CE - Sentencia 11001031500020250703500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: YAKELINE ALONSO ROSADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – No se configura la mora porque el proceso se ha tramitado dentro de términos razonables, si se considera la problemática generalizada de congestión de la Rama Judicial.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Yakeline Alonso Rosado contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 7 de noviembre de 2025 1, la señora Yakeline Alonso Rosado interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a obtener una pronta resolución, en razón a la supuesta mora judicial en el

acción de tutela contra la autoridad judicial mencionada por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a obtener una pronta resolución, en razón a la supuesta mora judicial en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 20001333300520220033401, que se tramita en segunda instancia. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben con posibles errores incluidos):

PRIMERA: Que se AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y obtención de pronta resolución.

SEGUNDA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Cesar, específicamente al Magistrado Ponente MANUEL FERNAND O GUERRERO BRACHO, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera la sentencia de segunda instancia correspondiente al proceso radicado 20-001 33-33-005-2022-00334-01 (Medio

de Control: Reparación Directa - Accionante: Yakeline Alonso Rosado).

TERCERA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Cesar que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos.

1 Se advierte que el 25 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

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Demandante: Yakeline Alonso Rosado

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2. De la demand a de tutela y de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Yakeline Alonso Rosado, en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitó que se declare responsable a la Nación – Superintendencia de Notariado y Registro, y se le condene al pago de los perjuicios derivados de la omisión en el registro de la revocatoria de un poder especial otorgado para la disposición de un inmueble de su propiedad.

4. Mediante sentencia del 9 de agosto de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar negó las pretensiones. No obstante, la demandante apeló la decisión.

5. En providencia del 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió el recurso y, según consta en el aplicativo Samai, el expediente ingresó al despacho para sentencia el 1° de octubre del mismo año.

6. La accionante reprocha que, a la fecha, han transcurrido más de 13 meses desde que el proceso ingresó al despacho , sin que se haya proferido la decisión respectiva.

B. Trámite impartido e intervenciones

7. Mediante auto de 13 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión al magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, Manuel Fernando Guerrero Bracho , al Notario Único del Circuito de Bosconia

7. Mediante auto de 13 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión al magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, Manuel Fernando Guerrero Bracho , al Notario Único del Circuito de Bosconia

(Cesar), al Superintendente de Notariado y Registro y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado . También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

8. El magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el contencioso de reparación directa con radicado

20001333300520220033401. Destacó que el proceso se encuentra en el turno n.º 51 para decisión y que, actualmente, su despacho está resolviendo los procesos que ingresaron para fallo en el año 2023.

9. Señaló que no existe dilación injustificada del proceso, sino una carga estructural de trabajo que obliga a cumplir estrictamente el orden cronológico establecido.

10. La jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que dicha entidad era ajena a los hechos de la demanda de tutela y, por lo tanto, no se encontraba legitimada en la causa por pasiva.

11. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidadRadicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidadRadicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

13. La Sala determinará si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en mora injustificada en el trámite del proceso de reparación directa con radicado 20001333300520220033401 y, con ello, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a obtener una pronta resolución, invocados por la señora Yakeline Alonso Rosado.

E. Análisis de la Sala

De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial

14. Frente al tema, la Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las circunstancias estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la emisión de una providencia genera la llamada mora judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones estructurales como la

judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales qu e impiden la adopción de decisiones oportunas por parte de los funcionarios judiciales2.

15. Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el proceso, la demora obedece a cir cunstancias ajenas al juez, relacionadas con la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido qu e la razón principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.

Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de quien acudió a la justicia4.

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afec tado con la dilación del proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001 -03proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001 -0315-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001 -0315-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez. 4 Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para justificar la demora.

16. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte qu e, para determinar si la autoridad judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento y (v) el turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 19985.

17. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU -333 de 20206 reiteró su jurisprudencia sobre las formas de vulneración del derecho al debido proceso a causa de dilaciones injustificadas y los eventos en los que se incurre en

17. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU -333 de 20206 reiteró su jurisprudencia sobre las formas de vulneración del derecho al debido proceso a causa de dilaciones injustificadas y los eventos en los que se incurre en mora judicial.

18. Así, explicó que el derecho al debido proceso comporta, a su vez, un amplio abanico de garantías constitucionales y convencionales7, que deben ser observadas en cualquier actuación administrativa y judicial. Uno de tales elementos es la diligencia y celeridad para tramitar el proceso, lo que se traduce en que la decisión se adopte dentro de los plazos legales previstos.

19. A partir del desarrollo conceptual de la garantía a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables, la Corte sostuvo que la obligación de asegurar su cumplimiento recae sobre el servidor judicial a cargo del proceso, en observancia, además, de los principios de eficacia, celeridad y economía procesal que orientan todas las actuaciones judiciales.

20. En ese sentido, adujo el alto tribunal constitucional, la mora judicial se configura cuando dentro de los términos legales previstos en los códigos de procedimiento no se profieren las decisiones correspondientes; no obstante, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso solo se produce en el evento en que la tardanza resulte injustificada, es decir, cuando sea directamente atribuible a la autoridad judicial que tramita el proceso.

21. Se configura, entonces, una mora judicial injustificada, si (i) existe demora para adelantar determinada actuación en el marco de un proceso judicial y (ii) dicha tardanza no se funda en un motivo razonable, como, por ejemplo, la congestión

21. Se configura, entonces, una mora judicial injustificada, si (i) existe demora para adelantar determinada actuación en el marco de un proceso judicial y (ii) dicha tardanza no se funda en un motivo razonable, como, por ejemplo, la congestión judicial o el volumen de trabajo. En ese orden de ideas, cuando concurren las circunstancias antes descritas es plausible concluir que la mora judicial d eviene injustificada, pues se genera como consecuencia de un incumplimiento arbitrario y caprichoso de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación procesal o de la falta de diligencia del operador judicial.

5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal». 6 M.P. Alberto Rojas Ríos. 7 La Corte relacionó los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que disponen, respectivamente, que toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable y a ser oída, con las debidas garantías, y a obtener respuesta sobre su situaci ón, dentro de un plazo razonable.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

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22. Por lo anterior, la ya men cionada Corporación enfatizó en que corresponde al juez de tutela evaluar las circunstancias fácticas del caso concreto, para

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22. Por lo anterior, la ya men cionada Corporación enfatizó en que corresponde al juez de tutela evaluar las circunstancias fácticas del caso concreto, para determinar si la dilación del proceso fue injustificada, o si, por el contrario, obedeció a problemas estructurales de la administ ración de justicia o a particularidades que justifiquen la tardanza. Para ello, el juez debe examinar: (i) si se desconocieron los términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si el incumplimiento de los términos se debe a la complejida d del caso o a la actividad probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles con situaciones de fuerza mayor o congestión judicial.

23. En suma, si bien la prontitud, diligencia y celeridad para tramitar un proceso constituyen elementos esenciales para la garantía efectiva del derecho al debido proceso, no toda tardanza genera una infracción a la Constitución. Solo se vulnera tal prerrogativa en el evento en que se acre dite que tal dilación es injustificada y, por lo tanto, atribuible al funcionario judicial.

F. Caso concreto y solución del problema jurídico

24. En el presente caso, la demandante alega que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales, porque no ha proferido sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa con radicado

20001333300520220033401. A pesar de que desde el 1° de octubre de 2024 ingresó al despacho para fallo.

25. En orden a resolver la cuestión jurídica planteada, conviene señalar que en

20001333300520220033401. A pesar de que desde el 1° de octubre de 2024 ingresó al despacho para fallo.

25. En orden a resolver la cuestión jurídica planteada, conviene señalar que en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la mora judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha ob servado cierto plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza alegada se encuentra o no objetivamente justificada.

26. En efecto, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la demora, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de los funcionarios judiciales den tro del proceso. De esta forma, el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura per se la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

27. En el caso bajo estudio, a partir de la información que obra en el expediente, la Sala advierte que el despacho del magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho, integrante del Tribunal Administrativo del Cesar no incurrió en la mora judicial alegada por el accionante, toda vez que en el expediente con radicado 20001-33-33005-2022-00334-00/01, se han realizado las siguientes actuaciones en segunda instancia, según el reporte encontrado en la plataforma Samai:Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

005-2022-00334-00/01, se han realizado las siguientes actuaciones en segunda instancia, según el reporte encontrado en la plataforma Samai:Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

28. Nótese que, luego de que el proceso fue asignado al magistrado sustanciador el 16 de septiembre de 2024, ingresó inmediatamente al despacho y , con auto del 19 de septiembre siguiente, se admitió el recurso . Posteriormente, el 1° de octubre de 2024, el expediente retornó al despacho, para proferir decisión de fondo.

29. En el escrito de contestación, el ma gistrado del Tribunal Administrativo del Cesar señaló que actualmente está decidiendo los procesos que ingresaron a despacho en el año 2023 y que el expediente 20001-33-33-005-2022-00334-01 tiene asignado el turno n.º 51, por lo que el tiempo transcurrido entre el ingreso a despacho y la solicitud de amparo obedece al orden estricto en que deben decidirse los procesos, de acuerdo con la carga de trabajo.

30. Recuérdese que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, los jueces tienen la obligación de dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o prelación legal.

31. En todo caso, esta regla no es objeto de reproche en el sub lite, teniendo en

el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o prelación legal.

31. En todo caso, esta regla no es objeto de reproche en el sub lite, teniendo en cuenta que la accionante no está alegando que deba alterarse el orden de prelación, sino que se queja de la demora en su proceso desde la fecha en que se ingresó a despacho para sentencia, esto es, el 1° de octubre de 2024.

32. Ahora bien, la demandante señala que la actuación del Tribunal Administrativo del Cesar desconoce el artículo 24 7 del CPACA , el cual , según el escrito de la demanda, dispone que las sentencias de segunda instancia deben ser proferidas en un término de 30 días.

33. Al respecto, la Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin embargo, tampoco puede pasar por alto las condiciones est ructurales de congestión que se presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales, de cierto modo,Radicado: 11001-03-15-000-2025-07035-00

Demandante: Yakeline Alonso Rosado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.

34. Las circunstancias descritas, impide n hablar de mora judicial injustificada, la

www.consejodeestado.gov.co 7 impiden que se le dé el alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.

34. Las circunstancias descritas, impide n hablar de mora judicial injustificada, la cual necesariamente obedece a una negligencia probada de la autoridad judicial, que retarda la toma de decisiones al interior de cada proceso, circunstan cia que, se insiste, no se presenta en este caso.

35. Así las cosas, la Sala considera que, a pesar de que aún no se ha dictado sentencia en el proceso con radicado 20001-33-33-005-2022-00334-01, no se configura la mora judicial alegada por el demandante, pues no se observa una conducta descuidad a, negligente o realmente morosa por parte del magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho, que dé cuenta de una dilación injustificada de su parte.

36. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo

expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF