CE - Sentencia 11001031500020250700400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema: requisito de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Emi Johana Restrepo Bedoya en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad .

1. Síntesis del caso

La ciudadana Emi Johana Restrepo Bedoya, en amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo digno, igualdad y acceso a la administración de justicia, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió con el propósito de que se declar e la existencia de una relación laboral encubierta entre ella y la Empresa Social del Estado Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez .

2. Antecedentes

2.1. La acción de tutela

2.1.1. Pretensiones

1. El 7 de noviembre de 2025 1, la señora Emi Johana Restrepo Bedoya , mediante

2. Antecedentes

2.1. La acción de tutela

2.1.1. Pretensiones

1. El 7 de noviembre de 2025 1, la señora Emi Johana Restrepo Bedoya , mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela2, solicitó lo siguiente:

1 Samái, índice 1, expediente digital. 2 Samái, índice 2, expediente digital, documento «3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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(a) Que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo digno y acceso a la administración de justicia, a su juicio vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad , por haber dictado el fallo del 28 de noviembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-017-2017-00141-00/01.

(b) En consecuencia, que se deje sin efectos la anterior decisión y se le ordene a la anterior autoridad judicial proferir un fallo de reemplazo en el que valore la totalidad de las pruebas practicadas al interior del mencionado proceso ordinario y apli que el precedente de la Corte Constitucional frente a asuntos similares.

2.1.2. Hechos

2. Para tal efecto, en síntesis, expuso los siguientes hechos:

(a) Relató que se desempeñó como auxiliar de enfermería en las instalaciones

2.1.2. Hechos

2. Para tal efecto, en síntesis, expuso los siguientes hechos:

(a) Relató que se desempeñó como auxiliar de enfermería en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, del 11 de julio de 2007 al 30 de junio de 2014 , con ocasión de los contratos de prestación de servicios que suscribió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopfenix, la Corporación para la Salud Fénix Corfenix y el Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud Darser.

(b) Presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el señalado Hospital con el fin de que se declarara que durante el periodo antes señalado existió una relación laboral encubierta, en la que la institución de salud fue su verdadero empleador , a pesar de que la vinculación se formalizó a través de contratos que suscribió con intermediarios. En consecuencia, reclamó el pago de los salarios y prestaciones que le correspondían como parte de la planta de personal de la Empresa Social del Estado.

(c) Destacó que en primera instancia el Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 8 de junio de 2018, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al considerar que se acreditaron los tres elementos configurativos de la relación laboral entre ella y el señalado Hospital, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación

(d) Subrayó que la anterior decisión, en segunda instancia, fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia del 28 de noviembre

es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación

(d) Subrayó que la anterior decisión, en segunda instancia, fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia del 28 de noviembre de 2024, bajo el argumento que no se acreditaron los elementos constitutivos de la relación laboral, especialmente la subordinación.

(e) Narró que contra el anterior fallo presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en el que insistió que entre ella y la institución de salud sí existió una relación laboral encubierta, pero que dicho medio de impugnación fue rechazado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante providencia notificada el 6 de mayo de 2025, quien consideró que con aquelRadicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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simplemente se pretendería manifestar la inconformidad con la valoración probatoria que se efectuó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.1.3. Concepto de violación

3. La parte accionante afirmó que la sentencia del 28 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos invocados, por haber incurri do en las causales de procedibilidad de la acción de tutela de defecto fáctico y desconocimiento del precedente .

4. El primero, porque no se realizó una adecuada valoración de las pruebas aportadas al proceso que ilustraban la s condiciones de dependencia en las que

y desconocimiento del precedente .

4. El primero, porque no se realizó una adecuada valoración de las pruebas aportadas al proceso que ilustraban la s condiciones de dependencia en las que prestó el servicio de auxiliar de enfermería para el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, tales como las obligaciones que le fueron impuestas en los contratos que suscribió, la ininterrumpida renovación de estos, la naturaleza de la labor que desempeñó y las condiciones de tiempo, modo y lugar en la s que desarrolló esta tarea, de las cuales se infiere claros indicios de la subordinación a la que estuvo sometida.

5. En cuanto al des conocimiento del precedente , alegó que se desatendió el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a casos similares, según el cual, en su criterio, frente a los auxiliares de enfermería exist e una presunción de subordinación de la labor que ejercen 3; los pronunciamientos que destaca n que los contratos de prestación de servicios deben celebrarse por el término estrictamente indispensable, lo que está en consonancia con su carácter tempo ral u ocasional , y los que han precisado que no existe solución de continuidad cuando entre uno y otro contrato no transcurrieron más de 30 días hábiles4.

6. Frente a los requisitos generales de procedibilidad de la acción constitucional contra decisiones judiciales afirmó que también se cumplen, en tanto el presente asunto tiene relevancia constitucional porque están en discusión g arantías fundamentales derivadas de una verdadera relación laboral de personas que se encuentran en situaciones similares de hecho y derecho; agotó todos los mecanismo s ordinarios de defensa como

relevancia constitucional porque están en discusión g arantías fundamentales derivadas de una verdadera relación laboral de personas que se encuentran en situaciones similares de hecho y derecho; agotó todos los mecanismo s ordinarios de defensa como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; la demanda se presentó dentro de los 6 meses siguientes a que se notificara el auto que rechazó el anterior medio de impugnación y el que dispuso dar cumplimiento a este; se hizo una identificación razonable de las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican el amparo solicitado, y no se trata de la interposición de la acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.

3 Citó las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: (a) del 1 de septiembre de 2022, exp. 05001-23-33-000-2017-02520-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. (b) Del 29 de junio de 2023, exp. 05001-23-33000-2017-02041-01, M.P. César Palomino Cortés. (c) Del 15 de febrero de 2024, exp. 05001 -23-33-000-2016-0145401, M.P. César Palomino Cortés. (d) Del 31 de octubre de 2024, exp. 05001-23-33-0002016-01955-01, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. 4 Hizo alusión a un fallo de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, sin precisar el radicado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

4 Hizo alusión a un fallo de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, sin precisar el radicado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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2.2. Trámite procesal

7. El despacho ponente, mediante auto del 12 de noviembre de 2025 5, admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia ; vinculó al Juzgado 17

Administrativo de Medellín y a la ESE Hospital General de Medellín como terceros con interés; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; solicitó que se aportara copia digital del expediente en la que se dictó la providencia acusada, y ordenó las notificaciones de rigor.

2.3. Intervenciones

8. El Tribunal accionado solicitó que se niegue el amparo solicitado, para lo cual, en

síntesis, expuso lo siguiente6:

(…) esta Sala de Decisión no incurrió en vulneración alguna de sus derechos fundamentales, pues la providencia cuestionada fue adoptada con estricto apego al ordenamiento jurídico, aplicando de manera rigurosa las normas pertinentes, así como los lineamientos jurisprudenciales que resultan aplicables al caso concreto teniendo en cuenta que no se probaron los tres elementos para que se configure la relación laboral pretendida. Igualmente, se realizó una valoración integral y razonada de las pruebas obrantes en el expediente, conforme a los principios de la sana crítica, sin que pueda predicarse omisión

que no se probaron los tres elementos para que se configure la relación laboral pretendida. Igualmente, se realizó una valoración integral y razonada de las pruebas obrantes en el expediente, conforme a los principios de la sana crítica, sin que pueda predicarse omisión o desconocimiento de los elementos de prueba aportados. En consecuencia, no es posible afirmar la existencia de un defecto fáctico o sustantivo, ni de una actuación arbitraria que justifique la intervención del juez constitucional mediante tutela contra providencia judicial.

9. El Juzgado 17 Administrativo de Medellín sostuvo que las providencias proferidas al interior del proceso ordinario «tuvieron un fundamento normativo y jurisprudencial propio de la resolución de este tipo de controversias en la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo. En consecuencia, no resulta procedente su cuestionamiento mediante la acción de tutela (…) toda vez que no se acredita ninguna de las causales generales que habilitan su procedencia»7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

10. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 3 7 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

11. La legitimación en la causa por activa de la señora Emi Johana Restrepo Bedoya se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad

5 Samái, índice 4, expediente digital, documento «9Autoqueadmite_20250700400Admite(.pdf) NroActua 4». 6 Samái, índice 9, expediente digital.

5 Samái, índice 4, expediente digital, documento «9Autoqueadmite_20250700400Admite(.pdf) NroActua 4». 6 Samái, índice 9, expediente digital. 7 Samái, índice 8, expediente digital.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

12. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque fue la autoridad que profir ió la providencia contra la que se dirige la acción constitucional.

3.3. Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia es procedente para dejar sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la accionante contra la Empresa Social del Estado Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.

14. Para tal efecto, debe establecer se si la acción constitucional supera los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia s y, en caso afirmativo, si incurrió en defecto fáctico y /o desconocimiento del precedente por las razones expuestas en la demanda.

15. Entre los requisitos generales de procedibilidad llama la atención el de la inmediatez, debido al tiempo que transcurrió entre la firmeza de la providencia cuestionada y el

razones expuestas en la demanda.

15. Entre los requisitos generales de procedibilidad llama la atención el de la inmediatez, debido al tiempo que transcurrió entre la firmeza de la providencia cuestionada y el ejercicio de la acción constitucional. Por tal motivo, se estima que el primer problema

jurídico a resolver es el siguiente:

¿La peticionaria al presentar la demanda de la referencia el 7 de noviembre de 2025, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, ejerció en un término razonable la acción de tutela ?

16. Para abordar la anterior cuestión , la Sala se realizarán algunas consideraciones sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, haciendo énfasis en el requisito de la inmediatez.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

18. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe

acreditar los siguientes:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ).

acreditar los siguientes:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ). 9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

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(a) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; (b) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial [subsidiariedad]; (c) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado [inmediatez]; (d) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; (e) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, (f) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

19. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

20. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autorid ad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de inmediatez

21. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado . De lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

22. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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23. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado11 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.

24. En el caso bajo estudio, la señora Emi Johana Restrepo Bedoya pretende que se deje sin efecto s la sentencia del 28 de noviembre de 20 24 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-017-201700141-01/01.

25. Al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial Samái12, se observa que para notificar la anterior providencia a la señora Restrepo Bedoya y demás

25. Al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial Samái12, se observa que para notificar la anterior providencia a la señora Restrepo Bedoya y demás sujetos procesales se envió el correo electrónico respectiv o el 29 de noviembre de 202413, por lo que de conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 quedó notificada a los 2 días hábiles siguientes, es decir, el 3 de diciembre de 2024, de manera tal que el término de ejecutoria de 3 días (art. 302 del CGP) venció el 6 de diciembre del mismo año.

26. Teniendo en cuenta que la demanda de la referencia se presentó el 7 de noviembre de 202514, se evidencia que transcurrieron casi 11 meses para que se ejerciera la acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que se pretende dejar sin efectos, lo que impide considerar tener por cumplido el requisito general de procedibilidad de la inmediatez.

27. No pasa por alto la Sala que contra la providencia del 28 de noviembre de 2024 la peticionaria interpuso el recurso extraordinario unificación de jurisprudencia , que fue rechazado por improcedente mediante auto de ponente del 23 de abril 2025 de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado 15, para cuya notificación se envió el correo electrónico respectivo el 6 de mayo de la misma anualidad 16. Empero, esta circunstancia no justifica el ejercicio tardío de la acción de tutela, teniendo en cuenta que:

(a) La sentencia de segunda instancia del 28 de noviembre de 2024 fue la que de manera definitiva e inmediata resolvió la controversia que planteó la peticionaria al

(a) La sentencia de segunda instancia del 28 de noviembre de 2024 fue la que de manera definitiva e inmediata resolvió la controversia que planteó la peticionaria al presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el cual constituye la decisión que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, no así la que rechazó por improcedente el recurso extraordinario de unificación de

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ). 12 En la sesión correspondiente al Tribunal Administrativo de Antioquia. 13 Samái, Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente digital, 05001-33-33-017-2017-00141-01, índice 21, documento «Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf) NroActua 21». 14 Samái, índice 1, expediente digital. 15 Samái, Consejo de Estado, índice 6, expediente digital 05001-33-33-017-2017-00141-01. 16 Samái, Consejo de Estado, índice 9, expediente digital 05001-33-33-017-2017-00141-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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jurisprudencia.

(b) En consonancia con lo anterior, la peticionaria no dirigió motivo de inconformidad alguno contra el rechazo por improcedente del referido medio de impugnación extraordinario, sino únicamente contra la sentencia del Tribunal Administrativo de

(b) En consonancia con lo anterior, la peticionaria no dirigió motivo de inconformidad alguno contra el rechazo por improcedente del referido medio de impugnación extraordinario, sino únicamente contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que es a partir de la ejecutoria de esta que debe valorarse el ejercicio oportuno de la acción constitucional , como la circunstancia definitiva que la accionante afirma vulneró sus derechos fundamentales.

(c) La interposición de un recurso improcedente , como el extraordinario de unificación de jurisprudencia en el caso de autos, no puede prolongar el término que la jurisprudencia constitucional ha estimado razonable para controvertir decisiones judiciales, so pena de que estas, a pesar de su firmeza, permanezcan en un estado de incertidumbre en detrimento de la confianza legítima , la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes.

28. Las anteriores consideraciones están en consonancia con el criterio de esta Subsección frente a casos similares, en lo s que se pretendió justificar el ejercicio tardío de la acción tutela contra providencias judiciales que finalizaron los procesos ordinarios correspondientes, bajo el argumento que contra esta s se presentó el recurso extraordinario de unificación jurisprudencia, que fue rechazado por improcedente. Frente a eventos como el descrito, por ejemplo, esta Sala en providencia del 3 de marzo de

202517 expuso las siguientes razones:

(…) la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración» 18, que el caso concreto

(…) la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración» 18, que el caso concreto claramente fue la sentencia del 18 de septiembre de 20 14 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 18001-33-31-001-2008-00254-001. Respecto a este punto, cabe recordar que el Consejo de Estado ha sostenido en los casos de acciones de tutela contra providencias judiciales que el plazo razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso […]»19 [Negrilla fuera del texto original].

46. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo razonable para su interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

17 Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

17 Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-0002024-05371-01, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. 18 Corte Constitucional SU-055 de 2018. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. 1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)

Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

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47. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda derivar de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas una vulneración actual o permanente de sus derechos fundamentales , pues s e trata de actuaciones que resolvieron la situación jurídica por el tutelante al interior del proceso con efecto inmediato y no de forma continuada en el tiempo.

(…)

49. Por otra parte, es necesario precisar que el requisito de la inmediatez en la tutela, se debe examinar en relación con el hecho o decisión judicial a la cual se le atribuye la violación del derecho fundamental invocado , por ello, no es posible establecer la oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la providencia que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.

oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la providencia que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.

50. Conviene recordar que , según los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela e impugnación, la parte actora cuestionó las sentencias del 29 de septiembre de 2011 y del 18 de septiembre de 2014, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por lo que el término de la inmediatez debía analizarse a partir de la notificación de esta última, dado que fue la decisión que resolvió de forma definitiva el proceso ordinario promovido por el accionante.

51. En concreto, determinar la oportunidad para acudir a la tutela a partir de la providencia del 4 de marzo de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia por no cumplir con los requisitos mínimos de procedencia , implicaría revivir términos en contravía de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

52. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha precisado que la «interposición de un recurso abiertamente improcedente no puede prolongar el término que esta corporación ha estimado co mo razonable para reclamar la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de justicia»20.

29. En ese orden de ideas, no se evidencia algún hecho concreto que le haya impedido a la demandante ejercer oportunamente la acción de tutela, o que haga desproporcionada

presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de justicia»20.

29. En ese orden de ideas, no se evidencia algún hecho concreto que le haya impedido a la demandante ejercer oportunamente la acción de tutela, o que haga desproporcionada la exigencia del agotamiento de l referido requisito de proced encia. Por lo tanto , no se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo.

3.4.1.2 Conclusión

30. Por las razones expuestas, la peticionaria al presentar la demanda de la referencia el 7 de noviembre de 2025, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2