativo de Pasto, autoridad que avocó conocimiento y otorgó el radicado 52001-33-33-008-2017-00035-00. Expuso que la sentencia del 29 de julio de 2020 accedió a las pretensiones y precisó que el cargo desempeñado correspondía a la plaza 026-BR, aprobada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, referencia incorporada en las páginas 10 y 11 del fallo de segunda instancia.

2.2. Indicó que, después de la decisión del a quo , se programó la audiencia de conciliación para el 26 de ma rzo de 2021, diligencia sin éxito. Posteriormente, la parte demandada interpuso el recurso de apelación frente a la sentencia que había declarado la existencia de un contrato realidad.

2.3. Manifestó que el recurso fue tramitado ante el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión, bajo ponencia del Magistrado José Gabriel Santacruz Miranda, quien, en la sentencia de segunda instancia, revocó la decisión del 29 de julio de 2020. Resaltó que el Tribunal afirmó que no era posible determinar de forma cierta la existencia del cargo de bacterióloga dentro de la planta de personal, al expresar:

“lo único que se desprende del acervo documental es que había otra bacterióloga que prestaba sus servicios allí, pero no se puede deducir (…) en qué calidad lo hacía” (pág. 2).

2.4. Señaló que en la página 15 del fallo de segunda instancia se dejó constancia

que prestaba sus servicios allí, pero no se puede deducir (…) en qué calidad lo hacía” (pág. 2).

2.4. Señaló que en la página 15 del fallo de segunda instancia se dejó constancia de que la E.S.E. informó que “ no se encontraron actos administrativos que dieran cuenta de la adopción del manual de funciones”, pese a la obligación prevista en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. Añadió que, de acuerdo con los mismos documentos, el cargo de bacterióloga existía para la época y correspondía a la plaza 026-BR, conforme a lo consignado en los contratos de prestación de servicios.

2.5. Indicó que el Tribunal concluyó que no se acreditaba la subordinación, pues en la página 14 señaló que, si bien el objeto contractual era la prestación de servicios3

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Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia como bacterióloga, las funciones registradas no demostraban dependencia. Agregó que el Tribunal estimó que los demás elementos del expediente eran generales y solo reflejaban cumplimiento del objeto contractual, sin evidenciar instrucciones precisas.

2.6. Además, el Tribunal enfatizó —como aparece al final del primer párra fo de la página 15— que no existían “llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios ” que evidenciaran subordinación, imposición de horarios o la obligación de utilizar equipos suministrados por la entidad.

3. Fundamentos de la acción de tutela

circulares u otros medios ” que evidenciaran subordinación, imposición de horarios o la obligación de utilizar equipos suministrados por la entidad.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante afirma que el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró sus derechos al no valorar de manera adecuada las pruebas del proceso 52001 -33-33-008-201700035-01, pues en la sentencia de segunda instancia omitió que en las páginas 10 y 11 consta que ocupaba la Plaza 026 -BR aprobada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Señala que la E.S.E. informó la ausencia de actos sobre el manual de funciones, pese a la obligación del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, lo que evidencia inconsistencias no analizadas. Además, indica que se desconoció la sentencia del 29 de julio de 2020 del Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, que sí reconoció el contrato realidad.

En cuanto a la valoración probatoria, sostiene qu e el Tribunal revocó la decisión inicial con afirmaciones generales, al señalar sin sustento que no existían pruebas del cargo en la planta ni de subordinación. Precisa que en el expediente reposan los contratos de prestación de servicios de 2014 y 2015, las funciones ejecutadas y la respuesta de la E.S.E., las cuales acreditan su labor dentro de la institución. Concluye que existía material suficiente para demostrar la continuidad del cargo y la relación laboral oculta que no fue apreciada de forma correct a por la autoridad judicial accionada.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: Se protejan mis derechos fundamentales establecidos en el artículo 25

judicial accionada.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: Se protejan mis derechos fundamentales establecidos en el artículo 25 – Trabajo en Condiciones Dignas –, artículo 29 – Debido Proceso –, Artículo 11 – Igualdad de Oportunidades –, Artículo 23 – Derecho de Petición –, Artículo 229 –4

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Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Administración de Justicia – y Artículo 83 – Presunción de Buena Fe – consagrados en la Carta Magna.

SEGUNDA: Que, en tal virtud, se ordene a la autoridad judicial accionada corrija el fallo judicial y restablezca mis derechos fundamentales vulnerados.

TERCERA: Consecuente co n la orden precedente, se anule el acto judicial objeto de la presente tutela y emita una nueva decisión que garantice mis derechos fundamentales y laborales o lo que en sabiduría y experiencia su Señoría considere.”3 (Resaltado y subrayado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025 4 el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Nariño y dispuso comunicar la actuación al Centro de Salud de los Andes E.S.E., por su calidad de parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001acción de tutela, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Nariño y dispuso comunicar la actuación al Centro de Salud de los Andes E.S.E., por su calidad de parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 5200133-33-008-2017-00035-01, así como al Juzgado Octavo Adm inistrativo de Pasto, autoridad que conoció en primera instancia del litigio ordinario.

5.2. La E.S.E. Centro de Salud los Andes5, por conducto de su gerente, indicó que las pretensiones de la tutela pretenden reabrir el debate definido en sede contenciosa y restaurar el sentido del fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, lo cual convertiría este mecanismo en una tercera i nstancia, contrario a la naturaleza subsidiaria y excepcional prevista en el artículo 6 del Decreto 2591 de

1991. Por estas razones, afirmó que el amparo no satisface los requisitos de procedencia y que no existe afectación a derechos fundamentales atribui ble a su actuación administrativa o procesal.

5.3. El Tribunal Administrativo de Nariño 6 señaló que la providencia del 18 de julio de 2025 dejó sin efectos la sentencia del 29 de julio de 2020 emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto en el proceso 2017 -00035-01, y se fundamentó en un examen completo del material probatorio, a part ir del cual se determinó que la actora no demostró la subordinación ni aportó documentos como órdenes, memorandos o comunicaciones que acreditaran control funcional. Indicó que, a través de esta tutela, se pretende reabrir un debate ya resuelto y convertirla en una

memorandos o comunicaciones que acreditaran control funcional. Indicó que, a través de esta tutela, se pretende reabrir un debate ya resuelto y convertirla en una

3 Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado 2D1B8688A432D2AF D89889DE3FF883D7 5D7A84B8B41A23B6 5876E21E2BB135EE, folio 8. 4 Índice 4 de la plataforma SAMAI, certificado 5445F2A607A2C08B FDD20E5DB4211303 98545F54EC39F944 CEF544042FFE7A7C. 5 Índice 8 de SAMAI, certificado 8BA9C12194BC287B F655A9E1BF2223F0 BA581884CBA3AAC5 E4BFE150C2497943. 6 Índice 9 de SAMAI, certificado 3E9EB6F6F201AB1A DD36503C0E700B02 E7AF52B5118D3257 C4A9EA9711F6286F.5

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Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia instancia adicional para revisar asuntos de legalidad y valoración probatoria previamente efectuados.

5.4. La Secretaría del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto7 remitió el enlace de acceso al expediente digital correspondiente al proceso 52001-33-33008-2017-00037-00.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

el enlace de acceso al expediente digital correspondiente al proceso 52001-33-33008-2017-00037-00.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por la señora María Alejandra Ceballos Román en contra del Tribunal Administrativo de Nariño , de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C -590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad 8 y de procedencia 9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

7 Índice 10 de SAMAI, certificado CF029DC1AA4BCAF8 8F02E0AC46009FDC E59259CDBBBD2315 E8795798C4FDF50D. 8 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a est udio del juez de tutela tenga relevancia

8 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a est udio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez ; que en el evento de fundamenta rse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o susta ntivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.10

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber11: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU -215 de 202212, frente al requisito de relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales ”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a

razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales ”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, la accionante María Alejandra Ceballos Román sostiene que el Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso 52001 -33-33-008-2017-00035-01, revocó sin sustento suficiente la decisión emitida el 29 de julio de 2020 por el Juzgado Octavo

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. 11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101. 12 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.7

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Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia Administrativo de Pasto. Afirma que la autoridad omitió valorar elementos del expediente que demostraban la verdadera naturaleza de su ví nculo, entre ellos lo consignado en las páginas 10 y 11 del fallo de segunda instancia, donde figura la Plaza 026-BR aprobada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, dato que

expediente que demostraban la verdadera naturaleza de su ví nculo, entre ellos lo consignado en las páginas 10 y 11 del fallo de segunda instancia, donde figura la Plaza 026-BR aprobada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, dato que confirma su función como bacterióloga en la E.S.E. Centro de Salud de los Andes.

Expone que el Tribunal tampoco analizó la respuesta mencionada en la página 15 del fallo de segunda instancia, en la cual la entidad manifestó que “ no se encontraron actos administrativos ” sobre el manual de funciones, a pesar de la obligación prevista en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. Señala que esa inconsistencia incide en la conclusión del ad quem sobre la inexistencia del cargo. Agrega que, entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, desarrolló actividades propias del empleo, hecho acreditado con los contratos de prestación de servicios donde nuevamente aparece la Plaza 026 -BR, lo cual descarta la afirmación de la autoridad enjuiciada sobre la supuesta falta de evidencia respecto de la planta de personal y del elemento de subordinación.

Finalmente, indica que la autoridad accionada restó valor a los documentos aportados que refleja n las funciones ejercidas y a los medios que evidencian la ejecución del servicio dentro de la estructura institucional, incluida la referencia del propio fallo a otra bacterióloga cuya condición —según el Tribunal— no era posible precisar. Considera que d icha conclusión no coincide con la realidad procesal demostrada en el expediente. En ese sentido, sostiene que los elementos incorporados en la actuación acreditaban un vínculo laboral que fue desconocido

precisar. Considera que d icha conclusión no coincide con la realidad procesal demostrada en el expediente. En ese sentido, sostiene que los elementos incorporados en la actuación acreditaban un vínculo laboral que fue desconocido por la autoridad judicial enjuiciada.

4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda instancia del 18 de julio de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, se observa el siguiente análisis textual:

“1) En el recurso de apelación se discute el incumplimiento del deber probatorio que le correspondía a la parte demandante para desvirtuar el contrato de prestación de servicios, pues, no se acreditaron los elementos para que se configure la relación laboral como la prestación personal y la subordina ción en el vínculo que tuvo la señora María Alejandra Ceballos Román con el Centro de Salud Los Andes ESE.

1. Ahora bien, el contrato de prestación de servicios pierde su naturaleza cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral: i) la prestación de servicio personal; ii) subordinación de manera continua; y iii) remunerada. En ese sentido, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación de servi cios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante,8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales.

En consecuencia, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, tiene la carga de demostrar, mediante los medios probatorios disponibles, la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo.

1. De acuerdo con lo anterior, la Sala pro cede a revisar cada uno de los elementos constitutivos de la relación laboral con las pruebas que obran en el expediente.

a) En cuanto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditado mediante los contratos aportados que la señora María Alejandra Ceballos Román se desempeñó como bacterióloga en el Centro de Salud Los Andes ESE entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, en el cual ejecutó directamente las labores contratadas, conforme a la naturaleza intuito persona de lo s contratos suscritos.

b) Respecto al elemento de la remuneración, se evidencia que entre las partes se pactó el pago mensual de honorarios, lo cual permite concluir que la demandante recibió una contraprestación periódica por los servicios prestados, por tanto, queda acreditado este elemento.

c) Con relación al elemento de la subordinación, la Sala observa que si bien el objeto

recibió una contraprestación periódica por los servicios prestados, por tanto, queda acreditado este elemento.

c) Con relación al elemento de la subordinación, la Sala observa que si bien el objeto contractual consistía en la prestación de servicios como bacterióloga, las funciones descritas en los contratos no son, por sí solas, indicativas de una relación de subordinación y dependencia continuada. Los demás medios probatorios aportados resultan generales y se limitan a evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, sin que permitan inferir la existencia de órdenes o instrucciones específicas sobre la forma de ejecución del servicio.

En ese sentido, no se encuentra medios de pruebas en el proceso que permita corroborar, o al menos inferir, que la demandante recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía pre star sus servicios o ejecutar el contrato. En efecto, no se advierte la existencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado dichas órdenes o en las que se le informara que estaba obligada a cumplir con un horario laboral impuesto por el centro de salud, o que la prestación del servicio debiera desarrollarse exclusivamente con los elementos e insumos suministrados por esta.

Tampoco se aportaron pruebas que acrediten la existencia del cargo de bacteriólogo dentro de la planta de personal del Centro de Salud Los Andes ESE, como el manual de funciones o el reglamento interno, que permitieran establecer que la actora desempeñaba funciones similares a las de otros profesionales vinculados legal y reglamentariamente. Aunque el juzgado de primera instancia ofició a la entidad para allegar dicha documentación, esta informó que no se encontraron actos

desempeñaba funciones similares a las de otros profesionales vinculados legal y reglamentariamente. Aunque el juzgado de primera instancia ofició a la entidad para allegar dicha documentación, esta informó que no se encontraron actos administrativos que dieran cuenta de la adopción del manual de funciones, a pesar de la obligación legal contenida en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.

En cuanto a la declaración de la demandante sobre el cumplimiento de turnos y disponibilidad permanente, la Sala advierte que tales afirmaciones no se encuentran respaldadas por prueba documental que permita corroborarlas, como oficios o comunicaciones que impusieran tales condiciones. Además, el cuadro de disponibilidad del laboratorio clínico tampoco tiene la fuerza probatoria suficiente para demostrar subordinación, pues, no se evidencia que haya sido impuesto por la entidad. De igual manera lo único que se desprende de dicho acervo documental es que había otra bacterióloga que prestaba sus servicios allí, pero no se puede deducir de este en qué calidad lo hacía, es decir, no se puede determinar fehacientemente que ella fueran parte de la planta de personal de la entidad.

Finalmente, las capturas de pantalla aportadas no cumplen con los requisitos jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado para ser valoradas como prueba documental, al no garantizar su autenticidad, integridad, ni origen.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

1. Estos razonamientos le permiten a la Sala establecer que la demandante

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

1. Estos razonamientos le permiten a la Sala establecer que la demandante incumplió con la carga probatoria que le correspondía para demostrar que las funciones de apoyo y coordinación para las que fue vinculada conforme a los estrictos objetos contractuales pactados encubrían una verdadera relación laboral; por ende, la Sala se releva de analizar los demás cargos de la apelación en tanto los mismos dependían de la declaratoria de la relación laboral de ficcionada.”13

4.5. De lo expuesto se desprende que, mediante la presente acción, la parte actora intenta que se revaloricen planteamientos ya estudiados por la autoridad judicial, con la finalidad de obtener un pronunciamiento distinto sobre la existencia de una relación laboral simulada bajo contratos de prestación de servicios. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la accionante, la autoridad accionada examinó los elementos que podrían configurar un vínculo laboral y, a partir del acervo probatorio, concluyó que no se acreditaron los presupuestos indispensables para desvirtuar la naturaleza contractual.

4.6. Así, la autoridad judicial evidenció que la parte demandante no cumplió con su obligación probatoria, pues no aportó elementos que permitieran demostrar la concurrencia de los factores esenciales del contrato laboral —prestación personal, remuneración y subordinación continua —. Del mismo modo, constató que los medios allegados eran generales y solo reflejaban el desarrollo del objeto contractual, sin demostrar órdenes, instrucciones, llamados de atención o imposición de condiciones propias de un vínculo subordinado.

medios allegados eran generales y solo reflejaban el desarrollo del objeto contractual, sin demostrar órdenes, instrucciones, llamados de atención o imposición de condiciones propias de un vínculo subordinado.

4.7. También observó la ausencia de documentos que acreditaran la existencia de cargos equivalentes en la planta de personal, manuales de funciones o reglamentos internos que permitieran establecer que las actividades de la actora correspondían a funciones de servidores sometidos a relación laboral. Tampoco se presentaron pruebas que evidenciaran horario impuesto, dependencia jerárquic a o directrices específicas sobre la ejecución del servicio. Otros elementos incorporados carecían de validez o fuerza demostrativa para verificar subordinación conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes.

4.8. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezc a su interpretación sobre la

13 Expediente Rad. 52001333300820170003501, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 2C092EE465827D26

FDBD402727B58B49748BED29772C6C847CD84FDFD88C4F1D, folios 13 al 16.10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06929-00

Accionante María Alejandra Ceballos Román Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia acogida por el Tribunal Administrativo de Nariño , en el proceso 52001-33-33-0082017-00035-01.

4.9. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión