CE - Sentencia 11001031500020250701200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: JAIME ROBERTO SILVERA TORRES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, porque se pretende provocar un nuevo análisis del caso sometido a consideración de los jueces ordinarios, a manera de una tercera instancia.

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por el señor Jaime Roberto Silvera Torres contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1.El 7 de noviembre de 2025 2, el señor Jaime Roberto Silvera Torres, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y

1.El 7 de noviembre de 2025 2, el señor Jaime Roberto Silvera Torres, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual con posibles errores):

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 20 -001-33-33-008-2024-00114-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor JAIME ROBERTO SILVERA TORRES, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Jaime Roberto Silvera Torres y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 2 5 de noviembre de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 2 5 de noviembre de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.

2.Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

3.El 24 de agosto de 2021, el señor Jaime Roberto Silvera Torres solicitó el reconocimiento de sus cesantías, a través del Sistema Humano en Línea, la que, en Resolución «VALLE2021000007» del 4 de octubre de 2021, el municipio de Valledupar la resolvió favorablemente, y, el 13 de diciembre de 2021, los recursos fueron girados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3.

4.El 15 de diciembre de 2023, solicitó al municipio de Valledupar el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, la que, en «Oficio VAL2023EE025171 del 29 de diciembre de 2023», fue negada.

5.El señor Silvera Torres instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4 contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -Fomag, con el fin de

5.El señor Silvera Torres instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4 contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -Fomag, con el fin de que se dejara sin efectos la decisión que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y se ordenara efectuar el pago de esos dineros.

6.Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 8 de mayo de 2025.

7.A juicio de la parte accionante, la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto fáctico, dado que consideró que la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías fue radicada el 24 de agosto de 2021, fecha que consta en la certificación expedida por el sistema «Humano en Línea» . En su lugar, tuvo en cuenta la fecha del 15 de septiembre de 2021, correspondiente al proceso de validación interna adelantado por la entidad territorial.

8.Resaltó que, pese a la diferencia de fechas, no existió devolución de la solicitud por estar incompleta , sino que, por el contrario, se demostró que el trámite surtió etapas propias de toda actuación administrativa.

9.Sostuvo que el propio Fomag elaboró la guía del docente para solicitar cesantías en el Sistema Humano en Línea, publicada en la página web de la fiduciaria La Previsora S.A., mediante la cual se describe detalladamente el procedimiento para adelantar el trámite del re conocimiento y pago de la cesantía, precisando que la respectiva Secretaría de Educación informará al docente, a través del aplicativo, si

Previsora S.A., mediante la cual se describe detalladamente el procedimiento para adelantar el trámite del re conocimiento y pago de la cesantía, precisando que la respectiva Secretaría de Educación informará al docente, a través del aplicativo, si la solicitud presenta inconsistencias o la ausencia de algún soporte. Solo en ese evento, el aplicativo deberá activa r la actuación bajo la denominación de «solicitar prestación», aspecto que, según el accionante, no ocurrió en el presente caso.

10.Afirmó que también se incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que interpretó erróneamente los artículos 4 de la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto

3 En adelante Fomag. 4 Al proceso le correspondió el radicado 20-001-33-33-008-2024-00114-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1272 de 2018 , pues allí se estableció que el término de 15 días inicia cuando el peticionario radica la documentación completa en el canal previsto para ese fin. Ello ocurre cuando el docente carga toda la información requerida en el aplicativo para el trámite de las cesantías , y no cuando la administración decide validar los documentos allegados, por tratarse esta de una etapa posterior a la radicación formal.

11.Recordó que el artículo 4 de la Ley 1071 d e 2006 fija un plazo de 15 días para la expedición de la resolución de reconocimiento tras la recepción de la solicitud. En

formal.

11.Recordó que el artículo 4 de la Ley 1071 d e 2006 fija un plazo de 15 días para la expedición de la resolución de reconocimiento tras la recepción de la solicitud. En caso de documentación incompleta, la misma norma establece un término de 10 días para realizar el requerimiento al peticionario.

12.Insistió en que las etapas de validación y estudio son propias de la gestión administrativa y no constituyen el punto de inicio para el término de los 15 días. El conteo debe comenzar con el cargue de la documentación, ya que las actuaciones subsiguientes son posteriores a la radicación formal de la solicitud de cesantías.

B. Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 13 de noviembre de 20255 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada y, como terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Valledupar. Además, se ordenó notificar a

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

14. El Municipio de Valledupar6 pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, dado que la controversia sobre el «cálculo de una eventual sanción moratoria» es de naturaleza legal y económica.

15.Agregó que la acción de tutela busca reabrir un debate ya zanjado por el juez natural, dado que el accionante cuestiona la interpretación probatoria y la Ley 1071 de 2006, aspecto que se aleja de objeto de este valioso mecanismo constitucional.

16.Sostuvo que cumplió con el plazo para expedir la resolución de reconocimiento.

natural, dado que el accionante cuestiona la interpretación probatoria y la Ley 1071 de 2006, aspecto que se aleja de objeto de este valioso mecanismo constitucional.

16.Sostuvo que cumplió con el plazo para expedir la resolución de reconocimiento. Indicó, además, que el Fomag obró de manera oportuna respecto al término para el pago de las cesantías reclamadas por el demandante, por lo cual no incurrió en mora.

17.Resaltó que, a través del sistema utilizado por el municipio para la radicación de peticiones, a los usuarios se les informa que la solicitud solo se entenderá radicada cuando se completen todos los documentos necesarios para el trámite.

18.Por lo anterior, concluyó que no transgredió los derechos fundamentales del accionante. Aseguró que, si se llegara a considerar la petición presentada desde el primer momento, sin que se hubieran aportado todos los documentos requeridos, se podría causar dolosamente una m ora atribuible a las autoridades y, en consecuencia, obligarlas a pagar la sanción moratoria por mora en el pago.

5 SAMAI, índice 5. 6 SAMAI, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 19.Ministerio de Educación Nacional7 indicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito

4 19.Ministerio de Educación Nacional7 indicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque es un debate de naturaleza estrictamente económica que involucra intereses privados, lo cual, en su criterio, excede la competencia del juez de tutela.

20. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido notificado del auto admisorio de la demanda8.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

21.La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

22.La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de p rocedibilidad de la acción de tutela. S olo en el evento de que se reúnan estas exigencias , se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales del señor Jaime Roberto Silvera Torres.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

23.Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda

ende, vulneró los derechos fundamentales del señor Jaime Roberto Silvera Torres.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

23.Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 8 de mayo de 2025 y la tutela se instauró el 7 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término razonable.

24.La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela , un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza 9. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte

7 SAMAI, índice 12. 8 SAMAI, índice 8. 9 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fe nómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectado s por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de

a los terceros que serían afectado s por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtenerRadicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 10, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección d e Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»11.

25.Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

26. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente12 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

28. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto reúne la carga argumentativa mínima exigida para considerar una posible vulneración de derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.

29. Adicionalmente, el reproche elevado apunta a la aplicación rigorista y excesiva de formalidades procesales, en desmedro de la garantía sustancial de la justicia material, lo que, en criterio de la accionante, conllevó la adopción de una decisión injusta y violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Esta discusión, valga mencionar, no fue abordada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea utilizar

la administración de justicia. Esta discusión, valga mencionar, no fue abordada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea utilizar esta acción constitucional como una tercera instancia, pues sus esfuerzos se encaminaron a demostrar la configuración del defecto procedimental que le enrostra a la decisión judicial cuestionada, yerro que, valga mencionar, en sentir de la impugnante, se tradujo en una restricción desproporcionada a sus derechos fundamentales.

la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 10 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 11 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021. 12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

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Caso concreto y solución del problema jurídico

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Caso concreto y solución del problema jurídico

31.De entrada, la Sala observa que la presente solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

32.Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

33.En efecto, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, puntualmente, por la siguiente razón:

34. Resaltó que la entidad contaba con el término 70 días para el reconocimiento y pago de las respectivas cesantías, de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Dijo que, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, tuvo en cuenta que la solicitud fue radicada el 15 de septiembre de 2021, por lo que el plazo máximo de pago se cumplía el 28 de diciembre de 2021. Por tanto, dado que el pago se rea lizó el 13 de diciembre de 2021, se concluye que las entidades demandadas no incurrieron en la mora alegada por el señor Silvera Torres. Para

mayor claridad, elaboró el siguiente cuadro:

FECHA MÁXIMA LEGAL

PARA ADELANTAR LA

ACTUACIÓN SEGÚN LA

FECHA DE LA

PETICIÓN

FECHA REAL DE LA

ACTUACIÓN

ADMINISTRATIVA

Petición

15 de septiembre de

PARA ADELANTAR LA

ACTUACIÓN SEGÚN LA

FECHA DE LA

PETICIÓN

FECHA REAL DE LA

ACTUACIÓN

ADMINISTRATIVA

Petición

15 de septiembre de 2021

Expedir el acto de reconocimiento de las cesantías parciales (15 días hábiles)

6 de octubre de 2021

5 de octubre de 2021

Firmeza del acto administrativo (10 días hábiles siguientes)

21 de octubre de 2021

20 de octubre de 2021

Pago efectivo de la prestación – 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que quedó en firme el acto

28 de diciembre de 2021

13 de diciembre de 2021

35.El señor Silvera Torres apeló la decisión, bajo los siguientes argumentos:Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

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• El Juzgado incurrió en un error en la contabilización de los términos al determinar la fecha de solicitud de cesantías. Ello, porque tomó como fecha de inicio el 15 de septiembre de 2021, omitiendo analizar de forma completa y coherente las actuaciones adelantadas en el aplicativo «Humano en Línea». Por tanto, para él, es inadmisible tomar como fecha de solicitud aquella en la que la Secretaría finalmente

septiembre de 2021, omitiendo analizar de forma completa y coherente las actuaciones adelantadas en el aplicativo «Humano en Línea». Por tanto, para él, es inadmisible tomar como fecha de solicitud aquella en la que la Secretaría finalmente aprueba el estudio de los documentos.

• Resaltó que la solicitud de cesantías se radicó el 24 de agosto de 2021, a través del aplicativo «Humano en Línea». Entonces, el plazo máximo con que contaba la entidad para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento era el 14 de septiembre de 2021. De ahí que e l referido plazo fue incumplido, por cuanto la resolución fue expedida extemporáneamente el 21 de septiembre de 2021 y notificada el 6 de octubre de 2021.

• Concluyó que los 70 días corrieron desde el 25 de agosto de 2021 hasta el 3 de diciembre de 2021, por lo que la mora debe contarse a partir del 4 de diciembre de 2021 y hasta el 13 de diciembre de 2021, fecha en la que se efectuó el pago efectivo de las cesantías.

36. De otra parte, reprochó que el aplicativo «Humano en Línea» ha desnaturalizado el procedimiento para la solicitud de cesantías, dificultando el cumplimiento de los estrictos términos normativos. Además, señaló que este medio es el único autorizado por el Ministerio de Educación —Fomag para que los docentes realicen sus solicitudes de prestaciones.

37.En sentencia del 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

38. En primer lugar, explicó que el aplicativo «Humano en Línea» persigue

37.En sentencia del 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

38. En primer lugar, explicó que el aplicativo «Humano en Línea» persigue garantizar la eficiencia en la tramitación de la solicitud de cesantías que radiquen los educadores. Sobre el funcionamiento del referido sistema, dijo lo siguiente:

[Al] revisar el instructivo para solicitar cesantías en el sistema “Humano en Línea”,nota la Sala que, para el trámite de cesantías, se debe previamente tramitar una etapa que es obligatoria y requerida, esto es, se debe solicitar el certificado de historia laboral, paso éste que no implica la radicación de la prestación, pues la radicación de la cesantía sólo puede realizarse hasta contar con la certificación de historia laboral y salarial, tal como textualmente consagra la guía: “La solicitud de Certificación de historia Laboral y Salarial es una etapa previa y requerida para el trámite de la cesantía. La solicitud de la certificación laboral NO implica la radicación de la solicitud de la cesantía pues la radicación solo puede realizarse hasta contar con la certificación de historia laboral y salarial.

Por consiguiente, el aplicativo «Humano en Línea» debe ser conocido y respetado por todas las secretarías de Educación Nacional, como quiera que, como ya se señaló, se persigue garantizar la efectividad en el trámite de las cesantías a favor de los docentes, por lo tanto, los pasos que allí se señalen, y, las instrucciones que se indiquen, deben ser de obligatorio acatamiento, lo que se traduce en que, en cuanto a la radicación de las

de las cesantías a favor de los docentes, por lo tanto, los pasos que allí se señalen, y, las instrucciones que se indiquen, deben ser de obligatorio acatamiento, lo que se traduce en que, en cuanto a la radicación de las solicitudes de cesantías, sólo deberá tenerse en cuenta la fecha en la cual el docente ya cuenta con la certificación de historia laboral y salarial generada y sin observaciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

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39. En segundo lugar, aseguró que si bien en el expediente ordinario obra un «pantallazo que contiene el proceso de radicación de cesantías presentado por el señor Silvera Torres », en el que se evidencia que el 13 de agosto de 2021, se presentó petición de reconocimiento de las cesantías , lo cierto es que el paso inmediatamente siguiente era la expedición y generación del certificado de historia laboral y salarial, lo que indica que la solicitud inicial no se encontraba completa en el sistema.

40. Añadió que solo hasta la generación de la certificación y la solicitud del envío de la documentación para el trámite de la solicitud de cesantías— que se materializó con la validación de los documentos el 15 de septiembre de 2021— es cuando debe iniciarse el cómputo del término para la configuración de la sanción moratoria.

41. Concluyó que, revisados los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente, no hubo lugar a la configuración de la sanción moratoria en el

iniciarse el cómputo del término para la configuración de la sanción moratoria.

41. Concluyó que, revisados los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente, no hubo lugar a la configuración de la sanción moratoria en el reconocimiento, dado que la petición fue radicada ante la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar el 15 de septiembre de 2021. Entonces, los 15 días con que contaba la entidad para la expedición de la correspondiente resolución vencían el 6 de octubre de 2021, pero la entidad territorial emitió la resolución reconociendo las cesantías parciales el 4 de octubre de 2021, por lo que el acto administrativo fue expedido de manera oportuna.

42. Por último, dijo lo siguiente:

Como el acto administrativo fue expedido el día 4 de octubre de 2021, los 67 días para que se efectuara el pago iban hasta el 12 de enero de 2022, no obstante, los recursos fueron puestos a disposición del actor el día 13 de diciembre de 2021, es decir, dentro del plazo de los 67 días de que trata la regla jurisprudencial del Consejo de Estado, tal como indicó el a quo.

Se aclara, que la contabilidad de la sanción moratoria es contraria a la realizada por el a quo, como quiera que éste, pese a determinar que el acto administrativo que reconoció la prestación fue en tiempo, aplicó equivocadamente la regla jurisprudencial en el cual la sanción moratoria corre 70 días siguientes a la petición, la cual no era procedente en el caso de autos, pues ésta sólo se da cuando el acto administrativo se emite de manera extemporánea, el cual se repite, no fue lo acontecido en esta

corre 70 días siguientes a la petición, la cual no era procedente en el caso de autos, pues ésta sólo se da cuando el acto administrativo se emite de manera extemporánea, el cual se repite, no fue lo acontecido en esta oportunidad.

Sin embargo, como quiera que el a quo señaló que no se configuró la sanción moratoria pretendida, ello permite confirmar la sente ncia apelada, pero por las razones esbozadas en esta instancia.

43. La Sala observa que el Tribunal Administrativo del Cesar revisó cada reparo del recurso de apelación y, conforme a las pruebas obrantes en el expediente ordinario, concluyó razonablemente que los elementos de convicción allegados no eran suficientes para desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado.

44. De igual modo, se advierte que el señor Jaime Roberto Silvera Torres no revela ni demuestra que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente con los elementos de prueba, sino que hace una interpretación propia para enarbolar una teoría y una conclusión diferentes a las del fallo a tacado, pero sin acreditar que la decisión se adoptó con total desconocimiento de las pruebas arrimadas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00

Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres

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45. Ahora, en el caso bajo estudio, la parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo, al considerar que (i) no se

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45. Ahora, en el caso bajo estudio, la parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo, al considerar que (i) no se valoraron integralmente los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente y se (ii) interpretaron erróneamente los artículos 4 de la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018. En particular, cuestionó que no se tuvo en cuenta la fecha de radicación del 24 de agosto de 2021 y, en su lugar, acogió la data del 15 de septiembre de 2021, correspondiente al momento en que validó la completitud de los documentos.

46. En ese sentido, se tiene que el Tribunal accionado valoró cada una de las pruebas aportadas en el expediente ordinario, entre ellos, el reporte de la plataforma «Humano en Línea», en la que se expone el trámite administrativo que finalizó en el reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas por el accionante.

47. De hecho, la autoridad judicial accionada coincidió con el hoy accionante sobre la fecha de la solicitud del reconocimiento y el pago de las cesantías (13 de agosto de 2021) ; sin embargo, le explicó que aquella se entendería radicada el 15 de septiembre de 2021, por cuanto la información cargada inicialmente era incompleta, re