CE - Sentencia 11001031500020250703600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

Accionante: Nelson David Carvajal Alcaraz

Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 instaurada por el señor Nelson David Carvajal Alcaraz contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia del 9 de octubre de 20252 que revocó la sentencia núm. 35 del 10 de septiembre de 2025 3 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, al interior del medio de control de cumplimiento con radicado 05001 -23-33-000-2025-01040-00/01, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

radicado 05001 -23-33-000-2025-01040-00/01, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela se colige que el accionante elevó una solicitud4 ante la Procuraduría General de la Nación, encaminada a que dicha entidad diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 9, literal C, de la Ley Estatutaria 1712 de 20145, al considerar que esta no estaba observando lo dispue sto en dicha

1 Presentada el 7 de noviembre de 2025. 2 Índice 5 del aplicativo SAMAI, rad: 05001-23-33-000-2025-01040-01. 3 Índice 21 del aplicativo SAMAI, rad: 05001 -23-33-000-2025-01040-00. Que declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por el señor Nelson David Carvajal Alcaraz en contra de la Procuraduría General de la Nación. 4 Radicada bajo número E-2025-360279. 5 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones». Que en su artículo 9 literal C dispuso : (…) ARTÍCULO 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado . Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: (…) c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores

lo sustituyan: (…) c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de confo rmidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; (Ver Art. 2.1.1.2.1.5. Decreto 1081 de 2015).Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

Accionante: Nelson David Carvajal Alcaraz

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2 normativa.

3. La Procuraduría respondió que mediante estrategias tecnológicas y documentales garantizaba la atención de peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. Al respecto, expuso que implementó el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos DOKUS, a través del cual e ra posible garantizar la protección, idoneidad, trazabilidad, y accesibilidad a la información6, atendiendo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2080 de 2021. No obstante, la respuesta no satisfizo al actor e insistió en que, en su sentir, la entidad estaba incumpliendo con la normativa estatutaria.

4. En consecuencia , el ac cionante interpuso una acción pública de cumplimiento con fundamento en la Ley 393 de 1997, buscando que se hiciera efectivo el mandato legal de publicar los correos electrónicos de las dependencias de la entidad.

5. La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo

cumplimiento con fundamento en la Ley 393 de 1997, buscando que se hiciera efectivo el mandato legal de publicar los correos electrónicos de las dependencias de la entidad.

5. La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que mediante sentencia del 10 de septiembre de 2025 definió como problema jurídico la procedencia de la acción para los fines perseguidos por el actor. El Tribunal declaró improcedente la acción al concluir que la acción no cumplió por los requisitos generales y consideró además que la Procuraduría garantizaba la recepción de derechos de petición, por lo que descartó la exigencia de publicar correos electrónicos.

6. Insatisfecho con el resultado del fallo , el accionante impugnó la decisión de primera instancia, señalando errores en la definición del problema jurídico, la interpretación normativa y la motivación de la providencia . El 9 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo impugnado y, en su lugar, negó las pretensiones7.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Alegó la existencia de un defecto sustantivo, reprochando que, en su sentir, las autoridades judiciales desatendieron la aplicación del artículo 9 literal C de la Ley 1712 de 2014 y del artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

8. Señaló también un supuesto defecto por falta de motivación, dado que, en su sentir, la providencia de la Sección Quinta de esta corporación no analizó

8. Señaló también un supuesto defecto por falta de motivación, dado que, en su sentir, la providencia de la Sección Quinta de esta corporación no analizó

6 Actualmente el sitio web tiene implementada la ventanilla de atención al ciudadano, canal a través del cual se pueden presentar comunicaciones, quejas, reclamos, denuncias, felicitaciones o solicitudes. Lo anterior, se encuentra consignado en la Resolución 293 de 2024, la cual, en palabras de la Procuraduría, «[…] busca ajustar sus procedimientos a los parámetros normativos y técnicos requeridos para la recepción y manejo de la información, especialmente lo descrito en el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011». 7 La autoridad judicial indicó que no existía fundamento jurídico y fáctico alguno para sustentar las pretensiones del accionante, en consideración a que la Procuraduría General de la Nación tiene la información correspondiente a cada una de las dependencias identificando de manera clara el funcionario a cargo de cada una de estas, los teléfonos de contacto y el lugar donde operan. Expuso que revocó la providencia del a quo, en razón a que encontró que la acción si cumplía con los requisitos de procedencia . No obstante, precisó que no encontró acreditada la existencia del mandato respecto al artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, y frente al literal c del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, y no advirtió desconocimiento de la norma por parte de la autoridad disciplinaria.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

Accionante: Nelson David Carvajal Alcaraz

la norma por parte de la autoridad disciplinaria.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

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3 los argumentos de la impugnación y se limit ó a reproducir lo dicho en primera instancia, desconociendo lo establecido en el artículo 55 de la Ley 270 de 19968.

9. Adicionalmente, el actor denunció explícitamente que se presentó una presunta incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión , pues, aunque las autoridades judiciales reconocieron la finalidad de la acción de cumplimiento, concluyeron que la Procuraduría no estaba obligada a publicar los correos electrónicos.

10. A lo anterior, adicionó que los despachos se desviaron del debate jurídico pues centraron la controversia en la intención del actor y en los medios alternativos de comunicación de la Procuraduría, pero en su sentir, omitieron resolver el incumplimiento expreso de la norma estatutaria.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«1. La protección a mis derechos fundamentales al debido proceso.

2. Se ordene emitir una sentencia que tendrá que corregir los errores de la anterior y que deber de contener: a. Motivación externa

(justificación) de la sentencia acorde a las precisiones de la Corte Constitucional al respecto particularmente sobre el obj etivo de la Acción de Cumplimiento y el cumplimiento o no de la ley estatutaria

(justificación) de la sentencia acorde a las precisiones de la Corte Constitucional al respecto particularmente sobre el obj etivo de la Acción de Cumplimiento y el cumplimiento o no de la ley estatutaria artículo 9 literal cde la LEY 1712 de 2014 estatutaria.

3. La protección de cualquier otro derecho fundamental que no haya sido mencionado y que encuentre vulnerado por la entidad accionada.»

2.4. Intervenciones

12. Mediante auto del 109 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela de la referencia, se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta como accionado y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y a la Procuraduría General de la Nación como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería a la abogada

Zuleima Montiel Méndez.

2.4.1 La Sección Quinta del Consejo de Estado , a través de la magistrada

8 ARTÍCULO 55. ELABORACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales «[…]» Subrayas de la Sala - Al considerar que las autoridades judiciales no abordaron los temas que planteó a través de la acción de cumplimiento se colige con claridad que el actor planteó trasgredido el principio de congruencia en las decisiones judiciales-. 9 Índice 4 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

judiciales-. 9 Índice 4 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

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4 Gloria María Gómez Montoya, solicitó declarar la improcedencia de la acción al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional conforme a los presupuestos de la SU-215 de 202210. Señaló que la acción de tutela presentada por el señor Carvajal Alcaraz no expuso fundamentos claros de vulneración de derechos fundamentales, sino inconformidades frente a la sentencia dictada en el medio de control de cumplimiento.

14. Explicó que el actor alegó un defecto sustantivo por inaplicación del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, pero dicha norma regula el requisito de renuencia, el cual fue acreditado en la decisión cuestionada. Además, indicó que los demás requisitos de procedencia se consideraron satisfechos, concluyéndose que no existía incumplimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

2.4.2. La Procuraduría General de la Nación 11 sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, al carecer de una carga argumentativa mínima y suficiente que guarde congruencia con la decisión cuestionada. Recordó que no corresponde al juez constitucional suplir las deficiencias del actor ni const ruir cargos inexistentes, menos aún frente a providencias de órganos de cierre, cuya

que guarde congruencia con la decisión cuestionada. Recordó que no corresponde al juez constitucional suplir las deficiencias del actor ni const ruir cargos inexistentes, menos aún frente a providencias de órganos de cierre, cuya procedencia exige demostrar contradicción abierta con postulados constitucionales o desconocimiento de jurisprudencia de la Corte Constitucional, supuestos que no se acreditaron en este caso.

15. Adicionalmente, señaló que el actor no acreditó incumplimiento normativo alguno y que la entidad sí demostró la actualización y modernización de sus canales digitales conforme a la normatividad vigente y las directrices del MinTIC, incluyendo la publicidad en su portal institucional y en la dirección web

www.datos.gov.co.

16. En consecuencia, sostuvo que el accionante no probó la vulneración de derechos fundamentales, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de amparo.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado trasgredió el derecho

10 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-215 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo. 11 Índice 13 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela

determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado trasgredió el derecho

10 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-215 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo. 11 Índice 13 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

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5 fundamental al debido proceso del señor Nelson David Carvajal Alcaraz , con ocasión de la providencia del 9 de octubre de 2025 12 que revocó la sentencia núm. 35 del 10 de septiembre de 202513 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, al interior del medio de control de cumplimiento con radicado 05001 -23-33-000-2025-01040-00/01, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

19. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular , el de relevancia constitucional.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros

los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

21. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.

22. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de

defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación

12 Índice 5 del aplicativo SAMAI, rad: 05001-23-33-000-2025-01040-01. 13 Índice 21 del aplicativo SAMAI, rad: 05001 -23-33-000-2025-01040-00. Que declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por el señor Nelson David Carvajal Alcaraz en contra de la Procuraduría General de la Nación.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

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6 fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata

acción de tutela contra providencias judiciales

24. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de un derecho fundamen tal o un principio constitucional y ha precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con el referido requisito 14. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.

25. En ese sentido, en la Sentencia SU -215 de 2022 15, se establecieron los siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

26. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general16.

27. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la reparación efectiva , sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos

que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la reparación efectiva , sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un dere cho fundamental»17. (Negrillas de la Sala).

28. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido proceso»18.

14 Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger. 16 Sentencias T -610 de 2015, SU -573 de 2019, SU -128 de 2021 y T -410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional. 17 Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.

Constitucional. 17 Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional. 18 Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

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29. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.19

30. En el caso concreto, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues el actor pretende que, mediante este mecanismo excepcional, se reabra un debate ya agotado en sede natural. En ese entendido, la tutela no puede convertirse en una tercera instancia ni en un recurso adicional frente a las decisiones judiciales de órganos de cierre.

31. El accionante cuestionó la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 9 de octubre de 2025, que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. No obstante, sus planteamientos carecen de una argumentación sólida y se reducen a simples inconformidades frente al fallo, y no a la demostración de un defecto constitucional que evidencie una vulneración real de sus derechos fundamentales.

argumentación sólida y se reducen a simples inconformidades frente al fallo, y no a la demostración de un defecto constitucional que evidencie una vulneración real de sus derechos fundamentales.

32. Así las cosas, pese a que el actor alegó que no se le dio inaplicación del artículo 9 literal C de la Ley 1712 de 2014 y al artículo 8 de la Ley 393 de 1997 , lo que se advierte es que la Sección Quinta estructuró su decisión sobre un estudio riguroso de la normativa y su finalidad real, que en últimas es la de garantizar un servicio eficiente al ciudadano a través de los canales dispuestos para tal objeto.

33. Asimismo, la autoridad judicial accionada, atendió los parámetros jurisprudenciales que gobiernan la acción de cumplimiento. En consecuencia, lejos de configurarse arbitrariedad alguna, lo que se observa es una motivación coherente, razonable, lo cual excluye la supuesta vulneración ius fundamental alegada.

34. La jurisprudencia constitucional, ha reiterado que la tutela contra providencias judiciales exige demostrar una afectación grave y directa de derechos fundamentales, máxime cuando se reprocha una sentencia de una alta corte, circunstancia que a todas luces no acreditó el señor Carvajal Alcaraz pues el escrito de tutela carece de solidez jurídica , lo que impide que prospere el amparo pretendido.

35. Ahora bien , contrario a lo planteado por el actor , la autoridad judicial accionada evidenció que la Procuraduría General de la Nación ha adelantado acciones para la actualización y modernización de sus canales digitales,

amparo pretendido.

35. Ahora bien , contrario a lo planteado por el actor , la autoridad judicial accionada evidenció que la Procuraduría General de la Nación ha adelantado acciones para la actualización y modernización de sus canales digitales, conforme a la normatividad vigente y las directrices del MinTIC, incluyendo la publicidad en su portal institucional y en el portal web www.datos.gov.co, de lo que concluyó que no existe incumplimiento normativo alguno ni vulneración de los derechos del señor Carvajal Alcaraz, ni de ningún usuario.

36. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la

19 Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07036-00

Accionante: Nelson David Carvajal Alcaraz

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8 Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso el señor Nelson David Carvajal Alcaraz , por las razones expuestas en la presente providencia.

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso el señor Nelson David Carvajal Alcaraz , por las razones expuestas en la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.