CE - Sentencia 11001031500020250704300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07043-00

Referencia: Acción de tutela

Actoras: LORENA ANDREA VEJARANO ROMERO Y OTRA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. SE EVIDENCIA

QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL DENTRO DEL

PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, VIDA, SALUD Y ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por las actoras contra la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CAUCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Las señoras LORENA ANDREA VEJARANO ROMERO y LUZ DARY ROMERO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de

1 En adelante el Tribunal.2

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Actoras: LORENA ANDREA VEJARANO ROMERO Y OTRA

1 En adelante el Tribunal.2

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Actoras: LORENA ANDREA VEJARANO ROMERO Y OTRA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud, al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integra l, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 8 de mayo de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00346-01.

I.2. Hechos

Indicaron que el señor REINALDO ARMANDO VEJARAN O (q.d.e.p.) padre y compañero permanente de las accionantes, respectivamente, padecía de enfermedades cardiacas de carácter crónico, las cuales fueron documentadas en su historia clínica . Asimismo, que, como parte del tratamiento de soporte vital, le fue prescrito oxígeno domiciliario por parte de la EPS CAPRECOM, hoy

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM

LIQUIDADO2.

Aseguraron que, pese a lo anterior, CAPRECOM y el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN , omitieron proveer oportunamente el suministro del oxígeno, situación que generó una

2 En adelante CAPRECOM.3

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN , omitieron proveer oportunamente el suministro del oxígeno, situación que generó una

2 En adelante CAPRECOM.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co progresión aguda d el estado de salud del señor REINALDO ARMANDO VEJARAN O (q.d.e.p.), quien el 26 de septiembre de 2015, luego de ser remitido a la CLÍNICA SANTA GRACIA, falleció a pesar de los intentos de reanimación que le practicaron en dicho centro de salud.

Adujeron que, por lo anterior, promovieron medio de control de reparación directa contra el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y CAPRECOM, el cual fue identificado con el número único de radicación 2017-00346-00, que le correspondió en reparto, en primera instancia , al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN3 que, mediante sentencia de 31 de enero de 2022, declaró probada la excepción de ausencia de responsabilidad de la parte demandada y negó las pretensiones de la demanda.

Aseveraron que inconforme s con la anterior decisión presentaron recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 8 de mayo de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

Aseveraron que inconforme s con la anterior decisión presentaron recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 8 de mayo de 2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto pasó por alto el material probatorio obrante en

3 En adelante Juzgado.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el expediente ordinario, tal como la declaración rendida por la señora GLORIA SEGOVIA CAMPO , qu ien en su testimonio expresó las necesidades y obligaciones en las que tuvieron que incurrir los familiares del causante para poder costear el oxígeno que requería.

Señalaron que al no ser valorado dicho testimonio y, por ende, no asignarle ningún valor probatorio , se afectó el núcleo del derecho fundamental al debido proceso, además de que se rompió la cadena causal establecida en los hechos, por lo que se anuló la posibilidad de que el juez reconociera la responsabilidad derivada de una omisión verificable y documentada en la historia clínica del causante.

Asimismo, resaltó que también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido frente a la pérdida de oportunidad como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado,

omisión verificable y documentada en la historia clínica del causante.

Asimismo, resaltó que también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido frente a la pérdida de oportunidad como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, desarrollada en la sentencia de 26 de enero de 2013 4, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que señaló que ante la ausencia de certeza plena sobre la evitabilidad del daño final, hay lugar a imputarle responsabilidad a la administración, siempre que se pruebe la frustración de una expectativa médica razonable.

Indicó que el TRIBUNAL les exigió una prueba pericial que

4 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, expediente núm. 1998-01005-01.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditara que el suministro de oxígeno habría evitado el fallecimiento del señor ARMANDO VEJARANO (q.d.e.p.), la cual era imposible de recaudar.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se declare procedente la presente acción de tutela

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se declare procedente la presente acción de tutela contra providencia judicial.

2. Que se deje sin efectos la Sentencia No. 247 del 8 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

3. Que se ordene emitir una nueva providencia con sujeción a los principios de verdad material, precedente judicial, equidad probatoria, y protección de los derechos fundamentales invocados.

4. Que se disponga, como medida de justicia restaurativa, el reconocimiento simbólico del daño causado a las accionantes y a la

memoria de REINALDO ARMANDO VEJARANO.

5. Que se oficie copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud, a fin de tomar nota de las omisiones sistémicas aquí evidenciadas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario cuestionado , afirmó que la providencia censurada se ajustó a los precedentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, con6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co valoración plena de las pruebas aportadas en su momento por las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co valoración plena de las pruebas aportadas en su momento por las partes.

Indicó que analizó todas y cada una de las piezas procesales aportadas al expediente ordinario, así como tuvo en cuenta la jurisprudencia y las leyes aplicables al caso concreto, por lo que no se evidencia transgresión de derecho fundamental alguno.

I.6. Vinculados

I.6.1.- La FIDUPREVISORA S.A. , como vocera de CAPRECOM indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, por lo que solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.2.- El JUZGADO luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa, manifestó que no existieron pruebas que indicaran que la actuación de las allí demandadas tuvieran injerencia en los perjuicios reclamados, por el contrario, del material probatorio se logró establecer que la muerte del señor VEJARANO (q.e.p.d.) obedeció al curso natural de su enfermedad de base, por lo que considera que actu ó conforme a derecho y dando aplicación a la normatividad atinente al caso.7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. como v ocera de CAPRECOM solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:8

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la causa por pasiva en los siguientes términos:8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello n o se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, e l juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La

celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, e l juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien , comoquiera que CAPRECOM fungió como parte demandada en el proceso ordinario cuestionado, a su administradora la FIDUPREVISORA S.A., le asiste interés directo en las resultas de la presente acción constitucional, razón por la cual se denegará su9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debién dose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).10

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con11

claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no

al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o12

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 8 de mayo de 2025 ,

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 8 de mayo de 2025 , proferida por el TRIBUNAL dentro de l medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00346-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud, al acceso a la administración de justicia y al principio de reparación integral, habida cuenta que, a juicio de las actoras, incurrió en defecto fáctico, por cuanto pasó por alto el material probatorio obrante en el expediente ordinario, tal como la declaración rendida por la señora GLORIA13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07043-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGOVIA CAMPO, quien en su testimonio expresó las necesidades y obligaciones en las que tuvieron que incurrir los familiares del causante para poder costear el oxígeno que requería.

Resaltó que también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido frente a la pérdida de oportunidad como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, desarrollada en la sentencia de 26 de enero de 20135, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que señaló que ante la ausencia de

fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, desarrollada en la sentencia de 26 de enero de 20135, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que señaló que ante la ausencia de certeza plena sobre la evitabilidad del daño final, hay lugar a imputarle responsabilidad a la administración, siempre que se pruebe la frustración de una expectativa médica razonable.

Arguyeron que el TRIBUNAL les trasladó la carga de la prueba , exigiéndoles probar con documentación técnica y pericial que la falta del oxígeno había sido determinante en el fallecimiento del causante, sin considerar sus limitaciones económicas, materiales y técnicas ; además, que la misma recaía en CAPRECOM.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

5 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, expediente núm. 1998-01005-01.14

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

www.consejodeestado.gov.co tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07043-00

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07043-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07043-00

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección