CE - Sentencia 11001031500020250695100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06951-001

Accionante: : Diana Gicela Reyes Castro

Accionados: : Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Cundinamarca y Amazonas y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas Acción : Tutela Tema : Solicitud de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para concesión de vacaciones Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Diana Gicela Reyes Castro contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la actora frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

Accionante: Diana Gicela Reyes Castro Accionado: DESAJ de Cundinamarca y Amazonas y otro

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La señora Diana Gicela Reyes Castro, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral presuntamente vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

Por consiguiente, requirió que se ordene «[…] a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, que en el término [de 15 días posterior a la notificación del fallo de tutela] , se sirva expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de l as vacaciones vencidas; así como al Tribunal Superior [del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas], como nominador, [le] conceda las vacaciones solicitadas que se causaron en periodo de vacaciones individuales […] quedaron pendientes».

1.3. Hechos2 En el escrito de tutela se indica que, la accionante se desempeñó como juez en provisionalidad del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Girardot entre el 9 de septiembre de 2019 y el 11 de septiembre de 2025, periodo durante el cual regía el sistema de vacaciones individuales. Explicó que, al entrar en vi gencia la Ley 2430 de

septiembre de 2019 y el 11 de septiembre de 2025, periodo durante el cual regía el sistema de vacaciones individuales. Explicó que, al entrar en vi gencia la Ley 2430 de 2024 el 9 de octubre de 2024, ya tenía causado un periodo de vacaciones entre el 1 de abril de 2023 al 30 de marzo de 2024, que no le fue pagado ni disfrutado. Indicó que, tras reintegrarse el 12 de septiembre de 2025 como Juez Tercera Civil Municipal de Girardot, despacho con vacaciones colectivas, solicitó desde julio de 2025 la certificación de su periodo pendiente. No obstante, la Dirección Seccional expidió el certificado DESAJCUNCER25-761 el 14 de julio de 2025, en el cual señaló que, solo cuenta con un periodo por pago y disfrute correspondiente al 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. Asimismo, tanto esa entidad como el Tribunal Superior negaron su solicitud al considerar que actualmente se encuentra bajo régimen de vacaciones colectivas. La actora aseguró que, esta interpretación desconoce que el periodo reclamado se causó bajo el régimen individual y que nunca le fue reconocido, lo que, en la práctica, le genera una vulneración a sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral. 1.4. Argumentos de la tutela.

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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La accionante indicó que su inconformidad se debe a que , las autoridades accionadas desconocieron que el periodo de vacaciones que reclama fue causado bajo el régimen de vacaciones individuales, antes de la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024 y que, pese a ello, le aplicaron de manera estricta el régimen de vacaciones colectivas para negar su reconocimiento y disfrute.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 6 de noviembre de 20253, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, así como al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas4, en su respuesta a la acción, afirmó que esta resulta improcedente dado que no existe vulneración por parte de la entidad. En relación con la solicitud de descanso remunerado, indicó que, expidió el Certificado de Vacaciones No. DESAJCUNCER251021 el 1 de octubre de 2025, en el cual consta un periodo pendiente de pago y disfrute correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Asimismo, señaló que, tras la expedición de la Ley 2430 de 2024, la Dirección Ejecutiva

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Asimismo, señaló que, tras la expedición de la Ley 2430 de 2024, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial emitió un comunicado general el 13 de diciembre de 2024, enviado a los correos institucionales. Allí precisó que , los funcionarios judiciales con periodos de vacaciones pendientes antes de la entrada en vigencia de la ley debían informar a la entidad sobre los mismos, a más tardar el 28 de febrero de 2025 , pero la actora no realizó dicho trámite.

2.1.2. El Tribunal Superior de Cundinamarca5. solicitó que, se declare la improcedencia de la acción de tutela, con base a la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales e incumplimiento del requisito de subsidiariedad , en tanto la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa.

3 Visible en el expediente digital en SAMAI 04. 4 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9 5 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídico.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela es procedente; de serlo , se deberá analizar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentale s al descanso y la desconexión laboral , al abstenerse injustificadamente de tramitar la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las vacaciones vencidas de la señora Diana Gicela Reyes Castro, pese a tener el deber legal de garantizar su descanso si la actora cumplió con los requisitos legales para su disfrute.

3.3. La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Derecho al Trabajo.

no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Derecho al Trabajo.

El derecho al trabajo, tal como lo reconocen los artículos 25, 26 y 334 de la Constitución, en el ámbito individual, implica la libertad de cada persona de escoger y desempeñarAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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una profesión u oficio en condiciones dignas. Desde la perspectiva colectiva, impone a las autoridades el deber de implementar políticas que fomenten el pleno empleo6.

La Corte Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el trabajo es un derecho fundamental, no solo por su importancia dentro del Estado social de derecho, sino también por su papel esencial en la vida de las personas. Su carácter fundamental radica en que es un elemento inherente a la dignidad humana, ya que, a través del trabajo, el individuo encuentra los medios para su sustento, desarrolla sus capacidades y aporta a la sociedad. Sin este, no podría garantizarse una existencia digna, pues es la vía principal para la autosuficiencia y el crecimiento personal.

Conforme a la jurisprudencia que en esta materia ha producido la Corte Constitucional, es posible identificar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección del derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar una labor remunerada en un

derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo determinado7.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el cual vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al patrono. No puede congelarse indefinidamente

2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque injustificado del núcleo esencial. 8

No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo especifico, en su lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad de la acción de tutela, solamente hay lugar al estu dio del caso, cuando existe debilidad manifiesta o se trata una trabajadora embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario más la prueba de vulneración al mínimo vial del trabajador. La situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar durante varios meses los salarios de los empleados. 9

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa, pero faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar los hechos precisos e individuales que provocan

para dejar de pagar durante varios meses los salarios de los empleados. 9

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa, pero faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar los hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo 10

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación racional ni razonable11.

6 Sentencia SU601 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 7 Sentencia T-047 de 1995. y T-779 de 1998. 8 Sentencias C-671 y C-671 de 1999, T-799 y T-888 de 1999. 9 Sentencias SU-995 de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-151 de 1998. 10 Sentencia C-593 de 1998, C-299 de 1998 y T-546 de 2000. 11 Sentencias C-479 de 1992, T-230 de 1994.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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3.5. Solución al caso concreto.

La sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la accionante cumple los requisitos de procedencia de esta acción:

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3.5. Solución al caso concreto.

La sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la accionante cumple los requisitos de procedencia de esta acción:

(i) Inmediatez. Se satisface el requisito , teniendo en cuenta que la acción fue presentada dentro de un plazo razonable contado desde las respuestas emitidas por las entidades accionadas a la solicitud de vacaciones.

(ii) Subsidiariedad. Se considera procedente, dado que, si bien, la actora podría interponer los recursos de ley correspondientes, lo cierto es que , tratándose del derecho al descanso, en el contexto de la concesión de vacaciones, la vía ordinaria resulta ser idónea pero ineficaz para obtener la protección efectiva de sus derechos fundamentales, debido al tiempo que normalmente puede tomar la definición de este asunto, lo que haría que una respuesta tardía por parte de la justicia impida el disfrute del derecho de la actora12.

(iii) Legitimación por activa. Se cumple, por cuanto, fue l a accionante quien radicó la solicitud de vacaciones.

(iv) Legitimación por Pasiva. Se configura, teniendo en cuenta que, los accionados son las autoridades involucradas en el trámite de dicha solicitud.

Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene que, colma los requisitos de establecidos en el Decreto 2591 de 1991, por lo que, esta Sala examinará el fondo del asunto bajo los hechos específicos alegados por la tutelante.

3.6. Hechos Probados.

a) En julio de 2025, la señora Diana Gicela Reyes Castro solicitó a la Dirección Seccional

Sala examinará el fondo del asunto bajo los hechos específicos alegados por la tutelante.

3.6. Hechos Probados.

a) En julio de 2025, la señora Diana Gicela Reyes Castro solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas certificado de disponibilidad presupuestal para concesión de vacaciones lo m ás pronto posible, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y el 30 de marzo de 2024, causado por su labor como juez primero de familia de Girardot, desde el 9 de septiembre de 2019

12 En la sentencia SU 296 del 2023, La Corte estableció que las trabas administrativas o presupuestales (como la falta de CDP o conflictos sobre quién debe cubrir el reemplazo) no son razones constitucionalmente válidas para negar el derecho fundamental al descanso. El Estado tiene la obligación de garantizar el goce efectivo de las vacaciones y no puede trasladar su ineficiencia administrativa (falta de planeación o presupuesto) al trabajador. La tutela es el mecanismo idóneo cuando la negativa afecta la salud o la vida digna del servidor.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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hasta el 11 de septiembre de 2025.

b) El 1 4 de julio de 2025, mediante Certificación DESAJCUNCER25 -761, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, manifestó que, el régimen correspondiente a la actora es el de vacaciones colectivas, conforme al artículo

Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, manifestó que, el régimen correspondiente a la actora es el de vacaciones colectivas, conforme al artículo 146 de la Ley 270 de 1996, mo dificado por el Articulo 74 de la Ley 2430 de 2024. Igualmente indicó que, revisada la base de datos, se pudo establecer un periodo de vacaciones pendientes de pago y disfrute, causado entre el 1° de abril de 2024 y el 31 de marzo 2025.

c) El 16 de septiembre de 2025, la demandante solicitó al Tribunal Superior de Cundinamarca qu e, le concediera el disfrute de las vacaciones pendientes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 ° de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

d) El 1 6 de mayo de 2025, el Tribunal Superior de Cundinamarca , mediante Oficio N.º 711, solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial el CDP para cubrir el pago correspondiente a la persona que realizara el reemplazo.

e) El 14 de octubre de 202 5, el Tribunal Superior, mediante Oficio N.º 1079 de 2025, informó a la actora que, la Sala de Gobierno de la Corporación, a través del Acuerdo N.º 101 del 7 de octubre, negó la solicitud de vacaciones. Esta decisión se fundamentó en la certificación DESAJCUNCER25-761 del 14 de julio de 2025, en la cual se indica que la actora está sujeta al régimen de vacaciones colectivas, lo que impide el otorgamiento de vacaciones individuales.

3.6.1 Frente a la vulneración de derechos fundamentales.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental en Colombia, consagrado en el artículo

actora está sujeta al régimen de vacaciones colectivas, lo que impide el otorgamiento de vacaciones individuales.

3.6.1 Frente a la vulneración de derechos fundamentales.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental en Colombia, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política, que establece que «[…] Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas ». Este elemento es fundamental no solo para el adecuado desarrollo económico del Estado y la sociedad, sino como punto de apoyo para que el individuo alcance su pleno potencial.

La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho al trabajo no se limita a la mera ocupación, sino que implica el acceso a un empleo en condiciones que respeten la dignidad humana. Esto incluye aspectos como la remuneración justa, la seguridad social,Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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y el descanso necesario.

En la jurisprudencia constitucional, el derecho al trabajo se ha despojado de cualquier connotación de actividad degradante o meramente instrumental. Por el contrario, se le confiere la naturaleza de un derecho fundamental en condiciones dignas y justas13. Esto implica que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo integral del ser humano. La Corte Constitucional ha enfatizado que el trabajo digno abarca no solo la posibilidad de obtener un ingreso, sino también el respeto por la salud, la seguridad, la libertad de asociación y, crucialmente, el descanso.

En ese sentido, y al tratarse de un derecho fundamental, la jurisprudencia

no solo la posibilidad de obtener un ingreso, sino también el respeto por la salud, la seguridad, la libertad de asociación y, crucialmente, el descanso.

En ese sentido, y al tratarse de un derecho fundamental, la jurisprudencia constitucional14, ante la reiterada negación de solicitudes de vacaciones de funcionarios y empleados judiciales bajo el pretexto de no haber disponibilidad presupuestal ha insistido en la relevancia del descanso como parte esencial de la dignidad del trabajador, indicando que incluso en estos casos «[…] una vez las vacaciones se han causado, no deben existir condicionamientos o cortapisas para su otorgamiento y la contratación de la persona que remplazará al trabajador en las labores que le corresponden».

La Corte15 ha sostenido que las vacaciones no son un privilegio, sino una necesidad vital para la recuperación del trabajador del desgaste que produce la actividad laboral ; permiten reponer energías, dedicarse a actividades personales, familiares y recreativas, lo que contribuye a su bienestar físico y mental, y a su integración social. Esta recuperación es fundamental para que el trabajador pueda continuar desempeñando sus funciones de manera eficiente y productiva.

La Corte ha reconocido que el descanso es una necesidad vital para la salud física y mental del trabajador, y para la protección de su dignidad humana y su libre desarrollo de la personalidad.

Así las cosas, luego de identificar la relevancia de la que se nutre la petición de amparo de la señora Reyes Castro, esta Sala considera que, la negativa de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las vacaciones vencidas, constituye una vulneración de los derechos fundamentales al descanso y la desconexión

de la señora Reyes Castro, esta Sala considera que, la negativa de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el pago y disfrute de las vacaciones vencidas, constituye una vulneración de los derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral, máxime al considerar que dentro del expediente no existe evidencia por parte de las autoridades accionadas de un pago y disfrute correspondiente al periodo comprendido

13 Corte Constitucional, sentencia T 482 de 1993. 14 Corte Constitucional, sentencia SU 296 del 2023. 15 Ibidem.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de 2024.

Conforme a lo anterior, respecto a los documentos anexados al trámite, se observa que, el último soporte expedido por las autoridades accionadas corresponde al Oficio N.º 555 del 6 de junio de 2023, mediante el cual el Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas concedió 50 días de vacaciones, del 20 de junio al 8 de agosto de 2023, por los periodos laborados entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2023.

Si bien el Tribunal de Cundinamarca afirmó en su contestación que , en el expediente laboral y en las certificaciones oficiales no existe soporte que acredite la existencia del periodo como pendiente . Lo cierto es que, revisado los documentos adjuntos a este trámite, se advierte la existencia de la Certificación DESAJCUNCER25-761 del 14 de julio

periodo como pendiente . Lo cierto es que, revisado los documentos adjuntos a este trámite, se advierte la existencia de la Certificación DESAJCUNCER25-761 del 14 de julio de 2025 16, expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, en la cual se indicó que, revisada la base de datos institucional, la actora presenta un (1) periodo de vacaciones pendientes de pago y disfrute, causado entre el 1° de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

De igual forma, la Dirección Seccional manifestó que , el 13 de diciembre de 2024, mediante la Circular DEAJC24-47, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remitió un comunicado general a los correos institucionales de los servidores , donde solicitó a los funcionarios afectados por la transición normativa, informar en enero a las oficinas de talento humano de las respectivas seccionales , dando a entender que la actora no cumplió con dicha directriz.

16 Visible en SAMAI, índice 8, archivo «21_MemorialWeb_Respuesta-CertificacionDESAJC(.pdf) NroActua 8»Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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En este contexto, cabe recalcar que, si bien la circular de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial establece disposiciones sobre los funcionarios que pueden verse afectados por la transición derivada de la Ley 2430 de 2024, que modificó el régimen de

En este contexto, cabe recalcar que, si bien la circular de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial establece disposiciones sobre los funcionarios que pueden verse afectados por la transición derivada de la Ley 2430 de 2024, que modificó el régimen de vacaciones de los juzgados promiscuos de familia, pasando de individuales a colectivas, dicha circular corresponde a una norma de carácter reglamentario y no se opone a la garantía y satisfacción del derecho a disfrutar las vacaciones, de manera que, corresponde a la entidad garantizar los derechos fundamentales de la actora , disponiendo las medidas que considere pertinentes para mitigar los efectos del cambio normativo.

En el presente caso, ante la falta de demostración de la satisfacción del derecho a las vacaciones de la actora, resulta viable tutelar los derechos en ciernes y, ordenar a las entidades responsables que, de no haberlo realizado o compensado en dinero, ejecuten todas las gestiones tendientes a garantizar el derecho al disfrute de las vacaciones de la actora correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de 2024.

IV. DECISIÓN

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente asunto el tutelanteAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06951-00

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demostró que, la situación traída a controversia vulnera sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

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demostró que, la situación traída a controversia vulnera sus derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Constitución Política.

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al descanso y la desconexión laboral de la señora Diana Gicela Reyes Castro, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas que, dentro de l os 2 días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones de la actora, luego de lo cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas deberá en un término de 2 días contados a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión de las vacaciones de la se ñora Diana Gicela Reyes Castro , correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de abril de 2023 y 30 de marzo de 2024, conforme con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedido, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR