CE - Sentencia 11001031500020250701800 de 2025

Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-07018-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once [11] de diciembre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07018-00

Demandante: RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional d e la referencia , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Rubiela Ochoa Tierradentro, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 7 de noviembre de 2025, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

La señora Rubiela Ochoa Tierradentro, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 7 de noviembre de 2025, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 22 de agosto de 2025, de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó de forma parcial el fa llo de 31 de octubre de 2024, del Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001 -33-42-049-2022-00312-00/02, que adelantó contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social.

1.2. Pretensiones

La accionante presentó las siguientes:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora RUBIELA OCHOA TIERRADENTRO al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en las decisiones judiciales.

SEGUNDO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la sentencia de seg unda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “E” del H.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸ dentro del proceso con radicado 11001-33-42-049-202200312-02 incurrió en los defectos fácticos y sustantivos.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

proceso con radicado 11001-33-42-049-202200312-02 incurrió en los defectos fácticos y sustantivos.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Se DEJE SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “E” del H.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸ dentro del proceso con radicado 11001-33-42-049-2022-00312-02, ordenándole al Tribunal proferir una providencia de reemplazo que resulte acorde con el precedente vinculante, que supere los defectos expuestos y se tengan en cuenta las demás ordenes que a bien tenga esta Corporación impartirle, a fin de que se profiera una decisión legal, constitucional y ajustada a derecho, que garantice los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de mi representada.

Subsidiaria de la tercera:

Se revoque o infirme parcialmente la sentencia de segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “E” del H. Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, el 22 de agosto de 2025¸ dentro del proceso con radicado 1100133-42-049-2022-00312-02, por medio de la cual se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se dicte una nueva decisión que en derecho corresponda.1 [Mayúsculas sostenidas y negrillas originales]

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta providencia:

La señora Rubiela Ochoa Tierradentro laboró en la Secretaría Distrital de Integración Social, como maestra en los jardines infantiles distritales, mediante contratos de prestación de servicios, suscritos entre el 14 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2022.

El 23 de febrero de 2022, la tutelante solicitó a la referida secretaría la extensión de los efectos jurídicos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado CESUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 y, en consecuencia, se declarara la existencia de una rel ación laboral , lo cual fue negado mediante oficio S2022 035252 de 4 de abril de 2022.

Ante el anterior panorama, el 18 de abril de 2022, la accionante acudió al Consejo de Estado con el fin de agotar el procedimiento pa ra la extensión de la jurisprudencia de dicha corporación a terceros, en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue rechazado por auto de 14 de julio de 20222.

jurisprudencia de dicha corporación a terceros, en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue rechazado por auto de 14 de julio de 20222.

Asimismo, y en atención a dicha situación, el 23 de agosto de 2022, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de obtener el reconocimiento de una relación laboral y, en consecuencia, el pago de todas las prestaciones y demás emolumentos a que tuviera derecho.

Del mentado asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, en sentencia

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores. 2 Dictado por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, al concluir que para la declaratoria de una relación laboral encubierta se requería de una etapa probatoria exhaustiva, la cual no podía ser adelantada en este mecanismo, dada su naturaleza simplificada.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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www.consejodeestado.gov.co de 31 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones deprecadas. Como sustento de su decisión advirtió que, se encontraban acreditados los

www.consejodeestado.gov.co de 31 de octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones deprecadas. Como sustento de su decisión advirtió que, se encontraban acreditados los elementos de una relación laboral entre las partes por los periodos comprendidos entre el 14 de enero de 2013 y el 17 de noviembre de 2018 y, entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de mayo de 20203.

Asimismo, señaló que en atención a que la reclamación administrativa se realizó el 23 de febrero de 2022, había operado el fenómeno prescriptivo respecto de lo reclamado con anterioridad al 23 de febrero de 2019, salvo los aportes para pensión.

Contra la referida decisión la s partes interpusieron recursos de apelación , la demandante, en cuanto a la declaratoria de prescripción, en atención a que se desconoció que la interrupción de los contratos de los años 2018 y 2019, coincidió con el periodo de vacaciones y receso escolar fijado por la Secretaría Distrital de Educación. Por su parte, la demandada alegó que, no se probaron los elementos de la relación laboral , no obstante, solicitó que , en caso de confirma rse, se denegará el pago de prestaciones por caducidad de la acción y la prescripción de los derechos laborales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al resolver la alzada , en fallo de 22 de agosto de 2025, confirmó parcialmente la providencia impugnada, para lo cual señaló que, había operado la caducidad parcial del medio de control respecto de las prestaciones sociales reclamadas,

resolver la alzada , en fallo de 22 de agosto de 2025, confirmó parcialmente la providencia impugnada, para lo cual señaló que, había operado la caducidad parcial del medio de control respecto de las prestaciones sociales reclamadas, en atención a que el acto administrativo se le había notificado a la demandante el 4 de abril de 2022, mientras que la demanda se había radicado el 23 de agosto de 2022, esto era, por fuera de los 4 meses con que contaba para hacerlo de forma oportuna.

Por otra parte, advirtió que como lo relativo a los aportes a la seguridad social no estaban cobijados por los fenómenos de la caducidad y la prescripción, procedía su reconocimiento por el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada había incurrido en los defectos fáctico, sustantivo y de «violación del precedente vinculante», de los cuales, en su sentir, los 2 primeros confluían, pues, la omisión en la valoración de las pruebas conllevó a la falta de aplicación de las normas pertine ntes para resolver el caso.

En ese orden advirtió que, en la sentencia acusada se omitió el respectivo pronunciamiento sobre el procedimiento adelantado antes de la radicación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, se acreditó en el proceso, con la petición ante la Secretaría Distrital de Integración Social, la respuesta de dicha secretaría y la providencia que la «negó», que se solicitó ante

3 Los referidos periodos los precisó con fundamento en fueron los reclamados en la petición

el proceso, con la petición ante la Secretaría Distrital de Integración Social, la respuesta de dicha secretaría y la providencia que la «negó», que se solicitó ante

3 Los referidos periodos los precisó con fundamento en fueron los reclamados en la petición formulada a la Secretaría Distrital de Integración Social, en virtud de la aplicación del principio de la decisión previa.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-07018-00

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www.consejodeestado.gov.co la administración y el Consejo de Estado la extensión de los efectos de una sentencia de unificación , en los términos de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma señaló que, el tribunal censurado solo consideró como posible causa de suspensión de la caducidad del medio de control, la presentación de la conciliación prejudicial, sin analizar que se realizó un trámite previo el cual también tenía esa virtualidad , como lo era la petición de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado y su resolución en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo iteró que , con la falta de valoración de las referidas pruebas se configuró el yerro fáctico y de contera el sustantivo, pues, en la decisión se había dejado de aplicar la regla legal y la jurisprudencia vinculante que gobernaba la

configuró el yerro fáctico y de contera el sustantivo, pues, en la decisión se había dejado de aplicar la regla legal y la jurisprudencia vinculante que gobernaba la situación y, en consecuencia, erróneamente se había declarado una caducidad inexistente, lo cual afectó directamente el sentido del fallo y sus derechos fundamentales.

Finalmente aseveró que , la configuración de los referidos yerros «produjo un perjuicio constitucional al vulnerar el debido proceso por la indebida valoración del acervo, el acceso a la administración de justicia al cerrar el estu dio de fondo con una caducidad inexistente, y la igualdad material al desconocer la realidad procesal probada, con efectos económicos al revocar prestaciones sociales pese a la relación laboral declarada, de modo que no debió decretarse la caducidad y procede el amparo para restablecer el estudio de fondo».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 12 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en calidad de accionado, y le s otorgó el término de dos días para que rindiera n el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés vinculó al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá [autoridad judicial de primera instancia] y al Distrito Capital de Bogotá [parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente

del Circuito Judicial de Bogotá [autoridad judicial de primera instancia] y al Distrito Capital de Bogotá [parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas, la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

Finalmente, reconoció al abogado Carlos Enrique Guevara Sin como apoderado de la demandante, de conformidad con el poder otorgado a su favor.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensaje s enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

El magistrado ponente de la providencia censurada, después de transcribir in extenso los argumentos allí expuestos, advirtió que, no se advertía vulneración alguna a los derechos fundamentales de la tutelante ni tampoco alguna

Subsección E

El magistrado ponente de la providencia censurada, después de transcribir in extenso los argumentos allí expuestos, advirtió que, no se advertía vulneración alguna a los derechos fundamentales de la tutelante ni tampoco alguna irregularidad procesal, en los términos planteados en el mecanismo de amparo.

1.6.2. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El titular del referido despacho judicial hizo referencia a las decisiones tomadas en ambas instancia s del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que no había conculcado ninguna prerrogativa superior de la accionante, en atención a que , los reproches estaban dirigidas exclusivamente contra la providencia del Tribunal Administr ativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E . En ese orden, solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional.

1.6.3. Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social

El director distrital de gestión judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, en representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó que trasladó por competencia el asunto a la Secretaría Distrital de Integración Social para que en el marco de sus funciones emitiera la respectiva contestación.

En ese orden, la mentada secretaría pidió que se niegue el amparo deprecado, en atención a que no se cumplía con los requisitos de procedibilidad, sumado a que, de su parte no existía legitimación en la causa por pasiva que permitiera atribuirle trasgresión alguna a las garantías constitucionales de la actora , razón por la cual deprecó su desvinculación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

que, de su parte no existía legitimación en la causa por pasiva que permitiera atribuirle trasgresión alguna a las garantías constitucionales de la actora , razón por la cual deprecó su desvinculación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela impetrada por la señora Rubiela Ochoa Tierradentro , de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social , en su s intervencio nes, pidieron serDemandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

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www.consejodeestado.gov.co desvinculadas del presente trámite , lo cual será negado, en atención a que su presencia en el proceso es en calidad de tercero s con interés, luego, debe garantizárseles su comparecencia en este escenario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de

garantizárseles su comparecencia en este escenario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia de 22 de agosto de 2025, dictada por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se confirmó de forma parcial el fallo de 31 de octubre de 2024, del Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió pa rcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad , en especial , el de la relevancia constitucional y, de encontra rse superado , junto con los demás , (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la

Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

4 Sala Plena. Co nsejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: N ery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. actor:

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

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www.consejodeestado.gov.co Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto

juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental ; (ii) que la controversia no se limite a una di scusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige c ontra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

1. Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

1. Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

1. Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensi ble de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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www.consejodeestado.gov.co definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tut ela contra providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con

definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tut ela contra providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre9.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa nece saria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, si bien l a actora planteó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de «violación del precedente vinculante», lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte C onstitucional, SU -215 de 2022 , pues el debate planteado en esta instancia se circunscribe a cuestionar la declaratoria

la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte C onstitucional, SU -215 de 2022 , pues el debate planteado en esta instancia se circunscribe a cuestionar la declaratoria parcial de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que sustentó la autoridad judicial accionada en la regla de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2016, según la cual, en estos casos, las pretensiones sobre el reconocimiento y pago de salarios y demás prestaciones sociales, se encuentran cobijadas por los fenómenos jurídicos de la prescripción y la caducidad.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariame nte de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende una labor de sustentación mucho más profunda.

simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende una labor de sustentación mucho más profunda.

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.Demandante: Rubiela Ochoa Tierradentro

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-07018-00

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www.consejodeestado.gov.co En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión del 2 2 de agosto de 2025, a partir de la configuración de los yerros antes señalados, pero huérfanos de una línea conceptual de índole constitucional que permita a l funcionario judicial desarrollar, interpretar o aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.

Ello por cuanto, si bien se indicó que el tribunal accionado había dejado de valorar determinadas pruebas y de aplicar la norma pertinente, lo cierto es que no se advierten disquisiciones en las que se haga ver c