CE - Sentencia 11001031500020250699600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección PrimeraSubsección B Referencia: Acción de tutela

Accio de tutela por mora judicial. Requisitos de configuración

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Magda Marleny CÆrden as SuÆrez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido p roceso, de acceso a la administración de justicia, a la protección integral a la familia, a la igualdad y a la no discriminación por gØnero y a la tutela efectiva1, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B, con ocasión de la demora injustificada en proferir sentencia al interior del proceso de nulid ad y

Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B, con ocasión de la demora injustificada en proferir sentencia al interior del proceso de nulid ad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nœmero 25000-23-41-000-202402107-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. La seæora Magda Marleny CÆrdenas presentó demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

1 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 22EB628084CD 74A7 03712FB7FA393DA7 3480F6C56BE22406 A2CE353F43BC65C0.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

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2 “1. Que se declare nulidad del Acto Administrativo bajo Resolución con Radicado No. 20243400000168061 proferido por el Instituto de Bienestar Familiar el 22 de mayo de 2024 por la Defensora de Familia con funciones de Secretaría del ComitØ de Adopciones en el ICBF Regional BogotÆ, Rosa Elvira Castro Riveros, mediante el cual, se da por retira (sic) y se da por terminado el proceso de adopción iniciado desde Diciembre de 2021 por MAGDA MARLENY CARDENAS SUAREZ bajo el asunto “desistimiento tácito proceso de preparación evaluación para ser padres por la vía de adopción SIM No 1762914597.

Diciembre de 2021 por MAGDA MARLENY CARDENAS SUAREZ bajo el asunto “desistimiento tácito proceso de preparación evaluación para ser padres por la vía de adopción SIM No 1762914597.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revoque el acto administrativo y se continœe el trÆmite del proceso de adopción adelantado por Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez en la fase en la que se encontraba antes de proferido el acto administrativo mencionado en el punto anterior.

3. Se designe un equipo tØcnico e idóneo por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el acompaæamiento al proceso de adopción adelantado por

Magda Marleny Cárdenas Suárez.”

2.2. El asunto fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de BogotÆ, autoridad que, mediante auto del 19 de noviembre de 2024, declaró su falta de competencia, toda vez que (i) el proceso carecía de cuantía y (ii) el a cto administrativo demandado había sido proferido por una autoridad del orden nacional. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.3. El medio de control fue identificado con el radicado 25000-23-41-00 0-2024-0210700 y correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad judicial, mediante proveído del 24 de enero de 2025, inadmitió la demanda y ordenó a la accionante precisar los fundamentos

Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad judicial, mediante proveído del 24 de enero de 2025, inadmitió la demanda y ordenó a la accionante precisar los fundamentos de derecho y el concepto de violación, “teniendo en cuenta los cargos de n ulidad y la tØcnica jurídica para su formulación, en los tØrminos del ordinal 4.° del artículo 162 d el CPACA”. Para tal efecto, le concedió a la demandante un término de diez (10) días para subsanar los yerros, so pena de rechazo.

2.4. Allegada la subsanación en tØrmino, el despacho sustanciador, con auto del 28 de febrero de 2025, admitió la demanda y ordenó notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, entre otras cosas. La mencionada providencia se notificó el 8 de abril de 2025.

2.5. El ICBF contestó la demanda y propuso excepciones, por lo tanto, el 17 de junio de 2025, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinam arca corrió traslado a las partes y fijó en lista desde el 18 de junio de 2025 hasta el 24 de junio siguiente.

2.6. La parte actora indicó que la œltima actuación que registra SAMAI data del 25 de junio de 2025 y que, desde entonces, han transcurrido mÆs de cuatro m eses sin que hubiese emitido pronunciamiento alguno.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

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3. Pretensiones y argumentos de la tutela

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

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3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fun damentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la protección familiar, a la igualdad y a la tutela efectiva judicial. Como consecuencia de ello, pidió: (i) ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B que, dentro de los 10 días hÆbiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva d e fondo la solicitud de amparo, profiera sentencia de fondo al interior del proceso radicado 2 500023-41-000-2024-02107-00; (ii) disponer que la autoridad judicial accionada evalœe la procedencia de emitir sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 1 82 del CPACA; (iii) reconocer el impacto diferenciado por razón de gØnero y la familia y ordenar medidas correctivas para evitar dilaciones similares; y (iv) remitir copia de la sentencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para lo de su competencia.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial ha vulnerado sus garantías fundamentales, pues ha prolongado un estado de incertidumbre emocional y familiar, que afecta su estabilidad psíquica y el vínculo con el menor involucrado.

3.3. Sostuvo que la demora judicial configuraba una forma de violencia institucion al por omisión, contraria al deber reforzado de protección hacia las mujeres y familias, conforme

psíquica y el vínculo con el menor involucrado.

3.3. Sostuvo que la demora judicial configuraba una forma de violencia institucion al por omisión, contraria al deber reforzado de protección hacia las mujeres y familias, conforme a la seæalado por la Corte Constitucional en las sentencias T-878/14 y SU-080/20.

3.4. Adujo que conforme a las sentencias T-212/12, T-698/04, T-1 074/02, SU-961/99 emitidas por la Corte Constitucional, la mora judicial se encontraba configurada por:

“• Exceso temporal: más de cuatro meses sin actuación. • Ausencia de complejidad: asunto de puro derecho sin pruebas pendientes. • Inactividad del despacho: última actuación en junio de 2025. • Afectación diferenciada: repercute en la integridad emocional y familiar de la accionante”2.

3.5. Por otra parte, arguyó el artículo 42 de la Constitución “ordena proteger integralmente la familia como nœcleo esencial de la sociedad, y los artículos 13 y 43 imponen un deber de protección reforzada a la mujer. En armonía con la Ley 1257 de 2008, la CEDAW y la Recomendación General No. 33 del ComitØ CEDAW, los jueces deben aplicar un enfoque de gØnero y de familia en los casos donde las demoras judiciales agra ven las cargas emocionales y afectivas de las mujeres”3.

3.6. Finalmente, explicó que en el proceso objeto de amparo no ha bía pruebas por practicar y el asunto se trataba de pleno derecho, por lo que se ajusta ba a lo dispuesto en el artículo 182“ del CAPCA para dictar sentencia anticipada.

practicar y el asunto se trataba de pleno derecho, por lo que se ajusta ba a lo dispuesto en el artículo 182“ del CAPCA para dictar sentencia anticipada.

2 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 22EB628084CD 74A7 03712FB7FA393DA7 3480F6C56BE22406 A2CE353F43BC65C0. 3 Ibid.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 10 de noviembre de 20254, admitió la acción de tutela, vinculó como tercero con interØs al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF; requirió a la autoridad accionada para que aportara e l expediente objeto de amparo, ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B 5 remitió el expediente digital del proceso ordinario y se opuso a las pretensiones de amparo. Puso de presente que desde la fecha que ingreso el expediente al despacho (25 de junio de 2025) habían transcurrido algo mÆs de cuatro meses, para proveer sobre la siguiente etapa procesal, que corresponde a “ la solución de las excepciones previas propuestas por la autoridad demandada en su contestación de la demanda”6. Por lo tanto,

siguiente etapa procesal, que corresponde a “ la solución de las excepciones previas propuestas por la autoridad demandada en su contestación de la demanda”6. Por lo tanto, consideró que no se advertía la existencia de un lapso irrazonable que permitiera concluir la configuración de una mora judicial que haya generado la vulneración de las garantías invocadas por la accionante.

Resaltó que el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artícu lo 26 de la Ley 2430 de 2024, establece el sistema legal de turnos para la tramitación y decisión de los procesos judiciales. Sobre el particular, advirtió que la Corte Constitucional en sentencia C-483 de 2008 seæaló que las manifestaciones del derecho de acceso a la administración de justicia consistían en que los asuntos fueran resueltos sin demo ras injustificadas.

No obstante, aæadió que, no solo las decisiones de fondo deben espe rar su turno, sino tambiØn las providencias de trÆmite, con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los usuarios de la administración de justicia y la transparencia en la gestión judicial.

Aunado a lo anterior, indicó que la norma citada contempla excepcione s a la regla del turno cronológico, las cuales solo pueden aplicarse en los casos expresamente seæalados por el legislador, cuando existan circunstancias extraordinarias que justifiquen alterar dicho orden. Sin embargo, el ejercicio de esa facultad no corresponde a todos los jueces, sino œnicamente a determinados órganos judiciales de mayor jerarquía

De otra parte, manifestó que no se configuraba la vulneración alegada, dado que “todas

alterar dicho orden. Sin embargo, el ejercicio de esa facultad no corresponde a todos los jueces, sino œnicamente a determinados órganos judiciales de mayor jerarquía

De otra parte, manifestó que no se configuraba la vulneración alegada, dado que “todas las actuaciones se han adelantado conforme al sistema legal de turnos previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, lo que garantiza la observancia del principio de igualdad en la atención y decisión de los asuntos sometidos a conocimiento judicial”7

4 ˝ndice 000 04 del aplicativo SAMAI , certificado ECC21AC7F2B4EEF6 74EBFE3D08308EBA 8F79F401F2AD6505 858AA48B24CC1736. 5 ˝ndices 00008 del aplicativo SAMAI ,certificado F980ABA0B2DEEE0D AD2BC2C4099E1014 2B42308097A9929D 128C9762C8936EFC. 6 Ibid. 7 Ibid.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

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5 Adicionalmente, seæaló que la decisión de las excepciones previas, que se en cuentra pendiente de resolver, se harÆ con respeto de los turnos de los procesos que se encuentran tambiØn pendientes de dicho trÆmite, en la medida de las posibilidades reales de respuesta con que cuenta actualmente ese Despacho, en atención a las “condiciones existentes de personal y el volumen de trabajo”.

Lo anterior, dada la “especificidad y especialidad de los procesos que se tramitan en la Sección Primera de esta Corporación, los cuales, por mandatos expresos y perento rios

existentes de personal y el volumen de trabajo”.

Lo anterior, dada la “especificidad y especialidad de los procesos que se tramitan en la Sección Primera de esta Corporación, los cuales, por mandatos expresos y perento rios de la ley, tienen prelación de turnos para proferir la respectiva sentencia como lo son por ejemplo: a) las acciones de tutela cuyo tØrmino para emitir fallo es de 10 días (artículo 29 del Decreto 2591 de 1991), b) las insistencias las cuales deben ser decididas en un lapso de 10 días (artículo 26 de la Ley 1437 de 2011), c) las objeciones y observaciones que deben ser falladas en un lapso de 10 días (numeral 3 del artículo 121 del decreto Ley 133 de 1986), d) las acciones de cumplimiento cuya sentencia debe ser emitida e n 20 días (artículo 13 de la Ley 393 de 1997), e) los medios de control electoral los cuales d eben ser fallados en 20 días (inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2 011), f) las acciones populares cuya sentencia debe ser emitida en 20 días (artículo 34 de la Ley 472 de 1998) y, g) las acciones de grupo cuyo fallo debe ser proferi do en el tØrmino de 20 días (artículo 64 de la Ley 472 de 1998)”8.

4.2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF 9 a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de con formidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del De creto 2591

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de con formidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del De creto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez al ser la titular de los derechos que afirma fueron vu lnerados, dada su condición de demandante en el medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado nœmero 25000-23-41-000-2024-02107-00.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B dado que es la autoridad a quien se le atribuyó la vulneración de los derechos fundame ntales de la accionante, en relación con el trÆmite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que tiene a su cargo.

8 Ibid. 9 ˝ndices 00007 del aplicativo SAMAI, certificado 719806B D4581BB85 7E9A508D2B20340C 8C47E198D2F0D834 28B8179ED6A11021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la presunta mora

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la presunta mora judicial alegada en el trÆmite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es u n procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de un particular, en los casos que establece la ley10.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar d e tenerlos, se acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito estÆ de finido expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela, en los siguientes tØrminos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6” numeral 1” del Decreto 2591 de 199111.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, e l cumplimiento de este requisito se hace aœn mÆs exigente, en aras de evitar que el amparo

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, e l cumplimiento de este requisito se hace aœn mÆs exigente, en aras de evitar que el amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinario s que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que ad elanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los me canismos de defensa diseæados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atienda n un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial12.

10 Sentencia T867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejer cicio de su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en Øl contemplada, ademÆs de ostentar un carÆcter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pœblica, o de un parti cular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”. 11“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judici ales, salvo que aquØlla se utilice como mecanismo

contemplados en la ley”. 11“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judici ales, salvo que aquØlla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios serÆ apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”. 12 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

7 La Corte Constitucional 13 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.

4.2. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, segœn el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 , “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los tØrminos procesales serÆn perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtene r una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 14 y que cuando los jueces no cumplen los tØrminos establecidos en la ley para resolver los reque rimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar un a eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional tambiØn ha indicado que “no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen e n la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o q ue el plazo del proceso sea irrazonable”15. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funciona rios judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los tØrminos procesales, caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia16.

Adicional, la jurisprudencia constitucional17 ha identificado eventos en los que se genera

vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia16.

Adicional, la jurisprudencia constitucional17 ha identificado eventos en los que se genera mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se encuentra i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al tØrmino previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impide n adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los tØrminos.

13 Sentencia C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020. 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

8 En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una justificación debidamente acreditada que explique la mora18. Lo anterior implica que, aun cuando se superen los tØrminos procesales para que el juez adopte una dete rminación, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se

dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo vÆlido que justifique el retraso, conforme a l concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 19.

4.3. De la perspectiva de gØnero

De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-311 del 30 de julio de 201820, “la tipificación de la violencia como delito en contra de la familia deviene del imperativo establecido en el artículo 42 superior21, segœn el cual esta institución debe asumirse como el nœcleo fundamental y bÆsico de la sociedad 22, en esa medida, por tratarse de uno de los bienes sociales mÆs sensibles e importantes para asegurar una vida en comunidad realmente pacífica, su respeto no solo estÆ en cabeza del Estado, sino que hace parte de los deberes ciudadanos. Esa premisa impone considerar que cualquier daæo y/o desequilibrio que sufra la familia irradia al resto de la sociedad y, a la vez, su adecuado desarrollo redunda en beneficio del resto de la comunidad23 (…)”.

Si dicha violencia es ejercida específicamente en contra de las mujeres se ha en tendido que tiene una dimensión de gØnero que suele tomar bÆsicamente tre s formas 24: física, sexual y psicológica, que acostumbra a concretarse en Æmbitos de violencia intrafamiliar, sexual, trata de personas y situaciones de desplazamiento forzado, entre otras.

En cualquiera de sus manifestaciones, diversos mecanismos internacionales han

sexual y psicológica, que acostumbra a concretarse en Æmbitos de violencia intrafamiliar, sexual, trata de personas y situaciones de desplazamiento forzado, entre otras.

En cualquiera de sus manifestaciones, diversos mecanismos internacionales han reconocido que la violencia en contra de la mujer es “ reconocida como una violación a los derechos humanos y como una forma de discriminación ” (Comité CEDAW, Recomendación General n.º 19), en virtud de la cual se “ menoscaba gravemente los derechos de las mujeres e impide el goce efectivo de sus derechos” (Convención Belém do ParÆ).

18 SU-179 de 2021. 19 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, seæalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilacio nes injustificadas y de la prestación del servicio pœblico a la administración de justicia con la observancia di ligente de los tØrminos procesales, so pena de sancionar su incumplimie nto, ha determinado la construcción de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en œltimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo de los plazos o tØrminos previstos por el legislador pa ra adelantar una actuación es razonable o no, y para ell o ha acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicia l implica la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y l a inexistencia de un motivo vÆlido que lo justifique. Este anÆlisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complej idad del

una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y l a inexistencia de un motivo vÆlido que lo justifique. Este anÆlisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complej idad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la v aloración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.” 20 M.P. JosØ Fernando Reyes Cuartas. 21 Original de la cita: « La familia es el nœcleo fundamental de la sociedad. Se c onstituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una muje r de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrÆ determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (…)». 22 Artículos 5 y 42 de la Constitución Política. 23 Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994, reiterada en la C-271 de 2003 y en la C-022 de 2005. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de l 9 de octubre de 2014, rad. 20001-23-31-0002005-01640-01(40411), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06996-00

Accionante: Magda Marleny CÆrdenas SuÆrez

9 Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2015 estableció como premisas del tratamiento judicial de las conductas de violencia contra la mujer a) el derecho a un

9 Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2015 estableció como premisas del tratamiento judicial de las conductas de violencia contra la mujer a) el derecho a un recurso judicial efectivo y b) la garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del Estado de evitar su revictimización, así:

“(…) De esta manera, la primera garantía que tiene la persona que ha sido víctima de un delito es acudir a las autoridades para solicitar protección cuando su vida o su integridad se encuentren amenazadas para evitar que se vuelva a cometer en su contra un delito o que se presenten represalias por la denuncia, independientemente de las medidas penales que se adopten en el proceso, pues en muchas ocasiones Østas exigen aplicar procedimientos y requisitos que las pueden prolongar.25.

En esa misma línea, en la sentencia T-735 de 2017 la Corte Constitucional hizo referencia a los deberes de las autoridades pœblicas cuando conozcan denuncias sobre acto s de violencia en contra de mujeres que se desarrollan en el marco de las obli gaciones estatales relativas a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer, ratificadas en diferentes tratados internacionales y desarrollad as en la Ley 1257 de 2008, pronunciamiento en el que estableció que tales compromisos constituyen un parÆmetro de interpretación y aplicación en relación con todas las medidas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Por su parte, en la sentencia T-093 de 2019 la misma Corporación explicó que el deber judicial de aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de gØnero en todos aque llos

las mujeres.

Por su parte, en la sentencia T-093 de 2019 la mism