CE - Sentencia 11001031500020250702800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela contra providencia judicial

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Javier Vergara Sierra contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, que confirmó la sentencia de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa por error judicial dentro del proceso 25000-23-36-0002017-01849-02 (70224), promovido por el ahora tutelante.

SÍNTESIS1

El accionante alegó que Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al confirmar la sentencia que negó las pretensiones de reparación directa por error judicial. La Sala declarará improcedente la demanda de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 7 de noviembre del 2025, el señor Héctor Javier Vergara Sierra interpuso acción de

relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 7 de noviembre del 2025, el señor Héctor Javier Vergara Sierra interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su s derechos a la igualdad de trato por parte de las autoridades, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia . A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas en las sentencias proferidas el 8 de junio de 2023 y el 9 de abril de 2025 (notificada el 4 de junio de 2025) por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, respectivamente, que negaron las pretensiones de reparación directa por el error judicial reconocido mediante la sentencia SU -424 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se anuló la sentencia del 21 de agosto de 2012, proferida por la Sala Plena del Co nsejo de Estado, que declaró su pérdida de investidura para el ejercicio del cargo de Representante a la Cámara durante el periodo constitucional 2010-2014.

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial, pérdida de investidura, falta de relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

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2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

Primero: CONCEDER el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de trato por parte de todas las autoridades públicas y acceso a la administración

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2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

Primero: CONCEDER el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de trato por parte de todas las autoridades públicas y acceso a la administración de justicia.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), notificada el día cuatro (04) de junio de este mismo año, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Tercera: ORDENAR a la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, emita una nueva decisión sobre mi demanda contra la r ama judicial por el error cometido en la sentencia del 21 de agosto de 2012, declare el daño antijurídico y otorgue la indemnización correspondiente.

Cuarta: NOTIFICAR la sentencia que se profiera a los magistrados que integran la Subsección “C” de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y a los terceros con interés en la sentencia a las direcciones electrónicas descritas en el acápite de notificaciones.

B. Hechos

3. El 20 de julio de 2010, el señor Héctor Javier Vergara Sierra, tomó posesión del cargo de Representante a la Cámara, para el periodo constitucional 2010-2014.

3.1. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso

Representante a la Cámara, para el periodo constitucional 2010-2014.

3.1. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura d el señor Héctor Javier Vergara Sierra, con fundamento en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe ser congresista a quien tenga vínculos de parentesco en tercer grado de consanguinidad con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

3.2. El señor Vergara Sierra interpuso acción de tutela contra la sentencia del 21 de agosto de 2012, pero el amparo fue negado por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 31 de julio de 2014.

3.3. La Corte Constitucional, en sede de revisión de dos acciones de tutela referidas a la pérdida de investidura, mediante sentencia SU -424 del 11 de agosto de 2016 revocó la providencia del 31 de julio de 2014 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, concedió el amparo solicitado por el señor Vergara Sierra. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2012, que declaró la pérdida de investidura del señor Vergara Sierra, al hallar que hubo “un defecto sustantivo por falta de análisis del elemento de la culpabilidad en la decisión del caso”2.

3.4 El 29 de septiembre de 2017, el señor Vergara Sierra interpuso demanda de reparación directa por el error judicial atribuible a la sentencia del 21 de agosto de 2012 , mediante la

3.4 El 29 de septiembre de 2017, el señor Vergara Sierra interpuso demanda de reparación directa por el error judicial atribuible a la sentencia del 21 de agosto de 2012 , mediante la

2 Página 10 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

3 cual se declaró la pérdida de investidura . A través de dicho medio de control , solicitó el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el error judicial y el funcionamiento anormal de la administración de justicia concretados en la declaración de pérdida de investidura que le impidió culminar su periodo como congresista de la República.

3.5. Mediante providencia del 8 de junio de 2023, la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, “bajo la consideración de que el fallo de pérdida de investidura no incurrió en error jurisdiccional, pues fue proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en forma razonada y coherente”.

3.6. El señor Vergara Sierra interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal, el cual fue resuelto mediante sentencia del 9 de abril de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia.

3.7 El 7 de noviembre de 2025, el señor Vergara Sierra interpuso la acción de tutela que

C de la Sección Tercera de esta Corporación, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia.

3.7 El 7 de noviembre de 2025, el señor Vergara Sierra interpuso la acción de tutela que ahora se resuelve, en contra la sentencia emitida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación el 9 de abril del 2025.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En su escrito, puso de presente que la providencia enjuiciada vulneró sus derechos a la igualdad de trato por parte de las autoridades, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. A firmó que la providencia contra la que se ejerce la acción desconoce la sentencia SU-424 de 2016, de la Corte Constitucional, en la cual se puso de

presente el error judicial, consistente en que:

“la sentencia del Consejo de Estado, que decidió la pérdida de investidura, incurrió en tal defecto sustantivo porque omitió la aplicación de una norma que claramente era aplicable (artículo 29 de la Carta), en tanto el proceso sancionador de pérdida de in vestidura exige la aplicación del principio de culpabilidad, lo que no fue valorado sino que se impuso una responsabilidad objetiva”3.

4.1. Afirmó que del análisis hecho en la sentencia SU-424 de 2016 se evidenció que él obró sin culpa, en tanto que su conducta se ajustó a la confianza que en él generaba el hecho de que, para el momento de su elección como Representante a la Cámara, la interpretación de la Sección Quinta del Consejo de Estado de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política indicaba que tal inhabilidad no

de que, para el momento de su elección como Representante a la Cámara, la interpretación de la Sección Quinta del Consejo de Estado de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política indicaba que tal inhabilidad no resultaba aplicable cuando el funcionario con quien se tenía vínculo ejercía autoridad en una jurisdicción territorial inferior a la que se aspiraba.

4.2. Asimismo, indicó que la sentencia del 9 de abril de 2025 desconoce la sentencia SU424 de 2016, la cual es un precedente de obligatorio cumplimiento para el caso concreto, por lo cual, interpretar que la sentencia que declaró su pérdida de investidura estuvo correctamente fundada, implica una interpretación contraria a la constitución y a la

3 Página 17 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

4 jurisprudencia constitucional pertinente para el caso concreto, sin que se indique justificación alguna por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede apartarse del precedente constitucional en el caso concreto.

4.3. También puso de presente que la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación incurrió en defecto fáctico, pues en ella se afirmó que:

(…) no es posible hablar de un ‘error jurisdiccional’ en la providencia dictada por el Consejo de Estado el 21 de agosto de 2012, que en este proceso es objeto de reproche, porque uno de los presupuestos para la configuración del yerro judicial es que la p rovidencia

(…) no es posible hablar de un ‘error jurisdiccional’ en la providencia dictada por el Consejo de Estado el 21 de agosto de 2012, que en este proceso es objeto de reproche, porque uno de los presupuestos para la configuración del yerro judicial es que la p rovidencia cuestionada se encuentre ejecutoriada, lo que no sucede en el caso que en esta 16 oportunidad es sometido a consideración4.

4.3.1. Contrario a lo afirmado por la Subsección C, el accionante indica que en el acervo probatorio de la actuación judicial 5 se encuentra acreditado que la sentencia del 21 de agosto de 2012 quedó ejecutoriada, pues con base en tal ejecutoria el Congreso de la República expidió la Resolución MD. 2666, mediante la cual se dio cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, concretando así la pérdida de investidura. En tal sentido afirma que es contradictorio que en los numerales 3.6, 3.7 y 3.8 de la sentencia enjuiciada se admita que la sentencia del 21 de agosto de 2012 quedó ejecutoriada, pero que en las consideraciones se indique lo contrario.

4.4. El accionante puso de presente que la sentencia del 9 de abril de 2025 incurrió en defecto sustantivo por error grave en el título de imputación aplicado, en tanto que su demanda de reparación debió valorarse bajo los parámetros del error judicial, sin embargo, afirmó, con base en varias sentencias de l a Corte Constitucional 6, que “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”7.

de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”7.

4.5. Afirmó que la sentencia del 9 de abril de 2025 incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Puntualizó que el defecto sustantivo en que incurre la sentencia enjuiciada consiste en que esta omitió “la aplicación de una norma claramente aplicable al caso”, pues tal como lo dispuso la SU-424 de 2016, era necesario valorar subjetivamente su conduct a respecto de la causal de pérdida de investidura.

4.6. Aludió a que, dicha sentencia dejó sin efectos las sentencias que declararon su pérdida de investidura, en tanto que “ (…) no tuvieron en cuenta que los accionantes actuaron con buena fe exenta de culpa, por lo que no se les puede endilgar responsabilidad alguna por estar incursos en la conducta analizada”; razón por la cual, la sentencia del 9 de abril del 2025, al afirmar que no hubo error judicial, “desconoce la misma sentencia de la Corte, el artículo 90 de la Carta Política y los mismos precedentes del Consejo de Estado sobre el concepto de daño antijurídico y los elementos del error judicial”.

4 Página 34 del escrito de tutela, índice 02 de Samai. 5 Concretamente, en el folio 266 del expediente 25000-23-36-000-2017-01849-02 (70224).

6 Sentencias T-515 de 2024, SU-453 de 2019, T-773 de 2011, T-462 de 2003 y T-001 de 1999. 7 Páginas 25 y 26 del escrito de tutela, índice 02 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

5 4.6.1. En tal sentido, puso se presente que el daño sufrido por él fue señalado en la SU-424 de 2016 , que él como ciudadano no estaba en el deber de soportar tal daño y que la providencia aquí enjuiciada no puede calificar el daño por él sufrido como daño jurídico. Indicó que, de acogerse la providencia de la Subsección C, se estaría prohijando una subregla consistente en que, “el ciudadano debe asumir las omisiones en que haya incurrido la administración de justicia en la aplicación de un régimen sancionatorio, por haber tenido la mala suerte de haber sido demandado, siempre que el fallador haya justificado de alguna (cualquier) manera su omisión”, lo cual es evidentemente contrario al artículo 90 de la constitución.

4.6.2. En el mismo sentido, refirió providencias de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en las que se explicó , con base en la Ley 270 de 1996 , que el error judicial se da cuando una autoridad judicial profiere providencias contrarias a la ley, en las que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado haya interpuesto todos los recursos legales, (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, (iii) que

judicial se da cuando una autoridad judicial profiere providencias contrarias a la ley, en las que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado haya interpuesto todos los recursos legales, (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme, (iii) que la providencia sea contraria a derecho8. En tales providencias de la Subsección C también se explica que “el error puede ser de hecho o derecho, por interpretación errónea, falta de aplicación de la norma o indebida aplicación de la misma” 9, ello incluye el error por contrariedad a la constitución, por desconocimiento del precedente o por defectos sustantivos, orgánicos o procedimentales en las causales de procedibilidad. También puso de presente providencias en las que se reconocía que el e rror judicial que “da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar”10.

4.6.3. A renglón seguido concluyó que:

[L]a sentencia del 9 de abril de 2025, al negar las pretensiones de la demanda y ajustar su argumentación a la no ocurrencia de un daño antijurídico, en realidad está desconociendo su propio precedente, pues no obstante acreditados los defectos de omisión constitucional y sustantivo, sin justificación sobre por qué se aparta del precedente horizontal, se niega a reconocer la responsabilidad por el error judicial (o si se quiere por la falla en el servicio) so pretexto de que la decisión del 21 de agosto de 2012 estuvo suficientemente justificada.

4.7. En consideración del accionante, la sentencia del 9 de abril de 2025 es contraria al

so pretexto de que la decisión del 21 de agosto de 2012 estuvo suficientemente justificada.

4.7. En consideración del accionante, la sentencia del 9 de abril de 2025 es contraria al precedente judicial constitucional y a la interpretación normativa que se deriva de tal precedente al sustentar su decisión en que, en su caso concreto “no se contrarió la Carta Política o una norma legal, cuya aplicación fuere exigible para ese momento”, en la medida en que “fue solo a partir de aquella sentencia de unificación que la Corte Constitucional introdujo la exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad” y que “para el momento en que fue adoptada (…) la decisión sancionatoria, la ausencia de valoración del ingrediente subjetivo en la conducta inhabilitante no implicaba desconocimiento de una norma constitucional o legal que otorgara antijuridicidad al d año sufrido por el señor Vergara Sierra”, por lo cual, en consideración de la subsección C, “las sentencias que la Corte

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2017, rad. 25000 -23-26-000-200600984-01(38082), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 9 Idem. 10 Referida por el accionante en la nota al pie 36 de su escrito de tutela como: Consejo de Estado, Sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15128.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

6 Constitucional deja sin efectos con ocasión de la expedición de una sentencia hito, que

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

6 Constitucional deja sin efectos con ocasión de la expedición de una sentencia hito, que enmarca un cambio jurisprudencial, no entrañan un daño antijurídico, siempre que hayan sido adoptadas de manera fundamentada, de conformidad con las normas y la jurisprudencia vigentes al momento en que se profirieron”.

4.8. A pesar de que la Subsección C afirme que las sentencias que declararon la pérdida de investidura del accionante estaban correctamente sustentadas porque concordaban con la jurisprudencia vigente en materia de la valoración subjetiva de la conducta, el accionante afirma haber hallado múltiples sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, previas y contemporáneas a la providencia del 21 de agosto de 2012, en las que sí se tenía en cuenta la valoración subjetiva de la conducta como elemento par a determinar la procedencia de la pérdida de investidura 11; de modo que la interpretación al respecto no era pacífica.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela12. La providencia fue debidamente notificada a las autoridades judiciales accionadas

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado) 13 y se vinculó a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a Katiana Aguirre de Oro, a Valeria Vergara Cruzado, a Héctor Jesús Vergara Cruzado, a Héctor Alejandro Vergara Aguirre y a Luciana Vergara

Administrativo de Cundinamarca, a Katiana Aguirre de Oro, a Valeria Vergara Cruzado, a Héctor Jesús Vergara Cruzado, a Héctor Alejandro Vergara Aguirre y a Luciana Vergara Aguirre, como terceros con interés14.

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (accionado) allegó el expediente digital15 y solicitó negar el amparo16. Afirmó que la tutela carecía de relevancia constitucional en tanto que se utilizó la solicitud de amparo para cuestionar el análisis probatorio realizado por la Subsección ”. Particularmente, puso de presente que mediante la acción constitucional el actor busca controvertir la valoración de las pruebas hecha por la Subsección, en tanto que, contrario a los intereses del actor, se determinó que el daño reclamado mediante la reparación directa no fue antijurídico.

11 Las sentencias referidas por el accionante (tal como se presentaron en su escrito ) son las siguientes: sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 01 de Junio de 2010; sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 23 de marzo de 2010; sentencia de constitucionalidad C-319 de 1994, sentencia de constitucionalidad C -247 de 1995; sentencia de constitucionalidad C -280 de 1996; Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de abril de 44 2001, Radicación Número: AC-12591, Sentencia de Constitucionalidad C -131 de 2002; Sentencia de Constitucionalidad C -254A de 2012; Sentencias de

Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de abril de 44 2001, Radicación Número: AC-12591, Sentencia de Constitucionalidad C -131 de 2002; Sentencia de Constitucionalidad C -254A de 2012; Sentencias de constitucionalidad C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencia de tutela T -935 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; sentencia de tutela T-544 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010), radicación: 11001-03-15-000-2009-00708-00(PI). 12 Índice 05 de Samai. 13 Índice 08 de Samai. 14 Índice 05 y 08 de Samai. 15 Índice 09 de Samai. 16 Índice 15 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

7 6.1. Asimismo, señaló que la sentencia enjuiciada no incurrió en el defecto fáctico invocado por el actor, en tanto que, de acuerdo con el requisito legal17, para que se estructure el error judicial resulta necesario que la providencia contentiva del error se encuentre en firme y, en el caso concreto, debido a que la sentencia que declaró la pérdida de investidura fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional, no se cumple el requisito para que se estructure el

el caso concreto, debido a que la sentencia que declaró la pérdida de investidura fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional, no se cumple el requisito para que se estructure el error judicial. A pesar de ello, resalta que, en su análisis, encausó la demanda a través de la falla del servicio, tal como recientemente ha sido recomendado por una sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado18.

6.2. También, puso de presente que , en su análisis, halló que el daño alegado por el acto r no era antijurídico, en la medida en que la sentencia que declaró la pérdida de investidura no desatendió los precedentes jurisprudenciales de la época ; asimismo, la Subsección C demostró que, un a a un a, las providencias invocadas por el actor como precedentes desobedecidos, no resultaban ser aplicables al caso concreto. Todo lo cual desvirtúa los defectos sustantivos con base en los cuales se sustentó la tutela.

7. La subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , guardó silencio.

8. La ciudadana Valeria Vergara Cruzado, en calidad de tercera interesada, se pronunció refiriendo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha afirmado que “el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta”19. Señaló que la tutela cumple con todos los requisitos de procedibilidad. Indicó que en el proceso de reparación directa el Consejo de

que, en todo caso, debe ser personal y cierta”19. Señaló que la tutela cumple con todos los requisitos de procedibilidad. Indicó que en el proceso de reparación directa el Consejo de Estado ha desconocido su propio precedente respecto de la responsabilidad por error judicial, en tanto que el caso concreto reunía todos los requisitos para declarar la responsabilidad por error judicial.

8.1. Particularmente, respecto del requisito de la firmeza de la decisión, señaló que la decisión que declaró la pérdida de investidura se encuentra en firme y que “el requisito exige que la providencia no pueda ser revertida en vías judiciales ordinarias, por lo que la acción de tutela revisada a través de la sentencia SU -242 de 2016 y que revocó la decisión de única instancia, no puede ser considerada parte de este análisis”. A renglón seguido indicó que la firmeza de la decisión se evidencia en que su padre, el señor Vergara Sierra, fue apartado de su curul , sin que pudiera terminar el periodo constitucional para el cual fue elegido. Esta argumentación replica el salvamento de voto del Magistrado Garzón Martínez en la sentencia que negó en primera instancia las pretensiones de la demanda de reparación directa20. En lo demás, la ciudadana Vergara Cruzado reiteró los argumentos y la solicitud del accionante.

17 Ley 270 de 1996, artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. “El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los caso s de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia

presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los caso s de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. (subrayado propio) 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 23001233300020160000401 (66898), C. P. Nicolás Yepes Corrales. 19 Al respecto, refirió las sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594,

C. P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 En su salvamento de voto, el magistrado recordó que “las providencias judiciales quedan ejecutoriadas y por tanto adquieren firmeza una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. Con lo anterior se quiere significar, que la firmeza de las providencias judiciales no queda supeditada a lo que pueda pasar en sede de tutela, porque la tutela no es una tercera instancia del proceso contencioso administrativo, ni tampoco tiene la naturaleza de recurso ordinario o extraordinario, respecto de la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado. (…) en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-07028-00

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

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II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

Accionante: Héctor Javier Vergara Sierra Acción de tutela

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II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta

Corporación.

G. Providencia objeto de análisis

10. El accionante cuestionó la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 (notificada el 4 de junio de 2025) por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa 25000233600020170184902 (70224).

H. Sentido de la decisión

11. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la acción21.

I. El requisito de relevancia constitucional

12. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos fundamentales22. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada23, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea

judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión cuestionada23, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea

caso concreto, se encuentra acreditado que mediante sentencia del 21 de agosto de 2012, que quedó ejecutoriada y por tanto adquirió firmeza, produciendo plenos efectos jurídicos, la Sala Plena del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del Congresista Héctor Javier Vergara Sierra, lo que conllevó su separación del cargo, a la mitad del periodo para el cual había sido elegido. (…) si bien en la actualidad, la providencia proferida por la Sala Plena del H. Consejo de Estado, no está produciendo efectos jurídicos, lo cierto es que entre el momento de su entrada en firmeza y el momento en el que la H. Corte Constitucional profirió su decisión de dejarla sin efectos en sede de tutela, dicha providencia judicial surtió plenos efectos jurídicos . (…) no se puede sostener que una providencia, sobre la cual se interpuso el único recurso extrao