CE - Sentencia 11001031500020250695700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-00

Accionante: FERLEY GUILLERMO GONZÁLEZ ORTIZ Y OTRO

Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SALA 6 ESPECIAL DE DECISIÓN

Tema: Improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora en contra de la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 7 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Ferley Guillermo González Ortiz y Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción de

referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Ferley Guillermo González Ortiz y Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela en contra de la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pre tenden que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, «Revisión de Decisiones Judiciales y al de Elegir y ser elegidos».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de las siguientes providencias dictad as por la autoridad judicial accionada3: i) el auto del 29 de noviembre de 2024, mediante el cual se rechazó

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionado al Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. 3 En el marco del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001 -03-15-000-202406374-00.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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por extemporáneo el recurso; ii) decisión del 18 de diciembre de 2024 en el que

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por extemporáneo el recurso; ii) decisión del 18 de diciembre de 2024 en el que no se repuso el auto de rechazo y, iii) proveído del 16 de julio de 2025 , que resolvió el recurso de súplica promovido contra dicha providencia, en el sentido de confirmarla.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: SE TUTELEN LOS DERECHOS contenidos en los artículos 29, 31 y 40 de la Constitución Política de Colombia que se corresponden a los Derechos al Debido Proceso, Revisión de Decisiones Judiciales y al de Elegir y ser elegidos, de los ciudadanos FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ y CARLOS ROBERTO ALEXANDER AVILA AGUILAR, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, mediante las decisiones proferidas dentro del trámite de recurso excepcional de revisión que fuere promovido mediante el radicado

11001031500020240637400.

SEGUNDO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA ANTERIOR, se revoquen las decisiones AUTO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, AUTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AUTO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025, proferidos por la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado, los dos primeros con ponencia del HC. OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ y, el

DE 2025, proferidos por la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado, los dos primeros con ponencia del HC. OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ y, el último, con ponencia de la HC. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, proferidos dentro del recurso excepcional de revisión que fuere promovido mediante el radicado 110010315000 20240637400 y, en consecuencia, se orden proferir auto de admisión del recurso para que el mismo sea resuelto de fondo.

TERCERO: QUE SE ORDENE, un pronunciamiento de fondo respecto del petito del recurso, omitiendo las interpretaciones meramente formales que se han sucedido en el presente trámite.

1.2. Hechos

4. En contra de varios concejales del municipio de Floridablanca (Santander) elegidos para el período 2008 – 2011, entre quienes se encontraban los actores, se promovió demanda de pérdida de investidura. Esto, con fundamento en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, esto es, la indebida destinación de dineros públicos. Lo anterior, dado que la parte actora sostuvo que, mediante la expedición de unos acuerdos, los concejales aprobaron la creación de una prima técnica a favor del alcalde, el personero y contralor municipal, en desconocimiento de los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales.

5. Mediante sentencia del 31 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda , al considerar que asignar salario a servidores municipales mediante una prima técnica no suponía la

5. Mediante sentencia del 31 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda , al considerar que asignar salario a servidores municipales mediante una prima técnica no suponía la configuración de la causal alegada. Lo anterior, en la medida en que, a juicio de la autoridad judicial, determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos era competencia de los concejos municipales.

6. Inconforme con lo anterior, el demandante apeló. En fallo del 12 de febrero de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la decisión de primeraAccionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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instancia y decretó la pérdida de investidura de los concejales demandados al concluir que destinaron indebidamente dineros públicos. Aseguró que los artículos 313 constitucional y 186 de la Ley 136 de 1994 no otorga la competencia a los concejos de crear factores salariales ni primas técnicas en las circunstancias del caso en concreto. Agregó que la indebida destinación de dineros públicos no contemplaba una causal de exoneración, a diferencia de lo ocurrido con otras causales de pérdida de investidura.

7. Mediante auto del 25 de mayo de 2017 se negaron las solicitudes de nulidad de la sentencia, así como las de su aclaración y adición. Esta providencia

causales de pérdida de investidura.

7. Mediante auto del 25 de mayo de 2017 se negaron las solicitudes de nulidad de la sentencia, así como las de su aclaración y adición. Esta providencia fue notificada por estado el 7 de julio de 2017 , motivo por el cual quedó ejecutoriada el 12 del mismo mes y año.

8. El 21 de noviembre de 2024, los señores González Ortiz y Ávila Aguilar presentaron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia del proceso de pérdida de investidura e invocaron las causales de revisión previstas en los numerales 14 y 5 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de

2011.

9. En relación con causal primera, alegaron como prueba recobrada la sentencia del 30 de noviembre de 2023 6, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado . Sostuvieron que esta providencia surgió a la vida jurídica de manera posterior al fallo recurrido, por lo que no pudo ser aportada al proceso objeto de revisión y que, a su juicio, hubiera cambiado el resultado de la decisión sancionatoria. Con respecto a la causal quinta, argumentaron que el juez actuó sin competencia al haber operado el fenómeno de caducidad, en la medida en que resultaba aplicable el término de 5 años como término para promover la demanda, contemplado en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018.

10. Por medio de auto del 29 de noviembre de 2024 , la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión con

de 2018.

10. Por medio de auto del 29 de noviembre de 2024 , la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión con fundamento en el artículo 253, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, al no haberse presentado dentro del término legal. La autoridad judicial argumentó que la sentencia recurrida quedo ejecutoriada el 12 de julio de 2017 y, por tanto, el término de un año establecido en el inciso primero del artículo 251 del CPACA se extendió hasta el 13 de julio de 2018. Agregó que, a pesar de ello, el recurso extraordinario se promovió el 21 de noviembre de 2024, fecha en la que ya había fenecido el término dispuesto por la norma para radicar la demanda respectiva.

4 Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5 Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6 En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 11001-03-25-000-201301491-01.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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11. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de súplica . Sostuvo que el momento a partir del cual se debió iniciar la contabilización del término de caducidad del recurso no era a partir de la ejecutoria de la sentencia que se pretendía infirmar. Afirmó que, dado que la causal de revisión era la aparición de un documento nuevo, tal como lo era la sentencia del 30 de noviembre de 2023, el cómputo debía ser diferente al tratarse de una «expectativa de descubrim iento de sentencias no atribuible a la parte recurrente».

12. Agregó que, vía interpretación analógica, era necesario tomar como fecha de inicio del término la aparición o descubrimiento del documento nuevo, con el que no se contaba antes, esto es, la sentencia que se alegó como recobrada.

Argumentó que esta postura se fundamentaba en el objeto del restablecimiento de la justicia material que inspira el mecanismo extraordinario , lo que a su juicio era relevante dado que en el elemento recobrado se concluyó la imposibilidad de imponer sanciones a los accionantes con su stento en los mismos hechos, circunstancias y pruebas.

13. Mediante auto del 18 de diciembre de 2024, la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado confirmó el rechaz o y ordenó impartir el trámite correspondiente al recurso de súplica presentado subsidiariamente. Puso de presente la imposibilidad de examinar el argumento relacionado con la aplicación

del Consejo de Estado confirmó el rechaz o y ordenó impartir el trámite correspondiente al recurso de súplica presentado subsidiariamente. Puso de presente la imposibilidad de examinar el argumento relacionado con la aplicación analógica del término de un año contado a partir de la ocurrencia de los motivos que dieron lugar al recurso . Esto, dada la prohibición de reforma del recurso extraordinario de revisión contemplada en el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que dicho argumento no fue expuesto en el escrito inicial.

14. En providencia del 16 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada confirmó el auto del 29 de noviembre de 2024. Esto, pues, consideró que no era posible aplicar, vía analógica, un hito diferente al establecido para el cómputo del término de caducidad en la causal de prueba recobrada, puesto que no existían lagunas o vacíos en la regulación dispuesta por el legislador.

15. Expuso que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 , la analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes. Explicó que dicha herramienta de interpretación supone: i) la inexistencia de una ley aplicable al asunto; ii) una norma que regule casos semejantes a aquella que carece de regulación y, iii) la existencia de la misma razón jurídica para aplicarla.

16. Argumentó que, en relación con la causal de revisión de la prueba recobrada, el legislador previó en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 el

razón jurídica para aplicarla.

16. Argumentó que, en relación con la causal de revisión de la prueba recobrada, el legislador previó en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 el término de caducidad y el momento a partir del cual se debía iniciar su cómputo.

Indicó que, según tal disposición, dicho cómputo inicia con la ejecutoria de la sentencia cuya información se pretende , motivo por el cual la norma no dejó de considerar situaciones como las mencionadas por el recurrente.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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17. Puso de presente que bajo la causal de prueba recobrada no puede aducirse documentos con fecha posterior a la sentencia que se cuestiona por la vía extraordinaria. Agregó que el documento recobrado debe existir al momento de proferirse la sentencia, pero no pudo aportarse al proceso por encontrarse extraviado, bajo el entendido de que el verbo «recobrar» implica que se hubiere perdido algo que después se recupera.

1.3. Sustento de la vulneración

18. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos.

19. Afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto puesto que, al resolver el recurso de súplica, se impuso una carga procesal no prevista en la

vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos.

19. Afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto puesto que, al resolver el recurso de súplica, se impuso una carga procesal no prevista en la ley, al exigirse la existencia del documento con anterioridad a la sentencia recurrida para ser considerado como recobrado. Indicó que la interpretación que de la autoridad judicial accionada creaba un requisito extralegal y desnaturalizaba la causal del numeral primero del artículo 25º de la Ley 1437 de 2011 que distingue entre encontrar y recobrar documentos, lo que convertía el recurso extraordinario en un mecanismo inaplicable a asuntos como la controversia suscitada en la que el elemento decisivo era posterior al fallo.

20. Agregó que ello desconocía la fuerza mayor como causal de justificación, ya que la decisión cuestionada omitió considerar que la sentencia de 2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado constituye un acto de autoridad ejercido por un funcio nario público, según lo previsto en el artículo 64 del Código Civil, esto es, un evento imprevisible e irresistible para los actores que redefinió completamente el contexto jurídico del caso. Agregó que este vicio cerraba definitivamente la posibilidad de que los actores obtuvieran una revisión del asunto a la luz del precedente judicial posterior y favorable. Alegó que ello perpetuaba una sanción de pérdida de investidura basada en una interpretación jurídica superada por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, lo que configuraba una lesión irreparable de sus derechos fundamentales.

21. Aseguró que se incurrió en un defecto sustantivo por la interpretación

jurídica superada por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, lo que configuraba una lesión irreparable de sus derechos fundamentales.

21. Aseguró que se incurrió en un defecto sustantivo por la interpretación restrictiva y formalista que desconocía los «principios de interpretación jurídica de la figura de la revisión», destinada a corregir injusticias sobrevinientes mediante elementos decisivos que por fuerza mayor no pudieron integrar el proceso original. Insistió que la sentencia del 30 de noviembre de 2023 constituía un documento que no podía ser aportado en el proceso original y que, sin embargo, la decisión cuestionada excluyó arbitrariamente mediante la creación de una condición temporal no prevista en la ley.

22. Argumentó que se configuró una violación directa de la Constitución , ante la transgresión del derecho fundamental al debido proceso, al aplicar deAccionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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forma rígida y formalista el plazo de caducidad sin considerar la aparición de una sentencia posterior que reconfiguraba completamente el caso. Añadió que ello vulneraba gravemente sus derechos a elegir y ser elegido reconocidos en el artículo 40 constitucional y el derecho a revisión de las decisiones judiciales contemplado en el artículo 31 superior. Lo anterior, dado que se mantuvo en firme una sentencia que declaró la pérdida de investidura con fun damento en una

artículo 40 constitucional y el derecho a revisión de las decisiones judiciales contemplado en el artículo 31 superior. Lo anterior, dado que se mantuvo en firme una sentencia que declaró la pérdida de investidura con fun damento en una interpretación desvirtuada por la propia corporación judicial, lo que perpetuaba una restricción desproporcionada e injustificada de los derechos políticos de los recurrentes. Afirmó que se desconoció el principio de favorabilidad en materia sancionatoria al negarse la aplicación del precedente favorable de la sentencia del 2023.

23. Argumentó que se desconoció que la causal prevista en el numeral primero del artículo 250 del CPACA establece la aparición o recuperación de un documento después de dictada la sentencia recurrida. Esto, en la medida en que el cómputo del término de caducidad debió establecerse desde el momento de la aparición del documento y no desde la decisión que dio por terminado el proceso de pérdida de investidura. Afirmó que se rechazó dicho estudio al considerar que la norma impone el requisito errado de que el docu mento deba existir antes de proferirse la decisión.

1.4. Intervenciones

24. El Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello pidió que se declarara la improcedencia de la acción, al evidenciar que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional puesto que la intención de la parte actora es usar el mecanismo como una instancia adicional al proceso . Esto pues, a su juicio, retoma argumentos expuestos en relación con el momento del cómputo del término de caducidad, los cuales ya fueron objeto de pronunciamiento en las

mecanismo como una instancia adicional al proceso . Esto pues, a su juicio, retoma argumentos expuestos en relación con el momento del cómputo del término de caducidad, los cuales ya fueron objeto de pronunciamiento en las providencias cuestionadas. A su vez, sostuvo que se discute la interpretación adoptada para descartar la ausencia de una regulación incompleta en materia de caducidad de la causal de prueba recobrada. Agregó que, en todo caso, no se acreditó la configuración de los defectos invocados, motivo por el cual se debe negar el amparo solicitado.

25. El Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez explicó a detalle las actuaciones surtidas en el proceso del recurso extraordinario de revisión y solicit ó que se declare la improcedencia de la acción constitucional por falta de relevancia constitucional. Lo anterior puesto que, desde su perspectiva, los argumentos formulados en el escrito inicial son una reiteración de lo expuesto en el mecanismo extraordinario y frente a los cuales la Sala Especial de Decisión ya se pronunció. Aseguró que la pretensión de la parte actora es exponer una simple inconformidad frente al estudio efectuado sobre la aplicación de la norma que regula el término de caducidad del recurso, asunto que ya fue decidido por el juez natural de la causa.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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1.5. Manifestación de impedimento

26. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 27 de noviembre de 2025, manifest ó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en la causal 6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

27. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala declaró fundada la causal y, en virtud de ello, lo separó del conocimiento del presente asunto. Esto, al acreditarse la configuración del supuesto de hecho establecido en la norma, en la medida en que el magistrado conoció y participó en el proceso del recurso extraordinario de revisión objeto del presente mecanismo constitucional.

II. CONSIDERACIONES

28. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado 7 y la Corte Constitucional 8, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 9 y a la configuración de algún defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 9 y a la configuración de algún defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos esp eciales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no s e dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por

(vii) que la acción de tutela no s e dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. 10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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31. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

32. Legitimación en la causa . Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben r eclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que los señores Ferley Guillermo González Ortiz y Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar están legitimados en la causa por activa, en la

controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que los señores Ferley Guillermo González Ortiz y Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar están legitimados en la causa por activa, en la medida en que fungi eron como recurrentes en el proceso extraordinario objeto de esta acción. A su vez, se evidencia que la Sala 6 Especial de Decisión del Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva al haber proferido las providencias controvertidas en este proceso. No obstante, la Sala precisa que el estudio se limitará al auto del 16 de julio de 2025, al ser la providencia que dio fin al trámite judicial cuestionado en este mecanismo constitucional.

34. Relevancia constitucional . De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusiva mente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

35. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: (i) la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,

35. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: (i) la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con ello, reabrir etapas procesales zanjadas por el juez natural de la causa, ante la evidente reiteración de argumentos presentados en el proceso ordinario y, (ii) la falta de carga argumentativa en clave de derechos fundamentales.

36. En primer lugar, una lectura del escrito inicial de tutela permite advertir que la parte actora reiteró los argumentos que sustentó en el recurso de reposición y, en subsidio, de súplica presentado contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión , los cuales fueron expuestos en los numerales 11 y 12 del presente fallo. En efecto, tanto en dicho recurso como en el escrito inicial, se alegó que el cómputo del término de caducidad debió establecerse desde el momento de la aparición del documento nuevo, esto es, la sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la

11 Sentencia SU-215 de 2022.Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionados: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06957-00

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Sección Segunda del Consejo de Estado y no desde la decisión que dio por terminado el proceso de pérdida de investidura.

37. Por tanto, las razones relacionadas con la forma en la que debió

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Sección Segunda del Consejo de Estado y no desde la decisión que dio por terminado el proceso de pérdida de investidura.

37. Por tanto, las razones relacionadas con la forma en la que debió computarse la caducidad del recurso extraordinario obedecen a cuestiones estudiadas por los jueces naturales de la causa. Al respecto, se concluye que la intención de la parte actora es que el juez de tutela profiera un pronunciamiento de fondo sobre asuntos ya zanjados y, con ello, que se adopte una decisión favorable a sus intereses. En tal sentido, el uso de este mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario es palpable.

38. Por su parte, en el escrito de tutela se formulan los cargos por defecto procedimental absoluto, sustantivo y violación directa de la Constitución precedente en los que, en criterio de la parte actora, habría incurrido el tribunal accionado. La argumentaci ón desarrollada por la señora García Quintero se centra en la presunta interpretación arbitraria