CE - Sentencia 11001031500020250700000 de 2025

Demandante:

Tulia Hoyos Leyton

Demandados:

Tribunal Administrativo del Valle y Otro

Radicado:

11001-03-15-000-2025-07000-00

CONSEJO

DE

ESTADO

SALA DE LO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

SECCIÓN

QUINTA

Magistrado

Ponente:

OMAR

JOAQUÍN

BARRETO

SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia:

ACCIÓN

DE

TUTELA

Radicación:

11001-03-15-000-2025-07000-00

Demandante:

TULIA HOYOS

LEYTON

Demandados:

TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO.

Temas:

Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA

DE

PRIMERA

INSTANCIA

OBJETO

DE LA DECISIÓN Procede la Sala a constitucional.

SENTENCIA

DE

PRIMERA

INSTANCIA

OBJETO

DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. I.

ANTECEDENTES

1.1. La demanda. La señora Tulia Hoyos Leyton, en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y reparación integral. Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 6 de junio de 2025, que modificó parcialmente el fallo del 2 de mayo de 2020, mediante la cual el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 76001-33-33-015-2013-00321-00/01, promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. 1.2. Pretensiones. En contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. 1.2. Pretensiones. En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

1 Calle 12 No. 7-65 –

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Tulia Hoyos Leyton

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11001-03-15-000-2025-07000-00

PRIMERO:

CONCEDER el amparo Constitucional de Tutela a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, a la igualdad y a la reparación integral y como consecuencia, ordenar al derecho sustancial, a la igualdad y a la reparación integral y como consecuencia, ordenar al Tribunal administrativo del Valle a la expedición de una nueva decisión de reemplazo, únicamente en lo que respecta a la cuantía de los perjuicios condenados en favor de la suscrita a efectos que sean incrementados de conformidad con la gravedad de las lesiones y secuelas presentadas, o en su defecto, se confirme el valor de los perjuicios que se enlistaron por el Juzgado quince administrativo de Cali. 1.3. Hechos. Del escrito de tutela y el expediente ordinario se extraen los siguientes hechos que, en criterio de la Sala, y el expediente ordinario se extraen los siguientes hechos que, en criterio de la Sala, resultan relevantes para adoptar la

decisión:

La señora Tulia Hoyos Leyton promovió medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad por las lesiones que, según afirmó, le fueron ocasionadas por agentes policiales el 4 de julio de 2011, cuando estos ingresaron a su vivienda y efectuaron disparos en el marco de un procedimiento que, de acuerdo con la demanda, careció de fundamento legal y proporcionalidad. En el curso de dichos de acuerdo con la demanda, careció de fundamento legal y proporcionalidad. En el curso de dichos acontecimientos, la accionante resultó herida por proyectil de arma de fuego en la zona abdominal, lo que generó múltiples intervenciones quirúrgicas, secuelas permanentes y afectaciones psicológicas graves, aspectos que fueron documentados en la historia clínica, en informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y en material fotográfico allegado al proceso. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali conoció en primera instancia del medio de control y, luego de surtido el trámite procesal correspondiente, profirió sentencia el 2 de mayo de 2020, mediante la surtido el trámite procesal correspondiente, profirió sentencia el 2 de mayo de 2020, mediante la cual declaró administrativamente responsable a la Nación, Policía Nacional por las lesiones sufridas por la actora y los demás demandantes. Para el caso de la señora Tulia Hoyos Leyton, el juzgado valoró la existencia de una incapacidad médico-legal definitiva, una deformidad física permanente y un daño psíquico profundo derivado de los hechos, y en consecuencia, le reconoció un perjuicio moral equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, negando, no obstante, el reconocimiento de perjuicios materiales. Contra esta decisión interpusieron recursos de negando, no obstante, el reconocimiento de perjuicios materiales. Contra esta decisión interpusieron recursos de apelación tanto la parte demandante como la entidad demandada, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Una vez surtido el traslado para alegar, el Tribunal profirió sentencia el 6 de junio de 2025, mediante la cual modificó parcialmente la decisión de primera instancia y redujo las condenas por perjuicios morales, fijando para la accionante un monto de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, negó el reconocimiento de perjuicios materiales aduciendo ausencia de prueba sobre la actividad productiva de negó el reconocimiento de perjuicios materiales aduciendo ausencia de prueba sobre la actividad productiva de la afectada. Aunque en la parte motiva del fallo el Tribunal reconoció que las lesiones sufridas por la señora Hoyos Leyton se enmarcaban en un rango de gravedad superior, finalmente tasó el perjuicio en el nivel más bajo de la tabla jurisprudencial. 2 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 La accionante manifestó que Administrativo del Valle y Otro

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11001-03-15-000-2025-07000-00 La accionante manifestó que desde ese momento se había configurado una vulneración a sus derechos fundamentales, por cuanto la decisión del Tribunal se apartó de manera injustificada del material probatorio que daba cuenta de la gravedad de sus lesiones, así como de los criterios jurisprudenciales aplicables para la determinación de la indemnización en casos de daño a la salud. Señaló que tal proceder constituyó un defecto fáctico y un defecto sustantivo, pues la autoridad judicial omitió valorar pruebas determinantes, desconoció el principio de reparación integral y redujo de manera omitió valorar pruebas determinantes, desconoció el principio de reparación integral y redujo de manera desproporcionada el monto de indemnización pese a reconocer la magnitud del daño. Explicó igualmente que no contaba con otro mecanismo de defensa judicial y que la acción de tutela había sido interpuesta dentro del término razonable, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 11 de junio de 2025. 1.4. Sustento de la petición. A juicio de la accionante, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de reparación directa que promovió, vulneró sus derechos del Cauca dentro del medio de control de reparación directa que promovió, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia, al haber reducido de manera injustificada la indemnización reconocida en primera instancia y omitido valorar integralmente las pruebas que daban cuenta de la gravedad de las lesiones y secuelas derivadas de los hechos ocurridos el 4 de julio de 2011. En primer lugar, la actora afirmó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, al omitir la valoración integral y coherente del material probatorio que obraba en el proceso ordinario. Sostuvo que, valoración integral y coherente del material probatorio que obraba en el proceso ordinario. Sostuvo que, pese a que el expediente contenía informes periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal, historia clínica extensa, registros fotográficos y documentos que daban cuenta de múltiples intervenciones quirúrgicas, secuelas permanentes y afectaciones psicológicas profundas, la autoridad judicial accionada no otorgó a dichas pruebas el alcance demostrativo que correspondía. En efecto, aun cuando el propio Tribunal reconoció expresamente que las lesiones de la señora Hoyos Leyton se ubicaban en un nivel de gravedad que, conforme a la jurisprudencia de unificación, debía traducirse en una en un nivel de gravedad que, conforme a la jurisprudencia de unificación, debía traducirse en una indemnización superior, procedió finalmente a tasar el perjuicio moral en el rango más bajo de la tabla, sin ofrecer una justificación suficiente, objetiva y razonable que explicara tal conclusión. Esta discordancia entre la valoración probatoria y la decisión adoptada permitió, según la actora, evidenciar un apartamiento injustificado del contenido fáctico acreditado en el proceso, lo que habría derivado en una reparación irrisoria e incompatible con la magnitud del daño sufrido. En segundo lugar, la actora afirmó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, al En segundo lugar, la actora afirmó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, al desconocer los criterios jurisprudenciales fijados en la Sentencia de Unificación sobre la tasación del daño moral por lesiones personales. En la medida en que dicha jurisprudencia prevé un sistema gradual basado en el nivel de afectación del derecho a la salud y en la intensidad de la lesión, la accionante argumentó que la providencia atacada desconoció ese parámetro objetivo al ubicar su caso, pese a reconocer que presentaba secuelas físicas permanentes, afectaciones funcionales y daño psicológico profundo, en el rango más bajo de 3 funcionales y daño psicológico profundo, en el rango más bajo de 3 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 indemnización. Tal proceder, en su criterio, constituyó una desviación irrazonable del precedente, sin argumentación suficiente que justificara un tratamiento distinto o excepcional. Finalmente, la accionante alegó que la ausencia de un examen completo de su historia clínica, del dictamen psicológico y del material fotográfico allegado, junto con la de su historia clínica, del dictamen psicológico y del material fotográfico allegado, junto con la omisión de considerar la presunción jurisprudencial de ingresos mínimos para efectos de los perjuicios materiales, comportó una vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia, al reducirse de manera desproporcionada el alcance indemnizatorio sin una justificación suficiente y razonada. 1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones. Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandado al Tribunal Administrativo y se ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali. Además, se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional y a los señores Juan Carlos Ortiz Hoyos, Andrés Felipe Hoyos Leyton, Flor María Hoyos Leyton, Adelina Hoyos Leyton, Maycon Yenson Hoyos Leyton, Yasmi Hoyos Leyton, Bolívar Hoyos Leyton, Leonzo Hoyos Aguilar, María Roded Leyton, Elcy Yaneth Echavarría Taborda, Jhan Carlos Hoyos Echavarría, Jhon Alexander Hoyos Echavarría, Emiglio Hoyos Echavarría Taborda, Jhan Carlos Hoyos Echavarría, Jhon Alexander Hoyos Echavarría, Emiglio Hoyos Aguilar, Franklin Figueroa Díaz, Clotilde Díaz de Figueroa, Geraldine Figueroa Naranjo, José Ferney Vergara Ortiz, María Graciela Ortiz Ciro, Rafael Vergara Marín, Michael Vergara Vásquez, María Adiela Ortiz, Johana Andrea Vergara Pizarro, Andrés Felipe Vergara Vásquez, Ricardo Alfonso Silva Benavides y Kevin Daniel Silva Hoyos (demás demandantes en el proceso ordinario) en calidad de terceros interesados en las resultas del presente asunto. Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Ministerio de Defensa las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de la Jefe del Área Jurídica de la Secretaría General, mayor Sandra Jimena Aricapa Barragán, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela. Expuso que no se configura vulneración alguna de los derechos fundamentales de la señora Tulia Hoyos Leyton, pues el Tribunal Administrativo del Cauca, Despacho 011, modificó razonadamente la liquidación de perjuicios siguiendo los criterios fijados por la jurisprudencia de unificación para la determinación del daño moral y la parte fijados por la jurisprudencia de unificación para la determinación del daño moral y la parte actora no acreditó los elementos necesarios para el reconocimiento del lucro cesante ni la existencia de lesiones que permitieran ubicarla en un rango de mayor gravedad. Asimismo, señaló que la acción de tutela resulta improcedente por ausencia de un perjuicio irremediable, dado que la accionante no demostró una afectación 4 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 actual, cierta e inminente que exigiera la intervención inmediata del juez constitucional. Recordó que la tutela no puede emplearse como instancia adicional para replantear discusiones ya definidas por la jurisdicción contenciosa, ni como vía para reabrir la valoración probatoria o las decisiones adoptadas conforme a los medios ordinarios de defensa judicial. En consecuencia, pidió rechazar el amparo solicitado. 1.5.2. Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali Por medio de su secretario, Carlos Wladimir Caro Díaz, remitió la información solicitada mediante auto Por medio de su secretario, Carlos Wladimir Caro Díaz, remitió la información solicitada mediante auto del 12 de noviembre de 2025. En cumplimiento de dicho requerimiento, puso a disposición de esta Corporación el expediente correspondiente al proceso ordinario radicado 76001-33-33-015-2013-00321-00, promovido por la actual accionante contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para los fines pertinentes dentro del trámite constitucional. 1.5.3 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Despacho No. 011 Por medio del memorial remitido el 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de su magistrado titular del Despacho el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de su magistrado titular del Despacho 011, Andrés González Arango, dio respuesta a la acción de tutela en cumplimiento de lo ordenado en auto del 12 de noviembre de 2025. Señaló que dicha autoridad profirió la sentencia de segunda instancia n.º 135 del 6 de junio de 2025 dentro del proceso radicado 76001-33-33-015-2013-00321-01, en la cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, se modificaron los montos indemnizatorios reconocidos y se confirmó en lo restante la decisión de primera instancia. Explicó que la providencia cuestionada fue adoptada tras el lo restante la decisión de primera instancia. Explicó que la providencia cuestionada fue adoptada tras el estudio de los argumentos de los apelantes, la valoración del acervo probatorio y la aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de tasación de perjuicios, por lo que, a su juicio, se encuentra ajustada a derecho y no vulnera las garantías fundamentales de la accionante. Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, pues la parte actora pretende emplearla como una tercera instancia para replantear interpretaciones y aspectos jurídico-fácticos ya debatidos y decididos en el proceso ordinario. Indicó que, si la accionante jurídico-fácticos ya debatidos y decididos en el proceso ordinario. Indicó que, si la accionante considera que en el proceso ordinario existió alguna irregularidad procesal, probatoria o jurídica, cuenta con los recursos extraordinarios previstos en la ley, los cuales no ha agotado. Con base en lo anterior, afirmó que no se configuran las causales generales ni específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales e invitó a consultar el expediente mediante el enlace del sistema SAMAI. II.

CONSIDERACIONES

DE LA SALA 2.1. Competencia La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo

1. º del

Decreto 333 de 2021, así como 5 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Problema jurídico Corresponde de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si, tal como lo sostiene la parte actora, las providencias proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, particularmente la sentencia de segunda instancia del 6 de junio de 2025, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, al haber reducido de manera ostensible e injustificada la indemnización reconocida por concepto de perjuicios derivados de las graves lesiones ostensible e injustificada la indemnización reconocida por concepto de perjuicios derivados de las graves lesiones físicas, psicológicas y funcionales que sufrió como víctima directa de hechos atribuibles a agentes de la Policía Nacional. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos:

1. el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la acción de tutela contra providencia judicial. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en la corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación. Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados 6 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características. La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva). En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son:

1. que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que o negación del amparo se

requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 2.4. Relevancia constitucional En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado cabe señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada». Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las 7 Calle 12 No. 7-65 –

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(57) de tutela, las 7 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

[…] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

[…] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. En esa medida, la acción de tutela contra vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. 2.5. Caso concreto En el asunto que ocupa a la Sala, la parte actora controvierte la providencia del 6 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se modificó la sentencia emitida en primera instancia dentro del Valle del Cauca, mediante la cual se modificó la sentencia emitida en primera instancia dentro del medio de control de reparación directa promovido por la señora Tulia Hoyos Leyton, reduciendo de manera significativa el monto reconocido por concepto de perjuicios morales y negando la indemnización por perjuicios materiales derivados de las lesiones que, según afirmó, le fueron ocasionadas por agentes de la Policía Nacional el 4 de julio de 2011. Para el efecto, la accionante alegó que la providencia cuestionada incurrió en defectos sustantivo y fáctico, por cuanto, en su criterio, el Tribunal omitió valorar integralmente el acervo probatorio y fáctico, por cuanto, en su criterio, el Tribunal omitió valorar integralmente el acervo probatorio que daba cuenta de la gravedad de las lesiones físicas, psicológicas y funcionales acreditadas en el proceso, y desconoció los parámetros jurisprudenciales fijados para la tasación del daño moral en casos de afectación a la salud. Sostuvo, además, que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, especialmente bajo un enfoque de protección reforzada por tratarse de una mujer víctima de violencia institucional. En criterio de esta Sala, lo por tratarse de una mujer víctima de violencia institucional. En criterio de esta Sala, lo que plantea la parte accionante es su desacuerdo con la forma en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ponderó las pruebas que obraban en el expediente y aplicó la jurisprudencia de unificación en materia de reparación del daño. Sin embargo, tales cuestionamientos, por sí solos, no permiten predicar automáticamente la configuración de un defecto fáctico o por desconocimiento del precedente, pues reflejan la intención de reabrir un debate propio del juez natural del proceso, a menos que del análisis 8 Calle del juez natural del proceso, a menos que del análisis 8 Calle 12 No. 7-65 –

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11001-03-15-000-2025-07000-00 constitucional se evidencie que la autoridad judicial accionada se apartó de manera ostensible, arbitraria o irrazonable del material probatorio o del precedente aplicable al caso concreto. Se advierte, además, que los reproches formulados en sede de tutela corresponden en esencia a los mismos fundamentos que la actora expuso en el recurso de tutela corresponden en esencia a los mismos fundamentos que la actora expuso en el recurso de apelación contra la decisión d