CE - Sentencia 11001031500020250696900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06969-001

Demandantes : Juan Francisco Cuadros Reyes Demandado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión Vinculado : Registraduría Nacional del Estado Civil, y Juzgado Diecisiete (17)

Administrativo del Circuito de Medellín Acción : Tutela Derechos : Debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia Decisión : Niega pretensiones

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Juan Francisco Cuadros Reyes, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneració n de su derecho al debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente , se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La parte actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales a derecho al debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia. Por consiguiente, solicitó:

1.2 La demanda de tutela.

La parte actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de su s derechos fundamentales a derecho al debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia. Por consiguiente, solicitó:

Primera. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, al trabajo y al acceso a la justicia del señor JUAN GUILLERMO VALENCIA ARISTIZÁBAL.

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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Segunda. Que se deje sin efectos la Sentencia N.º 158 del 29 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por constituir una vía de hecho constitucional.

Tercera. Que se ordene emitir nueva sentencia reconociendo el carácter de acto administrativo definitivo del oficio DDA-TH-1001-1903.

Cuarta. Que se garantice la protección de los empleados en provisionalidad de la RNEC frente a desvinculaciones carentes de motivación y acto formal.

1.3 Hechos2.

El señor Juan Guillermo Valencia Aristizábal se encontraba vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante nombramiento provisional con duración determinada, en el cargo de Técnico Administrativo, código 4065-03.

A través del Oficio DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 2020, ante el agotamiento del período de nombramiento, la entidad le solicitó la entrega del cargo y de las funciones

A través del Oficio DDA-TH-1001-19-03 del 4 de febrero de 2020, ante el agotamiento del período de nombramiento, la entidad le solicitó la entrega del cargo y de las funciones asignadas, con lo cual se materializó su desvinculación efectiva del servicio.

Aduce que, e l acto administrativo de desvinculación le produjo efectos jurídicos inmediatos y definitivos, tales como la separación del cargo, la pérdida de la remuneración y el cese de los derechos laborales y de seguridad social, sin que existiera acto administrativo adicional que formalizara la decisión de retiro.

En razón a lo anterior , promovió medio de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual, primera instancia, el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo del Circuito de Medellín dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demanda.

Señala que, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió sentencia de segunda instancia el 29 de septiembre de 2025, en la cual dispuso revocar la decisión y declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora manifestó que la interpretación del Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció que, conforme al precedente constitucional y contencioso -administrativo reiterado, los oficios de desvinculación de empleados provisionales que producen efectos jurídicos sobre la situación del servidor tienen naturaleza de actos administrativos definitivos, y son susceptibles de control judicial, lo que derivó en la vulneración de sus

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

definitivos, y son susceptibles de control judicial, lo que derivó en la vulneración de sus

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral relativa y al acceso efectivo a la administración de justicia.

Adujo que, el oficio a través del cual se le requirió la entrega de su cargo, es pasible de control judicial, conforme a la expuesto por la Corte Constitucional en sentencias SU-917 de 2010 y SU-556 de 2019, y T-221 de 2014 y T-292 de 2017; asimismo, de acuerdo con lo expuesto por esta Corporación en los radicados 05001 -23-33-0002016-00249-01 y 11001-03-15-0002014-04126-00.

Expuso que, en las mencionadas providencias, se ha sostenido que «[…] los actos de desvinculación en provisionalidad son actos administrativos definitivos y deben ser motivados» ; «[…] la desvinculación de funcionarios en provisionalidad en la RNEC debe formalizarse mediante acto administrativo motivado»; y que «[…] el retiro en provisionalidad requiere acto administrativo motivado porque produce efectos jurídicos y afecta derechos fundamentales».

II. TRÁMITE PROCESAL

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Juzgado Diecisiete (17) Administrativo del Circuito de Medellín 3: recordó que

II. TRÁMITE PROCESAL

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Juzgado Diecisiete (17) Administrativo del Circuito de Medellín 3: recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y exige la acreditación estricta de los requisitos generales y específicos de procedibilidad definidos por la Corte Constitucional, particularmente en las sentencias T-462 de 2003 y C-590 de 2005.

Frente a los cargos formulados por el accionante, indicó que estos se circunscriben a la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, derivada de la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia respecto de la naturaleza jurídica del oficio demandado.

Sostuvo que el proceso tramitado en primera instancia se adelantó con observancia del debido proceso, el derecho de defensa y la jurisprudencia vigente, dando lugar a la sentencia del 2 de marzo de 2023, debidamente motivada y fundada en la valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, la cual fue posteriormente revocada por el juez de segunda instancia.

3 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 8.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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2.1.1 Registraduría Nacional del Estado Civil 4: sostuvo que la acción de tutela es improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad, en tanto el accionante

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2.1.1 Registraduría Nacional del Estado Civil 4: sostuvo que la acción de tutela es improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad, en tanto el accionante agotó plenamente el medio judicial ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual culminó con una decisión judicial válida, motivada y proferida por el juez natural.

Indicó que el debate planteado carece de relevancia constitucional, pues se limita a una discrepancia jurídica frente a la naturaleza del oficio de desvinculación, sin que se configure vulneración directa de derechos fundamentales ni defecto judicial ostensible.

Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada no constituye vía de hecho, que la tutela no puede operar como tercera instancia y solicitó que el amparo sea rechazado por improcedente.

Los demás vinculados no se pronunciaron sobre esta acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si las decisiones adoptadas el Tribunal Administrativo de Antioquia , al declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda y negar las pretensiones de la demanda, vulneran los derechos fundamentales a la debido proceso, trabajo y acceso a la administración de

el Tribunal Administrativo de Antioquia , al declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda y negar las pretensiones de la demanda, vulneran los derechos fundamentales a la debido proceso, trabajo y acceso a la administración de justicia del señor Juan Francisco Cuadros Reyes.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de

4 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judi cial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal

su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho5.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dich a regla el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común.6

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico. 7 Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.8

porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.8

5 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 6 Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 7 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 8 Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo

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No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la inminencia de un perjuicio irremediable pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sob re las consideraciones de índole formal9.

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.10

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se caracteriza «(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad» 11.

3.5 Caso concreto.

A esta Subsección corresponde verificar inicialmente si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

9 Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 10 Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 11 Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si con la decisión judicial controvertida se vulneraron sus derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión en el defecto fáctico alegado por el actor; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el 29 de septiembre de 2025 se profirió la sentencia aquí controvertida y el 5 de noviembre de 2025 fue instaurada la tutela; iii) se agotaron los mecanismos de defe nsa judicial; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y vi) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo cual no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito. En consecuencia, se procederá al estudio de fondo.

En la sentencia objeto de esta acción, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión , revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda y negó las súplicas de la demanda , luego de analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales se refirieron a señalar que la relación laboral del demandante finalizó por una causa objetiva y preestablecida, consistente en el vencimiento del término del nombramiento provisional fijado en la Resolución N.º 621 del 30 de julio de 2019, circunstancia conocida por el actor

y preestablecida, consistente en el vencimiento del término del nombramiento provisional fijado en la Resolución N.º 621 del 30 de julio de 2019, circunstancia conocida por el actor desde su d esignación. En tal sentido, la Registraduría afirmó que no existió acto de desvinculación, sino una simple comunicación que se limitó a reiterar la expiración del plazo, sin crear, modificar o extinguir relación jurídica alguna , razón por la cual, sostuvo que el oficio demandado no constituye un acto administrativo definitivo , sino una mera operación administrativa no susceptible de control judicial

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Antioquia evidenció en la misma línea del recurso de apelación que el oficio demandado carece de contenido decisorio, por cuanto no creó, modificó ni extinguió situación jurídica alguna, limitándose a reiterar los efectos previamente fijados en la resolución de nombramiento. En tal sentido, consideró que el acto administrativo definitivo era la Resolución N.º 621 de 2019, la cual no fue demandada.

Al respecto, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, y ha sostenido que «[n]o todos los pronunciamientos de la administración tienen la vocación de crear, modificar o extinguir una situación jurídica; existen manifestaciones que no tienen estas características, como son los actos de trámite, que le permiten a la autoridad administ rativa impulsar una actuación que es necesaria para la formación del acto administrativo definitivo, entre los que se encuentran los actos expedidos durante el

transcurrir de una convocatoria, a menos que el acto de trámite impida la continuidad de la actu aciónAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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administrativa; por ello, es de suma importancia clarificar si el pronunciamiento de la administración es de trámite o definitivo con el propósito de que proceda el control judicial o no. Al respecto, la doctrina ha definido a los actos administrativos de trámite como «aquellos que le dan la celeridad y movimiento requeridos a la actuación administrativa, los que impulsan el trámite propio de la decisión que ha de tomarse»12.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que «[s]on actos de trámite o preparatorios, los actos preliminares que toma la administración para adoptar una decisión sobre el fondo de un determinado asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica en particular»13.

De lo cual se concluye que en efecto existió un yerro en el profesional del derecho al momento de estructurar su demanda y las pretensiones de estas, que llevó a que no tuviese prosperidad, por errores técnicos, pues como lo demostró el Tribunal accionado, existió un acto administrativo definitivo el cual se debió integrar en el petitum, ya que, el oficio demandado no revestía las características para ser un acto enjuiciable y, por tanto, pasible de control jurisdiccional.

Sea el momento de señalar que, el defecto aludido, en lo concernido al presunto

oficio demandado no revestía las características para ser un acto enjuiciable y, por tanto, pasible de control jurisdiccional.

Sea el momento de señalar que, el defecto aludido, en lo concernido al presunto desconocimiento del precedente, concretamente lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencias SU-917 de 2010 y SU -556 de 2019, y T -221 de 2014 y T -292 de 2017; y por esta Corporación en los radicados 05001-23-33-0002016-00249-01 y 11001-03-15000-2014-04126-00, no se configuró en esta oportunidad.

En efecto, se observa que en las mencionadas sentencias no se emitió regla alguna que comprenda la situación fáctica alegada por la parte actora, relativa al control judicial de un oficio que, en virtud de la expiración del plazo de vinculación, le invite a entregar el cargo y puesto de trabajo en unas condiciones organizacionales puntuales y específicas, pero sin disponer nada distinto de lo expuesto en el acto de vinculación.

Así, se tiene que, en la s sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014 la Corte analizó el asunto relativo a la motivación de los actos de retiro; en la sentencia SU-556 de 2019 fue unificada la posición de ese Tribunal Constitucional en materia de principio de subsidiariedad de la acción de tutela para reconocimiento y pago de pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; y, finalmente, en la sentencia

12 Sentencias de quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, CP.

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa; y, finalmente, en la sentencia

12 Sentencias de quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 25000-23-42-000-2017-01441-01(1846-19). 13 Sentencias de quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 25000-23-42-000-2017-01441-01(1846-19).Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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T-292 de 2017 se refirió al control judicial de actos de trámite emitidos en un concurso de méritos de etnoeducadores.

Por otra parte, en lo tocante a la sentencia proferida dentro del expediente 05001-23-33000-2016-00249-01, se tiene que el acto r no aportó la información completa acerca del expediente en que fue proferida, y , una vez consultado el sistema de información de la Rama Judicial, corresponde a una acción de tutela que nunca fue de conocimiento de esta Corporación14.

Asimismo, se advierte que el caso tramitado bajo el radicado 11001-03-15-000-201404126-00, versó sobre la motivación de los actos administrativos de retiro, no sobre la posibilidad de enjuiciar el oficio que comunica el término de expiración obrante en otro acto administrativo.

04126-00, versó sobre la motivación de los actos administrativos de retiro, no sobre la posibilidad de enjuiciar el oficio que comunica el término de expiración obrante en otro acto administrativo.

Finalmente, conviene precisar que la acción de tutela fue concebida por el Constituyente como un mecanismo de naturaleza excepcional, destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad o de un particular en los casos previstos por la ley , y, por ende, d ebido a su carácter residual y subsidiario, su procedencia se encuentra condicionada a la inexistencia de otros medios de defensa judicial idóneos , o a la necesidad de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

En el ámbito específico de la tutela contra providencias judiciales, su procedencia es aún más restrictiva, pues no está llamada a fungir como una instancia adicional o paralela para reabrir debates jurídicos ya resueltos por el juez natural, ni para contr overtir interpretaciones legales desfavorables al accionante. En tal sentido, la intervención del juez constitucional solo se justifica cuando la decisión judicial cuestionada configura un defecto manifiesto que trasciende el ámbito de la legalidad y compo rta una afectación directa y grave de derechos fundamentales.

Permitir que la acción de tutela se utilice como una tercera instancia implicaría desconocer los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial, pilares esenciales del ordenamiento constitucional, y desnaturalizaría la f inalidad del amparo constitucional, el cual no fue instituido para

desconocer los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial, pilares esenciales del ordenamiento constitucional, y desnaturalizaría la f inalidad del amparo constitucional, el cual no fue instituido para

14 Se advierte que en el expediente 05001-23-33-000-2016-00249-00, fue proferida sentencia de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, providencia que no fue impugnada.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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corregir simples discrepancias interpretativas ni para sustituir los mecanismos ordinarios de control judicial.

En el presente caso, se observa que la autoridad judicial accionada sustentó la providencia atacada y emitió la decisión dentro de su margen de autonomía e independencia, de manera considerada y clara, y sin incurrir en el defecto de desconocimiento del precedente, razón por la cual, no se ampararan los derechos presuntamente vulnerados.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones del escrito de amparo elevado por el señor Juan Francisco Cuadros Reyes , por las razones expuestas en la parte motiva de esta

autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones del escrito de amparo elevado por el señor Juan Francisco Cuadros Reyes , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERAAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06969-00

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(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)

ELIZABETH BECERRA CORNEJO