CE - Sentencia 11001031500020250694700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06947-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: MARÍA LIGIA GÓMEZ BARRETO Y OTROS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS POR LAS

AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL TOLIMA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante Juzgado. 2 En adelante Tribunal.2

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2 En adelante Tribunal.2

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Los señores MARÍA LIGIA GÓMEZ BARRETO, WILMER ANDRÉS, JEFFERSON y MARYURI TORRES GÓMEZ, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, al acceso a la administración de justicia , a la defensa y a los principios de reparación integral, seguridad jurídica y legalidad, los cuales estiman vulnerados por el JUZGADO y TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de 12 de noviembre de 2020 y 19 de junio de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00287-01.

I.2. Hechos

Afirmaron que el 29 de agosto de 2015 , el señor JOSÉ RICARDO TORRES GÓMEZ (q.e.p.d.), se presentó en el servicio de urgencias del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ3, con un dolor abdominal agudo.

Indicaron que luego de varios días de observación y a la espera de algunos exámenes, su estado de salud se complicó, por lo que debía

dolor abdominal agudo.

Indicaron que luego de varios días de observación y a la espera de algunos exámenes, su estado de salud se complicó, por lo que debía ser trasladado a la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS4 (UCI),

3 En adelante Hospital. 4 En adelante UCI.3

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no obstante, no fue posible por falta de autorización de la CAJA DE

PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES, hoy PATRIMONIO

AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO5.

Aseguraron que el señor TORRES GÓMEZ (q.e.p.d.) falleció el 2 de septiembre de 2015 , por falta de atención médica , dado que no recibió la respectiva autorización para que fuera trasladado a la UCI o a otras instituciones de salud de máxima categoría.

Manifestaron que por lo anterior, presentaron medio de control de reparación directa contra el HOSPITAL y CAPRECOM, el cual fue identificado con el número único de radicación 2017 -00287-00 y correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL en providencia de 19 de junio de 2025.

I.3 Fundamentos de la solicitud

12 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL en providencia de 19 de junio de 2025.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Aseveraron que las providencias proferidas por el JUZGADO y TRIBUNAL incurrieron en defecto fáctico, toda vez que omitieron valorar las pruebas testimoniales recaudadas dentro del expediente

5 En adelante CAPRECOM.4

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ordinario y la irregularidad en el diagnóstico médico del señor

TORRES GÓMEZ (q.e.p.d.).

Asimismo, valoraron de manera inadecuada la historia clínica de l paciente, en la que se podía advertir la negligencia en que incurrió el HOSPITAL, pues este duro hospitalizado más de 5 días sin que se realizaran las gestiones necesarias para ser trasladado a la UCI o a otras instituciones de salud de máxima categoría y se le practicaran los exámenes necesarios.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] I.I.- QUE SE LES AMPAREN LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES A MIS PODERDANTES MARIA LIGIA

Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] I.I.- QUE SE LES AMPAREN LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES A MIS PODERDANTES MARIA LIGIA

GÓMEZ BARRETO, WILMER ANDR ÉS TORRES G ÓMEZ, JEFFERSON TORRES GÓMEZ Y MARYURI TORRES GÓMEZ, La primera en calidad de madre de JOS É RICARDO TORRES G ÓMEZ y los tres restantes en calidad de hermanos, todos mayores de edad y vecinos de Ibagué, identificados con las C.C. No. 40.080.851 de ValparaísoCaquetá; 1.110.233.350; 1.110.522.242 y 1.110.542401, AL

DEBIDO PROCESO, AL DE DEFENSA, AL DE ACCESO A LA

JUSTICIA CON LA CORRESPONDIENT E INEMNIZACIÓN

DE PERJUICIOS O REPARACIÓN, AL DE LA SEGURIDAD

JURÍDICA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL DE

IGUALDAD, VULNERADOS POR EL JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ,

EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES, Y EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA al proferir las sentencias de primera y segunda instancia, el juzgado el 12 de noviembre de 2012 y el H. Tribunal el 19 de junio de 2025, RADICACIÓN: 73001-33-5

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Tribunal el 19 de junio de 2025, RADICACIÓN: 73001-33-5

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33002-2017-0028701 M P, DOCTOR LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA,

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA DE MARÍA

LIGIA GÓMEZ BARRETO - OTROS DEMANDADOS:

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA APODERADO:

MARI YADIRA GARZÓN REY DEMANDADO: PATRIMONIO

AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO

APODERADO: OMAR TRUJILLO POLANÍA DEMANDADO:

ALLIANZ SEGUROS APODERADO: LUZ ÁNGELA DUARTE

ACERO TEMA, QUE NEGARON LAS PRETENSIONES DE LA

DEMANDA.

I-III.- SE ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA, QUE SE RETOME EL CONOCIMIENTO DEL

PROCESO A QUE SE REFIEREN LOS NUMERALES

ANTERIORES Y SE PROFIERA EL FALLO QUE EN DERECHO

CORRESPONDA, ANALIZANDO LO AQUÍ ESTIPULADO Y

CONFORME A DERECHO Y A LAS PRUE BAS QUE NO

FUERON NI TENIDAS EN CUENTA, MENOS VALORADAS

POR LAS DOS INSTANCIAS A QUE SE REFIERE LA

TUTELA, Y SE DETERMINE QUE EFECTIVAMENTE SE

PRESENTARON OMISIONES E INCUMPLIMIENTO DE LOS

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ENTES DEMANDADOS

Y POR ENDE FALLA DEL SERVICIO MÉDICO,

DETERMINÁNDOSE LAS CONDENAS E

INDEMNIZACIONES A QUE HUBIERE LUGAR. […]”.

(Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, a pesar de ser notificados en6

(Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, a pesar de ser notificados en6

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debida forma, guardaron silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El HOSPITAL solicitó desestimar las pretensiones de la demanda y dejar en firme las providencias objeto de cuestionamiento, por cuanto los actores dentro del proceso ordinario no lograron demostrar la presunta falla médica alegada.

I.6.2.- La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. , indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por lo que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.3.- ALLIANZ SEGUROS S.A., solicitó rechazar las pretensiones incoadas en el escrito de tutela, puesto que carecen de sustento fáctico y jurídico, sumado a ello, la acción constitucional de la referencia no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que proceda su estudio.

I.6.4.- CAPRECOM pese a ser notificado en debida forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.7

referencia no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que proceda su estudio.

I.6.4.- CAPRECOM pese a ser notificado en debida forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.7

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:8

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta

procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la entidad en mención fue vinculada dentro del proceso de reparación directa objeto de tutela, la Sala concluye que le asiste interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06947-00

le asiste interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta9

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de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009 -01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de d erechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge10

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Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.11

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.11

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que

exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.12

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.12

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la parte actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 12 de noviembre de 2020 y 19 de junio de 2025 , proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00287-01.

A las citadas providencias los actores le atribuyen la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defecto fáctico, toda vez que omitieron valorar las pruebas testimoniales recaudadas dentro del expediente ordinario13

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y la irregularidad en el diagnóstico médico del señor TORRES GÓMEZ (q.e.p.d.).

Asimismo, valoraron de manera inadecuada la historia clínica del paciente, en la que se podía advertir la negligencia en que incurrió el HOSPITAL, pues este duro hospitalizado más de 5 días sin que se

GÓMEZ (q.e.p.d.).

Asimismo, valoraron de manera inadecuada la historia clínica del paciente, en la que se podía advertir la negligencia en que incurrió el HOSPITAL, pues este duro hospitalizado más de 5 días sin que se realizaran las gestiones necesarias para ser trasladado a la UCI o a otras instituciones de salud de máxima categoría y se le practicaran los exámenes necesarios.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efecto tanto la providencia de 12 de noviembre de 2020 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 19 de junio de 2025 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la sentencia de segunda instancia, toda vez que fue est a la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)14

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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.15

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examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos

7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06947-00

Actores: MARÍA LIGIA GÓMEZ BARRETO Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una inst