CE - Sentencia 11001031500020250693900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00 (11012)

Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: defectos fáctico y sustantivo, defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. Subtema 3: cosa juzgada. Subtema 4: inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz, presentó acción de tutela, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Quince Administrativo de

de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con ocasión de las sentencias proferidas el 31 de agosto de 2022 y 24 de agosto de 2023, dentro del p roceso de nulidad y restablecimiento con radicado número 11001-33-35-015-2021-00042-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, que tuvo como fin, dejar sin efecto los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 7 de abril y 20 de junio de 2017, por los cuales se le sancionó con suspensión e inhabilidad general por el término de diez años, por haberse ausentado de su lugar de servicio sin contar con permiso para ello o que existiera justificación al respecto; así como de la Resolución número 03231 del 12

le sancionó con suspensión e inhabilidad general por el término de diez años, por haberse ausentado de su lugar de servicio sin contar con permiso para ello o que existiera justificación al respecto; así como de la Resolución número 03231 del 12 de julio de 2017, por medio de la cual se ejecutó la sanción impuesta.

3. Solicitó a título de restablecimiento del derecho su reintegro al cargo de patrullero o a otro de mejor categoría, así como el pago de los salarios y demás emolumentos prestacionales dejados de percibir con ocasión de su retiro, al igual que el reconocimiento de perjuicios morales.

4. En concepto del accionante, con los actos proferidos por la Policía Nacional, se le violaron los derechos de defensa y debido proceso; además se encontraban falsamente motivados y fueron expedidos con desvío de poder.

5. Se trasgredió el debido proceso, en cuanto el auto que ordenó la apertura de la investigación disciplinaria fue proferido por un funcionario de menor cargo; el auto que llamó a audiencia, en su parte resolutiva no estableció la conducta cometida, ni cuáles son los cargos que se le imputan, ni el título objetivo; además que no se hizo precisión de la violación efectiva de la norma y fueron valoradas ciertas pruebas antes del respectivo momento procesal oportuno, lo que constituye un prejuzgamiento.

6. Manifestó que la decisión se sustentó solo en pruebas testimoniales, lo cual atenta el principio de la comunidad de la prueba, en el sentido de que para tomar una decisión se tiene que hacer una valoración integral de todo el material probatorio.

7. Adicionalmente, en contra de su derecho de defensa, no fueron observados

atenta el principio de la comunidad de la prueba, en el sentido de que para tomar una decisión se tiene que hacer una valoración integral de todo el material probatorio.

7. Adicionalmente, en contra de su derecho de defensa, no fueron observados también otros elementos probatorios, tales como su hoja de vida, la intachable trayectoria en la entidad, el que no contaba con antecedentes disciplinarios, como las circunstancias en que ocurrieron los hechos por los cuales se le investigó y finalmente sancionó, con lo cual se permitía excluir o atenuar la culpa que le fu e endilgada al respecto.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2, certificado 57A7E9B34ABD7E46

45E37ADD3899232C 0C306604EC83C89F 0C610BB282AEA196.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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8. Igualmente, argumentó que los actos acusados adolecían de falsa motivación y fueron expedidos con desviación de poder, en cuanto no se fundamentaron en un análisis valorativo de las pruebas y en ningún aparte de la decisión disciplinaria se hizo referencia a que no se logró demostrar la tipicidad de la conducta y la intención de incurrir en la falta de forma dolosa.

9. Sostuvo que se buscó su destitución de la entidad, cuando por el contrario de acuerdo con las pruebas y el procedimiento llevado a cabo al respecto, no era

de incurrir en la falta de forma dolosa.

9. Sostuvo que se buscó su destitución de la entidad, cuando por el contrario de acuerdo con las pruebas y el procedimiento llevado a cabo al respecto, no era posible sancionarlo o se le debió imponer la mínima sanción.

10. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, por sentencia del 31 de agosto de 20222, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B mediante providencia del 24 de agosto de 2023 3, confirmó el fallo de primera instancia. Argumentó que, se encontró demostrado que el señor Edwin Ricardo Calixto Ruíz si se ausentó de su lugar de trabajo o facción sin contar con el permiso para ello y sin que existiera causa que justificara su actuar.

12. Consideró que, al verificar los hechos y las pruebas que se tuvieron en cuenta para asignar la sanción impuesta objeto de debate, no se evidencia vulneración alguna en la valoración de los medios probatorios, ya que dentro de los principios que rigen la ac tuación disciplinaria se encuentra el de libertad probatoria, consagrado en la Ley 734 de 2002 y adicionalmente el demandante tuvo la posibilidad de participar en las diligencias de recepción de declaración de forma directa o a través de su apoderado.

13. Precisó que, en el desarrollo de la acción disciplinaria adelantada contra el demandante, se analizaron y apreciaron las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, a partir de un estudio racional, lógico y objetivo, según la capacidad

13. Precisó que, en el desarrollo de la acción disciplinaria adelantada contra el demandante, se analizaron y apreciaron las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, a partir de un estudio racional, lógico y objetivo, según la capacidad que tenían los documentos y testimonios para demostrar los hechos investigados.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

14. La parte actora solicitó en el escrito de tutela4 lo siguiente:

PRETENSIÓN PRINCIPAL:

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2, certificado 5923524C62192EA7 1F58908B2D1071A4 6E93E16815F37364 1E96C27173F19D35. 3 Samai, exp. 11001-33-35-015-2021-00042-01, índice 12, certificado D3DD3175B5A71A6B 7108AE0D616D2005 B39E8CE497EE84F9 B20418E3E92E5904. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 2 certificado . 57A7E9B34ABD7E46

45E37ADD3899232C 0C306604EC83C89F 0C610BB282AEA196.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad humana del señor

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1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo, mínimo vital y dignidad humana del señor

EDWIN RICARDO CALIXTO RUIZ.

2. DEJAR SIN EFECTOS las siguientes providencias judiciales por estar viciadas de: - Defecto fáctico (omisión probatoria) - Defecto sustantivo (inaplicación de normas) - Violación directa de la Constitución - Defecto procedimental absoluto - Desconocimiento del precedente

a) Sentencia del Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda, de fecha 31 de agosto de 2022, radicado 11001 -33-35-015-2021-0004200. b) Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Subsección B, de fecha 24 de agosto de 2023.

3. ORDENAR al Juzgado 15 Administrativo de Bogotá que profiera NUEVA SENTENCIA dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de este fallo de tutela, en la cual: a) Valore integralmente el testimonio del Patrullero Pablo Ángel Castillo Cubillos como prueba determinante. b) Analice el testimonio del Subteniente Yor's Larinzon Marentes Daza (policía de control). c) Considere el archivo del proceso penal militar como indicio relevante. d) Aplique el artículo 41 de la Ley 1015/2006 sobre exclusión de responsabilidad disciplinaria e) Aplique el principio "in dubio pro reo" ante la contradicción probatoria. f) Analice la proporcionalidad de la sanción considerando mis antecedentes

disciplinaria e) Aplique el principio "in dubio pro reo" ante la contradicción probatoria. f) Analice la proporcionalidad de la sanción considerando mis antecedentes disciplinarios (ninguno) y la buena conducta. g) Considere la inexigibilidad de otra conducta dado mi deber de proteger la vida y salud del compañero.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:

4. En caso de NO anular las sentencias judiciales, ORDENAR al Juzgado 15

Administrativo que DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos disciplinarios por: - Violación del debido proceso en la etapa disciplinaria. - Vencimiento de términos perentorios (22 meses vs. 9 meses). - Aplicación indebida del procedimiento verbal. - Prejuzgamiento (convalidación anticipada de pruebas)5.

5 Adicionalmente también solicitó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que consisten en:

PRETENSIÓN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Policía Nacional de Colombia - Ministerio de Defensa Nacional: a) REINTEGRAR al señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz al cargo de Patrullero de la Policía Nacional o a uno de igual o superior jerarquía, con todos los derechos y prerrogativas, sin solución de continuidad. b) RECONOCER Y PAGAR los salarios, primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el 15 de julio de 2017 hasta la fecha efectiva del reintegro, debidamente indexados. c) RECONOCER Y PAGAR los aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL, caja de compensación)

desde el 15 de julio de 2017 hasta la fecha efectiva del reintegro, debidamente indexados. c) RECONOCER Y PAGAR los aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL, caja de compensación) correspondientes al periodo de desvinculación ilegal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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15. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante expuso que las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá incurren en defecto fáctico y sustantivo, defecto procedimental absoluto , desconocen el precedente judicial y violan en forma directa la Constitución.

16. Indicó que se incurrió en defecto fáctico por omisión probatoria, puesto que no se valoró por el operador judicial, el testimonio rendido por el patrullero Pablo Ángel Castillo Cubillos y el Subintendente Yor’s Larinzo Marentes Daza; y el proceso penal militar del que también fue objeto al respecto del que se ordenó su archivo. Además, valoró en forma sesgada y asimétrica el resto de las declaraciones y no se aplicó ante la duda probatoria, el principio de in dubio pro-reo.

17. Igualmente, que se incurrió en defecto material o sustantivo, al no dar aplicación a las normas que eran relevantes para otorgar solución al caso; como lo son, el

ante la duda probatoria, el principio de in dubio pro-reo.

17. Igualmente, que se incurrió en defecto material o sustantivo, al no dar aplicación a las normas que eran relevantes para otorgar solución al caso; como lo son, el artículo 29 de la Constitución, el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y los artículos 12, 17 y 41 de la Ley 1015 de 2006, que regulan el principio de favorabilidad, las circunstancias de exclusión de responsabilidad en materia disciplinaria y el principio de la proporcionalidad que se debe aplicar al momento de establecerse la sanción disciplinaria. Así mismo, al no analizar frente al comportamiento por el cual fue juzgado, lo que en la doctrina se denomina la existencia de la «inexigibilidad de otra conducta».

18. Argumentó que en la decisión se desconocieron o no aplicaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29 y 83 de la Constitución, en los que se establece, que se deben respetar los principios de la confianza legitima y de la buena fe; la presunción de inocencia; que se debe proteger la vida y la salud de las personas; valorar en igualdad de condiciones los testimonios, sin observar el rango del declarante; como tener en cuenta que con la sanción impuesta de destitución y diez años de inhabilidad se atenta contra su derecho al trabajo, pues se le impide poder acceder a otro empleo.

19. Por otra parte, afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto, puesto que no se cumplió en el trámite del proceso disciplinario, con el término perentorio establecido para llevarse a cabo la etapa de la indagación preliminar, dispuesto en

que no se cumplió en el trámite del proceso disciplinario, con el término perentorio establecido para llevarse a cabo la etapa de la indagación preliminar, dispuesto en

d) LEVANTAR la inhabilidad de 10 años registrada en la Procuraduría General de la Nación, ordenando la actualización inmediata de los sistemas de información. e) RECONOCER Y PAGAR los intereses moratorios conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) sobre las sumas adeudadas.

PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA:

6. CONDENAR a la Nación - Policía Nacional al pago de PERJUICIOS MORALES a favor del señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz por la suma de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por: - Afectación psicológica y emocional (ansiedad, depresión, pérdida de autoestima). - Estigmatización social por sanción máxima disciplinaria. - Pérdida de vínculos familiares. - Destrucción del proyecto de vida profesional. - Afectación de la dignidad humana durante 8 años.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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el artículo 151 de la Ley 734 de 2002; se aplicó equivocadamente a este, las reglas del procedimiento verbal establecido en el artículo 175 de la norma; se procedió a convalidar de manera anticipada ciertas pruebas documentales a partir del auto de apertura de la investigación cuando esto debió ser realizado al final en su respectiva etapa.

del procedimiento verbal establecido en el artículo 175 de la norma; se procedió a convalidar de manera anticipada ciertas pruebas documentales a partir del auto de apertura de la investigación cuando esto debió ser realizado al final en su respectiva etapa.

20. Además, no se le permitió ejercer en debida forma su derecho de contradicción frente a las declaraciones rendidas, como tampoco pudo ser escuchado de manera personal antes de ser proferida la decisión.

21. Finalmente manifestó que se procedió con la decisión a desconocer respectivo precedente judicial, al no ser observado lo señalado en las sentencias C -495 de 2019, con relación a la aplicación de la presunción de inocencia en materia disciplinaria y T -233 d e 2007, respecto a la valoración irracional de la prueba testimonial.

2.3. Trámite procesal

22. La presente solicitud de amparo fue remitida por auto del 5 de noviembre de 20256, proferido por el Juzgado Cincuenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, en aplicación de las reglas de reparto propias de las acciones de tutela.

23. El despacho ponente mediante auto del 11 de noviembre de 2025 7, admitió el escrito de tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada, es decir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y al Juzgado Quince Administrativo de Bogotá; igualmente puso en conocimiento del escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en su condición de tercero interesado. Asimismo, negó la solicitud de medida provisional que había sido presentada por la parte accionante, al igual que la práctica de una prueba testimonial también requerida con el escrito de demanda.

tercero interesado. Asimismo, negó la solicitud de medida provisional que había sido presentada por la parte accionante, al igual que la práctica de una prueba testimonial también requerida con el escrito de demanda.

2.4. Intervenciones

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B 8 solicitó que se declarara improcedente la acción porque no se cumple con el requisito de inmediatez y el accionante ya había presentado igualmente, una acción de tutela con las mismas pretensiones a las ahora invocadas.

25. Asimismo, argumentó que, como la sentencia proferida por esta autoridad judicial, por la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, data del 24 de agosto de 2023 y fue notificada a las

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 4, certificado 8BC83E250D78899F 67C2C4650C4C7959 2CADE3026D8F9B47 D406CEFDAF284572. 7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 6, certificado BA5C4C82B2BB70D8 BF672DD4C1F1179A 3B8CBCE3BF02E21C B984F6CEE85747EC. 8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 11, certificado C07717618EE46929

E52ACA1E808C88B2 840F6F68E11D6631 CA72C23B9E608E5D.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz

E52ACA1E808C88B2 840F6F68E11D6631 CA72C23B9E608E5D.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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partes el 17 de octubre de la misma anualidad, fecha en la cual el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz conoció de la decisión adoptada, han trascurrido más de dos años desde que se emitió dicha providencia y se radicó el mecanismo de amparo.

26. Por otra parte, informó que el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, ya había presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con las mismas pretensiones, esto es, para que se deje sin efectos las sentencias emitidas por los jueces ordinarios, al ale gar que estos incurrieron en un falso raciocinio, pues omitieron llevar a cabo una apreciación conjunta de los respe ctivos medios de convicción a la luz de los estándares de la sana crítica.

27. Resaltó que en la acción de tutela que fue tramitada bajo el número de radicado 11001-03-15-000-2024-00130-00, se profirió sentencia de primera instancia el 1 de febrero de 2024, en el sentido de negar el amparo solicitado. Dicha decisión fue confirmada a través de providencia del 21 de marzo de 2024.

28. Respecto de los argumentos planteados en el escrito de tutela, manifestó que se debe indicar que la decisión emitida en segunda instancia por dicho tribunal se adoptó con fundamento en las pruebas documentales y testimoniales que fueron

28. Respecto de los argumentos planteados en el escrito de tutela, manifestó que se debe indicar que la decisión emitida en segunda instancia por dicho tribunal se adoptó con fundamento en las pruebas documentales y testimoniales que fueron recaudadas en el cu rso del proceso, que permitieron establecer las conclusiones descritas en la providencia objeto de acción constitucional.

29. Destacó que contrario a lo indicado por la parte actora los argumentos descritos en la sentencia de segunda instancia no fueron producto de una valoración inadecuada, sino que obedecieron precisamente a una verificación concienzuda de las documentales y lo s testimonios que reposaban en el proceso disciplinario que fue adelantado en contra del demandante.

30. Concluyó que el hecho de que no se haya accedido a las pretensiones de la demanda, no significa que la valoración de los jueces no haya sido la adecuada.

31. Además, indicó que se pretende por la parte actora , es convertir el presente medio constitucional en un nuevo debate probatorio en el que el juez de tutela avale su sentir, cuando se encuentra debidamente probado que cometió la falta que le fue endilgada y por la cual fue sancionado, esto es la prevista en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, «Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada».

32. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá 9 remitió mediante enlace de acceso el correspondiente expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado número 11001 -33-35-015-2021-00042-00 y argumentó que los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para adoptar la

acceso el correspondiente expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado número 11001 -33-35-015-2021-00042-00 y argumentó que los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para adoptar la decisión de negar las pretensiones dentro del referido asunto, se encuentran contenidos en la sentencia proferida por esta sede judicial el 31 de agosto de 2022.

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 10, certificado E03E18A472652C27

2D4DC0FA7AF7E947 920A58915A344809 D7FA5FA32E3CD810.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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33. Adujo que durante su trámite se le garantizó el debido proceso a las partes y la sentencia fue proferida a la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicables al caso. Igualmente, se concedió el recurso de apelación al demandante, el cual fue resuelto po r el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 24 de agosto de 2023, en la que confirmó la decisión.

34. Finalmente, sostuvo que la parte actora ya había interpuesto otra acción de tutela contra ese despacho judicial por los mismos hechos. Acción que fue conocida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

decisión.

34. Finalmente, sostuvo que la parte actora ya había interpuesto otra acción de tutela contra ese despacho judicial por los mismos hechos. Acción que fue conocida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, bajo el radicado número 11001-03-15-000-2024-00130-00 y resuelta mediante sentencia del 1 de febrero de 2024, en la cual se negó el amparo solicitado por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, la cual al ser impugnada fue confirmada por la Sección Quinta de esta corporación, en sentencia del 1 de febrero de 2024.

35. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional 10 argumentó que no existe la vulneración de los derechos fundamentales que es alegada por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, puesto que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento fueron valoradas cada una de las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso disciplinario identificado bajo el radicado de número

DIPON-2015-161.

36. Indicó que, no se le puede endilgar al respecto responsabilidad alguna, puesto que el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, tuvo la oportunidad en la etapa procesal respectiva dentro de la investigación disciplinaria de poder ejercer su derecho de defensa y co ntradicción, frente a lo cual prefirió en algunas ocasiones guardar silencio o no asistir a las diligencias pertinentes, sin efectuar objeción alguna o tacha con respecto a las pruebas; razón por la cual, ahora no puede alegar su propia culpa.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y

con respecto a las pruebas; razón por la cual, ahora no puede alegar su propia culpa.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz en cont ra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección B y del Juzgado Quince Administrativo de Bogotá.

10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06939-00, índice 12, certificado E4F0079DAAA69E1E

06D06CAFDA9585C9 E3CBF3D85EF10749 55CA4B6355D44237.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

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3.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa por activa del señor Edwin Ricardo Calixto Ruiz, se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las sentencias que, a su juicio desconocieron sus derechos fundamentales.

39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y del Juzgado Quince Administrativo de Bogotá , porque fueron las autoridades judiciales que

39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y del Juzgado Quince Administrativo de Bogotá , porque fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestionan en esta acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

40. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un u so indebido de este mecanismo constitucional12.

41. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. (ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial [subsidiariedad]. (iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado [inmediatez]. (iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. (v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. (vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. (vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06939-00

Accionante: Edwin Ricardo Calixto Ruíz Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro

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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

3.4. Problema jurídico

autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

3.4. Pro