CE - Sentencia 11001031500020250697000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Delitos de lesa humanidad / Reglas de la sentencia de unificación sobre caducidad / Cosa juzgada e inmediatez Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Medardo Rafael Suárez Molinares y otros en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Medardo Rafael Suárez Molinares, Elmira Rosa Cervantes Meriño, Nivaldo Rafael Suárez Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel José Suárez Cervantes y Julio C ésar Suárez Cervantes promovieron solicitud de tutela con el

Rafael Suárez Meriño, Arnulfo José Suárez Meriño, Manuel José Suárez Cervantes y Julio C ésar Suárez Cervantes promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la verdad, a la reparación y a lo no repetición los cuales consideran vulnerados, con ocasión de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 47001233300020180038901.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente1:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas2, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados, a causa de la muerte de Manuel Antonio Suárez Ramírez y Marco Fidel Suárez Parra, el

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai. 2 En adelante UARIV.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros hurto de los bienes de propiedad del primero de ellos y el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

2.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia del 17 de junio de 2020 con la que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda tras

del que fueron víctimas.

2.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia del 17 de junio de 2020 con la que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda tras encontrar responsables al Ejército y a la Policía Nacional por los hechos referidos, los condenó a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales, por afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos y por daño emergente. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 19 de febrero de 2024 revocó la decisión del a quo para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de control , pues aunque acreditaron su condición de desplazados, no demostraron que las supuestas amenazas, intimidaciones o coacciones de grupos armados les impidieran ejercer de manera oportuna la acción judicial, ya que desde el 3 de febrero de 2012 tenían plena posibilidad de acudir a la administración de justicia —como lo hicieron al denunciar ante la fiscalía los homicidios y el desplazamiento— y no acreditaron ninguna circunstancia objetiva que restringiera su acceso a los medios judiciales , además condenó en costas a la parte demandante en ambas instancias.

2.4. En relación con esa decisión, la corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente relacionado con el fenómeno de caducidad, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, además de omitir la jurisprudencia relacionada con la condena en costas.

1.1.1. Pretensiones

con el fenómeno de caducidad, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, además de omitir la jurisprudencia relacionada con la condena en costas.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de los actores de la presente tutela. Se advierte que esta decisión tiene efectos inter comunis, en los términos desarrollados en la parte motiva de esta providencia judicial.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

en este caso; (SENTENCIA de segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro ( 2024), con Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), Actor: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros, Referencia: Medio de control de reparación directa.

y ORDENAR, a esa autoridad judicial, que emita una nueva decisión de segunda instancia, en el Expediente 680013333002 -2015-00131-04, en este caso (RADICADO 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), entro de los treinta (30) días siguientes a la3

instancia, en el Expediente 680013333002 -2015-00131-04, en este caso (RADICADO 47001-23-33-000-2018-00389-01 (66.545), entro de los treinta (30) días siguientes a la3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros notificación de esta decisión, bajo los siguientes parámetros: (i) (ii) Está probada la condición de desplazados forzosos de los demandantes del proceso contencioso administrativo en el que se soportó la presente acción de tutela. También está demostrado el daño antijurídico que padecieron, el c ual se concretó en el anotado desplazamiento forzado. Está probado que el daño antijurídico advertido es atribuible a las autoridades públicas demandadas en el proceso contencioso administrativo, a partir de las consideraciones expuestas en esta sentencia. (iii) En asuntos que comprometan graves violaciones de derechos humanos, es un imperativo la flexibilización del procedimiento probatorio por parte de las autoridades jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, vigile el cumplimiento de esta decisión judicial. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A 3 solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo , pues la decisión cuestionada se fundamentó en la normativa vigente y en el precedente vinculante fijado por el

4. El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A 3 solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo , pues la decisión cuestionada se fundamentó en la normativa vigente y en el precedente vinculante fijado por el Consejo de Estado en el 2020 y la Corte Constitucional en la SU-312 de 2020, según el cual la caducidad opera incluso en casos de delitos de lesa humanidad , además afirmó que no se configura ban el desconocimiento del precedente o la violación directa de la Constitución Política, pues las sentencias citadas (T-014 de 2025 y SU241 de 2024) fueron posteriores a la decisión cuestionada.

5. El Ministerio de Defensa Nacional4 pidió negar la solicitud de tutela al considerar que no exist ió vulneración de derechos fundamentales y que la tutela pretend ió funcionar como una tercera instancia frente a la sentencia del 19 de febrero de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado declaró caducado el medio de control de reparación directa y condenó en costas a los demandantes. Además, sostuvo que la tutela incumple los requisitos de procedibilidad —especialmente el de inmediatez— y que los mismos argumentos ya fueron debatidos y rechazados en una tutela anterior (11001031500020250094901), lo que incluso configura cosa juzgada constitucional.

6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden : i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden : i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

3 Archivo obrante en el índice 8 del Samai. 4 Archivo obrante en el índice 9 del Samai. 5 Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se dispuso vincular al Tribunal Administrativo del Magdalena, al Ejército y Policía Nacional, y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 6, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado 7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 8. Al

respecto señaló lo siguiente:

procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 8. Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo9 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales

Administrativo9 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.5

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Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

12. Ahora bien, la Corte Constitucional 10 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

12. Ahora bien, la Corte Constitucional 10 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos11, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales12.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. La Sala deberá definir si: ¿en el presente asunto se configura cosa juzgada, en razón a la solicitud de amparo presentada en oportunidad anterior bajo similar fundamento fáctico, objeto y pretensiones, identificada con el radicado 11001031500020250094901 y si se cumple el requisito de inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria

18. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «e s una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del or denamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica».

10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

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19. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para

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Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

19. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser un procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final corresponde a la Corte Co nstitucional ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada constitucional.

20. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 2019 respecto de la cosa juzgada

consideró:

«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico” .

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional

nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico” .

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solici tud de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.

Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”. […]».

21. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos supuestos y con idénticas pretensiones y partes - ante otra autoridad, pues ello implicaría el quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e, inclusive, se podría incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo

38 del Decreto 2591 de 1992 que regula:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los

presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesio nal, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

22. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación7

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Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros temeraria, además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia

constitucional, tales como:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos

de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»

23. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación temeraria.

2.4.2. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

24. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término razonable y proporcion ado contado desde la acción u omisión generadora de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se

providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término razonable y proporcion ado contado desde la acción u omisión generadora de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»13.

25. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse», toda vez que, « en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso»14.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

14 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

26. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014 15, respecto al término razonable para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]».

2.4.3. El caso concreto

27. Ahora bien, en atención a la normativa, la jurisprudencia aplicable y las actuaciones surtidas en cada una de las solicitudes de tutela instauradas ante esta corporación judicial, es conveniente realizar un cuadro comparativo en aras de establecer si en el asunto bajo estudio se configura la cosa juzgada y la temeridad,

así:

corporación judicial, es conveniente realizar un cuadro comparativo en aras de establecer si en el asunto bajo estudio se configura la cosa juzgada y la temeridad, así:

No. DE

PROCESO Radicado 2025-00949-01 Radicado 2025-06970-00

PARTES

Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

Demandante: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A CAUSA PETENDI Argumenta como vulnerados : i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) reparación integral.

Argumenta como vulnerados : i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia y iv) reparación integral.

OBJETO Cuestiona la sentencia proferida el 24 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 47001233300020180038901 Cuestiona la sentencia proferida el 24 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 47001233300020180038901

28. Vistos los supuestos fácticos que conforman el presente asunto, es pertinente aclarar que se configura el requisito de identidad de partes, pues, se trata del mismo

con el radicado 47001233300020180038901

28. Vistos los supuestos fácticos que conforman el presente asunto, es pertinente aclarar que se configura el requisito de identidad de partes, pues, se trata del mismo

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06970-00

Demandantes: Medardo Rafael Suárez Molinares y otros demandante y, asimismo, sucede en el caso de la autoridad contra la que se dirigen las pretensiones expuestas.

29. Por su parte, al comparar los hechos en los que se sustenta el reclamo constitucional formulado en esta ocasión con los que se relatan en el radicado 20250594901, se evidencia que se trata de idéntica situación fáctica, la cual, en resumen, son las presuntas vías de hecho en las que incurrió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A al proferir la providencia del 24 de febrero de 2024, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado

47001233300020180038901.

30. Ahora bien, pese que en la solicitud de tutela con radicado 20250094901 se alegó un defecto orgánico, fáctico y procedimental y en la planteada en esta oportunidad se argumentó el desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política, se evidencia que, en todo caso el objeto de la pretensión de

alegó un defecto orgánico, fáctico y procedimental y en la planteada en esta oportunidad se argumentó el desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política, se evidencia que, en todo caso el objeto de la pretensión de amparo es dejar sin efectos la referida decisión judicial.

31. En este punto, se adv ierte que, pese a que el fin último de las mencionadas solicitudes de amparo fue similar, podría habilitarse el estudio del reclamo planteado en el entendido de que en cada una se argumentan causales de procedencia específicas diferentes por lo cual no se configura ría el fenómeno de cosa juzgada, sin embargo, esta Sala de decisión no