CE - Sentencia 11001031500020250694200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Demandado:

Tema: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B Mora judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formuló las siguientes:

Pretensiones

«(…) se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B que en el término de 48 horas contados a partir del enteramiento de la sentencia de tutela, defina respecto de la admisión del RECURSO

TERCERA SUBSECCIÓN B que en el término de 48 horas contados a partir del enteramiento de la sentencia de tutela, defina respecto de la admisión del RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA elevado por el suscrito apoderado del ICBF dentro del proceso por el medio de control Reparación Directa radicado 11001 -33-36-031-2015-00909-02; con el fin que se surtan las demás etapas procesales pertinentes.»

Antecedentes

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Carlos Alberto Pérez Martínez y su núcleo familiar presentaron demanda de reparación directa en contra del ICBF , el municipio de Soacha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) , la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico (Fundaset) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Santa Ana E.S.P.

El fundamento fáctico de la demanda tuvo su génesis en los sucesos ocurridos el 6 de agosto de 2014 en el municipio de Soacha (Cundinamarca). En dicha ocasión, el menor C.A.P.G participaba en la actividad de clausura del programa «Generaciones con Bienestar», estrategia promovida por el ICBF y ejecutada operativamente por la fundación Fundaset.

En desarrollo de la jornada recreativa, que consistía en la elevación de cometas, el personal encargado trasladó al grupo de niños desde el Conjunto Residencial Catalina Muñoz hacia un predio contiguo de libre acceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

personal encargado trasladó al grupo de niños desde el Conjunto Residencial Catalina Muñoz hacia un predio contiguo de libre acceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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En el lote se encontraban abandonados varios tubos de concreto de gran magnitud (aproximadamente un metro de diámetro), presuntamente de propiedad o bajo gestión de las empresas de acueducto demandadas. Durante la actividad, uno de estos tubos se deslizó, emb istiendo al niño Carlos Andrés Pérez Gómez, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

La parte actora sustentó sus pretensiones, para lo cual alegó la configuración de una falla del servicio y el desconocimiento de la posición de garante asumida por las entidades estatales y particulares que ejercían funciones públicas.

Dicho proceso que correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-36-031-2015-00909-00. El despacho admitió la demanda mediante auto de fecha 12 de abril de 2016.

El 29 de julio de 2020, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá profirió sentencia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

El 21 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B dictó sentencia de segunda instancia en la cual revocó el fallo inicial.

sentencia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

El 21 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B dictó sentencia de segunda instancia en la cual revocó el fallo inicial. En su lugar, declaró administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsables al ICBF y a la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico (Fundaset) por el fallecimiento del menor C.A.P.G., por lo que condenó a las entidades a pagar solidariamente perjuicios morales y costas procesales. Esa decisión fue notificada el 9 de mayo de 2023.

El 11 de mayo de 2023, el ICBF solicitó aclaración de la sentencia respecto al porcentaje que le correspondería asumir a cada una de las entidades condenadas solidariamente.

Mediante auto de 19 de mayo de 2023, notificado el 6 de junio de 2023, el Tribunal accionado aclaró la sentencia, en el sentido de especificar que el porcentaje de participación de cada condenada (ICBF y Fundaset) es del 50 %.

El 24 de mayo y el 8 de junio de 2023, Fundaset y el ICBF, respectivamente, interpusieron recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

El 8 de septiembre de 2023, la Secretaría del Tribunal emitió informe al despacho de, en el que indicó que se había recibido el recurso extraordinario y que el expediente pasaba al despacho para proveer.

Ante la ausencia de pronunciamiento por parte del despacho respecto a la admisión

en el que indicó que se había recibido el recurso extraordinario y que el expediente pasaba al despacho para proveer.

Ante la ausencia de pronunciamiento por parte del despacho respecto a la admisión del recurso y la fijación de la caución, el apoderado del ICBF presentó 3 solicitudes de impulso procesal el 6 de junio de 2024, el 27 de enero y el 12 de septiembre de 2025.

Mediante auto de 13 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B fijó la caución a cargo de las entidades demandadas recurrentes, como presupuesto para el trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Además, indicó que una vez prestada se resolvería lo pertinente sobre su concesión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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2. Argumentos de la acción de tutela

El ICBF sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, ha incurrido en una mora judicial injustificada al no resolver, desde el 8 de junio de 2023, la solicitud de admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de segunda instancia dictada dentro del medio de control de reparación directa radicado 11001-33-36-031-2015-00909-02.

Indicó que, pese a que el expediente pasó al despacho el 8 de septiembre de 2023 y

medio de control de reparación directa radicado 11001-33-36-031-2015-00909-02.

Indicó que, pese a que el expediente pasó al despacho el 8 de septiembre de 2023 y a las posteriores solicitudes de impulso procesal, no se había adoptado decisión alguna sobre la admisión del recurso ni sobre la fijación de la caución prevista en el artículo 264 del CPACA.

Afirmó que dicha inactividad configur ó una vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, en tanto le impide obtener un pronunciamiento oportuno acerca de la procedencia del recurso extraordinario y, con ello, bloquea el avance del proceso hacia su eventual conocimiento por el Consejo de Estado.

A su juicio, la prolongación de la indefinición procesal , por más de 2 años y cinco 5 meses a la fecha de interposición de la tutela desborda cualquier parámetro de plazo razonable y se traduce en una negación práctica del acceso efectivo al recurso judicial previsto por el ordenamiento.

En respaldo de su postura, la parte accionante invocó la Constitución Política y Convención Americana sobre Derechos Humanos . Además, señaló que, según la jurisprudencia constitucional sobre mora judicial, la simple alegación de congestión o alta carga laboral no basta para justificar el incumplimiento de los términos procesales.

3. Trámite previo de la acción de tutela

Mediante auto de 7 de noviembre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela . En consecuencia, ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Además, al municipio de Soacha (Cundinamarca), al Distrito Capital - Empresa de

En consecuencia, ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Además, al municipio de Soacha (Cundinamarca), al Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B. -E.S.P.), a la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico (Fundaset), a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana S.A. E.S.P, a Allianz Seguros S.A., a Liberty Seguros S.A., a Seguros Generales Suramericana y a los señores Carlos Alberto Pérez Martínez y Diana Carolina Gómez García, en calidad de terceros con interés.

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B solicitó negar el amparo, al considerar que el proceso se encuentra actualmente a la espera de la prestación de la caución y que no hay vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que mediante auto del 13 de noviembre de 2025 fijó la caución prevista en el artículo 264 del CPACA a cargo de las entidades recurrentes y precisó que, una vez prestada, se resolverá lo pertinente sobre la concesión de los recursos.

En cuanto al cargo de mora judicial, sostuvo que el despacho soporta una alta carga de trabajo por lo cual los asuntos deben tramitarse en observancia d el sistema de turnos y las reglas de prelación constitucional y legal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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5. Intervención de los terceros con interés en el proceso

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) afirmó que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva y, por ello, solicitó su desvinculación del presente trámite, porque ni en la sentencia de primera instancia ni en la de segunda instancia fue declarada responsable.

La sociedad Seguros Generales Suramericana S.A . indicó que su vinculación obedeció a la expedición de una póliza multirriesgo empresarial, frente a la cual el Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, negó las pretensiones del llamamiento en garantía formulado en su contra. Por ello, afirmó que su situación jurídica quedó definida, sin que exista actuación pendiente respecto de la compañía aseguradora.

No obstante, reconoció que el ICBF presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y que, a la fecha de su intervención, el Tribunal no se había pronunciado sobre él, lo cual puede configurar una afectación al debido proceso y a la defensa , a la luz de la jurisprudencia constitucional.

Citó, la sentencia T -186 de 2017 en la que se fijaron los criterios para determinar cuándo el retardo judicial vulnera derechos fundamentales y dejó planteado que una demora superior a dos años en resolver la solicitud del ICBF podría resultar injustificada y lesiva de derechos fundamentales de la parte accionante.

cuándo el retardo judicial vulnera derechos fundamentales y dejó planteado que una demora superior a dos años en resolver la solicitud del ICBF podría resultar injustificada y lesiva de derechos fundamentales de la parte accionante.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana E.S.P. S.A . señaló no tener conocimiento sobre las actuaciones relacionadas con el recurso extraordinario de unificación ni sobre las solicitudes de impulso procesal, por lo que se abstuvo de pronunciarse frente a esos puntos.

En cuanto a la procedencia de la tutela respecto de esa empresa , alegó falta de legitimación en la causa por pasiva , pues la conducta cuestionada en la tutela es la mora judicial injustificada.

Subsidiariamente, indicó que no se opone a las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar frente al Tribunal accionado y solicitó de manera expresa que no se profieran órdenes directas en contra de la empresa ni se establezcan cargas procesales adicionales frente a ella.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del ICBF, con ocasión de la presunta mora judicial en resolver la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia e iniciar su trámite dentro del medio de control de reparación directa radicado núm. 11001-33-36-031-2015-00909-00.

La Sala anticipa que se declarará carencia de objeto por hecho superado porque en el trámite de la presente acción de tutela la autoridad judicial accionada profirió la providencia judicial cuya ausencia motivó la interposición del amparo.

Sin embargo, de manera previa se deberá resolver sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva alegadas.

(i) Falta de legitimación en la causa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. –EAAB– y la Empresa

causa por pasiva alegadas.

(i) Falta de legitimación en la causa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. –EAAB– y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana E.S.P. S.A. alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la conducta que la presunta mora judicial es atribuible de manera exclusiva al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

La Sala encuentra que les asiste razón en cuanto la pretensión de amparo se contrae únicamente a la alegada mora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en resolver sobre la admisión del recurso extraordinario y fijar la caución prevista en el artículo 264 del CPACA.

En consecuencia, se accederá a la solicitud de desvinculación de la EAAB y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana E.S.P. S.A.

(ii) De la mora judicial

Conviene decir que la mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte

u omisión sistemática de los deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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Sobre el particular, la sentencia T -186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos

establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

En el presente asunto, con el propósito de determinar si se configuró la vulneración alegada, la Sala abordará el examen de la situación fáctica de manera individualizada frente a cada una de las autoridades judiciales accionadas.

(iii) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en las siguientes circunstancias: el daño consumado; el hecho superado y el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Daño consumado , es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la

las siguientes circunstancias: el daño consumado; el hecho superado y el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Daño consumado , es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el pe ligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva más no indemnizatoria2.

Hecho superado , este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado3.

La situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada y que hace que ya la protección solicitada no

2 Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.

La situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada y que hace que ya la protección solicitada no

2 Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional. 3 Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

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sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho4.

(iv) Caso concreto

El ICBF solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que consideró vulnerados por la presunta mora judicial en la que habría incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al no pronunciarse sobre la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de segunda instancia dictada dentro del medio de control de reparación directa radicado 11001-33-36-031-2015-00909-02.

Como pretensión solicitó que «se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B que en el término de 48 horas contados a partir del enteramiento de la sentencia de tutela, defina respecto de la admisión

CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B que en el término de 48 horas contados a partir del enteramiento de la sentencia de tutela, defina respecto de la admisión del RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JUR ISPRUDENCIA elevado por el suscrito apoderado del ICBF dentro del proceso por el medio de control Reparación Directa radicado 11001 -33-36-031-2015-00909-02; con el fin que se surtan las demás etapas procesales pertinentes».

Ahora bien, en el presente trámite, después de admitida la tutela, el Tribunal accionado informó que, mediante auto de 13 de noviembre de 2025, fijó la caución exigida por el artículo 264 del CPACA como presupuesto para el trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia in terpuesto por el ICBF y por la Fundación para el Desarrollo Agrícola Social y Tecnológico –Fundaset–.

En efecto, al revisar el expediente con radicado 11001 -33-36-031-2015-00909-02 se constata que en el índice 42 de SAMAI5 obra auto de 13 de noviembre de 2025, en el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dispuso, en lo pertinente:

«PRIMERO.- PRIMERO: FIJAR caución por valor de ciento cuarenta y dos millones trescientos cincuenta mil pesos ($142.350.000), a cargo de las demandadas, Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y TecnológicoFUNDASET y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Para el efecto cada una de las demandadas deberá constituir caución por valor de

demandadas, Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y TecnológicoFUNDASET y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Para el efecto cada una de las demandadas deberá constituir caución por valor de setenta y un millones ciento setenta y cinco mil pesos dentro del plazo legal, en los términos del artículo 264 del CPACA, en concordancia con el artículo 603 del Código General del Proceso.».

Además, consta que dicha decisión fue notificada a las partes mediante estado de 13 de noviembre de 2025, enviado el 14 de ese mismo mes y año6.

De modo que quedó satisfecha la pretensión solicitada en el escrito inicial, toda vez que lo que buscaba el ICBF al promoverla era que el Tribunal accionado adelantara el trámite del recurso extraordinario y adoptara la decisión inicial necesaria para su curso, esto es, la fijación de la caución correspondiente, la cual efectivamente se profirió en el curso del presente trámite constitucional y sin que mediara orden judicial de amparo.

4 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019. 5 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013336031201500909012500023 6 SAMAI, índices 45 y 46.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06942-00

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En consecuencia, la Sala observa que en el caso objeto de estudio se configura carencia actual de objeto por hecho superado, porque, con ocasión de la interposición de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, se pronunció sobre el aspecto cuya omisión se reputaba lesiva de los derechos fundamentales del accionante.

Por lo tanto, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador