CE - Sentencia 11001031500020250693400 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250693400 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Demandantes: Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otros Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela. Derecho de Petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, en contra de diferentes autoridades judiciales pertenecientes a la jurisdicción contenciosa Administrativa, en procura de la protección de su derecho de petición.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 4 de noviembre de 2025, Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela en procura de la protección de su derecho de petición, el cual consideraron vulnerado por los Tribunales Administrativos d e Arauca, Atlántico, Huila, Meta, Putumayo y Sucre; por los Despachos Quince y Dieciséis del Tribunal Administrativo de Antioquia; y por los Juzgados Segundo, Séptimo y Quince Administrativos de Cartagena; Primero

Despachos Quince y Dieciséis del Tribunal Administrativo de Antioquia; y por los Juzgados Segundo, Séptimo y Quince Administrativos de Cartagena; Primero Administrativo de Florencia; Tercero Admin istrativo de Yopal; Quinto Administrativo de Quibdó; Séptimo Administrativo de Neiva; Primero Administrativo de Riohacha; Quinto Administrativo de Pasto; Quinto Administrativo de Pereira; Once Administrativo de Bucaramanga; Tercero Administrativo de San Gi l; Noveno y Décimo Administrativos de Sincelejo; Tercero, Quinto y Doce Administrativos de Ibagué; y Dieciséis y Dieciocho Administrativos de Cali.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

2 2.1. Las accionantes señalaron que “entre los días 30 de mayo, 3 y 4 de junio de 2025” remitieron diferentes solicitudes, dirigidas a las autoridades antes identificadas, con los siguientes interrogantes:

“PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.

SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente

prejudicial.

SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.”.

2.2. Afirmaron que, si bien, los despachos respondieron a las solicitudes y remitieron al aplicativo SAMAI para la consulta de la información requerida, consideran que dicha respuesta no satisface plenamente el derecho de petición, debido a que: i) al iniciar la búsqueda en el aplicativo no se encuentra disponible la categoría “ ejecutivo contractual” dentro del filtro “clase de proceso”, lo que impide acceder a la información solicitada; ii) algunos procesos aparecen con la categoría “clasificada”, lo que restringe el acceso y la visu alización de los mismos; y iii) se presentan errores de radicación, entre otros inconvenientes.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó al juez constitucional:

“2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a los Tribunales Administrativos de Arauca, Atlántico, Huila, Meta, Putumayo y Sucre, así como a los Despachos 015 y 016 del Tribunal Administrativo de Antioquia, a los Juzgados 002, 007 y 015 Administrativos de Cartagena, al Juzgado 001 Administrativo de Florencia, al Juzgado 003 Administrativo de Yopal, al Juzgado 005 Administrativo de Quibdó, al Juzgado 007 Administrativo de Neiva, al Juzgado 001 Administrativo de Riohacha, al Juzgado 005 Administrativo de Pasto, al Juzgado 005 Administrativo de Pereira, al

Juzgado 005 Administrativo de Quibdó, al Juzgado 007 Administrativo de Neiva, al Juzgado 001 Administrativo de Riohacha, al Juzgado 005 Administrativo de Pasto, al Juzgado 005 Administrativo de Pereira, al Juzgado 011 Administrativo de Bucaramanga, al Juzgado 003 Administrativo de San Gil, a los Juzgados 009 y 010 Administrativos de Sincelejo, a los Juzgados 003, 005 y 012 Administrativos de Ibagué y a los Juzgados 016 y 018 Administrativos de Cali, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a las solicitudes presentadas el 30 de mayo, 3 y 4 de junio de 2025”.

Como sustento de la acción de tutela , la parte actora indicó que las respuestas emitidas por los despachos judiciales accionados no satisfacen su derecho de petición.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

3

4. Trámite de tutela e intervenciones.

4.1. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025 1 se admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación a las autoridades accionadas y se les requirió para que aportaran las pruebas que tuvieran en su poder relacionadas con los fundamentos expuestos en el escrito de tutela.

4.2. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali2 indicó que el 4 de junio de 2025 recibió la petición de las accionantes, a la que se dio respuesta el mismo día, en el sentido de indicar que para los procesos ejecutivos derivados de contratos

junio de 2025 recibió la petición de las accionantes, a la que se dio respuesta el mismo día, en el sentido de indicar que para los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que se radicar on a partir de enero de 2023, se exige cumplir el requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación prejudicial, conforme al trámite regulado por la Ley 1437 de 2011. Además, precisó que los expedientes de estos procesos, con inclusión de aquellos en los que se haya emitido al menos la primera actuación de Despacho, pueden ser consultados mediante la plataforma SAMAI, que permite la búsqueda por sujetos procesales y el acceso a la información relevante del caso.

Agregó que, si bien las peticionarias consideran que no se les dio respuesta de fondo por no recibir los enlaces directos a los expedientes, la información proporcionada sí satisface la solicitud, dado que la plataforma SAMAI permite filtrar por parte procesal y por medio de control, posibilitando la localización de la información requerida.

En cuanto a los documentos clasificados que no resultan visibles, el despacho indicó que basta con solicitar su desclasificación, señalando el radicado y los índices correspondientes en SAMAI, a fin de que se evalúe la posibilidad de compartirlos, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 123 del Código General del Proceso.

4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico 3 informó que, en respuesta dada a la petición de las tutelantes , indicó que la jurisdicción contenciosa cuenta con el aplicativo SAMAI para llevar a cabo la consulta de la información en torno a los procesos jurisdiccionales a cargo de esta Corporación. Para ello, les informó que

petición de las tutelantes , indicó que la jurisdicción contenciosa cuenta con el aplicativo SAMAI para llevar a cabo la consulta de la información en torno a los procesos jurisdiccionales a cargo de esta Corporación. Para ello, les informó que pueden acceder a la información que requieren a través del nombre de cada de una las entidades territoriales que integran el departamento. En punto de lo anterior, señaló que respondió de forma congruente, clara y precisa el objeto de la petición.

4.4. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga4 señaló que la solicitud de las accionantes se recibió el 4 de junio de 2025 y fue atendida el 5 de junio siguiente, en el sentido de señalar que podían acceder a la información requerida en la Relatoría del Tribunal Administrativo de Santander y en la plat aforma SAMAI, herramienta oficial de consulta pública de la jurisdicción contencioso-administrativa.

1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI. 2 Índice 00008 del aplicativo SAMAI. 3 Índice 00009 del aplicativo SAMAI. 4 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

4 Agregó que en la respuesta se orientó a las peticionarias sobre el uso de los mecanismos de consulta, por lo que la vulneración denunciada no encuentra fundamento.

4.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena5 manifestó que la petición sobre la que se edificó la supuesta vulneración fue resuelta el 5 de junio de

fundamento.

4.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena5 manifestó que la petición sobre la que se edificó la supuesta vulneración fue resuelta el 5 de junio de 2025 mediante el oficio 256, en el que se informó a las interesadas que la consulta sobre los procesos ejecutivos puede ser realizada a través del aplic ativo SAMAI. En consecuencia, solicitó negar el amparo.

4.6. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué6 señaló que mediante correo del 10 de julio de 2025 se dio respuesta a la solicitud de las accionantes, y se les informó que con base en lo dispuesto en el acuerdo PCSJA23 -12068 del 16 de mayo de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura, desde agosto de 2023 se implementó de manera obligatoria el uso del aplicativo SAMAI en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de modo que todos los expedientes fueron cargados a dicha plataforma que permite a los usuarios consultar la información requerida mediante la selección del medio de control, periodo, despacho de conocimiento, parte demandada, entre otros criterios.

4.7. El Tribunal Administrativo del Putumayo 7 emitió resolución a lo solicitado por las tutelantes y les puso de presente que podían acceder a la información requerida a través del enlace de Relatoría de la Corporación. Igualmente, impartió instrucciones de uso del dicho aplicativo.

4.8. El Tribunal Administrativo del Meta 8 informó que mediante el oficio No. TAMPRE-025, notificado al correo de las accionantes, la corporación respondió a la solicitud del 3 de junio de 2025 sobre el requisito de procedibilidad en procesos

4.8. El Tribunal Administrativo del Meta 8 informó que mediante el oficio No. TAMPRE-025, notificado al correo de las accionantes, la corporación respondió a la solicitud del 3 de junio de 2025 sobre el requisito de procedibilidad en procesos ejecutivos contra municipios radicados desde enero de 2023. Se indicó que la postura de la jurisdicción puede consultarse en el sistema SAMAI, específicamente en la opción Meta para acceder a las providencias expedidas, así como en Gestión en otros despachos para consultar actuaciones y sentencias de segunda i nstancia. La corporación fundamenta así la disponibilidad pública de la información, evitando trámites adicionales y garantizando transparencia en el acceso a la jurisprudencia.

4.9. El Tribunal Administrativo de Arauca9 indicó que dio respuesta a la solicitud de las accionantes mediante Oficio PTAA-2025-043 del 12 de junio de 2025, y les informó que corresponde a cada Despacho verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad al momento de decidir sobre el mandamiento de pago, dado que la corporación carece de órganos consultivos y de personal para investigaciones académicas. Se explicó que la solicitud de enlaces a todos los procesos desde enero

5 Índice 00011 del aplicativo SAMAI. Reiterado en el índice 00022. 6 Índice 00012 del aplicativo SAMAI. 7 Índice 00013 del aplicativo SAMAI. 8 Índice 00014 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 00015 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

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9 Índice 00015 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

5 de 2023 excede las capacidades materiales y humanas de Presidencia, Relatoría y Secretaría General, pues implicaría una revisión exhaustiva de numerosos expedientes, superando la finalidad del derecho de petición.

4.10. El Despacho Quince del Tribunal Administrativo de Antioquia10 informó que dio respuesta a la solicitud de las accionantes el 4 de junio de 2024, e indicó que los expedientes, incluidos los ejecutivos, pueden consultarse en el aplicativo SAMAI, según la circular PSCJC24 -1 de enero de 2024. Se adjuntaron como ejemplo los documentos “ConsultaArchivado” y “ConsultaVigente” del despacho 15, y se recordó que corresponde a las interesadas realizar la búsqueda y descarga de los procesos, pues no es función de los servidores judiciales.

4.11. El Tribunal Administrativo del Huila11 indicó que emitió respuesta de fondo el 4 de junio de 2024 “remitiendo un archivo Excel y un enlace para su descarga, que contiene consolidado de las providencias desde enero de 2023, explicando cómo usarlo”.

4.12 El Juzgado Noveno Administrativo de l Circuito de Sincelejo12 informó que resolvió la solicitud de la parte actora el 26 de junio de 2025, por lo que no está demostrada la vulneración denunciada.

4.13. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Ibagué13 manifestó que mediante oficio JTS-0236 del 5 de junio del año en curso, indicó a las interesadas que

demostrada la vulneración denunciada.

4.13. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Ibagué13 manifestó que mediante oficio JTS-0236 del 5 de junio del año en curso, indicó a las interesadas que podían consultar los procesos cursados en este Juzgado a través de la sede electrónica SAMAI, filtrando por sujeto procesal para identificar los asuntos ejecutivos en los que una entidad territorial municipal sea parte activa, así como estableciendo la clase de proceso, medio de control y número de radicado, lo que les permite acceder directamente a la información de su interés.

4.14. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena 14 relató que el 10 de junio de 2025, informó a las actoras que la información solicitada podía ser consultada en las plataformas TYBA y SAMAI y , que una vez identificados los radicados de interés, se suministrarían los expedientes bajo su custodia o se redireccionaría la solicitud a la Oficina de Archivo Central para los restantes. Se precisó, además, que el despacho no contaba con personal sufici ente para proporcionar la información de manera exhaustiva.

4.15. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó 15 sostuvo que en respuesta a la petición del 6 de junio de 2025, la secretaria del despacho señaló que la alta congestión judicial y la falta de personal asignado dificultan proporcionar

10 Índice 00016 del aplicativo SAMAI. 11 Índice 00017 del aplicativo SAMAI. 12 Índice 00018 del aplicativo SAMAI. 13 Índice 00019 del aplicativo SAMAI. 14 Índice 00020 del aplicativo SAMAI.

11 Índice 00017 del aplicativo SAMAI. 12 Índice 00018 del aplicativo SAMAI. 13 Índice 00019 del aplicativo SAMAI. 14 Índice 00020 del aplicativo SAMAI. 15 Índice 00021 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

6 información de manera directa, pero recordó que los procesos se encuentran disponibles en el aplicativo SAMAI, permitiendo a las interesadas autogestionar la consulta utilizando el NIT de cada entidad, lo que facilita el acceso a la información requerida sin afectar la operatividad del despacho.

4.16. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto 16 señaló que, en respuesta del 4 de junio de 2025, informó que no contaba con personal para efectuar la búsqueda de la información solicitada, recomendando a las accionantes realizar la consulta directamente a través de SAMAI o, de ser necesario, acudir personalmente a las instalaciones del juzgado para revisar los libros radicadores. Así, se garantizó el derecho de petición de las solicitantes, quienes , además, no acreditaron dificultades técnicas en la plataforma ni intentaron la consulta presencial, lo que evidencia que su reproche constituye una justificación de su propia inacción.

4.17. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Yopal17 indicó que mediante correo electrónico enviado el 9 de junio de 2025 resolvió las inquietudes de las peticionarias, en el sentido de informarles que el despacho con cuenta con competencia para emitir conceptos o fijar posturas respecto a los requisitos de

mediante correo electrónico enviado el 9 de junio de 2025 resolvió las inquietudes de las peticionarias, en el sentido de informarles que el despacho con cuenta con competencia para emitir conceptos o fijar posturas respecto a los requisitos de procedibilidad en procesos ejecutivos, por cuanto cada asunto debe ser analizado de manera individual. Agregó que, en todo caso, los expedientes pueden ser consultados en uso de la plataforma SAMAI para lo cual debe acceder a los criterios de búsqueda.

4.18. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cartagena 18 informó que mediante correo electrónico del 24 de julio de 2025 dio respuesta a la petición, en la que indicó que la información solicitada podía ser consultada a través del aplicativo SAMAI, de uso obligatorio según el Acuerdo PCSJA23-12068 de 16 de mayo de 2023, y que cualquier proceso del despacho podía ser verificado allí, incluyendo la descarga de providencias. Asimismo, se indicó que, en caso de requerir información adicional no disponible en la plataforma, las interesadas podían presentar la solicitud indicando el número de radicado y las partes del proceso de su interés.

4.19. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Riohacha 19 señaló que emitió respuesta de fondo el 4 de julio de 2025, en la que precisó que los procesos se encuentran digitalizados y cargados en la plataforma SAMAI, en la que pueden ser consultados.

4.20. El Despacho Dieciséis del Tribunal Administrativo de Antioquia 20 informó que el 4 de junio de 2025, respondió a la solicitud de las peticionarias para lo cual remitió el enlace al aplicativo SAMAI con las instrucciones para la consulta de

que el 4 de junio de 2025, respondió a la solicitud de las peticionarias para lo cual remitió el enlace al aplicativo SAMAI con las instrucciones para la consulta de procesos ejecutivos contra entidades territoriales. Igualmente, les precisó que, ante

16 Índice 00023 del aplicativo SAMAI. 17 Índice 00024 del aplicativo SAMAI. 18 Índice 00025 del aplicativo SAMAI. 19 Índice 00026 del aplicativo SAMAI. 20 Índice 00027 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

7 cualquier dificultad, podían acudir a la Secretaría del Tribunal o a los canales de atención dicho aplicativo para recibir orientación sobre filtros y búsquedas.

4.21. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué 21 no presentó el informe solicitado. No obstante, aportó copia digital de la respuesta del 20 de junio de 2025 emitida frente a el escrito de petición de las tutelantes, en la que se les puso de presente que la consulta requerida podría ser realizada a travé s de la plataforma SAMAI.

4.22. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia22 manifestó que el 9 de junio de año en curso dio respuesta a la petición. Para ello aclaró que los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa no cuentan con funciones consultivas ni están facultados para emitir conceptos, por lo que se abstienen de realizar manifestaciones al respecto. No obstante, indicó que la revisión de procesos podía realizarse a través de la plataforma SAMAI, para lo cual proporcionó el enlace

consultivas ni están facultados para emitir conceptos, por lo que se abstienen de realizar manifestaciones al respecto. No obstante, indicó que la revisión de procesos podía realizarse a través de la plataforma SAMAI, para lo cual proporcionó el enlace correspondiente y las instrucciones para que las interesadas pudieran consultar la información directamente.

4.23. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Sincelejo 23 señaló que emitió la respectiva respuesta el 20 de junio de 2025, en el sentido de informar la disposición del aplicativo SAMAI para consultar los expedientes ejecutivos.

4.24. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali24 informó que el 27 de junio de 2025, respondió a la petición y proporcionó los seis (6) procesos ejecutivos en los que se encuentra demandado un municipio. Asimismo, incluyó los radicados de 23 dígitos, el demandante y el enlace de cada expediente, a fin de que las interesadas consultaran y verificaran las actuaciones en cada caso.

4.25. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil 25 aportó la constancia de la respuesta emitida el 4 de junio del año en curso.

4.26. El Tribunal Administrativo de Sucre, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

21 Índice 00028 del aplicativo SAMAI. 22 Índice 00029 del aplicativo SAMAI. 23 Índice 00030 del aplicativo SAMAI. 24 Índice 00031 del aplicativo SAMAI.

1. Competencia

21 Índice 00028 del aplicativo SAMAI. 22 Índice 00029 del aplicativo SAMAI. 23 Índice 00030 del aplicativo SAMAI. 24 Índice 00031 del aplicativo SAMAI. 25 Índice 00033 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

8 Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se vulneró el derecho de petición de las accionantes.

3. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que establece la ley.

4. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo26, y de acuerdo con el artículo 1327 de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes

Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo26, y de acuerdo con el artículo 1327 de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

La Corte Constitucional28 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad d e formular la petición, (ii) la

26 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015. 27 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”. 28 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T083 de 2017, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

9 respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este derecho bajo los siguientes términos:

“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión”29.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para

la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión”29.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito, y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo30.

Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competencia, explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.

Otro punto para destacar es, que a través de la Ley 1755 de 2015 31 se reguló el término para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información se deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por ende las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el artículo 20 ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario.

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la

evitar un perjuicio irremediable al peticionario.

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos pueden acudir ante autoridades con el fin de informarse y hacer e fectivos los demás derechos fundamentales.

5. Caso concreto

Al analizar las pruebas aportadas al expediente de tutela por las autoridades judiciales accionadas, se advierte que , de manera previa a la radicación de esta solicitud de

29 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 30 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. 31 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

10 amparo, dieron respuesta a las peticiones remitidas por las accionantes, en los siguientes términos:

5.1. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali32:

5.2. Tribunal Administrativo del Atlántico33:

32 Índice 0002 del aplicativo Samai. Archivo PDF con certificado 111BE613FDAEAD07 D95061887F2F171 5BAABDD51CB8033F 712526B1C816F258, página 234. 33 Índice 0002 del aplicativo Samai. Archivo PDF con certificado 111BE613FDAEAD07 9D95061887F2F171 5BAABDD51CB8033F 712526B1C816F258, página 11.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06934-00

Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra

11 5.3. Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga34:

5.4. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena35:

34 Índice 0002 del aplicativo Samai. Archivo PDF con certificado 111BE613FDAEAD07 9D95061887F2F171 5BAABDD51CB8033F 712526B1C816F258, página 11. 35 Índice 0002 del aplicativo Samai. A

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