CE - Sentencia 11001031500020250696600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06966-00

Accionante: Renson AndrØs Segura Rivera

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06966-00

Accionante: Renson AndrØs Segura Rivera

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tut ela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Renson AndrØs Segura Rivera en contra del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Renson AndrØs Segura Rivera, en nombre propio, promovió acción de tutela1 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acces o a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sust ancial, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión al auto del 1 de julio de 2025, que confirmó el proveído dictado el 29 de enero de 2025 por el Juzgado

que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión al auto del 1 de julio de 2025, que confirmó el proveído dictado el 29 de enero de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, por medio del cual se rechazó la demanda presentada por el accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el radicado nœmero 41 001-33-33-0022024-00301-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. El seæor Renson AndrØs Segura Rivera, a travØs de apoderado judicia l, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en

1 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 5CF43711C4D7D3 AB 9417181727C30AF2 73E7D2F72E4AA07E

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contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0867 del 15 de marzo de 2024 y del acta No. 002-APRO-GURET – 2.25 del 14 de febrero de 2024 mediante la cual fue retirado del servicio activo.

2.2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Ci rcuito

No. 002-APRO-GURET – 2.25 del 14 de febrero de 2024 mediante la cual fue retirado del servicio activo.

2.2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Ci rcuito de Neiva, bajo el radicado 41001-33-33-002-2024-00301-00. Dicha autoridad judicial, mediante auto del 12 de diciembre de 2024, inadmitió la demanda y concedió un tØrmino de diez (10) días para corregir las falencias seæaladas, exponiendo para ello las siguientes consideraciones

“a) Hay insuficiencia de poder, pues el mandato fue conferido para el inicio y t rámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho “respecto a la decisión adoptada por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en el que se dispuso retirarme del servicio activo de la Policía Nacional” (sic), lo que de contera implica que el asunto no estÆ debidamente determinado ni claramente identificado al no encontrarse individualizado lo pretendido, tal como lo exige el artículo 74 del CGP, aplicab le por integración normativa con artículo 306 del CPACA.

b) Inobservancia de lo consagrado en el artículo 162-7 del CPACA, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, al haber indicado que el demandante y apoderado tienen la misma dirección física y de correo electrónico para efectos de notificación, así como mencionar la dirección electrónica lineadirecta@correo.policia.gov.co, que no coincide con la dispuesta en la pÆgina oficial de la entidad.

c) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162-8 del CPACA, modif icado por el

no coincide con la dispuesta en la pÆgina oficial de la entidad.

c) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162-8 del CPACA, modif icado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, por cuanto se omitió enviar copia de la demanda con sus anexos a la entidad demandada”2.

2.3. Notificada la anterior decisión, mediante auto del 29 de enero de 2025 , el referido juzgado rechazó la demanda, con fundamento en la constancia secretarial del 22 de enero de 2025, en la que se indicó que el tØrmino otorgado había vencido sin que la parte actora presentara corrección alguna.

2.4. Inconforme con lo anterior, el demandante interpuso recurso de apela ción. Afirmó que el 18 de diciembre del 2024 subsanó la demanda y corrió traslado a las demÆs partes. Para el efecto aportó copia de los pantallazos de envío de la subsanación a la demandada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no obstante, indicó que, si bien la plataforma SAMAI presentó inconvenientes de accesibilidad, la subsanación de la demanda se subió, pero, pasada la vacancia judicial y rechazada la dem anda, se dio cuenta que no aparecía cargada la subsanación.

2.5. Mediante providencia del 1 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión de primera instancia. Para el efecto, adujo que el acto r seæaló que “subió el correo a la página de SAMAI, pero no aporta la trazabilidad de su envío ni acredita en forma alguna que intentó enviarla al Juzgado para que se incorporara al

“subió el correo a la página de SAMAI, pero no aporta la trazabilidad de su envío ni acredita en forma alguna que intentó enviarla al Juzgado para que se incorporara al expediente digital, tampoco aporta el reporte de recibo, por eso se dejó la constancia de

2 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 47647B46F50F9 0F9 CE228DE062FC5E01 421AC58530E630B3

085378E9FF24A347.0000

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secretaría en torno al vencimiento en silencio del término”. Por lo anterior, concluyó que la parte actora desatendió el tØrmino procesal otorgado para subsanar las fale ncias indicadas.

Por œltimo, indicó que no se desconocía el hecho de que el demandante, al parecer, envió a la entidad demandada la subsanación en tØrmino, sin embargo, este mensaje no surte efectos de corrección para que se le pudiera dar curso.

2.6. Frente a la mencionada decisión el magistrado Ramito Aponte Pino, integrante de la Sala que emitió la providencia cuestionada, presentó salvamento de voto. Man ifestó su desacuerdo con que se haya confirmado el rechazo de la deman da, porque aunque en el poder no se relacionó la resolución cuya nulidad se deprecaba, no existía duda de que el mandato se confirió para promover el medio de control contra el acto que lo retiró del servicio. Por otra parte, respecto al tema relacionado con las direcciones y la copia de la

el mandato se confirió para promover el medio de control contra el acto que lo retiró del servicio. Por otra parte, respecto al tema relacionado con las direcciones y la copia de la demanda, estimó que era falencias formales que no debían constituir un obstÆculo para acceder a la administración de justicia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos funda mentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial. En consecuencia pidió lo siguiente:

“(…) 2.- Dejar sin efectos la providencia del 01-07-2025 del Tribunal Administrati vo del Huila y, en consecuencia, revocar el auto del 29-01-2025 del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva. 3.- Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva tener por subsanada la demanda (en atención a las remisiones acreditadas y al principio de prevalencia) o, subsidiariamente, conceder un tØrmino breve (p. ej., 2 días) para reiterar el envío al correo institucional y cargar la subsanación en SAMAI y admitir la demanda si se verifica el cumplimiento. 4.- Prevenir a las autoridades judiciales accionadas para que, en contextos de actuaciones electrónicas, adopten medidas de verificación (bitÆcoras/ logs / acuses) antes de imponer sanciones procesales que cierren el acceso al estudio de fondo. 5.- Medida provisional: mantener suspendidos los efectos de los autos cuestionados hasta fallo de tutela.

6. Que se tenga por acreditada la subsanación del 18-12-2024 y su traslado efectivo

5.- Medida provisional: mantener suspendidos los efectos de los autos cuestionados hasta fallo de tutela.

6. Que se tenga por acreditada la subsanación del 18-12-2024 y su traslado efectivo a la entidad demandada (Anexo [X] 6) y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva admitir la demanda o, subsidiariamente, otorgar un tØrmino breve para reiterar su envío por el correo institucional y la carga en SAMAI”3.

Como fundamento a sus pretensiones, seæaló que la decisión incurrió e n los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y fÆctico.

3 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 5CF43711C4D7D3 AB 9417181727C30AF2 73E7D2F72E4AA07E

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Cuestionó el hecho de que el juez ordinario de la primera instancia haya recha zado su demanda a pesar de que sí realizó “actuaciones de subsanación (envíos a demandada, alegada carga a SAMAI)”, pues existía la posibilidad de haber requerido una acreditación mínima adicional.

Adujo que el tribunal confirmó la decisión de primera instancia con una verificación meramente formal, sin desplegar un rol activo para despejar la duda sobre la trazabilidad tecnológica, a pesar de que la controversia giraba precisamente sobre fallas y/o limitaciones del sistema y sobre un envío de la subsanación a la contraparte.

meramente formal, sin desplegar un rol activo para despejar la duda sobre la trazabilidad tecnológica, a pesar de que la controversia giraba precisamente sobre fallas y/o limitaciones del sistema y sobre un envío de la subsanación a la contraparte.

Indicó que la prevalencia del derecho sustancial exigía soluciones materialmente justas en contextos de justicia, mÆxime cuando había actuación diligente y p rueba de remisión a la demandada, pues, en su sentir, un requerimiento correctivo por parte de la autoridad accionada resultaba idóneo y proporcional.

Sostuvo que se debía considerar una conducta concluyente que conll evaba a la convalidación de la subsanación, pues en el trÆmite de la apelación q uedó demostrado que sí se remitió la subsanación a la entidad demandada y a la Agenci a Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE el 18 de diciembre de 2024. Auna do a ello, reiteró que incluso se había dejado constancia de haber intentado cargarla a la plataforma SAMAI, lo que a su juicio demostraba su actuación diligente.

Explicó que, a pesar de que se argumentara que la subsanación no se presentó por el canal del despacho, lo cierto era que sí se cumplió con su finalidad sust ancial, esto es, dar traslado efectivo de la demanda y los anexos. Por esta razón, consideró que “[e]n aplicación de la instrumentalidad de las formas (art. 228 C.P.) y el estÆndar pro a ctione, no procedía la sanción extrema del rechazo, sino admitir o, al menos, requerir el reenvío por el canal institucional”4.

aplicación de la instrumentalidad de las formas (art. 228 C.P.) y el estÆndar pro a ctione, no procedía la sanción extrema del rechazo, sino admitir o, al menos, requerir el reenvío por el canal institucional”4.

Agregó que las reglas de inadmisión y de rechazo se debían interpretar con cri terio finalista y no ritualista, pues cuando existiera duda razonable o el requisito formal pudiera reconducirse sin afectar el contradictorio, debería preferirse la admisión y el estudio d e fondo.

Por otra parte, adujo que el ad quem ordinario omitió verificar oficiosamente elementos tØcnicos fÆcilmente constatables (bitÆcoras de correo institucional, logs de SAMAI, acuses), pese a que el propio debate exigía tal comprobación.

Destacó que el salvamento de voto presentado frente a la decisión cue stionada respaldaba la tesis de la acción de tutela, al sostener que: (i) aunque en el poder no se relacionó expresamente la resolución cuya nulidad se pretende, no existía duda de que el mandato se confirió para demandar el acto de retiro del servicio: y (ii) los reparos sobre direcciones y copia de la demanda eran meros formalismos que no deb ían erigirse en barrera de acceso a la justicia.

4 Ibid.0000

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Afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido de forma constante que, a nte dudas razonables sobre el cumplimiento de requisitos formales, el juez debe privilegiar la

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Afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido de forma constante que, a nte dudas razonables sobre el cumplimiento de requisitos formales, el juez debe privilegiar la admisión y el estudio de fondo (pro actione. Para el efecto, indicó que “este criterio se ha reiterado en tutelas y controles abstractos: T-229/2021 (enfatiza que el pro actione exige permitir el acceso y evitar interpretaciones rigoristas), Auto A-434/2020 (toda demanda debe examinarse a la luz del principio pro actione), y sentencia C-146/2015 y C-091/2022 (en control abstracto, el principio pro actione guía la admisibilidad y disuade rechazos por defectos puramente formales)”5.

Finalmente, respecto al exceso ritual manifiesto agregó que “la Corte lo configura cuando el operador judicial, por apego mecÆnico a la forma, frustra la justicia material y el acceso efectivo a la jurisdicción. La línea es clara desde la sentencia T-386/2010 y se actualiza en decisiones recientes como la sentencia SU-041/2022 (defecto proced imental por exceso ritual cuando la regla formal desplaza la verdad y la finalidad del trÆmite), sentencia SU-335/2023 y SU-487/2024 (la sanción procesal no puede preferirse sobre la decisión de fondo si existe alternativa menos gravosa), así como la sentencia T018/2023. En la sentencia T-310/2023 la Corte reprochó declarar desierto un recurso por un formalismo que desconoció el contenido sustancial de lo actuado; allí la Corporación calificó el proceder como exceso ritual manifiesto”6.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

formalismo que desconoció el contenido sustancial de lo actuado; allí la Corporación calificó el proceder como exceso ritual manifiesto”6.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 30 de octubre de 20257 admitió la acción de tutela; vinculó como tercero con interØs a la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional; ofició a las autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto de la solicitud de amparo; negó la medida provisional solicitada por el actor; ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo del Huila 8, a travØs del magistrado ponente de la decisión cuestionada, al oponerse al amparo, seæaló que la solicitud no supera el requisito de relevancia constitucional al haberse promovido como una tercera instancia; ademÆs, que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.

Explicó que el accionante se había limitado a seæalar la vulneración de sus derechos fundamentales sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa por quØ la cuestión debatida estaba revestida de relevancia constitucional, sin que por el hecho d e afirmar que se habían agotado los recursos ordinarios y que la tutela era oportuna, se pudiera aceptar la viabilidad de este mecanismo constitucional.

5 Ibid. 6 Ibid.

que se habían agotado los recursos ordinarios y que la tutela era oportuna, se pudiera aceptar la viabilidad de este mecanismo constitucional.

5 Ibid. 6 Ibid. 7 ˝ndice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 9D8135C0D303BCF2 A7DFC75C477DD2E1 71AA648720E4FF14 D7C1CC03342FC02B. 8 ˝ndice 000 10 en el aplicativo SAMAI, certificado 949ED412797F024F 8404B460937B6009 34EDA5E9F290D5C9

D450E9F296BFA61B.0000

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Advirtió que el reproche central del actor consistía en su desacuerdo con la valoración procesal del tribunal, específicamente sobre si la subsanación fue o no radicada e n SAMAI, lo cual es un asunto netamente legal y probatorio, propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya tramitado y decidido en sede ordina ria y de apelación.

En síntesis, la autoridad judicial sostuvo que el accionante no demostró cómo la decisión judicial vulneraba directamente sus derechos fundamentales, sino que sim plemente: i) manifestó su desacuerdo con la conclusión del tribunal; ii) propuso una interpretación alternativa de los mismos hechos y normas procesales, iii) pretende que la jurisdicció n constitucional le otorgue la razón como una tercera instancia, sustituyendo el criterio del juez natural y, iv) adujo reparos no planteados en sede ordinaria (lo que incumplía el

constitucional le otorgue la razón como una tercera instancia, sustituyendo el criterio del juez natural y, iv) adujo reparos no planteados en sede ordinaria (lo que incumplía el requisito de subsidiariedad).

Adicionalmente, resaltó que el accionante buscaba minimizar las exigencias seæal adas por el juez de primera instancia en el auto inadmisorio, al alegar —con apoyo en el salvamento de voto del magistrado frente al auto que confirmó el rechazo de la demanda— que el poder era suficiente y que las direcciones y copias para los demandados eran simples formalismos, razonamiento que resultaba improcedente, pues el escenario adecuado para exponerlo no es este, sino la subsanación de la demanda o la interposición del recurso de reposición contra el auto inadmisorio o, en su defec to, el de apelación, donde pudo cuestionar la exigencia procesal prevista de mane ra expresa por el legislador ordinario.

Por otra parte, explicó que no se configuraba el defecto procedimental porque lo afirmado por el solicitante no se ajustaba a la realidad procesal, pues en la providencia cuestionada se había dejado claro que (i) el tØrmino de subsanación venció en silencio, segœn constancia secretarial del 22 de enero de 2025; (ii) las capturas de pantalla aportadas por el actor solo evidenciaban envíos a la Policía Nacional y a la ANDJE, pero no al juzgado ni al correo institucional del despacho; (iii) el apoderado del accionante afirmó que subió el archivo a SAMAI, pero no aportó ningœn reporte, log, metadato, acuse n i evidencia

ni al correo institucional del despacho; (iii) el apoderado del accionante afirmó que subió el archivo a SAMAI, pero no aportó ningœn reporte, log, metadato, acuse n i evidencia tØcnica de dicha carga; el tribunal verificó directamente el expediente digital y co nstató que no existía registro alguno de radicación de la subsanación, ni por ven tanilla electrónica ni por correo del despacho y; la conducta procesal del actor descon oció el deber legal de remitir la subsanación al despacho que adelanta el proceso (art. 162-8 CPACA y art. 186 CPACA), pues solo la remitió a las demandadas e interviniente.

Asimismo, manifestó que no se configuró un defecto fÆctico, pues si bien el accionante sostuvo que no se valoraron las pruebas que demostraban su diligencia y e l envío de la subsanación, tal afirmación desconocía lo que realmente constaba en el exp ediente. Al respecto indicó que la carga procesal de acreditar la radicación recaía sobre el actor, sin embargo, los documentos aportados no eran prueba omitida, ni ignorada po rque simplemente no acreditaban el hecho que el actor pretendía demostrar y al plenario no fue incorporado documento alguno que acreditara la existencia del mensaje de datos en SAMAI o en el correo institucional del juzgado.0000

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4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva9, por intermedio de su titular, indicó que el asunto carecía de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una

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4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva9, por intermedio de su titular, indicó que el asunto carecía de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una discusión donde se debaten aspectos procesales relacionados con la falta de subsanación de la demanda y su posterior rechazo, situaciones que fueron objeto de estudio por las providencias de primera y segunda instancia.

Destacó que con el recurso de apelación la parte actora tuvo la posibilidad de adjuntar a constancia de radicación, presentación o cargue del escrito de subsanación a trav Øs de la ventanilla virtual de la plataforma SAMAI, pero no lo hizo, así como ta mpoco allegó la prueba indicativa de que el 18 de diciembre de 2024, fecha en que se adujo que la parte actora había efectuado el cargue del documento en la mencionada ve ntanilla virtual, de que esta presentaba inconvenientes o fallas en la accesibilidad o apertura de la misma.

En relación con este punto, la parte actora destacó que, segœn los manu ales de uso de la plataforma SAMAI —disponibles en la misma pÆgina web —, específicamente en lo referente a la ventanilla virtual, el video explicativo señala que “cuando se a djuntan memoriales o documentos a travØs de este mecanismo, se recibirÆ en el corre o electrónico registrado el acuse de recibo de dicha actuación, es decir, la constancia de haber radicado, cargado o subido dicho documento o memorial (…)”. Para sustentar lo anterior, aportó la siguiente captura de pantalla:

Sumado a lo anterior, explicó que, si en efecto el documento de subsanación hubiese

haber radicado, cargado o subido dicho documento o memorial (…)”. Para sustentar lo anterior, aportó la siguiente captura de pantalla:

Sumado a lo anterior, explicó que, si en efecto el documento de subsanación hubiese sido cargado en la plataforma SAMAI, ello debió generar al usuario la co nstancia de radicación exitosa, la cual tendría que haberse enviado al correo electrónico registrado . Se itera que dicha constancia pudo haber sido aportada con el recurso de apelación; sin embargo, ello no ocurrió, lo que permite inferir razonablemente que la a ctuación no se realizó o no llegó a efectuarse, pues no obra prueba que demuestre lo contrario.

Por œltimo, indicó que no se configuraba el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que el argumento para sostener su existencia en el caso sub judice radicaba en la supuesta aplicación irrestricta e irreflexiva de las normas procesales. Sin embargo, advirtió que la realidad procesal demostraba lo contrario, pues en el trÆmite se

9 ˝ndice 00011 en el aplicativo SAMAI, certificado 842E3EAAE9DE2981 78AEC66B5ABD82FC 75F669247F55989E

2373E53F459F8B68.0000

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respetaron todas las garantías y formalidades previstas en el procedimiento contencioso administrativo.

4.4. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional , a pesar de haber sido notificada en debida forma10, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

administrativo.

4.4. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional , a pesar de haber sido notificada en debida forma10, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa , porque Renson AndrØs Segura Rivera es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœmero 41001-33-33002-2024-00301-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo de Huila fueron las autoridades que profirieron las decisiones que, segœn el tutela nte, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el anÆlisis de los defectos invocados, la Sala pone de presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tan to en primera, como en segunda instancia, circunscribirÆ su anÆlisis al auto del 1 de julio de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, por cuanto fue la p rovidencia que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

2025 dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, por cuanto fue la p rovidencia que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argu mentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma prelimina r, realizar un

10 ˝ndice 00007 en el aplicativo SAMAI, certificado C8EAA41880F2BA71 C9BBC445A7A78BCB EE5477CC2D449F32 8AE633742712F213.0000

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examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específica s de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que

Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional inva da la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la a utonomía e independencia judicial.

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela e n contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumpl imiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad : que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad : que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia di recta en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razo nable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en lo s defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón sufic iente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de comp etencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía d e ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entr e los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuand o la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derec hos

ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entr e los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuand o la autorid