CE - Sentencia 11001031500020250694900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06949-00

Accionante: ÁNGEL HUMBERTO SANTANA RUGE

Accionados: TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

Consejo de Estado.

Por auto del 7 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Ángel Humberto Santana Ruge, actuando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, a la propiedad privada y al

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y al Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera y se vinculó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a la Empresa de Transportes Tercer Milenio – Transmilenio S.A. y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. Posteriormente, en providencia del 26 de noviembre de 2025 se ordenó la vinculación, en calidad de terceros con interés, de la Empresa Gestora Operadora de Buses S.A.S. (Egobus S.A.S) en liquidación, de la sociedad Correvial S.A.S y de la Superintendencia de Puertos y Transportes.Accionante: Ángel Humberto Santana Ruge

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Tercera, Subsección A y otro

de la sociedad Correvial S.A.S y de la Superintendencia de Puertos y Transportes.Accionante: Ángel Humberto Santana Ruge

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06949-00

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«principio de legalidad».

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia del 14 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Mediante esta decisión confirmó la providencia del 4 de julio de 2023 dictada por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-2019-00370-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales A LA DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA,AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD y AL DERECHO A LA PROPIEDAD

PRIVADA.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá el día 4 de julio de 2023, negando las pretensiones en la causa 11001-33-43-060-2019-00370-00.

Juzgado 60 Administrativo de Bogotá el día 4 de julio de 2023, negando las pretensiones en la causa 11001-33-43-060-2019-00370-00.

TERCERO. Dejar sin efectos la actuación desarrollada por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Tercera Subsección A, mediante auto adiado 25 de septiembre de 2025, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá el día 4 de julio de 2023, negando las pretensiones.

CUARTO. Que se ordene dictar nueva sentencia valorando integralmente las pruebas, aplicando el principio de democratización y reconociendo la responsabilidad patrimonial del Distrito Capital y de Transmilenio conforme a la motivación de facto y legal expuesta y acervo probatorio arrimado en la que se prueba el perjuicio causado al hoy tutelante ANGEL HUMBERTO SANTANA RUGE y cuya causa principal de lo pretendido es la no realización de la nueva licitación para asignar las zonas afectadas con la terminación d e los contratos de concesión del SITP , CTO 012 y CTO 013y en la que esta omisión estatal el afectado no percibió durante el término de la concesión las rentas ofertadas con pago mensual

QUINTO. Que se reconozca que el pago parcial del vehículo no satisface la obligación de garantizar la participación en el SITP durante toda la concesión ni el pago de las 288 rentas pactadas.

SEXTO. Que se deje sin efecto la condena en agencias en derecho ordenadas en sede de apelación proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en

pago de las 288 rentas pactadas.

SEXTO. Que se deje sin efecto la condena en agencias en derecho ordenadas en sede de apelación proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en igual sentido la condena en costas ordenada por el Juez 60 Administrativo, sanción que aumenta la afectación económica al señor Santana Ruge.

1.2. Hechos

4. La empresa Transmilenio S.A. y la sociedad Empresa Gestora Operadora de Buses Egobus S.A.S. celebra ron el contrato de concesión 12 de 2010, cuyo objeto fue la «explotación preferencial y no exclusiva de la prestación del servicio de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP» en unas zonas de

Bogotá, D.C. Estos contratos fueron suscritos de manera posterior a la licitación pública No. TMSA-LP-004 de 2009 adelantada por Transmilenio S.A.Accionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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5. En virtud de lo anterior, e l señor Santana Ruge, vinculó el vehículo de placas SHN 221 , de su propiedad , al Sistema Integrado de Transporte Público SITP mediante el documento denominado Proforma 6B del 26 de noviembre de

2010. Este documento se firmó en virtud del contrato de concesión referenciado

placas SHN 221 , de su propiedad , al Sistema Integrado de Transporte Público SITP mediante el documento denominado Proforma 6B del 26 de noviembre de

2010. Este documento se firmó en virtud del contrato de concesión referenciado con antelación. Allí se consignó, entre otras cosas, lo siguiente: i) que el actor, en calidad de propietario del vehículo, entregaría este bien para hacer parte de la flota del SITP, una vez fuera determinado por la empresa Transmilenio S.A. en cumplimiento de los contratos de concesión 12 y 13 ; ii) que la disponibilidad del vehículo estaría a cargo de Egobus S.A.S., quien sería responsable de la operación, mantenimiento, disponibilidad, costos, ga stos y obligaciones que generara el vehículo; iii) que se pagaría una renta mensual por valor de $1’790.649, obligación que estaría sujeta a la adjudicación de la concesión.

6. La duración del contrato de concesión se estimó por 25 años y se desarrollaría en distintas etapas. A su vez, se establecieron distintas cláusulas que contemplaban las obligaciones del concesion ario entre las que se encontraban que: i) las empresas operadoras debían ser propietarias de la flota a su cargo o contar con un esquema que garantizara su control; ii) debían suscribir por su cuenta y riesgo todos los contratos accesorios o complementarios al contrato de concesión; iii) en relación con la responsabilidad civil contractual se estableció que Transmilenio no sería responsable frente a terceros por l as obligaciones que asumiere el concesionario con aquellos.

7. El contrato fue objeto de varias modificaciones y, ante los diversos incumplimientos de Egobus, se inició un procedimiento administrativo

obligaciones que asumiere el concesionario con aquellos.

7. El contrato fue objeto de varias modificaciones y, ante los diversos incumplimientos de Egobus, se inició un procedimiento administrativo sancionatorio. De igual forma, en virtud de ello se impusieron diversas multas al concesionario en la ejecución del contrato.

8. Mediante la Resolución 235 del 25 de abril de 2016, Transmilenio S.A. declaró el incumplimiento total del contrato de concesión por parte de Egobus S.A., decisión confirmada mediante Resolución 247 del 28 de abril de 2016.

Finalmente, a través de la Resolución 290 del 21 de junio de 2017 se liquidó unilateralmente el contrato.

9. Por medio del escrito del 27 de agosto de 2020, Transmilenio S.A. invitó al señor Santana Ruge como propietario del vehículo vinculado al SITP a ser parte del proceso adelantado mediante el Decreto 68 de 2019 y, con ello, aceptar el desembolso de una suma de dinero como reconocimiento económico del valor del vehículo. Por su parte, el actor manifestó su voluntad de acogerse a dicha propuesta mediante escrito en el que señaló que adelantaba un proceso judicial contra el distrito por los hechos relatados con antelación y, a su vez, dispuso su intención de desistir de tal demanda.

10. Mediante Resolución 602 de 2020, el gerente general de Transmilenio aprobó las solicitudes de reconocimiento de los vehículos vinculados al SITP con concesiones no vigentes, como era el caso del actor. El valor reconocido por el vehículo era de $140.715.717.Accionante: Ángel Humberto Santana Ruge

Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

concesiones no vigentes, como era el caso del actor. El valor reconocido por el vehículo era de $140.715.717.Accionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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11. En Acuerdo de voluntades 1436 del 13 de noviembre 2020, celebrado entre el señor Santana Ruge y el distrito de Bogotá, se estipuló que aquel recibiría dicha suma de dinero y se pactó una cl áusula de indemnidad que consistía en que el propietario/beneficiario de la medida se comprometía a mantener indemne a Transmilenio S.A. y a cualquier entidad del Distrito Capital de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que pudieran causarse o surgi r como consecuencia del desembolso pactad o. De igual forma, se acordó en dicho documento que el actor no tenía proceso judicial vigente contra la entidad territorial en el que se persiguiera reclamar el derecho derivado de la Proforma

6B. A su vez, el señor Santana Ruge renunció a toda reclamación por cuenta de saldos adeudados, intereses legales, moratorios o de cualquier tipo que se desprendan de los derechos derivados de la Proforma 6B.

12. Mediante Resolución 121 de marzo de 2021, el gerente general de Transmilenio autorizó el desembolso de la respectiva suma en razón a dicho acuerdo de voluntades. Dicho valor fue efectivamente pagado con posterioridad.

12. Mediante Resolución 121 de marzo de 2021, el gerente general de Transmilenio autorizó el desembolso de la respectiva suma en razón a dicho acuerdo de voluntades. Dicho valor fue efectivamente pagado con posterioridad.

13. En virtud de lo anterior, el señor Santana Ruge promovió demanda de reparación directa contra el Distrito Capital, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad y contra Transmilenio S.A., con el fin de que fuera indemnizado por el daño antijurídico que estimó causado por : i) las irregularidades presentadas dentro del proceso de licitación y durante el contrato de concesión y su ejecución; ii) la presunta omisión en la realización y adjudicación de una licitación pública para la operación del SITP en al gunas zonas de Bogotá, con posterioridad a la liquidación del contrato de concesión y, iii) el desconocimiento del principio de democratización por la no participación de los pocos vehículos que prestaban el servicio de transporte de pasajeros y que fueron excluidos de dicha licitación.

14. En sentencia del 4 de julio de 2023, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera , negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial consideró que el demandante obró de mala fe al no desistir de las pretensiones de la demanda, luego de manifestar mediante el Acuerdo 1436 de 2020 que no adelantaba ninguna demanda contra el Distrito de Bogotá. Sostuvo que el daño no estaba acreditado puesto que el señor Santana Ruge explotó su vehículo hasta el 2020. Aseguró que el vehículo propiedad del actor no fue objeto de entrega material para la prestación del servicio al SITP , motivo por el cual

que el daño no estaba acreditado puesto que el señor Santana Ruge explotó su vehículo hasta el 2020. Aseguró que el vehículo propiedad del actor no fue objeto de entrega material para la prestación del servicio al SITP , motivo por el cual nunca no fue acreedor de la renta fija mensual pactada. Agregó que, por el contrario, el distrito le reconoció y pagó al demandante el valor de su vehículo.

15. Frente al incumplimiento por parte de Egobus S.A.S. de las obligaciones derivadas del contrato que celebró esta sociedad con el señor Santana Ruge, esto es, la falta de pago de las rentas acordadas señaló que se trataba de una controversia contractual entre particulares, por lo que no le correspondía el estudio de dicha controversia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Puso de presente que, en todo caso, en los antecedentes precontractuales no se estableció ninguna obligación por parte de Tra nsmilenio S.A., en específico, enAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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relación con el pago de tales montos . A su vez, consideró que tampoco se acreditó que las demandadas constriñeran al accionante a vincular su vehículo al SITP o que se estableciera algún tipo de sanción al decidirse no vincularse por medio de concesionarios. Finalmente, señaló que las autoridades demandadas

acreditó que las demandadas constriñeran al accionante a vincular su vehículo al SITP o que se estableciera algún tipo de sanción al decidirse no vincularse por medio de concesionarios. Finalmente, señaló que las autoridades demandadas no tienen funciones de inspección, vigilancia y control, por lo que no se les puede atribuir una falla por el incumplimiento de Egobus del contrato de concesión.

16. Inconforme con lo anterior, la parte actora apeló la decisión. Sostuvo que el valor recibido no compensa el daño reclamado, equivalente a la suma mensual que debía serle entregada en calidad de propietario del vehículo que estuvo vinculado al SITP por 24 años. Indicó que el daño derivaba de la falta de vinculación actual a dicho sistema integrado de transportes y que, por tanto, el concesionario que hubiese ganado la licitación debía estar pagando la renta pactada. Aseguró que el acuerdo de voluntades celebrado con el distrito adolece de un vicio del consentimiento, puesto que mediante dicho documento generado por Transmilenio S.A. se obligó al demandante como parte débil a firmarlo. De tal forma, aseguró que existió dolo al ejercer su posición de dominio en la que se constriñó al señor Santana Rugue a aceptarlo. Indicó que el valor reconocido desconoce el derecho a la propiedad puesto que dicho valor no está contemplado en la ley.

17. Precisó que el perjuicio generado se produce en una falla del servicio por la adjudicación a concesionarios de manera irregular , en la medi da en que se desconoció que los vehículos eran la fuente de ingresos de sus propietarios.

Argumentó que se desconoció que Egobus no cumplió con los requisitos del

la adjudicación a concesionarios de manera irregular , en la medi da en que se desconoció que los vehículos eran la fuente de ingresos de sus propietarios. Argumentó que se desconoció que Egobus no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones, por lo que su propuesta debió ser rechazada en un principio. Agregó que no se valoró que esta empresa no contaba con la capacidad económica y financiera para ser operador. Afirmó que se p resentaron irregularidades en el contrato de concesión y referenció procesos penales que se adelantan contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad por la presunta comisión del delito de celebración indebida de contratos.

18. Alegó que ante el incumplimiento del contrato por parte de Egobus, Transmilenio debió asumir la posición de garante y, en tal sentido, ejercer como operador y arrogarse los compromisos adquiridos con los propietarios de los vehículos. En tal sentido, sostuvo que se debió haber realizado una nueva selección para que los propietarios afectados con la terminación del contrato migraran allí.

19. En fallo del 14 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión de primera instancia y condenó al demandante en costas. En primer lugar, puso de presente que no se estudiaría ninguna afectación relacionada con la implementación del SITP en lo relacionado con el proceso de selección y su acto de adjudicación, ni por el incumplimiento del contrato de concesión, en la medida en que su origen se determinaría por los respectivos actos administrati vos, estudio que no es viable en el medio de control de reparación directa. De igual forma, indicó que noAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

se determinaría por los respectivos actos administrati vos, estudio que no es viable en el medio de control de reparación directa. De igual forma, indicó que noAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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estudiaría eventuales daños derivados de la relación contractual entre el señor Santana Ruge y Egobus, puesto que ello corresponde a una controversia entre particulares que escapaba de su competencia. En dicha medida, sostuvo que no analizaría la falta de pago de la renta mensual pactada en la Proforma 6B.

20. Indicó que el daño antijurídico alegado radicaba en la imposibilidad de l actor de ejercer la actividad de transporte público de pasajeros en el SITP y su exclusión como pequeño propietario, actividad que era su fuente de ingresos.

Aseguró que dicho daño no se acreditó, puesto que después de que suscribiera el documento proforma 6B, el actor continuó ejerciendo dicha actividad por medio de su vehículo, el cual conservó. Esto, según los certificados de operación de la empresa a la que estaba afiliado y de con formidad con lo manifestado por el mismo actor en su interrogatorio.

21. Afirmó que el actor aceptó el acuerdo de la propuesta económica en relación con el valor de su vehículo y renunció a cualquier indemnización proveniente de l documento estipulado con Egobus y su implementación en el

mismo actor en su interrogatorio.

21. Afirmó que el actor aceptó el acuerdo de la propuesta económica en relación con el valor de su vehículo y renunció a cualquier indemnización proveniente de l documento estipulado con Egobus y su implementación en el SITP. De igual forma, consideró que no se acreditó que aquel acuerdo adoleciera de vicios del consentimiento y, en todo caso, no era el medio de control para controvertir su legalidad.

22. Consideró que no podía alegarse una falla del servicio por la falta de control y vigilancia en la ejecución de los contratos de concesión, puesto que se probó que se adelantaron los respectivos procedimientos sancionatorios y se impusieron multas a Egobus, con lo que finalmente se declaró el incumplimiento total de los contratos y se liquidaron unilateralmente. Agregó que, según las cláusulas estipuladas en el contrato de concesión, Transmilenio S.A . no estaba obligada a asumir los compromisos adquiridos por el concesionario y adelantar de manera inmediata un proceso de selección que garantizara el principio de democratización.

23. Finalmente, manifestó que el actor expuso en su recurso de apelación un argumento relacionado con el desequilibrio de las cargas públicas el cual no fue presentado en la demanda, motivo por el cual no se estudiaría puesto que el mecanismo de alzada no es una oportunidad para agregar aspectos ajenos a la controversia planteada en principio.

1.3. Sustento de la vulneración

24. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos.

controversia planteada en principio.

1.3. Sustento de la vulneración

24. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos.

25. En términos generales, en el escrito de tutela se expone n de manera reiterada, extensa , a detalle –y en múltiples ocasiones, confusa – todas las particularidades de lo que, a juicio del actor, configuran situaciones de irregularidad en la ejecución del contrato de concesión celebrado entreAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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Transmilenio S.A. y Egobus. A su vez, el tutelante hace referencia en múltiples apartados a distintas cláusulas del contrato de concesión que habría incumplido Transmilenio S.A. y describe particularidades sobre la ejecución de dicho contrato. A lo largo del extenso escrito de tutela insiste en que tales situaciones eran suficientes para que el operador judicial declarara a responsabilidad administrativa de las entidades distritales demandadas.

26. Afirmó que se incurrió en defecto fáctico por la omisión de valorar integralmente el acervo probatorio, al ignorar varias pruebas determinantes para la decisión del caso, tales como las modificaciones del contrato de concesión, los hallazgos de la Contraloría y la Personería de Bogotá que evidenciaban

integralmente el acervo probatorio, al ignorar varias pruebas determinantes para la decisión del caso, tales como las modificaciones del contrato de concesión, los hallazgos de la Contraloría y la Personería de Bogotá que evidenciaban irregularidades en la adjudicación y supervisión contractual, la irregularidad del proceso licitatorio, entre otras.

27. Indicó que «a partir de la cláusula 145 y ss» del contrato se establecía la responsabilidad de Transmilenio S.A. en relación con la caducidad o terminación anticipada de los contratos, lo que permitía a la entidad estatal intervenir cuando existiera un incumplimiento que afectara gravemente al servicio público. En tal medida, consideró que dicha autoridad no cumplió con su obligación de toma de posesión de los vehículos como medida de protección. Explicó a detalle el procedimiento que debía seguir Transmilenio S.A. para la toma de posesión, según la cual, ha debido su brogar parcialmente la posición del concesionario y, de tal forma, asumir los derechos y deberes indispensables para mantener la operación como fue pactada. Aseguró que, para la entidad, esto no era optativo, sino una obligación que debió ejecutar.

28. Indicó que las obligaciones derivadas de la proforma 6B vinculaban a la entidad distrital, en la medida en que la demandada asumió la obligación «de realizar la [nueva] licitación y de allí se desprenden las obligaciones con los propietarios que debía asumir Transmilenio como el pago de rentas». Agregó que en el contrato se estipuló el título «toma de posesión», que establecía que la entidad distrital debía intervenir «en la ejecución del contrato, tomar posesión y

propietarios que debía asumir Transmilenio como el pago de rentas». Agregó que en el contrato se estipuló el título «toma de posesión», que establecía que la entidad distrital debía intervenir «en la ejecución del contrato, tomar posesión y ejecutarlo directamente cuando ocurra cualquiera de las causales de caducidad o de incumplimiento grave por parte del concesionario ». Agregó que de esta disposición derivaban tres obligaciones inobservadas: i) deber de actuación inmediata ante el incumplimiento; ii) deber de garantizar los derechos económicos de los pequeños propietarios y, iii) deber de realizar licitación pública sustitutiva.

29. Aseguró que su intención no era demandar la legalidad de ninguno de los actos contractuales , puesto que lo buscado era poner de presente que «se desconocieron normas vigentes en materia de adopción del SITP, el principio de sostenibilidad y democratización y que con la decisión del distrito si propició la salida inminente del SITP».

30. En tal sentido, argumentó que, ante esta omisión de la entidad distrital, se incurrió en una falla del servicio por omisión y, de manera subsidiaria, enAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. Esto, al no ejercer la respectiva

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responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. Esto, al no ejercer la respectiva toma de posesión y no convocar oportunamente la licitación sustitutiva , lo que configuró una inactividad administrativa generadora del daño antijurídico alegado.

31. Aseguró que, ante el desconocimiento de tal situación de irregularidades e incumplimiento contractual por parte del distrito, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo. A su vez, hizo extensa referencia a las definiciones y generalidad es sobre el daño antijurídico y a sus clasificaciones, las cuales referenció como: i) daño virtual o futuro; ii) daño material (daño emergente y lucro cesante).

32. Puso de presente que la autoridad incurrió en una violación directa de la Constitución, al vulnerarse sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la propiedad privada, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la transgresión de los principios de confianza legítima y de legalidad.

De tal forma, expuso las generalidades de cada una de estas garantías constitucionales y citó apartados textuales de sentencias de la Corte Constitucional. A su vez, reiteró las situaciones que, a su juicio, se configuraron como irregularidades en la ejecución del contrato de concesión.

4. Intervenciones

4.1. El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera pidió que se negara el amparo solicitado por el actor, en la medida en que no se acreditó

4. Intervenciones

4.1. El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera pidió que se negara el amparo solicitado por el actor, en la medida en que no se acreditó vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor. Hizo referencia a las actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa objeto del mecanismo de amparo y a las consideraciones que fundamentaron las providencias cuestionadas por el actor.

4.2. La Secretaría de Movilidad de Bogotá solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, derivada de su falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que lo solicitado por el actor en relación con la providencia cuestionada, no guarda relación alguna con las funciones de la autoridad.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A solicitó que se declare la improcedencia de la acción al no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por el actor era controvertir las consideraciones que fundamentaron el fallo cuestionado, por lo que su intención es usar este mecanismo como una tercera instancia. A su vez, pidió que se negaran las pretensiones, debido a que no se acreditó la configuración de ninguno de los defectos formulados.

4.4. Transmilenio S.A. solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo de amparo al no cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Aseguró que no es posible pretender usar esteAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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contra providencias judiciales. Aseguró que no es posible pretender usar esteAccionante: Ángel Humberto Santana Ruge

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Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06949-00

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medio de defensa constitucional como una tercera instancia con el fin de reabrir debates ya resueltos por el juez natural de la causa . A su vez, hizo referencia a las consideraciones de las sentencias cuestionadas y sostuvo que no se acreditó la configuración de los defectos alegados.

II. CONSIDERACIONES

33. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora. En tal senti