CE - Sentencia 11001031500020250704700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin dilaciones injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA _____________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Ana Victoria Méndez Camacho , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Ana Victoria Méndez Camacho promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la ausencia de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Nariño respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó parcialmente la demanda, en el medio

administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la ausencia de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Nariño respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó parcialmente la demanda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iden tificado con el radicado 52001333300620240017701.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra el departamento de Nariño, Secretaría de Educación y la Comisión Nacional del Servicio Civil 2 con la finalidad de cuestionar la legalidad «del oficio No NAR2024ER005001 / NAR2024EE006019 de FECHA 24 DE FEBRERO DE 2024 (…)

1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». 2 En adelante CNSC.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho a título de restablecimiento del derecho, decrétese el nombramiento y posesión en periodo de prueba del empleo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, Código 470, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 160263» (sic).

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en providencia del 15 de noviembre de 2025 la requirió para que allegara la demanda con sus anexos de forma ordenada, un índice de los documentos aportados y el folio en el cual se enc ontraba cada uno.

providencia del 15 de noviembre de 2025 la requirió para que allegara la demanda con sus anexos de forma ordenada, un índice de los documentos aportados y el folio en el cual se enc ontraba cada uno.

2.3. En providencia del 18 de marzo de 2025 , se rechazó parcialmente la demanda respecto de la pretensión del pago de salarios, primas y demás emolumentos dejados de percibir , y se admitió frente a las pretensiones declarativas, estas son, el restablecimiento solicitado atinente al nombramiento en periodo de prueba y el pago de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales . En contra de esta decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

2.4. En providencia del 16 de mayo de 2025, se resolvió no reponer el auto del 18 de marzo de 2025 y conceder el recurso de apelació n.

2.5. Se vulner aron sus derechos fundamentales con ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que rechazó parcialmente la demanda , pese a los requerimientos previos que ha realizado ante la autoridad judicial demandada .

1.11. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Sírvase TUTELAR MIS DERECHOS de la violación al ACCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, VIAS DE HECHO, de la Carta Superior, por ser sujeto de especial protección, que me está siendo vulnerado al ATENDER EN DEBIDA FORMA mis pretensiones

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, VIAS DE HECHO, de la Carta Superior, por ser sujeto de especial protección, que me está siendo vulnerado al ATENDER EN DEBIDA FORMA mis pretensiones

SEGUNDO: Solicito ORDENAR, al accionado DR. MP - EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO RADICADO: 52001333300620240017701, proceda en un término no superior a 48 horas a resolver la acción judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al recurso de apelación, en especial teniendo en cuenta que dentro de la audiencia de conciliación extrajudicial ante la PGN, se solicitó el pago de mis SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, AFILIACIONES AL SGSS, tal y como consta en los recursos y la demanda.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, notificar a la mayor brevedad lo resuelto y, en caso de admisión proceda con su inmediata notificación, para el respectivo conteo de términos.

CUARTO: ORDENAR al accionado DR. MP - EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO RADICADO: 52001333300620240017701, cumplir los términos de ley, dentro del presente proceso, por ser un sujeto de especial protección.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho QUINTO: Proceder el recurso de impugnación. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La CNSC 3 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por

QUINTO: Proceder el recurso de impugnación. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La CNSC 3 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva ya que no e ra la entidad competente para pronunciarse de fondo sobre lo pretendido. Asimismo, que se declarara improcedente la tutela por no acreditar el requisito general de la subsidiarieda d ante la existencia de mecanismos judiciales idóneos y eficaces para resolver las controversias expuestas, los cuales no habían sido agotados. T ampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la intervención urgente del juez constitucional.

5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto4 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico -procedimentales surtidas al interior del medio de control en cuestión, refirió que no vulneró los derechos fundamentales invocados ya que sus actuaciones se adecuaron y ajustaron a las disposiciones legales vigentes.

5.1. La parte demandante ya había interpuesto petición de tutela en contra de es e despacho, identificada con el radicado 2025–00083-00, en la cual, mediante sentencia del 1 de abril de 2025 se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado por el Tribunal Administrativo de Nariño.

6. El Tribunal Administrativo de Nariño 5 informó que no se configuró una mora judicial injustificada, por cuanto se evidenció la diligencia del despacho en la tramitación del asunto en cuestión, en su orden respectivo, pues, según acta de reparto del 22 de

judicial injustificada, por cuanto se evidenció la diligencia del despacho en la tramitación del asunto en cuestión, en su orden respectivo, pues, según acta de reparto del 22 de mayo de 2025 se le asignó su conocimiento para resolver sobre la apelación del auto de 18 de marzo de 2025, por medio del cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto rechazó parcialmente la demanda . Actualmente, ocupa el turno 33, entre 48 asuntos que se encuentran pendientes de decisión.

7. El departamento de Nariño 6 pretendió que se negara la petición de amparo ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados comoquiera que la demandante en ejercicio de su voluntad renunció al cargo en el cual fue nombrada.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva ; iv) determinación del problema jurídico ; v) procedencia de la

3 Ver índice 8 de S amai, actuación denominad a «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemandailove_merged15(.pdf) NroActua 8». 4 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado « 13RECIBEPRUEBAS_2054007047InformedeT(.pdf) NroActua 9». 5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Respuesta-Informetutela11001(.pdf) NroActua 11».

NroActua 9». 5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Respuesta-Informetutela11001(.pdf) NroActua 11». 6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 21_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionTutela(.pdf) NroActua 12».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 7 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el

Tribunal Administrativo de Nariño.

2.2. Cuestión previa

10. En este punto, la Sala precisa que, aunque el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto mencionó la existencia de la tutela radicada bajo el número 2025-00083-00 ante el Tribunal Administrativo de Nariño, en la cual también se debatió el medio de control objeto de estudio, en ese trámite se solicitó que dicho despacho decidiera sobre el amparo de pobreza y la admisión de la demanda. Situación que no coincide con la presente, pues la autoridad cuestionada y las pretensiones ahora formuladas son distintas.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

coincide con la presente, pues la autoridad cuestionada y las pretensiones ahora formuladas son distintas.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto

2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes . La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autori zación o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

12. La Corte Constitucional8 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 9. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el

persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 9. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis. 9 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 10 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Cart a Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la

plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Cart a Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

13. La CNSC solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no se le atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.

14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercer a con interés, al ser la entidad demandad a dentro del medio de control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.

2.4. Problema jurídico

15. De acuerdo con el escrito de tutela, l a Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales de Ana Victoria Méndez Camacho con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó parcialmente la demanda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado

52001333300620240017701?

2.5. Procedencia de la solicitud de tutela

16. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone , entre otras, como causal de improcedencia de la solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendien do las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

17. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 12, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos

11 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño. 12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.5.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas

18. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 13, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la dignidad humana.

19. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país.

20. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional14:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional

Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de apli cación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos - para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de pro moción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de la s garantías propias del debido proceso. […]».

las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de la s garantías propias del debido proceso. […]».

21. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso -administrativa el derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y

13 Artículo 2 de la Constitución Política. 14 Sentencia C-177 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las partes, como el debido proceso.

22. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo adecuado.

23. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica a las controversias sociales.

24. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye

personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica a las controversias sociales.

24. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada caso, y solo serán aceptab les cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.

25. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicia l tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentenc ias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.

26. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades judiciales.

actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.6. Análisis de la Sala

27. Ana Victoria Méndez Camacho promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se orden ara al Tribunal Administrativo de Nariño resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó parcialmente la demanda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001333300620240017701.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho

28. De conformidad con la información registrada en Samai15 y en las pruebas allegadas, se destacan las siguientes actuaciones:

28.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Ana Victoria Méndez Camacho presentó demanda contra el departamento de Nariño, Secretaría de Educación y la CNSC con las siguientes pretensiones:

28.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en providencia del 15 de noviembre de 2025 la requirió en los siguientes términos:

28.3. En providencia del 18 de marzo de 2025 , rechazó parcialmente la demanda , así:

«[…] PRIMERO. – RECHAZAR PARCIALMENTE la demanda presentada por la señora ANA VICTORIA MÉNDEZ CAMACHO en contra del DEPARTAMENTO DE NARIÑO –

así:

«[…] PRIMERO. – RECHAZAR PARCIALMENTE la demanda presentada por la señora ANA VICTORIA MÉNDEZ CAMACHO en contra del DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, respecto de la pretensión del pago de salarios, prima s y demás emolumentos dejados de percibir, y RECHAZAR respecto de la pretensión de perjuicios morales conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ADMITIR la presente demanda en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO interpuesta por la señora ANA VICTORIA MÉNDEZ CAMACHO en contra del DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE

15 Ver en Samai proceso ejecutivo identificado con el radicado 52001333300620240017701.9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho EDUCACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL respecto de las pretensiones declarativas, el restablecimiento solicitado atinente al nombramiento en periodo de prueba de la demandante, el pago de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales , conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, e imprimirle el trámite legal correspondiente.

TERCERO. - NOTIFICAR la presente decisión a la parte demandante, por anotación en estados electrónicos en los términos que establece el artículo 201 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO. - NOTIFICAR la presente decisión a la parte demandada, DEPARTAMENTO DE

estados electrónicos en los términos que establece el artículo 201 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO. - NOTIFICAR la presente decisión a la parte demandada, DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL de forma personal por medio buzón de correo electrónico destinado exclusivamente para notificaciones judiciales, de conformidad con el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

QUINTO. - La parte demandada, DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL contará con el término de treinta (30) días para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y en su caso prop oner demanda de reconvención, según el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011. Este plazo comenzará a correr al día hábil siguiente al vencimiento de los dos (2) días hábiles que contempla el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. […]». (sic)

28.4. En providencia del 16 de mayo de 2025, decidió:

«[…] PRIMERO. - NO REPONER el auto del 18 de marzo de 2025, por medio del cual se rechazó parcialmente la demanda.

SEGUNDO. - CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el Auto de 18 de marzo de 2025, por el cual se rechazó parcialmente la demanda,

rechazó parcialmente la demanda.

SEGUNDO. - CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el Auto de 18 de marzo de 2025, por el cual se rechazó parcialmente la demanda, ante el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, en el efecto suspensivo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO. - Una vez ejecutoriada esta decisión, REMITIR el expediente al Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la Oficina Judicial de Pasto (N) para efectos de reparto, previas las anotaciones del caso y conforme a los parámetros actuales.

CUARTO. - NOTIFICAR la presente decisión por anotación en estados electrónicos, de conformidad con el artículo 201 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 del 2021. […]». (sic)

28.5. El 23 de mayo de 2025 , el proceso fue radicado ante el Tribunal Administrativo de Nariño, Actualmente registra las siguientes anotaciones:

28.6. Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial demandada en su informe, se ha respetado el sistema de turnos para para decidir los procesos:10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07047-00

Demandante: Ana Victoria Méndez Camacho «[…] De conformidad con acta de reparto de 22 de mayo de 2025 se asignó el conocimiento del proceso atrás referido al Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Nariño, del que soy titular, para que resuelva sobre la apelación del auto de 18 de marzo de 2025, por medio del

del proceso atrás referido al Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Nariño, del que soy titular, para que resuelva sobre la apelación del auto de 18 de marzo de 2025, por medio del cual de Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto rechazó parcialmente la demanda presentada por la ahora accionante.

Conforme al sistema de turnos adoptado en el Despacho 01, actualmente el asunto 16156 ocupa el turno 33, entre 48 asuntos que se encuentran para resolver apelación de autos dictados en primera instancia por los jueces administrativos (…)

La Corte Constitucional ha sostenido que debe respetarse estrictamente el orden de turnos para decidir los procesos, pues solo así se garantiza un acceso a la justicia en condiciones de igualdad y se evita que el juez altere arbitrariamente el orden para fallar. Este respeto por el turno no es solo una regla legal, sino una exigencia derivada de los principios consti