CE - Sentencia 11001031500020250704000 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

Demandante: JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – Los reproches formulados en sede de tutela no fueron sometidos a consideración del juez de la causa y tampoco se demostró la configuración de un posible perjuicio irremediable.

La Sala1 resuelve la demanda de tutela instaurada por José Gabriel Zuluaga Castaño y otros contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 7 de noviembre de la presente anualidad, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño,

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 7 de noviembre de la presente anualidad, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño, abogado y agente especial liquidador designado por la Alcaldía de Armenia 2, actuando en nombre propio y en representación de las sociedad es Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en liquidación, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, intim idad, buen nombre, honra y dignidad humana y profesional, así como los derechos de las sociedades a la defensa, debido proceso, intimidad comercial y reserva empresarial. En consecuencia, solicitó: (i) la adopción de una medida provisional para suspender el recaudo de pruebas ordenado

1 Se advierte que el 25 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La legitimación del accionante para representar a las sociedades se acredita en los certificados de existencia y representación legal obrantes en el expediente digital . En dichos documentos consta que el señor José Gabriel Zuluaga Castaño fue designado como agente especial liquidador por la Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022, expedida por la Alcaldía de Armenia – Departamento Administrativo de Planeación, inscripción efectuada en la Cámara de Comercio bajo el número 56787 del Libro IX del Registro Mercantil el 20 de abril de 2022, respecto de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación. Asimismo, se acredita que fue nombrado agente especial liquidador de la sociedad Natura

Registro Mercantil el 20 de abril de 2022, respecto de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación. Asimismo, se acredita que fue nombrado agente especial liquidador de la sociedad Natura Constructora S.A.S. en liquidación, mediante la Resolución No. 244 del 22 de junio de 2022, inscrita en la Cámara de Comercio el 19 de julio de 2022 con el número 58029 del Libro IX. (Samai, índice 2. Expediente Digital, archivo “3ED_ANEXOS_7_11_20252_44(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, folios 3 – 11). De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 del Código de Comercio, así como en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 2130 de 2015, el liquidador ejerce la representación legal plena de la sociedad durante el proceso liquidatorio, con facultades para realizar todos los actos neces arios para la liquidación, incluidos aquellos de carácter judicial y constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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en la audiencia inicial del 6 de noviembre de 2025 que acusa como vulnerador de sus derechos, por estimar que de incorporarse la prueba documental decretada al expediente público se consumaría un perjuicio irremediable; y (ii) el amparo definitivo, consistente en dejar sin efectos el decreto probatorio por considerarlo impertinente, inconducente , arbitrario, innecesario y desproporcionado.

público se consumaría un perjuicio irremediable; y (ii) el amparo definitivo, consistente en dejar sin efectos el decreto probatorio por considerarlo impertinente, inconducente , arbitrario, innecesario y desproporcionado.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 17 de mayo de 2024, la señora Isabel Cristina Rincón Velandia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Armenia, con el

propósito de que se declarara la nulidad de:

(i) La Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022 «por medio de la cual se resuelve el proceso administrativo sancionatorio No. 003 de 2021 y se ordena la intervención forzosa administrativa con fines de liquidación y la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S. (…) en desarrollo y venta del proyecto Parque Residencial Natura; y de la persona natural Isabel Cristina Rincón Velandia, (…) en calidad de titular de las licencias de construcción, permiso de enajenación del proyecto Parque Residencial Natura y titular del dominio del predio de mayor extensión». (ii) La Resolución No. 244 del 22 de junio de 2022 «por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra d e la Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022». (iii) La Resolución No. 065 del 24 de marzo de 2023 «por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión para liquidar los negocios, bienes

080 del 25 de marzo de 2022». (iii) La Resolución No. 065 del 24 de marzo de 2023 «por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión para liquidar los negocios, bienes y haberes de la sociedad Grupo Natura Constructora S.A.S ., Natura Constructora S.A.S. y la persona natural Isabel Cristina Rincón Velandia y se aportan otras disposiciones». (iv) El oficio DP -POT-14398 del 14 de diciembre de 2023 expedido por el subdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, mediante el cual se niega la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 080 del 25 de marzo de 2022 y la Resolución No. 244 del 22 de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 91 de la ley 1437 de 20113.

4. Mediante auto del 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió parcialmente la demanda, circunscribiendo el debate a la legalidad del oficio DP-POT14398 del 14 de diciembre de 2023, y declaró la caducidad de la acción respecto de las demás resoluciones demandadas4. En la misma providencia, dispuso la vinculación del

3 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 3. 4 La decisión sobre la caducidad fue impugnada. Mediante auto del 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío resolvió no reponer la providencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para que se surtiera la apelación subsidiaria (Samai, proceso 63001 -23-33-000-2024-00059-00,

Administrativo del Quindío resolvió no reponer la providencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para que se surtiera la apelación subsidiaria (Samai, proceso 63001 -23-33-000-2024-00059-00, índice 12). Posteriormente, en auto del 31 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de rechazar parcialmente la demanda (Samai, proceso 63001-23-33-000-2024-0005900, índice 18).Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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señor José Gabriel Zuluaga Castaño en calidad de agente especial liquidador dentro del proceso de intervención forzosa administrativa5.

5. En la audiencia inicial cel ebrada el 6 de noviembre de 2025 6, se fijó el litigio en los siguientes términos: «¿Está viciado de nulidad el oficio DP -POT -14398 del 14 de diciembre de 2023, mediante el cual se niega la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 80 del 25 de marzo de 2022 y Resolución 244 del 22 de junio de 2022, proferido por el MUNICIPIO DE ARMENIA? En caso afirmativo, deberá determinarse si es viable el restablecimiento de derecho en los términos solicitados en el escrito de demanda, en el sentido de declarar, entre otras cosas, que la accionante no

determinarse si es viable el restablecimiento de derecho en los términos solicitados en el escrito de demanda, en el sentido de declarar, entre otras cosas, que la accionante no es responsable del incumplimiento de las causales 1, 3 y 5 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, y que no es solidariamente responsable de las obligaciones contraídas en la ejecución del proyecto, Parque Residencial Natura, y así mismo, ordenar la terminación de la intervención forzosa administrativa y el consecuente levantamiento de la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la demandante».

6. En la misma audiencia, el Tribunal decretó las pr uebas documentales solicitadas por la parte actora, consistentes en (transcripción literal):

• Hoja de vida y soportes de estudios y experiencia del agente especial JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO, que fueron acreditados para su nombramiento. -Todos los info rmes de ejecución de su labor de agente especial y liquidador presentados por el señor JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto a la señora ISABEL CRISTINA RINCÓN VELANDIA y la sociedad GRUPO NATURA CONSTRUCTORA S.A.S. - Relación de bienes y activos que haya presentado el señor JOSÉ GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto a la señora ISABEL

CRISTINA RINCON VELANDIA y la sociedad GRUPO NATURA CONSTRUCTORA S.A.S. - Discriminación de todos los gastos, costos y pasivos que haya reportado el señor JOSE GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto al

S.A.S. - Discriminación de todos los gastos, costos y pasivos que haya reportado el señor JOSE GABRIEL ZULUAGA CASTAÑO ante el Municipio de Armenia, respecto al proceso de intervención y liquidación de la señora ISABEL CRISTINA RINCON VELANDIA y la sociedad GRUPO NATURA CONSTRUCTORA S.A.S. - Informar qué bien es de los que fueron intervenidos o embargados por parte del Municipio de Armenia, han sido vendidos, permutados o enajenados a cualquier título, aportando los respectivos soportes documentales como promesas de compraventa, escrituras públicas y certificados de tradición o calificación en que se observe el acto jurídico y su valor.

7. Contra esta decisión, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño interpuso recurso de reposición, alegando que el decreto probatorio carecía de conducencia y pertinencia, por cuanto las pruebas ordenadas estaban relacionadas con la nulidad de actos administrativos respecto de los cuales ya se había declarado la caducidad (Resoluciones No. 080 del 25 de marzo de 2022 y No. 244 del 22 de junio de 2022), siendo ajenas al objeto procesal delimitado, circunscrito a la legalidad del Oficio DP-POT-143987.

5 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 6. 6 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 45. 7 Grabación de la audiencia inicial, minuto 35:00 – 36:50, obrante en el link: https://etbcsj6 Samai del proceso 63001-23-33-000-2024-00059-00, índice 45. 7 Grabación de la audiencia inicial, minuto 35:00 – 36:50, obrante en el link: https://etbcsjmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/des03taqnd_cendoj_ramajudicial_gov_co/IQBrnA8d7upRRJDlRlnLn6S oAcAwrKnvk9VuRsy9giymvA?e=Gn2e3R&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlY W1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF 0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7fX0%3DRadicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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8. El recurso fue tramitado con traslado a las partes y al Ministerio Público, y resuelto desfavorablemente por el Tribunal, que confirmó la decisión al considerar que cada una de las pruebas documentales decretadas guarda ba una vinculación estrecha con el

debate. En particular, argumentó que:

(i) La hoja de vida del agente liquidador se relaciona con su calidad para haber

de las pruebas documentales decretadas guarda ba una vinculación estrecha con el debate. En particular, argumentó que:

(i) La hoja de vida del agente liquidador se relaciona con su calidad para haber adelantado la liquidación o la intervención correspondientes. (ii) Los informes de ejecución permiten examinar la forma en que se desarrolló la intervención. (iii) La relación de bienes y activos son pertinentes para establecer la magnitud del perjuicio reclamado. (iv) La discriminación de gastos, costos y pasivos en que se incurrió en el proceso de intervención también son situaciones que ameritan estudiarse respecto del acto administrativo cuestionado. (v) La información sobre bienes intervenidos, enajenados o permutados contribuye a determinar el eventual restablecimiento del derecho.

9. En último término, puntualizó que ratificaba la decisión , dada la conducencia y pertinencia de las pruebas decretadas, y que el análisis probatorio se realizaría con miras a esclarecer la legalidad del acto administrativo objeto de estudio8.

10. En el escrito de tutela, el señor José Gabriel Zuluaga Castaño sostiene que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto determinar la validez del oficio DP-POT-14398 del 14 de diciembre de 2023, que negó la pérdida de fue rza ejecutoria de actos anteriores. Sin embargo, afirma que las pruebas decretadas se orientan a evaluar su gestión como agente especial liquidador, aspecto ajeno al objeto procesal delimitado, lo que las torna impertinentes e inconducentes, pues no guarda n relación directa con la nulidad del oficio ni son aptas para demostrar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo demandado.

procesal delimitado, lo que las torna impertinentes e inconducentes, pues no guarda n relación directa con la nulidad del oficio ni son aptas para demostrar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo demandado.

11. En este sentido, considera que la decisión vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, intimidad, buen nombre, honra y dignidad humana y profesional, así como los de sus representadas a la defensa, intimidad comercial y reserva empresarial. Ello, por cuanto amplía indebidamente el objeto del litigio y ordena la divulgación de información sensible que ocasi onaría un perjuicio desproporcionado frente a la finalidad probatoria, máxime cuando dichas sociedades no son parte demandante ni se cuestiona la legalidad de su intervención.

12. Sustenta la vulneración en la configuración de tres defectos: fáctico, sustanti vo y procedimental. En cuanto al primero –defecto fáctico - atribuye su configuración al decreto de pruebas impertinentes e inconducentes respecto del objeto del proceso, por cuanto, a su juicio, no guardan relación con la causa petendi ni son aptas para demostrar la legalidad o ilegalidad del acto demandado. Además, se orientan a evaluar su gestión personal como agente liquidador e introducir hechos ajenos al litigio, desnaturalizando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alterando el marco del contradictorio y generando una amenaza cierta e inminente a sus derechos

8 Grabación de la audiencia inicial, minuto 39:53 - 42:40.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

Demandante: José Gabriel Zuluaga Castaño y otros

8 Grabación de la audiencia inicial, minuto 39:53 - 42:40.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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fundamentales por la incorporación pública de información sensible que no se justifica en el objeto procesal delimitado.

13. Respecto del defecto sustantivo, sostiene que el Tribunal desconoció los principios de pertinencia, conducencia y proporcionalidad previstos en el artículo 165 del Código General del Proceso y el artículo 180 del CPACA, al decretar pruebas que exceden el objeto del litigio, que además, (i) no son necesa rias para esclarecer la validez del oficio demandado; y (ii) imponen un sacrificio desmedido a derechos fundamentales como la intimidad, buen nombre y reserva empresarial, frente a un beneficio probatorio nulo.

14. En cuanto al defecto procedimental , indica que el Tribunal alteró el marco del contradictorio al decretar pruebas orientadas a evaluar su gestión personal como agente liquidador y a actos administrativos respecto de los cuales ya se declaró la caducidad, lo que vulnera el principio de congruencia procesal y la garantía del juez natural, impidiendo el ejercicio pleno del derecho de defensa frente a un eventual juicio de responsabilidad no previsto en la demanda.

15. Finalmente, señala que no existe otro medio judicial eficaz, pues el auto de pruebas fue notificado en audiencia y solo procedía el recurso de reposición.

B. Trámite impartido e intervenciones

no previsto en la demanda.

15. Finalmente, señala que no existe otro medio judicial eficaz, pues el auto de pruebas fue notificado en audiencia y solo procedía el recurso de reposición.

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 12 de noviembre de 20259, se admitió la acción de tutela y ordenó notificar, como parte demandada, al magistrado Luis Javier Rosero Villota, integrante del Tribunal Administrativo del Quindío. Además, se dispuso notificar a la señora Isabel Cristina Rincón Velandia y al alcalde del Municipio de Armenia, en calidad de terceros con interés.

17. Igualmente, se negó la medida provisional sol icitada, por cuanto los argumentos expuestos por el solicitante corresponden al núcleo del debate que debe resolverse en la decisión de fondo. Además, no se acreditó la apariencia de buen derecho ni la certeza sobre la afectación de los derechos invocados, dado que el auto cuestionado se fundamentó en razones que, prima facie, resultan razonables y guardan relación directa con el objeto del litigio.

18. El Tribunal Administrativo del Quindío solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por conside rar que se está empleando este mecanismo como un recurso adicional para controvertir decisiones judiciales adoptadas dentro de un proceso contencioso en curso, máxime cuando la orden cuestionada se limita al recaudo de pruebas solicitadas por la parte demandante, las cuales se consideran pertinentes para esclarecer los hechos.

19. Argumentó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues se garantizó el debido proceso mediante providencias motivadas y recursos oportunos; asimismo, la

pruebas solicitadas por la parte demandante, las cuales se consideran pertinentes para esclarecer los hechos.

19. Argumentó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues se garantizó el debido proceso mediante providencias motivadas y recursos oportunos; asimismo, la información requerida no afecta la intimidad ni la reserva empresarial, dado que corresponde a documentos relacionados con la labor del agente liquidador y el principio de transparencia que rige los procesos liquidatorios. En último término, adujo que

9 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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cualquier dato sensible puede ser protegido mediante mecanismos de reserva en la plataforma judicial10.

20. El Municipio de Armenia manifestó que no interpuso recurso contra el auto que decretó las pruebas, pero considera que la documentación solicitada podría ser inconducente, pues se relaciona con actos administrativos respecto de los cuales ya operó la caducidad. Señaló que las pruebas decretadas —informes del agente especial, relación de bienes, costos y pasivos — no serían determinantes para el objeto del l itigio y, además, contienen información sensible y reservada del proceso de intervención, la cual ha tenido manejo confidencial. Por ello, coadyuvó la posición del accionante, solicitando que se proteja dicha información y se evite su exposición en el trám ite judicial11.

21. No hubo más intervenciones.

II. CONSIDERACIONES

solicitando que se proteja dicha información y se evite su exposición en el trám ite judicial11.

21. No hubo más intervenciones.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

23. La Sala determinará, en primer lugar, si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular el de subsidiariedad. Solo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la decisión del tribunal demandado, consistente en el decreto de las pruebas documentales solicitadas por la parte actora dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, implicó la configuración de algún defecto o causal específica de procedibilidad y, por ende, vulneró los derechos fundamentales del señor José Gabriel Zuluaga Castaño y de las sociedades Grupo Natura Co nstructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en liquidación.

E. Análisis de la Sala: improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad

24. La acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 de la

S.A.S. en liquidación.

E. Análisis de la Sala: improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad

24. La acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política12 y el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 13, tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia

10 Samai, índice 9. 11 Samai, índice 11. 12 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». 13 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable14.

25. Por ello, los interesados deben agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para remediar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, pues, lo contrario implicaría utilizar la tutela como una vía

25. Por ello, los interesados deben agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para remediar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, pues, lo contrario implicaría utilizar la tutela como una vía preferente o como una instancia judicial adicional de protección, que vaciaría de contenido las competencias de los jueces naturales y convertiría al juez constitucional en un revisor general de todas las controversias jurídicas, desnaturalizando su función excepcional en la protección de derechos fundamentales.

26. En desarrollo de este requisito, la jurisprudencia ha precisado que la subsidiariedad debe valorarse bajo criterios más estrictos, identificando escenarios concretos en los que su incumplimiento conduce a la improcedencia del amparo 15. Esto ocurre, entre otros eventos, cuando «el asunto que dio lugar al defec to no haya sido previamente alegado»16, lo que implica que la controversia formulada en sede constitucional debió ser oportunamente puesta en conocimiento del juez natural, salvo que su planteamiento previo no hubiere sido posible por circunstancias ajenas a la voluntad del actor.

27. Desde esta perspectiva , el requisito de subsidiariedad no se satisface con la mera interposición formal de los recursos, pues la carga procesal del interesado le impone el deber de exponer ante el juez ordinario los mismos argumentos que posteriormente pretende esgrimir en sede de tutela, en cuanto esto hubiere sido posible. Si un argumento no fue sometido a discusión ante el juez ordinario, no es la acción de tutela la vía procesal adecuada para abrir dicho debate por primera vez, puesto que, se itera, este mecanismo no puede emplearse para revivir oportunidades procesales perdidas, ni para subsanar

adecuada para abrir dicho debate por primera vez, puesto que, se itera, este mecanismo no puede emplearse para revivir oportunidades procesales perdidas, ni para subsanar omisiones argumentativas en las que incurrió la parte interesada. Permitir que se introduzcan argumentos nuevos en el trámite constitucional desnaturalizaría la acción, convirtiéndola en una instancia adicional y atentando contra la seguridad jurídica y la competencia del juez natural.

28. Al respecto, la jurisprudencia indica que la rigidez del requisito de subsidiariedad protege el debido proceso dentro de cada actuación judicial, toda vez, que «[l]as etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus

14 En la sentencia T -1190 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, es necesario verificar lo siguiente: « (i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis añadido)».

para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis añadido)». 15 En la sentencia de unificación 062 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que existen cuatro eventos que conllevan la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por no cumplir con el requisito de subsidiariedad: «(i) que el asunto esté en trámite; (ii) que no se hayan agotado los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, (iii) que se utilice la acción de tutela como un instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el sistema jurídico y (iv) que el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado». 16 Corte Constitucional, sentencia de unificación 062 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07040-00

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remotos orígenes»17. Adicional a ello, protege la autonomía e independencia judicial, en atención a que «[c]uando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción»1819.

último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción»1819.

29. En el caso concreto, se advierte con claridad que el asunto carece de subsidiariedad, toda vez que los reproches formulados en la tutela para sustentar la existencia de defectos o vicios en la providencia acusada no fueron sometidos a consideración del juez de la causa.

30. Tras revisar el expediente 63001 -23-33-000-2024-00059-00, correspondiente a l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Isabel Cristina Rincón Velandia, dentro del cual fu e vinculado el señor José Gabriel Zuluaga Castaño como agente especial liquidador de las sociedades Grupo Natura Constructora S.A.S. en liquidación y Natura Constructora S.A.S. en liquidación, la Sala advierte que, si bien el accionante interpuso formalmente el recurso de reposición contra el auto del 6 de noviembre de 2025 que decretó las pruebas , único mecanismo de defensa ordinario a su disposición conforme a los artículos 242 y 243 del