CE - Sentencia 11001031500020250703400 de 2025

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Título: CE - Sentencia 11001031500020250703400 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07034-00

Accionante: OMAR SEGUNDO RODRÍGUEZ AYALA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra tutela. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 10 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales

1.1. Tutela

1. El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a los principios de seguridad social «cumplimiento de fallos judiciales» y «protección reforzada del adulto mayor».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la sentencia del 23 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga mediante la cual se

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 4 de Samai. En la referida providencia se dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de Santander y la vinculación como terceros con interés de la Administradora Colombiana de Colpensiones (Colpensiones), el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

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declaró la improcedencia de la acción de tutela3 promovida por el actor contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

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declaró la improcedencia de la acción de tutela3 promovida por el actor contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

Señor Juez, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho, ordenando al El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER revocar o anular el fallo de tutela de Segunda Instancia de fecha 23 de Septiembre de 2025, en su lugar se me amparen mis derechos fundamentales como son: El derecho al DEBIDO PROCESO, derecho al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, derecho A LA SEGURIDAD SOCIAL, derecho al CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES, derecho a la PROTECCIÓN REFORZADA DEL ADULTO MAYOR, derecho a la vida digna, derecho al principio de la Buena Fe, confianza legítima, y demás derechos conexos y complementarios, para el cumplimiento de la providencia del JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, de fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025) correspondiente al proceso ejecutivo para el cumplimiento del proceso ordinario para obtener el pago por concepto del incremento de la pensión de vejez. [Sic a toda la cita].

1.2. Hechos

4. El señor Omar Segundo Rodríguez Ayala ejerció acción de tutela en contra de Colpensiones, con el fin de que protegieran sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, vida digna y dignidad humana por parte de tal actividad.

5. En concreto, el señor Rodríguez Ayala perseguía que se le ordenara a la autoridad tutelada el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la providencia del 13 de febrero de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga al interior del proceso ejecutivo 68001-33-33-013-2018-00375-00, mediante la cual se dispuso la actualización del crédito a su favor. Además, estimó vulnerado su derecho de petición, con ocasión a la falta de respuesta a la solicitud elevada del 10 de junio del presente año ante Colpensiones y relacionada con los mismos hechos.

6. El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que mediante providencia del 1 de septiembre de 2025 declaró la improcedencia de la tutela y negó la pretensión de amparo relacionada con el derecho fundamental de petición.

7. Ello, tras advertir que el mecanismo de amparo no superaba el requisito de subsidiariedad frente a la pretensión de cumplimiento de la providencia del 13 de febrero de 2025, comoquiera que para ello podía ejercer incidentes de desacato o solicitudes de adopción de medidas coercitivas para asegurar su cumplimiento. De otro lado, estimó que no se vulneró el derecho de petición, por cuando Colpensiones le dio trámite de fondo a la solicitud, mediante oficio

desacato o solicitudes de adopción de medidas coercitivas para asegurar su cumplimiento. De otro lado, estimó que no se vulneró el derecho de petición, por cuando Colpensiones le dio trámite de fondo a la solicitud, mediante oficio BZ2025_12055013-1844418 del 16 de junio de 2025.

3 Proceso identificado con el radicado 68001-33-33-014-2025-00175-00/01.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

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8. Inconforme con lo resuelto en primer grado, el accionante impugnó la decisión. Al respecto, señaló que ya habían fenecido los términos judiciales establecidos en el auto del 13 de febrero de 2025 para que se actualizara el crédito y, en todo caso, la respuesta que le había proporcionado la entidad tutelada a su petición no era de fondo, clara, ni congruente.

9. La alzada fue desatada mediante providencia del 23 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander. Allí se confirmó en integridad lo resuelto por el a quo, por las mismas razones.

1.3. Sustento de la vulneración

10. El accionante señaló que con la tutela se amenazaron sus derechos fundamentales, pues el operador judicial había incurrido en error al considerar que aquel cuenta con otro mecanismo judicial de defensa. Aspecto que, en su

10. El accionante señaló que con la tutela se amenazaron sus derechos fundamentales, pues el operador judicial había incurrido en error al considerar que aquel cuenta con otro mecanismo judicial de defensa. Aspecto que, en su sentir, es errado porque se trata de un proceso ejecutivo y allí no tiene ninguna otra instancia.

11. Acto seguido, hizo breves referencias a los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al principio de legalidad.

1.4. Intervenciones

12. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga remitió copia digital del proceso ejecutivo 68001-33-33-013-201800375-00.

13. El Tribunal Administrativo del Santander afirmó que la tutela es improcedente porque pretende controvertir una decisión de la misma naturaleza.

Al respecto, trajo a colación la sentencia SU-627 de 2015 mediante la cual la Corte Constitucional unificó el asunto, para solicitar que se despache de manera desfavorable el presente mecanismo por cuanto no se configura ninguno de los vicios establecidos jurisprudencialmente para su procedencia.

14. El Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del expediente de tutela en el que se emitieron las decisiones aquí controvertidas. En seguida, resaltó que dicha autoridad actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales y, con ello, solicitó que se declarara la improcedencia de tutela o en su defecto, se negaran las pretensiones.

15. Finalmente, Colpensiones solicitó la declaratoria de improcedencia del

de sus competencias legales y constitucionales y, con ello, solicitó que se declarara la improcedencia de tutela o en su defecto, se negaran las pretensiones.

15. Finalmente, Colpensiones solicitó la declaratoria de improcedencia del vocativo de la referencia, al estar encaminado a cuestionar una decisión de igual naturaleza, sin que se configure ninguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia. Además, destacó que la providencia reprochada no incurrió en un defecto que hubiese vulnerado las garantías fundamentales del accionante.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

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II. CONSIDERACIONES

16. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo . En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza.

2.1. Caso Concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

17. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos

cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. La Sala advierte que el señor Omar Segundo Rodríguez Ayala está

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21. La Sala advierte que el señor Omar Segundo Rodríguez Ayala está legitimado en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como tutelante al interior del expediente 68001-33-33-014-2025-00175-00/01.

22. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión controvertida.

23. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea controvertir decisiones de tutela.

24. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,

existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la justicia8

25. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.

Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de justicia»9. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»10.

26. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la providencia del 23 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión proferida por el Juzgado 14

Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga el 1 de septiembre de 2025, mediante la cual se declaró la improcedencia de la tutela y se negó la protección del derecho fundamental de petición.

8 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023. 10 Id.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

8 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023. 10 Id.Accionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

27. En su sentir, la autoridad judicial incurrió en un yerro al haber afirmado que la solicitud de amparo era improcedente por subsidiariedad, al tener a su disposición otros mecanismos para pedir el acatamiento de la providencia del 13 de febrero de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito judicial de Bucaramanga al interior de proceso ejecutivo 68001-33-33-013-201800375-00.

28. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma naturaleza. Esto, no solo porque la parte actora no alegó —y mucho menos probó— la existencia de una situación de fraude, sino porque la argumentación del escrito de tutela se funda en simple desacuerdo con la decisión adoptada por el juez y, en todo caso, no contiene ningún ejercicio hermeneútico del cual se pueda desprender alguna transgresión iusfundamental.

29. Ciertamente, el yerro propuesto solo busca reabrir el debate ya zanjado por la autoridad judicial accionada, a saber: la procedibilidad de la primera acción de tutela interpuesta. Sin embargo, no elevó ningún planteamiento que, directa o

29. Ciertamente, el yerro propuesto solo busca reabrir el debate ya zanjado por la autoridad judicial accionada, a saber: la procedibilidad de la primera acción de tutela interpuesta. Sin embargo, no elevó ningún planteamiento que, directa o indirectamente, esté encaminado a comprobar una actuación fraudulenta por parte del operador judicial accionado, que torne procedente la acción sub examine.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

MagistradoAccionante: Omar Segundo Rodríguez Ayala Accionado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-07034-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado