CE - Sentencia 11001031500020250695400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: YENNY LUCÍA SIERRA GUTIÉRREZ

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN B Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna y a la pensión de vejez – MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DEREC HO – Reconocimiento y pago de pensión de vejez / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / No se encuentra acreditado por cuanto la parte accionante se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario – PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron todos los medios de defensa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela 1 instaurada por la señora Yenny Lucía Sierra Gutiérrez, por conducto de apoderado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

por la señora Yenny Lucía Sierra Gutiérrez, por conducto de apoderado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de noviembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por la presunt a vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna y a la pensión de vejez.

Hechos relevantes

i). De las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 08001-23-33-000-2017-00908-00

2. La señora Yenny Lucía Sierra Gutiérrez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones núms. GNR 265659 del 23 de julio de 2014, GNR 372451 del

1 Que ingresó para fallo el 25 de noviembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

2 17 de octubre de 2014 y VPB 11280 del 11 de febrero de 2015, a través de las

Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

2 17 de octubre de 2014 y VPB 11280 del 11 de febrero de 2015, a través de las cuales Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.

3. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó que se ordenara a Colpensiones reconocer su calidad de beneficiaria del régimen de transición, en atención a que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir , el 1.° de abril de 1994, tenía más de 35 años y, conforme con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con más de 750 semanas cotizadas al régimen pensional.

4. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que, por medi o de sentencia del 18 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

5. Ello, por cuanto, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la accionante contaba con 744 semanas cotizadas y no las 750 establecidas en la norma para que fuese cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, el a quo indicó que, si bien la actora contaba con el requisito de edad para obtener el reconocimiento de su pensión, no cumplió con el tiempo de servicios requerido, dado que sólo logró acreditar 1.039 semanas.

6. Contra dicha decisión no se presentó recurso de apelación, por lo que quedó ejecutoriada el 12 de febrero de 2020, conforme con la constancia suscrita por el secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico.

6. Contra dicha decisión no se presentó recurso de apelación, por lo que quedó ejecutoriada el 12 de febrero de 2020, conforme con la constancia suscrita por el secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico.

ii). De las actuaciones adelantadas en el recurso extraordinario de revisión radicado núm. 11001-03-25-000-2021-00318-00

7. El 3 de junio de 2021, la demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 18 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 08001-23-33-000-2017-00908-00.

8. El asunto fue de conocimiento de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, que, a través de providencia del 30 de septiembre de 2024, rechazó por extemporáneo el recurso. Esto, en razón a que, acorde con lo previsto en el artículo 251 de la Ley 2080 de 2021, el término para radicar el recurso extraordinario de revisión era hasta el 12 de febrero de 2021 y este se presentó después de haber vencido el plazo legal para hacerlo.

9. El auto en comento fue objeto de recurso de súplica, promovido por la parte demandante. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, por medio de auto del 10 de abril de 2025, confirmó lo resuelto en la providencia recurrida.

demandante. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, por medio de auto del 10 de abril de 2025, confirmó lo resuelto en la providencia recurrida.

10. La decisión en mención tuvo como fundamento en lo siguiente:

“15. En este orden de ideas, resulta claro que en el asunto de la referencia el término para interponer el recurso extraordinario de revisión comenzó aRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

3 contarse a partir del 13 de febrero de 2020, pero en virtud de las disposiciones antes mencionadas, se s uspendió del 16 de marzo al 30 de junio de 2020, con ocasión de la pandemia por Covid-19.

16. Así las cosas, entre el 13 de febrero y el 15 de marzo de 2020, transcurrieron 32 días; sin embargo, el término de caducidad se suspendió del 16 de marzo al 30 d e junio de 2020, como se expuso antes, razón por cual a partir del 1 de julio de 2020 se reanudó, y los 333 días restantes, para completar el año con el fin de interponer el recurso extraordinario de revisión, se cumplieron el 29 de mayo de 2021.

17. Sobr e el punto, se aclara que como el 29 de mayo de 2021 fue día sábado, el plazo para proponer el recurso venció el día hábil siguiente, esto

se cumplieron el 29 de mayo de 2021.

17. Sobr e el punto, se aclara que como el 29 de mayo de 2021 fue día sábado, el plazo para proponer el recurso venció el día hábil siguiente, esto es, el 31 de mayo de 2021, de conformidad con el inciso séptimo del artículo 118 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.

18. Por consiguiente, en vista de que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se interpuso el 4 de junio de 2021, es decir, luego de vencido el término de un año previsto en el artículo 251 del CPACA, se estima que se propuso fuera de la oportunidad legal prevista para el efecto. Por tal motivo, se confirmará el auto de 30 de septiembre de 2024 por medio del cual el magistrado sustanciador rechazó el recurso extraordinario de revisión por extemporáneo. […]”2.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“Que se tutelen los derechos fundamentales constitucionales violado, derecho a la vida, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna en mi condición de indefensión y vulnerabilidad por ser de la tercera edad, derecho a su pensión de vejez, Como consecuencia de la violación al debido proceso, producida por el Honorable Tribunal de lo contencioso administrativo del del Atlántico - MAGISTRADA PONENTE DOCTORA:

JUDITH ROMERO IBARRA, JUNTO A LA TERNA DE LOS DOCTORES

CRISTOBAL CRISTIANSEN MERTELO, Y LUIS CARLOS MARTELO

administrativo del del Atlántico - MAGISTRADA PONENTE DOCTORA:

JUDITH ROMERO IBARRA, JUNTO A LA TERNA DE LOS DOCTORES

CRISTOBAL CRISTIANSEN MERTELO, Y LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO, RADICADO 08001 -23-33-000-2017-00908-00. SECCIO A, con ocasión de la Sentencia de fecha 20 de enero de 2.020, mediante lo cual se negó el reconocimiento pensional de mi poderdante, y CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA - MAGISTRADO PONENTE DOCTOR JORGE EDINSO PORTOCARRERO BANGUERA. RADICADO 11001 -0325-000-2021-00318-00, RADICADO INTERNO (1722-2021),el cual rechazo el recurso extra ordinario de revisión presentado por extemporaneidad , de acuerdo al artículo 250 del C.P.A.C.A., CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B - MAGISTRADA PONENTE DOCTORA ELIZABETH BECERRA CORNEJO, por negar el recurso de súplica y confirma el rechazo del recurso extraordinario de revisión por extemporaneidad de acuerdo al artículo 250 del CA.P.C.A. ,erro r cometido por la nota de ejecutoria mal contabilizada en cuanto al los termino por el secretario general del tribunal de lo contencioso administrativo del Atlántico.

Como consecuencia de los derechos violados, solicito honorables magistrados se ordene:

1. Se revoquen las sentencias emanadas del tribunal de lo contencioso administrativo del Atlántico sección A el cual negó la pensión de vejez de mi poderdante apartándose del precedente jurisprudencias

magistrados se ordene:

1. Se revoquen las sentencias emanadas del tribunal de lo contencioso administrativo del Atlántico sección A el cual negó la pensión de vejez de mi poderdante apartándose del precedente jurisprudencias

2 Folio 4 del archivo “38_Autoquerechaz_172221rechazaRERpore_0_20240930172755551”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

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2. Que se revoquen las decisiones tomadas por la secci ón del consejo de estado el cuál rechazo el recurso extraordinario de revisión por extemporaneidad.

3. Que se revoque la decisión tomada en cuanto al recurso de súplica presentado del auto que rechazo el recurso extraordinario de revisión presentado que confirmo dicha decisión.

4. Que se ordene el estudio del recurso extraordinario de revisión presentado el día 03 de junio de 2.021, de acuerdo al artículo 250 del C.P.A.C.A., y se conceda a reconocer la pensión de vejez de mi poderdante.

5. Que se ordene a la secretaria general del tribunal administrativo del Atlántico emitir la nota de ejecutoria correcta de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del C.P.A.C.A, ley 860 de 2.020, ley 2080 d e2021, ley 2213 de 2022, sentencia su 487 de 2024, y acuerdo del consejo de estado del 23 de noviembre de 2.022.

el artículo 205 del C.P.A.C.A, ley 860 de 2.020, ley 2080 d e2021, ley 2213 de 2022, sentencia su 487 de 2024, y acuerdo del consejo de estado del 23 de noviembre de 2.022.

6. Que se ordene a colombiana de pensiones “Colpensiones” a reconocerle y pagarle la pensión de vejez a mi poderdante, por haber cumplido las exigencias de ley para tal fin, desde el mismo momento en que cumplió la edad mínima requerida, y su inclusión en nómina de pensionado.

7. Se le liquide y se pague la pensión de vejez de mi poderdante desde el mismo momento que cumplió los requisitos exigidos por la ley tanto de edad, y las semanas válidas para pre staciones económicas, y las adicionales de junio y diciembre.

8. Que anualmente en cada mes de enero se le Hanga los reajustes legales prescito por la ley

9. Que se le reconozcan y paguen los intereses moratorios prescitos para estos casos, conforme a las prescripciones del artículo 141 de la ley 100 de

1.993.

10. Se le pague el retroactivo pensional, desde el momento en que mi poderdante cumplió la edad mínima requerida.

11. Que se incluyan todos los factores salariales devengados por mi poderdante durante su relación laboral como empleada publica de la rama judicial, desde el 06 de febrero de 1.991, hasta el 31 de diciembre del año

2.009.

12. Señores Hon orables Magistrados, de no ser reconocida de manera definitiva la pensión de vejez de mi poderdante, subsidiariamente pido que

2.009.

12. Señores Hon orables Magistrados, de no ser reconocida de manera definitiva la pensión de vejez de mi poderdante, subsidiariamente pido que la acción constitucional proceda como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que por la falta de su reconocimiento afecta sus derechos fundamentales constitucionales a la vida digna y el mínimo vital, tercera edad, y derechos jurídicos consolidados.”3

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte demandante sostiene que con las providencias judiciales acusadas se configuró un defecto procedimental absoluto , por cuanto las autoridades judiciales accionadas actuaron “completamente al margen del procedimiento

3 Folio 9 y 10 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

5 establecido”4. Refiere que “la nota de ejecutoria emanada del secretario” 5 del Tribunal Administrativo del Atlántico impidió el estudio del recurso extraordinario de revisión que, según indica, se había presentado dentro del término del artículo 250 del CPACA. Este yerro desconoció su derecho pensional, pese a los precedentes fijados por la Corte en las sentencias SU-769 de 2014 y SU-273 de 2022.

13. Igualmente señala la ocurrencia de un defecto fáctico, debido a que el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la pensión “apartándose del precedente jurisprudencial”6 y porque el Consejo de Estado usó como sustento probatorio una

13. Igualmente señala la ocurrencia de un defecto fáctico, debido a que el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la pensión “apartándose del precedente jurisprudencial”6 y porque el Consejo de Estado usó como sustento probatorio una “errada nota de ejecutoria” 7 que, a su juicio, afectó la valoración del cumplimiento del tiempo para admitir el recurso extraordinario.

14. Asimismo, alega que se incurrió en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente, pues considera que la decisión se respaldó en fundamentos que generaron una “evidente y grosera contradicción” 8 entre lo decidido y lo establecido por la jurisprudencia. Expone que el Tribunal Administrativo del Atlántico “se apartó del precedente jurisprudencial” 9, limitó el alcance de las decisiones que regían la pensión y negó el reconocimiento prestacional.

15. Además, aduce una decisión sin motivación en razón a que la nota de ejecutoria “NO fue la correcta” 10, error que implicó que se rechazara el recurso extraordinario de revisión por extemporáneo. Adic ional a ello, plantea que hubo error inducido, porque la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resultó afectada por el “error emanado del secretario general” 11, quien expidió una nota de ejecutoria “mal tomada en el tiempo”12 según el artículo 205 del

CPACA.

16. Finalmente, sostiene que existe violación directa de la Constitución , dado que, insiste, el Consejo de Estado no estudió el recurso extraordinario por la mala contabilización de los términos realizada por el secretario del Tribunal Administrativo

CPACA.

16. Finalmente, sostiene que existe violación directa de la Constitución , dado que, insiste, el Consejo de Estado no estudió el recurso extraordinario por la mala contabilización de los términos realizada por el secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico. Asegura que, aunque la decisión no implica una trasgresión directa de la Carta, sí constituye una determinación “ilegítima”13 que afecta sus derechos fundamentales y le niega el reconocimiento de una pensión de vejez que reclama desde la última cotización del “30 de noviembre de 2013”14.

Trámite procesal

17. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Atlántico y a

4 Folio 24 ibid. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Folio 25 del escrito de tutela. 10 Ibid. 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

6 Colpensiones como accionados y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 08001 -23-33-000Barranquilla, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 08001 -23-33-0002017-00908-00 y del recurso extraordinario de revisión radicado núm. 11001-03-25000-2021-00318-00, como terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

19. La Sección Segunda del Consejo de Estado allegó el enlace de acceso al expediente contentivo del recurso extraordinario de revisión radicado núm. 1100103-25-000-2021-00318-00.

20. Las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular, los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional?

23. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal

cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular, los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional?

23. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de las providencias: (i) del 18 de diciembre de 2019, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identi ficado con el radicado núm. 08001 -23-33-000-2017-00908-00; y (ii) del 30 de septiembre de 20243 y del 10 de abril de 20254, dictadas en el trámite del recurso extraordinario de revisión radicado núm. 11001 -03-25-000-2021-00318-00; incurrieron en los defectos procedimental, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente, error inducido, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto. Ahora bien, dado que la presente acción de tutela se dirige contraRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

7 decisiones dictadas en el curso de dos procesos judiciales, para efectos de claridad metodológica la presunta vulneración de derechos fundamentales se estudiará de

Referencia: Acción de tutela

7 decisiones dictadas en el curso de dos procesos judiciales, para efectos de claridad metodológica la presunta vulneración de derechos fundamentales se estudiará de manera independiente para cada uno de los asuntos.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme el precedente constitucional fijado en la C -590 de 2005 15, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judicial es, el juez de tutela debe verificar16; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela17, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 18 o el Consejo de Estado 19, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-20; (iii) que se cumpla con el requisito de i nmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si

plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sid o alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 21 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

27. Para resolver, se considera:

i). Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 08001 -2333-000-2017-00908-00

15 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 16 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 17 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014.

17 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 18 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 19 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 20 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 21 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

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28. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.

29. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Pol ítica22, así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 23 precisan el carácter subsidiario de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial.

30. En el caso bajo estudio, la parte accionante cue stiona la sentencia del 18 de diciembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por cuanto no se tuvo en cuenta “que es beneficiaria del régimen de transición y lo cobija la Ley

30. En el caso bajo estudio, la parte accionante cue stiona la sentencia del 18 de diciembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por cuanto no se tuvo en cuenta “que es beneficiaria del régimen de transición y lo cobija la Ley 71 de 1988, sentencia SU 769 de 2014, su pensión de Vejez debe ser liquidada con el promedio de lo devengado dentro de los 10 últimos años cotizados incluyendo los factores salariales”24.

31. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la señora Yenny Lucía Sierra Gutiérrez no interpuso el recurso de apelación contra la decisión acusada. Al respecto, dicho mecanismo, contemplado en el artículo 243 25 de la Ley 1437 de 2011, constituía un medio idóneo y efectivo de defensa, a través del cual la entidad accionante podía plantear ante el juez de lo contencioso administrativo los argumentos que ahora presenta en sede constitucional.

32. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el prop ósito de respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

33. De esta manera, se tiene que la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa idóneos y efectivos para obtener las pretensiones que plantea en el asunto

función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

33. De esta manera, se tiene que la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa idóneos y efectivos para obtener las pretensiones que plantea en el asunto bajo estudio, no siendo admisible que a través del ejercicio de la acción de tutela

22 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. “(…). “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se destaca). 23 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: “1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judi ciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (se destaca). 24 Folio 4 del escrito de tutela. 25 “[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia […]”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez

25 “[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia […]”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06954-00

Accionante: Yenny Lucía Sierra Gutiérrez Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros Referencia: Acción de tutela

9 trate de subsanar el ejercicio de las herramientas procesales dispuestas para la defensa de los derechos. Por ello, se declarará su improcedencia.

ii). Del recurso extraordinario de revisión radicado núm. 11001 -03-25-000-202100318-00

34. Al respecto, la Subsección encuentra que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

35. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

36. La Corte Constitucional indicó 26 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

37. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de

relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.

37. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo con