CE - Sentencia 11001031500020250698200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

Accionante: María del Carmen Álvarez y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de reparación directa. Desplazamiento forzado / NIEGA AMPARO – No incurre en las causales específica s de procedibilidad de la tutela invocadas

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 6 de noviembre de 2025 los señores María del Carmen Álvarez Posada; Erika María, Ardair, Luis Alfredo 2 y Eli Johana Ortega Álvarez 3; Carmen Alicia, Silvestre Miguel, Carmen Cecilia, Roberto Emiro, Digna Luz, Luis Carlos, Olimpo Saturnino, María del Fátima y Katia Milena Posada Chávez e Isidro José Álvarez Chávez , a través de apoderado judicial, quien actúa, a su vez, como agente oficioso de los

María del Fátima y Katia Milena Posada Chávez e Isidro José Álvarez Chávez , a través de apoderado judicial, quien actúa, a su vez, como agente oficioso de los señores Blanca Rosa Imbett Videz , Pedro Manuel Martínez Imbett; Yuranis D íaz Imbett; Félix Alfonso y Gabriel del Cristo Herazo Imbett; Leticia Josefa Barrios Mendoza; Lourdes e Ivana María González Barrios; Oscar David Barboza Barrios; Rosalba del Rosario Guerra Cárdenas; Ángel Luis y Kellys Johana González Guerra; Judith del So corro Barrios Mendoza, Irene Atencio Barrios; Irene María Mendis Mendoza; Manuel Francisco Benítez Álvarez; Pedro Manuel, Luis Miguel, Manuel Francisco y Milagro del Carmen Benítez González y Maricela del Carmen González Guerra, promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, con

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 En nombre propio y en representación de su hijo menor de edad L.A.O.B. 3 En nombre propio y en representación de su hijo menor de edad A.R.V.O.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso

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el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral.

2. Solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia de 9 de abril de 20254, emitida dentro del proceso de reparación directa5 que incoaron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, el departamento de Sucre, el municipio de San Benito Abad, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

(DPS), encaminado a obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de l desplazamiento forzado del que fueron víctimas por parte de grupos al margen de la ley, con ocasión de la desaparición forzada del señor Gabriel Antonio Álvarez Posada.

3. Mediante la providencia acusada 6, se revocó la decisión adoptada el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, que accedió parcialmente a las pretensiones7, para negarlas. Se determinó que, aunque se halla acreditada la condición de desplazados de los demandantes, no se demostró el nexo causal con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control que dio origen al aludido desplazamiento, ni que la desaparición forzada a la que se hace referencia guarde relación directa con la presunta omisión de la fuerza pública y esto, a su vez, sea determinador del desplazamiento forzado. Tampoco de los testimonios

aludido desplazamiento, ni que la desaparición forzada a la que se hace referencia guarde relación directa con la presunta omisión de la fuerza pública y esto, a su vez, sea determinador del desplazamiento forzado. Tampoco de los testimonios recaudados se infiere la concretización de la falla en la prestación del servicio de vigilancia y control por parte de las entidades demandadas. En ese sentido, se adujo que los actores no probaron que hubieren advertido a las autoridades competentes los hechos que originaron su despla zamiento o las circunstancias que generaron el temor por su integridad física y lle varon a su huida o si formularon denuncia al respecto y con ello activar los mecanismos de seguridad del Estado.

4. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se valoró de manera indebida el material probatorio recaudado. Obraban en el plenario elementos de convicción que daban cuenta de la grave situación de orden público que se vivía para la época que acontecieron los hechos (1997 a 2004) en el municipio de San Benito Abad (corregimientos de La Ventura y San Roque) . Dicha situación era de conocimiento de la Policía y Ejército Nacional, así como del departamento de Sucre, en razón a que fueron notificadas de manera oportuna por el alcalde encargado del

4 Notificada el 19 de mayo de 2025. 5 Expediente 70001-33-33-008-2015-00136-01. 6 Emitida en cumplimiento de l fallo de tutela de 22 de febrero de 2024 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmada el 22 de abril siguiente por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación

6 Emitida en cumplimiento de l fallo de tutela de 22 de febrero de 2024 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmada el 22 de abril siguiente por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación (expediente 11001-03-15-000-2024-00099-00), por cuyo conducto se dejó sin efectos la sentencia de 28 de junio de 2023, mediante la cual, en segunda instancia, declaró probada la excepción de caducidad. Ello, al estimar el juez de tutela que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia SU -254 de 2013 de la Corte Constitucional. 7 Se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Sucre, del municipio de San Benito Abad, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y se concedió la indemnización por concepto de perjuicios morales y en la modalidad de lucro cesante a los señores María del Carmen Álvarez Posada; Erika María, Ardair, Luis Alfredo y Ely Johana Ortega Álvarez; Carmen Alicia, Silvestre Miguel, Carmen Cecilia, Roberto Emiro, Digna Luz, Luis Carlos, Olimpo Saturnino, María Del fatima y Katia Milena Posada Chávez e Isidro José Álvarez Chávez.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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municipio para ese momento , señor Jorge Luis Martínez Urrutia , quien rindió testimonio en el proceso ordinario, el cual no fue valorado adecuadamente.

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municipio para ese momento , señor Jorge Luis Martínez Urrutia , quien rindió testimonio en el proceso ordinario, el cual no fue valorado adecuadamente. Declaración en la que también indicó la presencia y actuar del grupo guerrillero frente 35 de las FARC, que la Polic ía y el Ejército Nacional convocaban a consejos de seguridad, dada la situación de orden público que les exponía, frente a la cual no brindaron solución, y que ese grupo subversivo tenía amenazada a toda la población de ese municipio con el fin de que no los denunciaran, o sino perderían la vida.

5. De igual modo, rindió testimonio el señor Félix Rafael Villarreal Ramos, propietario de la finca El Descanso, donde desaparecieron forzadamente al señor Gabriel Antonio Álvarez Posada, quien adujo que los acosos del grupo guerrillero terminaron con la desaparición del señor Álvarez Posada y conllevaron a que él sacara en un camión a los familiares demandantes, quienes fueron desplazados por sus amenazas de muerte si continuaban en la finca. Situación de la que tuvo conocimiento la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el departamento de Sucre y el municipio de San Benito Abad , porque el alcalde encargado de la época la dio a conocer, pese a ello la fuerza pública no patrullaba la zona. Además, señaló que los accionantes no denunciaron por estar amenazados de muerte y desprotegidos por el Estado. Dichas circunstancias también se probaron frente a las personas que no integraban el grupo familiar del señor Álvarez Posada.

accionantes no denunciaron por estar amenazados de muerte y desprotegidos por el Estado. Dichas circunstancias también se probaron frente a las personas que no integraban el grupo familiar del señor Álvarez Posada.

6. En el mismo sentido, obra declaración del señor Roque del Cristo Imbett Buelvas, quien visitaba el municipio de San Benito Abad porque su mamá tenía una finca contigua a la finca El Descanso, informó que el grupo guerrillero 35 de las FARC fue el autor de los hechos y hacía presencia en esa zona, en la que no observaba militares ni policía.

7. De aquellos testimonios es dable inferir que las demandadas tuvieron conocimiento de las situaciones de extremo riesgo y violencia que padecía la zona donde habitaban los demandantes, sin que desplegaran acciones tendientes a superarlas, es decir, no cumplieron su deber de protección, lo cual fue omitido por el Tribunal accionado.

8. Por otro lado, se advierte que el Tribunal accionado omitió su deber de decretar pruebas de oficio, conforme al artículo 213 del CPACA, con las cuales pudo dilucidar posibles dudas que reflejó tener respecto de las pruebas que se encontraban en el expediente y que demostraban que los demandantes habían advertido a las autoridades competentes los hechos que originaron su desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por su integridad física y llevaron a su huida o si formularon denuncia al respecto y con ello activar los mecanismos de seguridad del Estado y, a su vez, generar esa posición de garante que demanda la Constitución Política. También pudo haber invertido la carga de la prueba, para solicitar a las entidades demandadas que aportaran los e lementos de juicio relevantes que

del Estado y, a su vez, generar esa posición de garante que demanda la Constitución Política. También pudo haber invertido la carga de la prueba, para solicitar a las entidades demandadas que aportaran los e lementos de juicio relevantes que constataran si tenían conocimiento del riesgo y la violencia que padecía el municipio de San Benito Abad, máxime cuando no hubo pronunciamiento alguno de ese enteRadicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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territorial ni aportó, como tampoco lo hizo el departamento de Sucre y la Defensoría del Pueblo, oficios y certificaciones que se les requirieron.

9. También se configuró defecto sustantivo, en tanto se desconoció el artículo 167 del CGP, según el cual, los hechos notorios, como la violencia que padecía la zona en la que habitaban los accionantes para la época de los hechos no requería prueba, pese a que, en todo caso, ello se demostró en el expediente.

10. Además, al no valorar en debida forma ni flexibilizar la valoración de los elementos de convicción obrantes e n el expediente, los cuales se relacionan con graves violaciones a derechos humanos, lo que comporta una negación de justicia para los demandantes, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Además, fue excluido de estudio lo relacio nado con la desaparición forzada por presuntamente no versar el debate sobre este, lo cual no corresponde a la realidad, máxime cuando en la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial celebrada el 25 de agosto de 2020 se circunscribió a los dos eventos.

presuntamente no versar el debate sobre este, lo cual no corresponde a la realidad, máxime cuando en la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial celebrada el 25 de agosto de 2020 se circunscribió a los dos eventos.

11. Asimismo, se incurrió e n desconocimiento del precedente. Se desatendió la sentencia SU-168 de 2023 de la Corte Constitucional, atinente a la responsabilidad patrimonial del Estado por desapariciones forzadas en zonas de conflicto, en cuanto a atribuir responsabilidad estatal por la omisión en su deber de protección, a pesar de que los responsables directos sean grupos armados ilegales.

12. También se inobservó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la que se ha d eterminado que la desaparición forzada de una persona puede ser un determinante de la responsabilidad del Estado cuando, como resultado de ese crimen, sus familiares se ven obligados a desplazarse, lo cual se acreditó en su caso.

13. Por otra parte, inobservó las sentencias de la Corte Constitucional (i) SU -035 de 2018, relativa a que los indicios son considerados medios probatorios que conducen al juez a determinar la responsabilidad del Estado; (ii) T -117 de 2022 , en la que sostuvo que las víctimas del conflicto armado no pueden presentar un material probatorio robusto que indique las afectaciones específicas que sufrieron en un determinado contexto de violencia, debido a la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran; y (iii) T-014 de 2025, mediante la cual se reconoció el daño antijurídico del Estado y ordenó la reparación integral de las víctimas, además de

determinado contexto de violencia, debido a la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran; y (iii) T-014 de 2025, mediante la cual se reconoció el daño antijurídico del Estado y ordenó la reparación integral de las víctimas, además de reiterar la importancia de la flexibilidad probatoria en caso de violaciones graves a los derechos humanos.

14. En similar sentid o, la Sección Tercera del Consejo de Estado , a través de sentencias de (i) 28 de agosto de 2014, declaró que las situaciones victimizantes propias del conflicto armado interno hacen que sus víctimas estén en situación de debilidad manifiesta, por lo cual enfrentan circunstancias en las cuales les es imposible demostrar fácticamente la violencia que padecen; y (ii) 14 de julio de 2016,Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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ordenó la flexibilidad de la apreciación y valoración probatoria dirigidas a demostrar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

15. También al no aplicar el control de convencionalidad. No se garantizó la compatibilidad de las normas internas con los tratados internacionales de derechos humanos, en lo relativo a los hechos v ictimizantes de desplazamiento forzado y desaparición forzada. En particular, la sentencia de 29 de noviembre de 2018 proferida en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la cual resulta vinculante para el juez administrativo por tratarse de la interpret ación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual hace parte del bloque de

proferida en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, la cual resulta vinculante para el juez administrativo por tratarse de la interpret ación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

16. Mediante auto de 12 de noviembre de 20258, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vincul ó al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, al departamento de Sucre, al municipio de San Benito Abad, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas

(UARIV) y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) , en condición de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

17. Asimismo, se requirió a la parte accionante para que aportara copia de los registros civiles de nacimie nto de los menores de edad que están siendo representados en el presente asunto por los tutelantes Luis Alfredo y Eli Johana Ortega Álvarez, lo cual se allegó y ratifican su condición de menores de edad9.

(i) Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

18. Indicó que la decisión judicial atacada se enmarca dentro del campo de interpretación legal, constitucional y jurisprudencial, facultad propia del juez y que no constituye vía de hecho. La argumentación planteada busca reabrir un debate judicial que se encuentra definido y superado con resultado adverso a las pretensiones de la parte actora, lo cual desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela, al convertirla

constituye vía de hecho. La argumentación planteada busca reabrir un debate judicial que se encuentra definido y superado con resultado adverso a las pretensiones de la parte actora, lo cual desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela, al convertirla en una instancia adicional de revisión.

19. En todo caso, manifestó que no se configuró defecto fáctico. El material probatorio recaudado fue valorado por la autoridad judicial, diferente es que haya determinado que aquel no demostraba la responsabilidad de las entidades demandadas, máxime cuando en temas de orden público no puede pretenderse que las fuerzas militares y policiales sean omnipresentes, por lo que debe valorarse la relatividad de la actuación del Estado. Además, no se demostró que los tutelantes tuvieran su

8 Notificado el 20 de noviembre de 2025. 9 Nacieron el 14 de marzo de 2014 y 29 de agosto de 2009.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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residencia o desempeñaran su actividad económica habitual en el municipio del que fueron presuntamente desplazados.

20. Posteriormente, también advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva. La situación que se reprocha deriva exclusivamente del contenido de una sentencia judicial, cuya autoría y responsabilidad corresponde al órgano jurisdiccional que la profirió. Pretender que se le trasladen las consecuencias de una decisión judicial constituye una indebida imputación de responsabilidad que carece de sustento jurídico y lógico, por ende, solicitó su desvinculación.

jurisdiccional que la profirió. Pretender que se le trasladen las consecuencias de una decisión judicial constituye una indebida imputación de responsabilidad que carece de sustento jurídico y lógico, por ende, solicitó su desvinculación.

(ii) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)

21. Señaló que el abogado que aduce obrar como apoderado de la parte actora no actúa en esa condición respecto de todos los tutelantes . N o aportó el respectivo poder que le otorgara tal calidad, y aunque aduce actuar como agente oficioso de las personas de las que no allega el correspondiente manda to, para ello se req uiere la ratificación de los agenciados, lo cual no se observa, razón por la cual se configura en ese aspecto la falta de legitimación en la causa por activa.

22. Además, no se satisface el presupuesto de la inmediatez. Transcurrieron más de 6 meses entre la ejecutoria de la providencia controvertida (19 de mayo de 2025) y la presentación de la solicitud de amparo, sin que se hubiere alegado obstáculo alguno que justificara dicha mora, lo que torna improcedente la presente acción de tutela. También se configura la improcedencia de este asunto constitucional, al no cumplir el requisito de subsidiariedad, por cuanto la parte actora no ha interpuesto el recurso extraordinario de revisión.

23. Sin perjuicio de lo anterior, el fallo acusado se ajustó tanto a las normas como a la jurisprudencia que regulan el tema, máxime cuando los accionantes no acreditan cuál es la deficiencia probatoria en que se incurrió ni se evidencia desconocimiento

la jurisprudencia que regulan el tema, máxime cuando los accionantes no acreditan cuál es la deficiencia probatoria en que se incurrió ni se evidencia desconocimiento alguno de normas de rango legal o infralegal aplicables. Asimismo, el juez natural de la causa actuó conforme a derecho y no se ajusta a la realidad y tampoco lo acredita la parte accionante que la sentencia atacada incurriera en vicios procedimentales.

24. Por último, adujo que el presunto daño por el cual se reclamó en sede contencioso-administrativa no le es imputable . N o tuvo injerencia ni directa ni indirectamente en la producción de dicho evento, al escaparse de su órbita de competencia la protección a la vida, honra y bienes d e los habitantes del territorio nacional.

(iii) Ministerio de Defensa – Policía Nacional

25. Señaló que se tuvo por no configurado el daño antijurídico alegado en el proceso de reparación directa ante la imposibilidad de acreditación de las afirmaciones consignadas en la demanda . N o se acreditó fáctica y jurídicamente que el desplazamiento de la parte actora fue ra consecuencia de sus actuaciones uRadicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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omisiones. Por tanto, no incurrió en ninguna omisión que conllevara al desplazamiento de los acc ionantes y que tal situación pudiera configurar una responsabilidad institucional, dado que se encuentran ausentes los elementos tales como el daño antijurídico y la imputación.

(iv) Departamento de Sucre

desplazamiento de los acc ionantes y que tal situación pudiera configurar una responsabilidad institucional, dado que se encuentran ausentes los elementos tales como el daño antijurídico y la imputación.

(iv) Departamento de Sucre

26. Sostuvo que la tutela deviene en improcedente por carencia actual de objeto, dado que la decisión adoptada por el Tribunal accionado en la sentencia de reemplazo extinguió el objeto jurídico sobre el cual giraba la tutela.

27. En todo caso, además de configurarse una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de ese ente territorial, el asunto no cumple la exigencia de relevancia constitucional, pues pretende convertir la presente acción en una instancia adicional para reabrir debates ya concluidos, puesto que la decisión adoptada por el Tribunal accionado no es arbitraria ni caprichosa, como tampoco ilegítima. Además, el problema jurídico que zanjó fue el fijado desde la primera instancia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

(i) Legitimación en la causa por activa

28. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) adujo que el apoderado de la parte actora carece de legitimación en la causa por activa para actuar como agente oficioso respecto de las personas frente a las cuales no aportó el respectivo poder, dado que se requería de la ratificación de dicha agencia oficiosa.

29. Al respecto, se tiene que, conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona para obtener la protección de sus derechos fundamentales que estime amenazados o vulnerados, por sí misma o a través de representante. Dicha norma también permite que una persona distinta

acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona para obtener la protección de sus derechos fundamentales que estime amenazados o vulnerados, por sí misma o a través de representante. Dicha norma también permite que una persona distinta al titular de las prerrogativas superiores objeto de amparo agencie sus derechos cuanto esta no esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que “deberá manifestarse en la solicitud”.

30. Sobre la agencia oficiosa la Corte Constitucional10 ha sostenido:

«137. Al respecto, en numerosos pronunciamientos, la Corte ha establecido que son dos los requisitos para que una persona pueda constituirse como agente oficioso: por una parte, se impone la exigencia de invocar dicha condición; y por la otra, se requiere que la persona titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentre en circunstancias que le impidan actuar directamente11.

10 Sentencia SU-150 de 2021. 11 Véanse, entre otras, Corte Constitucional, sentencias T-452 de 2001, T-372 de 2010, T-968 de 2014, T-200 de 2016, T-594 de 2016, T-014 de 2017 y SU-508 de 2020.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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(…)

139. Dadas estas dos exigencias que expresamente se consagran en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 12, se ha entendido por la Corte que una de las principales diferencias de este instituto en el régimen procesal de la acción de tutela frente a lo que ocurre en la

Decreto 2591 de 1991 12, se ha entendido por la Corte que una de las principales diferencias de este instituto en el régimen procesal de la acción de tutela frente a lo que ocurre en la generalidad de los procesos judiciales, es que no se exige que la persona agenciada ratifique el amparo constitucional ante el juez de la causa (…), lo que se explica por la informalidad que rige este trámite y por la circunstancia de que la protección que se busca debe operar de forma preferente y sumaria».

31. Con base en lo anterior, mediante el auto admisorio de 12 de noviembre de 2025, se reconoció al abogado Jaime de Jesús Mier Guerrero como agente oficioso de los señores Blanca Rosa Imbett Videz, Pedro Manuel Martínez Imbett; Yuranis Díaz Imbett; Félix Alfo nso y Gabriel del Cristo Herazo Imbett; Leticia Josefa Barrios Mendoza; Lourdes e Ivana María González Barrios; Oscar David Barboza Barrios; Rosalba del Rosario Guerra Cárdenas; Ángel Luis y Kellys Johana González Guerra; Judith del Socorro Barrios Mendoza , Irene Atencio Barrios; Irene María Mendis Mendoza; Manuel Francisco Benítez Álvarez; Pedro Manuel, Luis Miguel, Manuel Francisco y Milagro del Carmen Benítez González y Maricela del Carmen González Guerra, por cuanto también integraron la parte demandante en el proceso ordinario y respecto de ellos actuó como su apoderado judicial en esas diligencias. Sin embargo, en razón a su condición de desplazados, no fue posible su localización, pues se encuentran dispersos en diferentes lugares del país.

32. Por consiguiente, no resulta dable que se le exija al mencionado profesional del

embargo, en razón a su condición de desplazados, no fue posible su localización, pues se encuentran dispersos en diferentes lugares del país.

32. Por consiguiente, no resulta dable que se le exija al mencionado profesional del derecho ratificación proveniente de las personas de las que aduce agenciar sus derechos, dado qu e no constituye un requisito normativo para su procedencia, puesto que ello resulta un mecanismo excepcional cuando no se encuentre acreditada la imposibilidad del agenciado para instaurar en su nombre la solicitud de amparo, lo cual considera la Sala no se presenta en este caso, en atención a su calidad de desplazados, circunstancia que dificulta, como lo afirmó el profesional del derecho, su localización.

(ii) Legitimación en la causa por pasiva

33. La Sala negará la petición de desvinculación del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad integró la parte demandada en el proceso de reparación directa en el que se dictó la decisión judicial acusada, era indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

34. La Sala considera que la acción de tutela resulta procedente, al colmar los presupuestos generales para tal efecto, por lo que se analizarán las referidas

12 “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condi ciones de promover su defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

Accionante: María del Carmen Álvarez Posada y otros

promover su defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”Radicación: 11001-03-15-000-2025-06982-00

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causales específicas de procedibilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que (i) los planteamientos de la solicitud de amparo tienen relevancia constitucional, en tanto suscitan un debate que pone bajo estudio la ponderación realizada por la autoridad judicial respecto a los derechos fundamentales invocados por los sujetos en disputa, que involucran una pr esunta responsabilidad estatal por el hecho victimizante de desplazamiento forzado; (ii) no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos; (iii) se cumple el requisito de inmediatez (la sentencia se notificó el 19 de mayo de 2025 y la tutela se presentó el 6 de noviembre siguiente); (iv) los accionantes identifican de manera razonable, tanto los hechos que generaron la alegada vulneración como los derechos cuya protección se persigue ; y (v) no se controvierte una sentencia de tu tela o una providencia excluida de este control constitucional.

35. Los tutelantes aducen que se configura defecto fáctico, porque no se valoraron en debida forma los testimonios recaudados de los señores Jorge Luis Martínez Urrutia, Félix Rafael Villarreal Ramos y Roque del Cristo Imbett Buelvas, que daban cuenta de la grave situación de orden público que padecía el municipio de