CE - Sentencia 11001031500020250699200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela

Parte actora: Juan Manuel Fonseca Rozo Parte accionada: Tribunal Administrativo del Meta Radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante contra el Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Juan Manuel Fonseca Rozo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Área Colombiana, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció el pago de sus cesantías definitivas y, a título de restablecimiento, se ordenara la reliquidación de estas bajo el régimen retroactivo.

1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante providencia de 26 de agosto de 202 4, resolvió negar las

estas bajo el régimen retroactivo.

1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante providencia de 26 de agosto de 202 4, resolvió negar las pretensiones de la demanda sin condena en costas en esa instancia.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante decisión de 2 de mayo de 2025, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenar en costas de segunda instancia al aquí accionante, esto último con fundamento en que “[…] se está despachando desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por el demandante y que en esta instancia intervino el apoderado de la Entidad demandada […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales “[…] producto de la imposición de condena en costas procesales en segunda instancia […]”.

Aseguró que el tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución porque fue penalizado con la imposición de condena en costas por el simple hecho de reclamar de buena fe ante la administración de justicia sus derechos laborales.

Sostuvo que en la providencia acusada se incurrió en: “[…] (i) falta de

por el simple hecho de reclamar de buena fe ante la administración de justicia sus derechos laborales.

Sostuvo que en la providencia acusada se incurrió en: “[…] (i) falta de motivación [que sustente la aplicación del artículo 188 del CPACA ] […]; (ii) ausencia de prueba o causación de las costas procesales en el proceso administrativo; (iii) afectación grave al Mínimo Vital de mi defendido, quien debe destinar recursos monetarios al pago de una sentencia judicial, que tenían la finalidad de cubri r sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar; y (iv) vulneración al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad Material y los principios constitucionales de No Reforma tio In Pejus y Buena Fe […]”.

Argumentó que con la imposición de la condena en costas en segunda instancia se transgredió el principio de no reformatio in pejus , por cuanto se agravó su “[…] situación jurídica como apelante único, penalizándolo porNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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ejercer los recursos de ley, resultando en una intempestiva condena en costas procesales en segunda instancia, respecto de la situación ventajosa reconocida por el juez de primera instancia, quien no encontró causadas ni comprobadas las costas dentro del proceso administrativo […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se TUTELE los derechos fundamentales al Debido

comprobadas las costas dentro del proceso administrativo […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se TUTELE los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad Material, Mínimo Vital, Dignidad Humana y los principios constitucionales de No reformatio in pejus y Buena Fe, los cuales están siendo vulnerados a mi defendido por la Sentencia de segunda instancia del 02 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que condenó al pago de costas procesales.

SEGUNDA: Que se REVOQUE la condena en costas procesales impuesta por medio de la Sentencia del 02 de mayo 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso con radicado N°.500013333005-2022-00443-01 (2° instancia), por medio del cual se confirmó la Sentencia de Primera Instancia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Juzgado 05 Administrativo del Circuito de Villavicencio, la cual condenó al pago de costas procesales.

TERCERA: Que se PROFIERA decisión sustitutiva absolviendo al señor Juan Manuel Fonseca Rozo del pago de las costas procesales, por no encontrarse acreditadas dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, dentro del radicado N°.5000133330052022-00443-00 (1° instancia) […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio , en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improceden te la presente acción constitucional toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el accionante “[…] pretende utilizar eseNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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mecanismo constitucional como una instancia adicional para cuestionar la interpretación de las normas que regulan la imposición de la CONDENA EN

COSTAS […]”.

Adicionalmente, sostuvo que “[…] la sentencia judicial que es cuestionada por el accionante está acorde con las normas y jurisprudencia que rigen el asunto de la CONDENA EN COSTAS, imposición que est á en cabeza del demandante, y, su fundamento en el artículo 188 del CPACA., en concordancia con el artículo 365 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO […]”.

2. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó declarar improceden te el mecanismo de amparo por cuanto la autoridad accionada no incurrió en la configuración de una causal de procedibilidad y mucho menos vulneró los

[…]”.

2. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó declarar improceden te el mecanismo de amparo por cuanto la autoridad accionada no incurrió en la configuración de una causal de procedibilidad y mucho menos vulneró los derechos fundamentales del actor.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo de Estado 3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.

de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras. 3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras. 4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incur rió la autoridad accionada no devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decis ión adoptada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decis ión adoptada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 50001-33-33-005-2022-00443-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en unaNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se evidencie que su caso tiene la “ […] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que las acciones de tutela promovidas contra providencia judicial por la condena en costas carecen de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de índole meramente legal y económico. En efecto, en sentencia de 22 de abril de 20226 se señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico, derivado de un debate estrictamente

costas impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal. Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”. [Se destaca]

Bajo los anteriores argumentos , la Sala declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 22 de abril de 2022, Exp. núm., 11001-03-15-000-2022-01777-00. Reiterada el 19 de junio de

2025, expediente 11001-03-15-000-2025-00332-01.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06992-00

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que est e fallo no sea impugnad o y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA

NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO

CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.