CE - Sentencia 11001031500020250703800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionado: MARÍA EMILCE AMAYA CAMPOS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONALRELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario. REQUISITO DE INMEDIATEZ – No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por la señora María Emilce Amaya Campos, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de noviembre de 2025, la señora María Emilce Amaya Campos , mediante apoderado2, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de noviembre de 2025, la señora María Emilce Amaya Campos , mediante apoderado2, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, la igualdad, la seguridad social y el mínimo vital.

Hechos relevantes

2. El señor Germán Said Chacón Serrato era pensionado por vejez de la Caja Nacional de Previsión Social. A través de resolución No. 2494 del 12 de mayo de 2003, dicha Caja extinta reconoció y pagó la pensión de vejez a ese señor.

3. Asimismo, el 27 de mayo de 1972, el señor Chacón Serrato y la señora María Emilce Amaya Campos contrajeron matrimonio en la parroquia de San Pedro en Bogotá, el cual fue registrado en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.

1 Que ingresó para fallo el 21 de noviembre de 2025. 2 El abogado es el señor Carlos Andrés Rodríguez Moreno.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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4. No obs tante, desde el 15 de mayo de 1990, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la separación de cuerpos entre estos. Además, los cónyuges liquidaron la sociedad matrimonial el 28 de octubre de 1992 ante la

4. No obs tante, desde el 15 de mayo de 1990, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la separación de cuerpos entre estos. Además, los cónyuges liquidaron la sociedad matrimonial el 28 de octubre de 1992 ante la Notaría Trece del Círculo de Bogotá a través de escritura No. 3876. De igual modo terminaron su relación desde agosto de 1989.

5. Por otra parte, el señor Chacón Serrato y la señora Margarita Rosa Rozo Chacón convivieron en unión marital de hecho entre el 29 de agosto de 1989 hasta el 7 d e mayo de 2016, misma fecha en la que falleció el señor en mención. Es decir que convivieron bajo el mismo techo, compartiendo techo, lecho y mesa, así como la vocación de auxilio mutuo, estabilidad y permanencia. De allí tuvieron a Marlon Said y Ana Fernanda Chacón Rozo como hijos.

6. Ante el fallecimiento del señor Germán Said Chacón Serrato, la señora Rozo Chacón solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) el reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Misma que fue resuelta de manera favorable el 10 de agosto de 2016 a través de la Resolución No. RDP 029362 del mismo mes y año.

7. A través de acto administrativo No. RDP 39429 del 18 de octubre de 2017, la UGPP resolvió suspender el reconocimiento realizado en la anterior resolución debido a que la señora María Emilce Amaya Campos solicitó el reconocimiento de la pensión por haber sido la esposa del pensionado. Por tanto, una vez se

UGPP resolvió suspender el reconocimiento realizado en la anterior resolución debido a que la señora María Emilce Amaya Campos solicitó el reconocimiento de la pensión por haber sido la esposa del pensionado. Por tanto, una vez se presentaron los recursos administrativos, quedó en firme la decisión a través de la manifestación de voluntad de la administración No. RDP003810 del 2 de febrero de 2018.

8. Motivo por el cual, la señora Margarita Rosa Rozo Chacón presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho con el fin que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 039429 del 18 de octubre de 2017 3, RDP 047719 del 22 de diciembre de 20174 y RDP 003810 del 2 de febrero de 20185 y se declarara que la señora María Emilce Amaya Campos no tenía d erecho a la pensión de sobrevivencia reclamada del señor Germán Said Chacón Serrato, por no tener ningún derecho a reclamar. Por lo anterior, la UGPP debía reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a favor de la señora Margarita Rozo Chacón, incluyendo las mesadas ordinarias y adicionales a partir del 1° de diciembre de 2017. Misma fecha en la que se suspendió el pago. Así como las sumas que resultaran a su favor

3 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, suspende el r econocimiento realizado con la resolución No. RDP 029362 del 10 de agosto de 2016 y deja en suspenso el posible derecho y el porcentaje del 100% que le pudiera corresponder respecto a la pensión de

realizado con la resolución No. RDP 029362 del 10 de agosto de 2016 y deja en suspenso el posible derecho y el porcentaje del 100% que le pudiera corresponder respecto a la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor GERMAN SAID CHACON SERRATO”. 4 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, resuelve un recurso de Reposición y confirma la Resolución RDP 039429 del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017)”. 5 “Por medio de la cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, resuelve un recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 039429 del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017), confirmándola en su integridad”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 y devengaran intereses moratorios de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como los intereses moratorios correspondientes en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

9. En primera instancia fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, quien a través de sentencia del 29 de septiembre de 2023 adoptó las siguientes determinaciones: (i) declaró la nulidad de las

9. En primera instancia fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, quien a través de sentencia del 29 de septiembre de 2023 adoptó las siguientes determinaciones: (i) declaró la nulidad de las resoluciones RDP 039429 del 18 de octubre de 2017, RDP 047719 del 22 de diciembre de 2017 y RDP 003810 del 2 de febrero de 2018 y la nulidad parcial de la resolución RDP 029362 del 10 de agosto de 2016 que le reconoció la pensión de sobreviviente a la señora Rozo Chacón en un porcentaje del 100% de lo que devengaba el señor Chacón Serrato; (ii) ordenó a la UGPP el r econocimiento y pago de la sustitución pensional a partir del día siguiente al fallecimiento del causante (a) María Emilce Amaya Campos, el 41% de la pensión de jubilación; y

(b) Margarita Rosa Rozo Chacón el 59% de la pensión de jubilación. Lo anterior de acuerdo con el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988. Entre otras decisiones.

10. Durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Margarita Rosa Rozo Chacón falleció6.

11. Inconforme con la decisión, tanto la parte demandante como la parte demandada interpusieron recurso de apelación. Mismo que fue conocido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que a través de sentencia del 26 de febrero de 2025 determinó revocar par cialmente la sentencia de primera instancia y en

demandada interpusieron recurso de apelación. Mismo que fue conocido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que a través de sentencia del 26 de febrero de 2025 determinó revocar par cialmente la sentencia de primera instancia y en consecuencia: (i) declarar la nulidad de la Resolución No. RDP 039429 del 18 de octubre de 2017 que suspendió la pensión reconocida a la señora Margarita Rozo, la Resolución RDP 047719 del 22 de diciembre de 2017 que resuelve el recurso de reposición y la No. RDP 003810 del 2 de febrero de 2018 que resuelve el recurso de apelación; (ii) ordenó a la UGPP que reconozca y pague en favor de la sucesión procesal, es decir que la asignación solo pueda hacerse a tr avés del respectivo juicio de sucesión de la señora Margarita Rosa Rozo Chacón en calidad de compañera permanente del señor Chacón Serrato, una pensión de sobreviviente a partir del día siguiente al fallecimiento del causante y hasta el 2 de octubre de 2023, fecha del deceso de la señora Rozo Chacón; (iii) las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de la providencia, aplicando la fórmula indicada en la parte motiva de esa sentencia; (iv) no declarar la prescripción de las mesadas pensionales; (v) entre otros.

Pretensiones

12. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, acceso a la justicia , seguridad social y mínimo vital de la señora MARÍA EMILCE AMAYA CAMPOS , vulnerados por las

“Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, acceso a la justicia , seguridad social y mínimo vital de la señora MARÍA EMILCE AMAYA CAMPOS , vulnerados por las providencias judiciales cuestionadas.

6 Específicamente el 2 de octubre de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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Segundo. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01 y, dentro del medio de control radicado No. 47001333300220190021801.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01 que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera nueva sentencia respetando el precedente constitucional, con carga argumentativa reforzada, y que:

a) Reconozca el 100 % de la sustitución pensional a favor de la accionante, ante la ausencia de convivencia simultánea y el fallecimiento de la cónyuge durante el proceso; o, en subsidio,

b) Motive de manera expresa, suficiente y estricta cualquier eventual apartamiento del precedente, so pena de nulidad por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Cuarto. Ordenar a la UGPP que, a la notificación del fallo de tutela, reconozca y pague a favor de la accionante:

y desconocimiento del precedente.

Cuarto. Ordenar a la UGPP que, a la notificación del fallo de tutela, reconozca y pague a favor de la accionante:

a) Las mesadas pensionales completas (100 %) a partir del nuevo fallo del Tribunal; Los retroactivos e indexación desde el día siguiente al fallecimiento del causante es decir, desde el 18 de mayo de 2016; y

b) Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, hasta el pago efectivo.

Quinto. Oficiar a la UGPP y al Tribunal para que informen dentro de las 48 horas el inicio de cumplimiento y, dentro del término de la orden, anexen soportes del pago y de la reexpedición del fallo;

Sexto. Exhortar a las autoridades judiciales accionadas a observar el precedente constitucional y la carga argumentativa reforzada cuando pretendan apartarse de él en materia de sustitución pensional , especialmente frente a sujetos en situación de vulnerabilidad ”7(Negrita dentro del texto).

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte demandante indicó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia porque (i) la relevancia constitucional se en el momento en el cual se afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social denegando cualquier ingreso pensional tras la decisión de segunda instancia; (ii) la subsidiariedad, porque de acuerdo con la sentencia T-504 de 2000, se surtió la doble instancia y no existe otro medio judicial ordinario para restablecer los derechos vulnerados; (iii) la inmediatez, de acuerdo con la sentencia T-315 de 2005, es inmediata la vulneración al debido proceso; (iv ) la irregularidad

de 2000, se surtió la doble instancia y no existe otro medio judicial ordinario para restablecer los derechos vulnerados; (iii) la inmediatez, de acuerdo con la sentencia T-315 de 2005, es inmediata la vulneración al debido proceso; (iv ) la irregularidad procesal se genera de acuerdo con las sentencias T -008 de 1998 y la SU -159 de 2000; (v) hay una clara identificación de los hechos de acuerdo con la sentencia T658 de 1998 y (vi) no se presenta contra otra tutela, según lo analizado en la sentencia T-522 de 20018.

7 Pág. 3 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai. 8 Las sentencias traídas a colación no fueron explicadas porque eran aplicable a su caso ni de que se trataban las mismas.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

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14. En cuanto a los requisitos específicos adujo que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico por la valoración indebida de (a) la resolución RDP 029362 de 2016 que reconoció la pensión a la compañera (sic); (b) el registro civil de defunción de Margarita Rozo Chacón 02 de octubre de 2023 y (c) las constancias de separación y liquidación conyugal desde 1992, que acreditan ausencia de convivencia simultánea. Pero no fundamentó el motivo por el cual se presentaba dicha valoración.

15. De igual modo, se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal interpretó

de separación y liquidación conyugal desde 1992, que acreditan ausencia de convivencia simultánea. Pero no fundamentó el motivo por el cual se presentaba dicha valoración.

15. De igual modo, se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal interpretó y aplicó erróneamente las normas de seguridad social y los precedentes sobre sustitución pensional entre cónyuge y compañera permanente. Así como también ignoró los criterios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU -540 de 2012, T-707 de 2013 y T-495 de 2017 a través de las cuales se establece que una vez fallecida la compañera permanente, debe reasignarse en un 100% a la cónyuge sobreviviente, siempre que no haya convivencia simultánea. Pero a pesar dicha autoridad a pesar de conocer el fallecimiento de la compañera el 2 de octubre de 2023, le otorgó el 100% de la pensión a los herederos, desconociendo la vigencia pensional.

16. Expuso que se presentó un desconocimiento del precedente porque se apartó el tribunal accionado se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial relacionada con el tema de la situación pensional y omitió los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la prohibición de sustitución post mortem a herederos de una persona fallecida antes del reconocimiento pensional9.

Así como también un defecto procedimental absoluto porque omitió aplicar el principio de congruencia y contradicción al no resolve r de manera motivada las pretensiones ni la apelación interpuestas por la señora Amaya Campos.

Trámite procesal

17. Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió

pretensiones ni la apelación interpuestas por la señora Amaya Campos.

Trámite procesal

17. Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena como accionado y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta, a l a (UGPP) y al Ministerio Público, como terceros con interés, para que ejercieran su derecho de defensa; Lo mismo ocurrió con los miembros de la sucesión procesal de la señora Margarita Rozo Chacón, para esos efectos comisionó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta para que por su conducto, realizara la notificación de dichos sujetos procesales. Por lo que solicitó que la Secretaría General librara el oficio correspondiente dirigido a ese Juzgado, quien debía acreditar el cumplimiento. De otra parte, negó la medida provisional solicitada; requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena y a la

(UGPP) para que informara quienes integraban la sucesión procesal de la señora Margarita Rozo Chacón dentro del proceso identificado con el rad icado 47001-3333-002-2019-00218-00/01 e indicara si existían personas beneficiarias de la sustitución pensional de la cual fue titular. Asimismo, ordenó al tribunal accionado y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta que remitiera en

9 No precisó a que jurisprudencia se refería.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

6 calidad de préstamo el expediente anteriormente mencionado y reconoció personería adjetiva al abogado Carlos Andrés Rodríguez Moreno.

Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo del Magdalena a través del Secretario General adjunto la sentencia de segunda instancia del proceso identificado con el radicado 47001-33-33-002-2019-00218-00/01, para indicar que en el folio 19 se encuentra todo lo relacionado con la sucesión procesal de la señora Marg arita Rosa Rozo Chacón (Q.E.P.D) y se precisan las demás personas beneficiadas.

19. La Unidad Administrativa Especial de la Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) expresó que la acción de tutela no cumple con los requi sitos generales de procedencia, en este caso la inmediatez 10 ni subsidiariedad, y lo pretendido por la parte accionante es sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa.

Además, consideró que no se puede catalogar como una vía de hecho. Lo anterior debido a que tampoco se logra demostrar como la autonomía del juez de la causa y su decisión judicial vulnera los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

20. En lo que se refiere al requisito de subsidiariedad, explicó que no se evidencia que se hubiere iniciado el recurso extraordinario de revisión donde deberá ser el medio en el que se controvierta las inconformidades que indica en la acción de tutela. Ahora bien, la decisión adoptada dentro de la acción judicial no solo

que se hubiere iniciado el recurso extraordinario de revisión donde deberá ser el medio en el que se controvierta las inconformidades que indica en la acción de tutela. Ahora bien, la decisión adoptada dentro de la acción judicial no solo garantizó el debido proceso, sino que se enfocó tanto en las normas, la jurisprudencia que regula el tema como a las pruebas debidamente aportadas al proceso las cuales fueron debidamente analizadas por el estrado judicial accionado para decidir el caso de la parte accionante y que culminó con la decisión hoy no aceptada por quien acciona, por tanto, no existe un defecto fáctico ni sustantivo. Sumado a que la acción de tutela de no es el mecanismo pertinente para obtener un reconocimiento pensional sin el lleno de los requisitos exigidos por las normas que la regularon y menos a desconocer el trámite judicial que se surtió ante el juez natural de la causa y que culminó en una negativa de las pretensiones.

21. El Juzgado Segun do Administrativo del Circuito de Magdalena – Santa Marta notificó al apoderado de la señora Margarita Rosa Rozo Chacón (Q.E.P.D), a la hija Ana Fernanda Chacón Rozo y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección con el fin de dar alcance al auto admisorio p roferido el 11 de noviembre de 2025 del despacho sustanciador.

22. La señora Ana Fernanda Chacón Rozo hija de la señora Margarita Rosa solicitó que se negara la acción de tutela. Lo anterior debido a que lo que busca la parte accionante es convertir en una t ercera instancia. Además, señaló que para

22. La señora Ana Fernanda Chacón Rozo hija de la señora Margarita Rosa solicitó que se negara la acción de tutela. Lo anterior debido a que lo que busca la parte accionante es convertir en una t ercera instancia. Además, señaló que para atacar una providencia judicial a través de acción de tutela debe identificar uno de los vicios o defectos materiales correspondiente a las distintas modalidades

10 No precisó porque no se cumple con este requisito.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 tipificadas por la jurisprudencia constitucional per o no alegó específicamente ninguna de estas. También señaló que la actora no identificó ninguna de las modalidades de defecto fáctico.

23. De otra parte, mencionó que, si bien la accionante intervino en el proceso administrativo adelantado por la UGPP, pero e n sede judicial guardó silencio y se abstuvo de presentar pruebas, en general, no aportó ningún elemento de convicción que permitiera ilustrar a los falladores de instancia sobre sus afirmaciones. Incluso no existe ninguna manifestación que aparentemente e l Tribunal accionado omitió resolver en sede de apelación, ya que esta nunca existió. De otra parte, mencionó que no se cumple con el requisito de la inmediatez pues las sentencias fueron proferidas el 29 de septiembre de 2023 y el 26 de febrero de 2025, mientras que la acción de tutela fue radicada el 7 de noviembre de la misma anualidad, es decir, 9 meses después.

proferidas el 29 de septiembre de 2023 y el 26 de febrero de 2025, mientras que la acción de tutela fue radicada el 7 de noviembre de la misma anualidad, es decir, 9 meses después.

24. Por último, hizo precisión a que, decisiones citadas en el escrito de tutela como las sentencias T -707 de 2013, T -495 de 2017 no tienen relac ión con el objeto de debate. En cuanto a la sentencia C-590 de 2005, T-292 de 2006, SU-195 de 2012 no ofreció argumentos o parámetros específicos aplicables a su caso.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, por tratarse de una tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, debe evaluar si se supera la relevancia constitucional. Lo anterior debido a que, la actora ya contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite determinar que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural de la controversia. Además, esta Sala debe verificar si la demanda de amparo de derechos fundamentales se ejerció en un

permite determinar que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural de la controversia. Además, esta Sala debe verificar si la demanda de amparo de derechos fundamentales se ejerció en un tiempo razonable, contado a partir de la decisión del 26 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena.

27. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se reseñarán los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; en particular se abordará: (ii) la relevancia constitucional; (iii) la inmediatez en las acciones de tutela contra providencia judicial; y (iv) se aplicará al caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRadicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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28. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcio nal y exige que la actora satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 14 o el Consejo de Estado 15, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz d e la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 17 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando

sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

30. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su

configuración. Estos son los siguientes:

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia18.

11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 18 Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07038-00

Accionante: María Emilce Amaya Campos Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9 ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto.19 iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso20. iv.Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la decisión21. v.Erro