CE - Sentencia 11001031500020250698800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas

Tema: Tutela por presunta mora judicial

Decisión: Negar el amparo por no demostrarse la mora judicial alegada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela presentada por el señor Richard Gómez Vargas quien actúa en nombre propio en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ocurrida con ocasión de una supuesta mora judicial, al interior de una acción popular con radicado 17001-3339-008-2023-00203-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Richard Gómez Vargas interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 1 contra el Departamento de Caldas, el

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Richard Gómez Vargas interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos 1 contra el Departamento de Caldas, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas y la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P, con el propósito de que i) se declarara el detrimento patrimonial del Departamento de Caldas y la vulneración de la moralidad administrativa; ii) se ordenara la suspensión provisional del Proyecto Hidroeléctrico Miel II y la creación de un comité multidisciplinario de expertos para verificar su viabilidad; iii) se adelantaran los estudios necesarios para la ejecución del proyecto; y iv) se condenara al pago de perjuicios y de las costas procesales.

3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, mediante auto del 25 de abril de 2022 admitió la demanda y dispuso notificar a los demandados.

Luego, a través del auto del 5 de octubre de 2023 decretó pruebas dentro del trámite de la demanda.

4. El 11 de octubre de 2023, la parte actora interpuso recurso de reposición y, en

1 Radicado: 17001-33-39-008-2023-00203-00/01.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

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2

Accionante: Richard Gómez Vargas

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2 subsidio, de apelación contra la decisión judicial anterior. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2023, ante la ausencia de pronunciamiento respecto de dichos recursos, presentó escrito solicitando la nulidad bajo la causal prevista en el artículo 133 del Código General del Proceso.

5. Sin embargo, el Juzgado, por medio de la providencia del 12 de diciembre de 2023 negó la petición elevada por el actor y, a través del auto del 1° de enero de 2024 resolvió no reponer la providencia del 5 de octubre de 2023 y concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación.

6. Luego, el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia del 19 de septiembre de 2024 confirmó la decisión del 12 de diciembre de 2023.

7. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, mediante sentencia del 12 de junio de 2025 declaró probada la excepción de ausencia de pruebas que permitan evidencias la vulneración de los derechos e intereses colectivos propuesta por INFICALDA S y la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P, y negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión se notificó el 17 de junio de 2025.

8. El 19 de junio de 2025 el señor Gómez Vargas presentó solicitud de adición al considerar que la decisión judicial anterior incurrió en omisiones sobre aspectos

el 17 de junio de 2025.

8. El 19 de junio de 2025 el señor Gómez Vargas presentó solicitud de adición al considerar que la decisión judicial anterior incurrió en omisiones sobre aspectos de la litis. No obstante, el Juzgado, mediante providencia del 11 de septiembre de 2025 negó la petición, argumentando que realizó un análisis minucioso de cada una de las pruebas decretadas y practicadas. Esta decisión fue notificada el 12 de septiembre de la anualidad.

9. Por último , el ahora accionante afirmó que interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025, sin que a la fecha se tramitara.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada transgredió el derecho al debido proceso, pues han transcurrido aproximadamente tres meses sin que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Solicito respetuosamente honorables magistrados se proteja el debido proceso art 28 CN». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 7 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas como accionados y a losAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas como accionados y a losAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

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3 vinculados a la acción popular referida como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Caldas afirmó que no cuenta con ninguna actuación pendiente, pues el accionante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, solicitó que se denieguen las pretensiones del escrito de referencia.

14. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales señaló que el recurso de apelación referido por el accionante no se radicó en debida forma, por lo que no se recepcionó. Por ende, solicitó la improcedencia de la acción de tutela.

15. El Ministerio de Ambiente solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no acreditarse la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidad y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de CaldasINFICALDAS: indicó que el señor Gómez Vargas no acreditó la interposición del recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, por lo que no se le vulneró derecho fundamental alguno. En consecuencia, solicitó que se denieguen

recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, por lo que no se le vulneró derecho fundamental alguno. En consecuencia, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.

17. Gestión Energética S.A. E.S.P. solicitó su desvinculación por carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

19. Si bien el Ministerio de Ambiente y la Gestión Energética S.A E.S.P. solicitaron su desvinculación de la acción de tutela de referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que dichas entidades fueron vinculadas al proceso cuestionado en calidad de terceros interesados. Por ende, se negará su petición.

3.3. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró el derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una presunta mora judicial dentroAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

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4 del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 17001-33-39-008-2023-00203-00/01.

3.3. Mora judicial injustificada

21. La Corte Constitucional ha señalado que la mora judicial puede transgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia cuando la dilación en el trámite no se origina en la complejidad del asunto ni en problemas estructurales de congestión o exceso de carga laboral, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de los deberes por parte de los funcionarios2.

22. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada

cuando:

23. (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;

24. (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y

25. (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

26. Adicionalmente, se ha explicado que la posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo es excepcional, ya que el ordenamiento jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas salvedades reconocidas por el legislador3.

el orden de fallo es excepcional, ya que el ordenamiento jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas salvedades reconocidas por el legislador3.

27. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos perjuicios se tornen irreparables.

28. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte Constitucional que, según las circunstancias del caso, es posible:

29. (i) negar la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos;

30. (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado;

o:

2 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 3 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

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5 31. (iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.

3.5.1. Análisis de la presunta mora judicial

32. La parte accionante considera que se presentó una mora judicial en el trámite del proceso , pues han transcurrido aproximadamente «tres años » sin que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025.

33. Según la información consignada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI, se observa que el medio de control de derechos e intereses

colectivos ha surtido el siguiente trámite:

34. El señor Richard Gómez Vargas interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra el Departamento de Caldas, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas y la Promotora Energética

del Centro S.A.S. E.S.P.

35. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales, mediante sentencia del 12 de junio de 2025 declaró probada la excepción de ausencia de pruebas que permitan evidencias la vulneración de los derechos e intereses colectivos propuesta por INFICALDA S y la Promotora Energética del Centro

sentencia del 12 de junio de 2025 declaró probada la excepción de ausencia de pruebas que permitan evidencias la vulneración de los derechos e intereses colectivos propuesta por INFICALDA S y la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P, y negó las pretensiones de la demanda.

36. Finalmente, el 19 de junio de 2025 el señor Gómez Vargas presentó solicitud de adición. Sin embargo, la autoridad judicial accionada, mediante providencia del 11 de septiembre de 2025 negó su petición.

37. Ahora, si bien el accionante afirmó que interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025, lo cierto es que no se demostró dicha circunstancia, así como tampoco se evidencia su radicación al revisar el aplicativo SAMAI.

38. En ese sentido, no se evidencia que las autoridades judiciales accionadas incurrieran en la mora judicial alegada, pues no existe ningún recurso o solicitud que imponga su resolución , por el contrario, se evidencia que surtieron las actuaciones correspondientes dentro del término razonable y sin omitir ningún trámite procesal.

39. En conclusión, esta Subsección anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas, toda vez que no se acreditó la interposición del recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 y, por ende, no existe fundamento para alegar una mora judicial en el caso concreto.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

una mora judicial en el caso concreto.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06988-00

Accionante: Richard Gómez Vargas

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40. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Ambiente y la Gestión Energética S.A E.S.P. de acuerdo con las consideraciones previamente desarrolladas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Richard Gómez Vargas, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento en que esta decisión judicial no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.