CE - Sentencia 11001031500020250696800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

Accionante: Jorge Solano Fierro

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo

Tema: tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de procedibilidad – acreditados. Subtema 2 : defectos fáctico, desconocimiento del precedente y sustantivo por desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jorge Solano Fierro contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jorge Solano Fierro presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de l Putumayo con ocasión a la sentencia proferida el 5 de junio de 2025, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número de radicación 86001-33-31-002-201800087-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

Accionante: Jorge Solano Fierro

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo

00087-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

Accionante: Jorge Solano Fierro

Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes

hechos:

2. Los señores Jorge Eduardo Solano Fierro, Rosalía Solano Fierro, Álvaro Solano Fierro, Jorge Solano Fierro, Carmenza Solano Fierro y César Solano Fierro, el 22 de febrero de 2018, radicaron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales que sufrieron en enero de 2015, con ocasi ón de las graves lesiones padecidas por el primero de estos cuando prestaba el servicio militar obligatorio.

3. En primera instancia, el asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, autoridad que accedió a las pretensiones de la demanda . En sustentó, sostuvo que no operó la caducidad porque la jurisprudencia ha dispuesto que en casos de lesiones de conscriptos esta se deberá contabilizar desde el momento en que la junta médica determine el grado de la lesión sufrida. Al respecto, consideró que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los daños ocurridos en el marco del servicio militar obligatorio

se deberá contabilizar desde el momento en que la junta médica determine el grado de la lesión sufrida. Al respecto, consideró que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los daños ocurridos en el marco del servicio militar obligatorio se debían analizar desde la óptica del da ño especial, que se producía con ocasión del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.

4. Bajo este entendido, encontró acreditado que el auxiliar Jorge Solano Fierro ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en la Nación, Policía Nacional y fue reintegrado en la Subestación de Tigre del municipio de la Hormiga. Además que, en el ejercicio de esta labor, sufrió una lesión que no se calificó como causad a por este. Asimismo, se estableció que obtuvo una pérdida de la capacidad laboral del 20.79%, de conformidad con el Acta de la Junta Médico Laboral número 12680 del 19 de junio de 2016.

5. En este orden, les asistió razón a los actores al pretender el reconocimiento de los perjuicios derivados de la lesión, toda vez que el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes no los cobijó. En consecuencia, no se podía sustentar que existió un acuerdo total y, por consiguiente, se tuvieron por demostrados los elementos de la responsabilidad estatal, como el daño y el nexo de causalidad. Lo anterior, además del parentesco y la afectación moral de los tíos que dio lugar a la tasación de los perjuicio s morales y al reconocimiento del daño a la salud. También se reconocieron perjuicios materiales en sus dos modalidades: daño emergente y lucro cesante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

reconocieron perjuicios materiales en sus dos modalidades: daño emergente y lucro cesante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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6. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que en el caso particular se configuró el instituto de la cosa juzgada, toda vez que el acuerdo conciliatorio que se celebró en el proceso número 2017-00165 fue integral, lo que implicó que los demandantes no estaban facultados para presentar una demanda de reparación directa.

7. Puntualmente, indicó que no se demostró el perjuicio moral que radicó en cabeza de los tíos y que no era posible asumirlo. Además, puso de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado estableció topes indemnizatorios, lo que no significaba que el juez debía necesariamente reconocer la máxima allí consignada, sino que le correspondía efectuar un estudio de proporcionalidad de la afectación.

Por último, invocó que como el actor obtuvo una indemnización en sede administrativa, y el título de imputación fue el objetivo, la reparación tenía que ser la denominada a fortait1.

8. En este contexto, l a Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Putumayo profirió sentencia el 5 de junio de 2025 en la que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, porque la demanda se presentó dos años después de ocurrido el hecho que motivó la solicitud de indemnización de perjuicios. Puntualmente, destacó que, en punto al cómputo de dicho plazo para

oficio la excepción de caducidad de la acción, porque la demanda se presentó dos años después de ocurrido el hecho que motivó la solicitud de indemnización de perjuicios. Puntualmente, destacó que, en punto al cómputo de dicho plazo para casos que versan sobre lesiones personales, el Consejo de Estado ha sostenido distintas posturas jurisprudenciales. Ha dispuesto que este debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en el cual se conoció la magnitud del daño, esto es, cuando se surta la notificación del dictamen de la junta médico laboral.

9. No obstante, la corporación también ha puesto de presente que en los casos en que no se tiene certeza frente al conocimiento del hecho y su causación, la caducidad debe correr desde cuando la víctima tuvo conocimiento del hecho, por los principios pro actione 2 y pro damato 3. En otras oportunidades, afirmó se ha dispuesto que la caducidad debe verificarse a partir del día siguiente al momento en que ocurrió el hecho y no cuando se presentaron las lesiones.

10. Asimismo, enfatizó en que la contabilización de la caducidad está determinada por el conocimiento del daño, el cual puede variar con la certeza o manifestación de la lesión cuando esta se presenta con posterioridad, siempre que se acrediten los motivos por los cuales fue imposible conocerlo en su ocurrencia.

En particular, en providencia dictada el 29 de noviembre de 2018 4, se aclaró que «en todo caso, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no

1 Según el Diccionario Panhispánico de dudas, significa «'a un precio global acordado'».

notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no

1 Según el Diccionario Panhispánico de dudas, significa «'a un precio global acordado'». 2 Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, significa «principio constitucional vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva que exige a los órganos judiciales la exclusión de determinadas aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales que eliminen u obstaculicen injustificadamente el dere cho del litigante a que un órgano judicial conozca y resuelva sobre la pretensión a él sometida». 3 Significa que ante la duda esta se aplica a favor del perjudicado. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2018, exp. 54001-23-31-000-2003-01282-02 (47308).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad».

11. A partir de lo anterior, consideró que en el caso concreto se extraía del contenido del informe administrativo prestacional por lesiones que al señor Jorge Solano Fierro se le informó sobre su caída y la afectación en su brazo izquierdo el mismo día en que ocurrieron los hechos, el 14 de enero de 2015. Por ende, el hecho dañoso se materializó a partir de cuando este sufrió la lesión, lo que imp edía

mismo día en que ocurrieron los hechos, el 14 de enero de 2015. Por ende, el hecho dañoso se materializó a partir de cuando este sufrió la lesión, lo que imp edía contabilizar la caducidad desde la fecha de la notificación del acta de la junta médico laboral, toda vez que una cosa es el hecho dañoso y otra distinta las secuelas que se pudieron haber ocasionado.

12. En igual sentido, expresó que lo pretendido en la acción de reparación directa no era nada distinto al resarcimiento de los perjuicios ocasionados por virtud de esta lesión ocurrida en el marco de la prestación del servicio militar obligatorio. En este orden, la calificación de la magnitud del daño mediante el dictamen de pérdida de la capacidad laboral no incidió en el plazo que la parte demandante tenía para accionar.

13. Así las cosas, consideró que las pruebas que se allegaron al proceso resultaron acordes con los planteamientos fácticos de la demanda y permitían sustentar que el señor Jorge Solano Fierro conoció con certeza el daño que padeció en su brazo en el mismo momento de su ocurrencia.

14. Igualmente, refirió que no obraba historia clínica ni otro documento a partir del cual se pudiera deducir que la lesión del señor Solano Fierro se agravó con el paso del tiempo o que debió someterse a cirugías que le generaron la errada convicción de que este perduró. En consecuencia, como el referido señor conoció del daño el 14 de enero de 2015, el plazo para presentar la demanda venció el 14 de enero de 2017. Sin embargo, la parte actora solo radicó solicitud de conciliación

del daño el 14 de enero de 2015, el plazo para presentar la demanda venció el 14 de enero de 2017. Sin embargo, la parte actora solo radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de febrero de dicho año, lo que movió a concluir que su ejercicio fue inoportuno.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

15. La parte actora solicitó, en su escrito de tutela, lo siguiente: PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, notoriamente vulnerados por la autoridad judicial accionada SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Del Putumayo, mediante la cual resolvió REVOCAR la sentencia del 18 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa y en consecuenci a se negó las pretensiones de la demanda, declarando oficiosamente la caducidad del medio de control de Reparación Directa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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TERCERO. ORDENAR a la autoridad judicial accionada, emita una nueva decisión, en donde resuelva de fondo el asunto, al no darse los presupuestos para declarar oficiosamente la caducidad.

16. Como fundamento de sus pretensiones , manifestó que la sentencia de segunda instancia incurrió en los defectos fáctico por indebida valoración probatoria, desconocimiento del precedente y sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

16. Como fundamento de sus pretensiones , manifestó que la sentencia de segunda instancia incurrió en los defectos fáctico por indebida valoración probatoria, desconocimiento del precedente y sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

17. En particular, destacó que en la referida decisión la parte accionada trajo a colación el contenido del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y apartes de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el cómputo de la caducidad en casos de lesiones personales. En este contexto, concluyó que operó la caducidad, pero solo tuvo en cuenta como prueba el informe administrativo prestacional por lesiones.

18. Sin embargo, a juicio de la parte actora, de una revisión del contenido de este informe no era posible inferir que conoció el daño a partir del día siguiente en que sufrió la lesión, el 15 de enero de 2015, toda vez que la autoridad que lo elaboró no dio claridad sobre este, ni refirió el diagnóstico oficial. Tampoco indicó alguna circunstancia específica a partir de la cual se hubiera conocido que, a partir del día siguiente, el daño sería resarcido en el medio de control de reparación directa. Por consiguiente, consideró que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente y en defecto fáctico.

19. Refirió que el Tribunal incurrió en defecto fáctico en la medida en que careció de suficiente apoyo probatorio en su decisión para aplicar el supuesto legal contenido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. De este modo, el Tribunal se limitó a hacer referencia al informe administrativo por lesiones lo que le

de suficiente apoyo probatorio en su decisión para aplicar el supuesto legal contenido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. De este modo, el Tribunal se limitó a hacer referencia al informe administrativo por lesiones lo que le permitió declarar oficiosamente la caducidad de la acción. Esto presume que incumplió la obligación de valorar de forma conjunta y oficiosa las pruebas que hicieron parte de la deman da e, inclusive, hacer uso de la facultad de decretar pruebas de oficio, con lo cual afectó los derechos fundamentales. Así las cosas, el citado documento no le permitía a la autoridad accionada tener certeza de que conoció del daño el mismo día en que ocurrieron los hechos.

20. En igual sentido, el Tribunal Administrativo de l Putumayo desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que rige la materia. En concreto, los precedentes que se han emitido sobre la vigencia del medio de control de reparación directa, como es el caso de las sentencias S U-659 de 2015 y T-340 de 2023, relativas a la valoración probatoria que debía desplegar el juez para establecer el momento en que la víctima conoció el daño.

21. Igualmente, pidió que se tuviera en cuenta y se aplicara la postura pacífica que estaba vigente para el momento de los hechos, que determinaba que la caducidad, para los casos de los conscriptos, solo se debía contar a partir de la notificación del dictamen de la junta médico laboral. Asimismo, puso de presenteRadicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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que cuando no exist ía certeza entre el conocimiento del daño y su causación, por los principios pro actione y pro damato, este debía contabilizarse desde el momento en que la víctima conoció efectivamente el daño, lo que ocurrió con la notificación del acta de la junta médico laboral.

22. En este orden, se le debía dar aplicación estricta a la prevalencia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a los citados principios que están contenidos en los artículos 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el pro damato.

2.3. Trámite procesal

23. El despacho ponente, mediante auto del 7 de noviembre de 20255, admitió la solicitud de amparo , vinculó al presente trámite, como terceros con interés, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a los señores Rosalía Solano Fierro, Álvaro Solano Fierro, Jorge Solano Fierro, Carmenza Solano Fierro y César Solano Fierro.

Además, requirió al Juzgado para que remitiera, en medio digital, el expediente ordinario y tuvo como pruebas los documentos aportados con la acción de tutela. La Secretaría de la Sección Segunda p ublicó un aviso con el fin de surtir la notificación de los citados señores6.

2.4. Intervenciones

24. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa remitió enlace de acceso al expediente ordinario7.

notificación de los citados señores6.

2.4. Intervenciones

24. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa remitió enlace de acceso al expediente ordinario7.

25. El magistrado del Tribunal Administrativo de l Putumayo realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario de reparación directa, a partir de lo cual puso de presente que la acción de tutela era improcedente. Lo anterior, dado que no se configuró alguna de las causales específicas de procedencia. Por tanto, solicitó negar las pretensiones y remitió el enlace de consulta del expediente8.

26. El jefe de la oficina del Área Jurídica del Grupo de Asuntos Legales de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional manifestó que a la parte actora no se le han vulnerado sus derechos fundamentales porque, entre otras, se le ha permitido actuar mediante apoderado judicial y ha efectuado intervenciones en condiciones de igualdad. De este modo, la protección de las garant ías constitucionales no presupone que las controversias se resuelvan favorablemente.

Bajo este entendido, el Tribunal tuvo s uficientes elementos para declarar probada la caducidad de la acción, la cual operó el 14 de enero de 2017.

5 Samai, índice 4. 6 Samai, índice 18. 7 Samai, índice 8. 8 Samai, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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27. Por consiguiente, alegó que la acción de tutela no está llamada a prosperar

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27. Por consiguiente, alegó que la acción de tutela no está llamada a prosperar y no se propuso con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, pidió que no se concedieran las pretensiones de la parte actora9.

28. Pese a que la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y los señores Rosalía Solano Fierro, Álvaro Solano Fierro, Jorge Solano Fierro, Carmenza Solano Fierro y César Solano Fierro fueron notificados en debida forma 10, no rindieron informe de contestación en esta acción constitucional.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Jorge Solano Fierro en contra del Tribunal Administrativo del Putumayo. 3.2. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa por activa de Jorge Solano Fierro se encuentra acreditada, por cuanto fue demandante en el proceso ordinario de reparación directa. Por ende, es el titular de los derechos fundamentales que consideró vulnerados.

31. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Putumayo, en la medida en que fue la autoridad que profirió la sentencia del 5 de junio de 2025, a la que la parte actora le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales. 3.3. Problemas jurídicos

Administrativo del Putumayo, en la medida en que fue la autoridad que profirió la sentencia del 5 de junio de 2025, a la que la parte actora le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales. 3.3. Problemas jurídicos

32. Corresponde a la Sala resolver si: ¿Incurrió el Tribunal Administrativo de l Putumayo e n defecto fáctico, en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y, por tanto, vulneró los derechos fundamentales del accionante? 3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos

9 Samai, índice 11. 10 Samai, índice 7, Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 7. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

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generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 13 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error

requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto. De esto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

12 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T1334615 (acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería. 13 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-024 del 5 de abril de 2018, proceso con radicado T6.221.520. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 14 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, proceso con radicado T-2.021.124. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de junio

de 2018, proceso con radicado T -6.304.188. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo. 15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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38. Así pues, la Corte Constitucional 16 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»18; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una

monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la providencia judicial cuestionada se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso ordinario en el que se profirió la providencia objeto de tutela.

41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia de segunda instancia cuestionada en este trámite se profirió el 5 de junio de 2025 y la acción de tutela se interpuso el 5 de noviembre del presente año19.

Por tanto, la solicitud de amparo se ejerció dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y el Consejo de Estado21 como razonable.

42. Finalmente, la sentencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ordinario.

16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Ibidem.

42. Finalmente, la sentencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ordinario.

16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Ibidem. 19 Samai, índice 2, 3ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2. 20 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06968-00 (11044)

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43. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y sustantivo por desconocimiento del precedente. Al respecto, se aclara que todos estos están relacionados entre sí porque parten del indebido estudio de la caducidad de la acción. En este sentido: (i) se estudiarán las generalidades de los defectos invocados; y (ii) se resolverá el caso concreto.

3.5. Generalidades de los defectos invocados

3.5.1. Defecto fáctico

44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en

3.5. Generalidades de los defectos invocados

3.5.1. Defecto fáctico

44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 22. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

45. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alg