CE - Sentencia 11001031500020250704600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., Once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Demandante: Álvaro Enrique Carranza Mojica Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Acción: Acción de tutela Tema: Tutela contra providencia judicial Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por Álvaro Enrique Carranza Mojica en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

1. SÍNTESIS DEL CASO El señor Álvaro Enrique Carranza Mojica, actuando a través de apoderada, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 20001-33-33-002-202400172-00/01 y para ello, formuló

las siguientes pretensiones1:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida el día 08 DE MAYO DE 2025, en el expediente radicado bajo número

las siguientes pretensiones1:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida el día 08 DE MAYO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20-001-33-33-002-2024-00172-01, transgredió los derechos fundamentales al

DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A L A ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del

(la) señor (a) ALVARO ENRIQUE CARRANZA MOJICA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente ALVARO ENRIQUE CARRANZA MOJICA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07046 00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2A del escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Manifestó que el Gobierno Nacional, en ejercicio de su potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, decretó incrementos iguales para el personal docente vinculado al escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007 ; sin embargo, advirtió que para el año 2011 , estableció incrementos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial, sin que existiera una exposición de motivos previa, razonada y suficiente que explicara la justificación fáctica, jurídica o técnica de dicha diferenciación.

Precisó que dicho comportamiento resultó excepcional, pues para los años 2012 y siguientes se retomó un esquema de incrementos homogéneos para todo el escalafón docente.

Aseguró que resultó afectado al comprobar que, para el año 2011, la categoría 3AM del escalafón docente recibió un incremento salarial del 11,3 %, mientras que la categoría 2A solo obtuvo un aumento del 5,7 %, diferencia que evidencia un trato desigual e injustificado.

Expuso que, ante dicha situación, presentó reclamación administrativa ante el Ministerio

2A solo obtuvo un aumento del 5,7 %, diferencia que evidencia un trato desigual e injustificado.

Expuso que, ante dicha situación, presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias derivadas de los incrementos desiguales e injustificados aplicados en 2011; no obstante, ambas entidades negaron sus pretensiones mediante los Oficios nro. 2024-EE-059880 del 28 de febrero de 2024 y CES2024ER007548 – CES2024EE003800 del 27 de febrero de 2024.

Indicó que, contra tales decisiones, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la cual solicitó inaplicar el decreto expedido en el año 2024 que fijó la escala salarial para el personal docente y, adicionalmente, declarar la nulidad de los actos administrativos que negaron su reclamación, así como ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres años a nteriores a la reclamación.

Señaló que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar que , mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024 negó las pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 8 de mayo de 2025 la confirmó.

En cuanto a l os requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , afirmó que su solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que “la providencia judicial negó el reconocimiento

En cuanto a l os requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , afirmó que su solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que “la providencia judicial negó el reconocimiento del derecho y en consecuencia, vulneró los principios de igualdad material y progresividad salarial, consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política”2.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07046 00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

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Agregó que3:

[…] se trata de un conflicto que no se agota en la mera interpretación de normas legales, sino que compromete la vigencia efectiva de derechos fundamentales, toda vez que la decisión judicial convalidó un trato discriminatorio entre categorías del escalafón do cente, pese a existir un precedente constitucional claro y vinculante que exigía garantizar la igualdad sustancial en la asignación de incrementos salariales […].

Frente a los requisitos específicos, adujo que la providencia cuestionada incurr ió en defecto sustantivo y defecto fáctico.

Sobre el defecto sustantivo, anotó que la autoridad judicial accionada realizó una

Frente a los requisitos específicos, adujo que la providencia cuestionada incurr ió en defecto sustantivo y defecto fáctico.

Sobre el defecto sustantivo, anotó que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación abiertamente irrazonable de la Constitución y del ordenamiento jurídico aplicable, desconociendo el alcance del artículo 13 Superior, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.

Sostuvo que en la providencia acusada se aceptó como justificado un trato desigual en los incrementos salariales de 2011 pese a carecer de sustento objetivo, lo cual generó una afectación permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2A.

Finalmente, respecto al defecto fáctico, aseveró que el tribunal accionado incurrió en indebida valoración probatoria, pues no obra en el expediente prueba que demuestre motivos válidos que justificaran la medida administrativa cuestionada. Aseguró que ni el expediente ni la sentencia explican la razón de ser del incremento salar ial desigual, lo que genera incertidumbre sobre su legitimidad.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes dentro del trámite fueron las siguientes:

3.1. La acción de tutela fue radicada el 7 de noviembre de 2025 4 y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 12 de noviembre de 20255 la admitió y ordenó notificar6 al Tribunal Administrativo del Cesar, como parte accionado; así como vincular7 a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Cesar , como terceros interesados en el resultado del proceso.

notificar6 al Tribunal Administrativo del Cesar, como parte accionado; así como vincular7 a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Cesar , como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar para que remitiera copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 20001-33-33-002-2024-00172-00/01, el cual fue remitido.

3.2. El Tribunal Administrativo de l Cesar 8, al allegar el enlace del proceso referido, manifestó que reitera y acoge los fundamentos de orden constitucional, legal y

3 Ibidem. 4 Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07046-00. 5 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07046-00. 6 Esta orden se cumplió el 14 de noviembre de 2025. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07046-00. 7 Ibidem. 8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07046-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

03-15-000-2025-07046-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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jurisprudencial expuestos en la providencia del 8 de mayo de 2025, así como los criterios fijados por el juez constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite.

Asimismo, indicó que los once despachos administrativos del circuito de Valledupar y los seis Despachos del Tribunal Administrativo han mantenido una línea uniforme en la resolución de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto del escalafón docente, desestimando las pretensiones de las demandas.

3.3. El Ministerio de Educación Nacional9 rindió informe en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y que se desvincule a dicha cartera ministerial del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Adujo que, en este caso no se evidencia que las presuntas vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales alegadas comprometan de manera grave la existencia o supervivencia del accionante, ni su acceso a la administración de justicia. Tampoco se acreditó la existencia de una afectación indirecta a los derechos fundamentales de las personas naturales vinculadas a la tardanza en las respuestas a sus solicitudes.

Agregó que, e n particular, el debate planteado corresponde a una controversia de

acreditó la existencia de una afectación indirecta a los derechos fundamentales de las personas naturales vinculadas a la tardanza en las respuestas a sus solicitudes.

Agregó que, e n particular, el debate planteado corresponde a una controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que desborda la competencia del juez constitucional, por cuanto carece de relevancia constitucional, deviniendo la solicitud de amparo en improcedente.

3.4. El departamento del Cesar guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 11 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 12, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 13, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, la Sala advierte que dicha petición no es procedente comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del

Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, la Sala advierte que dicha petición no es procedente comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del

9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07046-00. 10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de reproche en esta acción constitucional, fue promovida, entre otros, en su contra.

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proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de reproche en esta acción constitucional, fue promovida, entre otros, en su contra.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.2.1. El señor Álvaro Enrique Carranza Mojica, actuando por conducto de apoderada, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional y el departamento del Cesar, pretendiendo lo siguiente:

PRIMERA: Inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez del Decreto Nacional 449 de 2022, que a si mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nacional 319 de 2020, y/o se declare la NULIDAD de los Decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2A teniendo de presente que los salarios tres (3) años con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 e inaplicar igualmente, los demás Decretos Nacionales que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de esta demanda, que modifiquen “…. la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los

Decretos Nacionales que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de esta demanda, que modifiquen “…. la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media…” que corresponden a los incrementos salariales que se real icen irregularmente con posterioridad al año 2024 y hasta momento de la ejecutoria de la presente sentencia.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo Oficio N° 2024-EE-059880 (Con radicación relacionada N° 2024 -ER-064646) DEL 28 DE FEBRERO DE 2024, (…), en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año en el

año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2A, fue del 5.7% para su salario en el año 2011.

CUARTA: Declarar que mi mandante, perteneciente a la categoría 2A del Escalafón Nacional Docente, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTO DEL CESAR, de acuerdo al artículo 21 del Decreto - Ley 1278 de 2002, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición realizada, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un incremento

14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado nro. 20001-33-33-002-2024-0017200/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN,

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del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2A, fue del 5.7% para su salario en el año 2011 y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales hacia el futuro, reconociéndose tres (3) años hacia atrás contados desde el momento en que se realizó la reclamación ante las entidades convocadas.

A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se condenara a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de:

[…] los dineros al docente oficial, perteneciente a la categoría 2A, de acuerdo al artículo 21 del Decreto -Ley 1278 de 2002, de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a esta petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada e ilegal en el año en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2A, fue del 5.7% para su salario en el año 2011, reconociéndose tres (3) años hacia atrás contados desde el momento en que se realizó la reclamación […].

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar que, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024 negó las pretensiones.

que se realizó la reclamación […].

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar que, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, el demandante hoy accionante, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 8 de mayo de 2025, notificada el 13 de mayo de 2025, la confirmó.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

4.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de

1. el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución17.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de

del precedente judicial y violación directa de la Constitución17.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”18 que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001 -03-15-000-201202201-0119.

4.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C -590 de 2005, acogida también por esta Corporación20, estableció que un asunto reviste relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos

16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos

16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 17 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 18 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 19 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 20 Corte Constitucional, sentencia C -590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).Radicado: 11001-03-15-000-2025-07046-00

Accionante: Álvaro Enrique Carranza Mojica

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de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Posteriormente, en la sentencia SU-215 de 202221, la Corte reiteró “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. En esa misma providencia se precisó que:

[…] el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido

y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. En esa misma providencia se precisó que:

[…] el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados […].

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a esta Sala examinar si el asunto planteado supera el requisito de relevancia constitucional, a partir de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional.

4.4.2.1. Criterios jurisprudenciales sobre la relevancia constitucional

En la referida sentencia C -590 de 2005 22, la Corte Constitucional indicó que el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al j uez natural y,

por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al j uez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constituciona