CE - Sentencia 11001031500020250704100 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: FRANCISCO MARÍN GIRALDO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que confirmó la decisión que accedió a las pretensiones en un proceso de reparación directa. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional porque dichos reproches cor respondían a una mera inconformidad con la interpretación normativa ya analizada por el juez natural.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1, por intermedio de apoderada judicial, por los señores Rosa María Llasno de Marín, Francisco Marín Giraldo, Margarita María Marín Llasno, Jennifer Marín Llasno, Sirley Milena Marín Llasno, Jovani Alberto Marín Llasno y Jorge Eliecer Marín Llasno en contra del Tribunal Administrativo de Antioqui a para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, vida, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 11, 13, 29 y 229

Llasno y Jorge Eliecer Marín Llasno en contra del Tribunal Administrativo de Antioqui a para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, vida, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 11, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 7 de mayo de 2025 proferida por dicha autoridad judicial, en el proceso de reparación directa con radicación no. 05001-33-33-014-2015-00097-02.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 7 de noviembre de 2025. (índice 00002 del aplicativo SAMAI)2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señ aló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 30 de marzo de 2013, el joven Juan Pablo Marín Llasno fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a abordar un vehículo y al día siguiente apareció su cuerpo sin vida en el barrio El Socorro de la Comuna 13 de Medellín.

1. El hecho hace parte de la problemática de “fronteras invisibles” en la Comuna 13 de Medellín, por lo cual los actores presentaron demanda de reparación directa en contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia, para que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por la muerte del joven Marín Llasno.

la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia, para que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por la muerte del joven Marín Llasno.

1. Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Catorce Administrativo de Or alidad del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda tras considerar que el daño no era imputable a las demandadas , dado que en ningún momento el joven solicitó medidas de protección ni existía prueba alguna que demostrara que la población q ue habita en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín se encontrara a merced de bandas criminales o desprotegida ; por el contrario, según los testimonios practicados, en dicha zona de la ciudad sí hacía presencia la fuerza pública y sus habitantes desarrollaban sus actividades cotidianas con normalidad.

1. Inconformes con la decisión, los demandantes presentaron recurso de apelación en el que afirmaron que no se realizó una debida valoración probatoria, pues, es claro que para la época de los hechos hacía fal ta pie de fuerza y medidas de seguridad; adicionalmente, alegaron que se debieron implementar planes de acción para evitar la muerte de tantos civiles, líderes comunales y culturales que no tenían nada que ver con el conflicto.

1. En sentencia de 7 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia toda vez que no es posible sostener que el homicidio del joven Juan Pablo Marín Llasno hubiere ocurrido en el marco de lo que se ha denominado como “fronteras invisibles”, máxime cuando se evidenció que el municipio

la sentencia de primera instancia toda vez que no es posible sostener que el homicidio del joven Juan Pablo Marín Llasno hubiere ocurrido en el marco de lo que se ha denominado como “fronteras invisibles”, máxime cuando se evidenció que el municipio de Medellín sí llevó a cabo políticas públicas, encaminadas a afrontar y resolver la grave problemática de violencia que ha existido y existe en las comunas de la ciudad.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

2. Los fundamentos de la vulneración

Los actores alegaron que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y error inducido.

Respecto al defecto fáctico afirmaron que se omitió la valoración integral de las pruebas, en particular el Informe de Riesgo no. 008 de 2013 de la Defensoría del Pueblo y el Informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín de 2013, los cuales permitían evidenciar las problemáticas sociales de la Comuna 13 para el momento de los hechos; tampoco se valoró el testimonio del Dr. Arnulfo Serna Giraldo, quien reconoció que era n “los combos” y no las autoridades, quienes controlaban el territorio mediante el 'Pacto de No Fusil' ; ni los testimonios de los deponentes que confirmaron la existencia de fronteras invisibles y la ausencia de respuesta del municipio sobre las actas de judicialización y control territorial del CAI San Michel, pruebas que resultaban determinantes en el análisis probatorio del caso.

Frente al defecto sustantivo indicaron que se aplicó indebidamente el régimen de

municipio sobre las actas de judicialización y control territorial del CAI San Michel, pruebas que resultaban determinantes en el análisis probatorio del caso.

Frente al defecto sustantivo indicaron que se aplicó indebidamente el régimen de responsabilidad del Estado por no reconocer la falla del servicio por omisión en el cumplimiento del deber constitucional de protección establecido en los artículos 2, 315 de la Constitución Política y los artículos 84 y 91 de la Ley 136 de 1994.

El tribunal fue inducido a error por la falta de colaboración del municipio de Medellín, quien no remitió la información requerida sobre controles y operativos en la zona .

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demand ante solicitó lo siguiente:

“Con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, respetuosamente solicito a la Honorable Corte Constitucional:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, verdad, justicia y reparación de ROSA MARÍA LLASNO DE MARÍN y demás familiares de JUAN PABLO

MARÍN LLASNO.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de reparación directa radicado

2015-00097.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de treinta (30) días, profiera nueva sentencia en la cual:4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

• Valore integralmente las pruebas aportadas, especialmente las alertas tempranas y los informes de derechos humanos.

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

• Valore integralmente las pruebas aportadas, especialmente las alertas tempranas y los informes de derechos humanos. • Aplique correctamente el régimen de responsabilidad estatal por falla del servicio por omisión. • Reconozca la vulneración del deber constitucional de protección establecido en los artículos 2 y 315 de la Constitución Política. • Declare la responsabilidad administrativa del Estado y ordene la reparación integral del daño.

CUARTO: Como medida provisional y mientras se resuelve de fondo esta acción, SUSPENDER los efectos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia .”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 12 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia y se vinculó al titular del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín, al director general de la Policía Nacional, al ministro de Defensa Nacional, al gobernador del departamento de Antioquia y al alcalde del municipio de Medellín, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

En auto de 24 de noviembre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se negó la medida provisional solicitada por la parte actora .

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

El Juzgado 14 Administrativo de Medellín (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que

medida provisional solicitada por la parte actora .

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

El Juzgado 14 Administrativo de Medellín (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de l os actores, tal como se puede evidenciar en el expediente y en l os argumentos expuestos en la sentencia de 27 de noviembre de 2017.

La Policía Nacional (índice 0010 del aplicativo SAMAI) indicó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los actores , por el contrario, advirtió que la presente acción de tutela es plenamente improcedente, dada la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado a la parte accionante derivado de la determinación adoptada por la Rama Judicial.

La Gobernación de Antioquia (índice 0011 d el aplicativo SAMAI) solicitó su desvinculación del asunto de referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los actores y no es la llamada a responder por la presunta vulneración.

Adicionalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por la ausencia de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

La Alcaldía de Medellín (índice 0013 del aplicativo SAMAI) indicó que se opone tajantemente a las pretensiones elevadas por la parte accionante en tanto desconocen por completo el adecuado tr ámite que se surtió en ambas instancias del proceso y la

tajantemente a las pretensiones elevadas por la parte accionante en tanto desconocen por completo el adecuado tr ámite que se surtió en ambas instancias del proceso y la valoración consciente y ardua que tanto el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín como el Tribunal Adm inistrativo de Antioquia hicieron en el proceso ordinario, por lo que solicitó desestimar la acción de tutela de la referencia .

El Tribunal Administrativo de Antioquia (índice 0017 del aplicativo SAMAI) indicó que los argumentos planteados en el trámite constitucional son similares a los expuestos en el recurso de apelación , de ahí que lo que realmente se pretende es convertir la acción de tutela en una tercera instancia para que le sean resueltas de manera favorable las pretensiones que ya fueron objeto de decisión judicial por la juez titular del Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y por el superior jerárquico cuando se estudiaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Las demás autoridades, a pesar de haber sido notificadas en debida forma , no presentaron escrito de contestación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el as unto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que reg ulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que reg ulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autori dad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados , presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 7 de mayo de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las pretensiones.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,

las pretensiones.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, conforme se expone a continuación:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e ind ependencia judicial.7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C -590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades

genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los ju eces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asu ntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 2, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la

enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “ se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal3”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

2 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022. 3 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

Demandante: Francisco Marín Giraldo y otros Acción de tutela

En efecto, en la referida sentencia SU -103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunt o constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales” .

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concr eta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales4”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechaz o o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU -215 de 2022 y la SU -103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una

concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

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estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.5

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela

tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni r eabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T -022 de 2019, determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el c ual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con l a decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por e l legislador de precisas

improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por e l legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de

5 Ídem.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07041-00

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tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispu esto, entre otras, en las sentencias SU -573 de 2019, SU128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU -215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe trascender la mera lega lidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de

debe trascender la mera lega lidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a r eplantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para cuestion ar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019, esta hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).” 6.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación

que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende

6 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.11

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emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.

2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1. En lo referente a la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y error inducido que, a juicio de la parte actora, conllevaron a la vulneración de sus derechos fundamentales, porque no se tuvo en cuenta que sí se demostró la responsabilidad del Estado debido a la falla del servicio por omisión en el cumplimiento del deber constitucional de protección , para la Sala es claro que se trata de una discusión de mera legalidad que ya fue abordada y resuelta de manera razonable en el proceso ordinario.

Estado debido a la falla del servicio por omisión en el cumplimiento del deber constitucional de protección , para la Sala es claro que se trata de una discusión de mera legalidad que ya fue abordada y resuelta de manera razonable en el proceso ordinario.

1. En efecto, en el recurso de apelación presentado en el proceso de reparación directa, la parte actora en similares términos a los que ahora pretende adujo lo siguiente:

“Respetuosamente solicito honorable Magistrado estudiar acuciosamente los alegatos de conclusión presentados por esta defensora a la primera Instancia, mismos que en mi sentir no fueron valorados integralmente por el A quo, y que resalto algunos renglones importantes para el estudio juicioso de este proceso:

(…).

De la prueba recaudada se puede vislumbrar claramente que el joven JUAN PABLO MARÍN LLASNO no hacía parte del conflicto armado y que