CE - Sentencia 11001031500020250705200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: LAURA MILENA HUERTAS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Nivelación salarial docente / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / No se encuentra acreditado por cuanto la parte accionante persigue un fin meramente económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela 1 instaurada por la señora Laura Milena Huertas, por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de noviembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por la presunta vulneración de sus derechos

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 7 de noviembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proc eso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

Hechos relevantes

2. La señora Laura Milena Huertas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de

Educación Nacional con la finalidad que:

“[…] se “inaplique por ilegal” el Decreto Nacional 284 de 2024 que derogó el Decreto 887 del 2 de junio de 2023, que a su vez derogó el Decreto 449 de 2022, que asimismo derogó el Decreto 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto 319 de 2020; d e igual manera, se declare la nulidad de los decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2BE, teniendo de presente que los salarios de tres (3) años con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por

1 Que ingresó para fallo el 27 de noviembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela

2 estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido

Accionante: Laura Milena Huertas

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela

2 estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 e inaplicar igualmente, lo s demás decretos nacionales que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, que modifiquen “la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media” que corresponden a los incrementos salariales que se realicen irregularmente con posterioridad al año 2024 y hasta momento de la ejecutoria de la presente sentencia”2.

3. A título de restablecimiento del derecho la actora solicitó que se declarara que pertenece a la categoría 2BE del Escalafón Nacional Docente y se le reconociera el pago de las diferencias salariales con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2009 para el g rado en el escalafón 2AE, equivalente 15,61%, por medio de los Decretos Nacionales núms. 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, “mientras que el incremento efectuado a la categoría del escalafón al que pertenece mi mandante que es 2BE, injusta e ilegalmente solo fue del 7.67% para su salario en el año 2009 y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales adicionales hacia el futuro”3.

4. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia

y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales adicionales hacia el futuro”3.

4. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia que, por medio de sentencia del 5 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

5. A juicio del a quo, si bien toda diferencia o trato desigual en materia salarial puede configurar una vulneración constitucional, en el caso bajo estudio la disparidad entre los escalafones 2BE y 2BA se encontraba justificada en los distintos niveles de formación, experiencia y ubicación dentro del escalafón. Asimismo, consideró que no se acreditó que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes del nivel

2AE afectara el derecho a la igualdad de quienes pertenecían al nivel 2BE, pues al no encontrarse en el mismo gra do del escalafón, estaban situados en niveles académicos y criterios de mérito diferentes.

6. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó apelación. El recurso fue estudiado por el Tribunal Administrativo del Quindío que, a través de providencia del 8 de mayo de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.

7. El ad quem sostuvo que, contrario a lo sostenido por la parte apelante, en la decisión recurrida se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada vulneración del derecho a la i gualdad, en cuanto a la justificación de la administración en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los incrementos salariales de los años 2008 a 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante.

8. Afirmó que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pues puede darse un

los incrementos salariales de los años 2008 a 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante.

8. Afirmó que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pues puede darse un trato diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad tendiente a estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de modo tal que en los casos examinados, según señaló, no se

2 Folios 1 y 2 de la sentencia del 8 de mayo de 2025. 3 Folio 2 ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

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3 desconoció el derecho a la igualdad, en razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentre situado en otra. Así, resultaba congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel de escalafón, “en tanto las variables de la escala salarial se encuentra justificada por el Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando con ello que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por ende, no desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado”4.

Pretensiones

9. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo sigu iente (se

transcribe textualmente):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la

Pretensiones

9. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo sigu iente (se

transcribe textualmente):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia proferida el día 08 de mayo de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001 -3333-005-2024-00148-00, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora LAURA MILENA HUERTAS, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular de la docente LAURA MILENA HUERTAS a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante sostiene que la providencia del 8 de mayo de 2025 incurrió en un defecto sustantivo por cuanto “el análisis de los incrementos salariales de 2009 revela una incongruencia normativa flagrante consistente en que, mientras el

10. La parte demandante sostiene que la providencia del 8 de mayo de 2025 incurrió en un defecto sustantivo por cuanto “el análisis de los incrementos salariales de 2009 revela una incongruencia normativa flagrante consistente en que, mientras el Nivel 2BE exige superar ev aluaciones rigurosas y acreditar mayor experiencia, recibió aumentos porcentuales inferiores (7.67%), respectivamente, frente al Nivel

2AE (15.61%), respectivamente. Esta distorsión no solo viola el principio "a trabajo igual, salario igual", sino que desc onoce el mandato específico del literal j) del artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, que vincula directamente la escala salarial a la complejidad funcional, responsabilidades y calificaciones exigidas”6.

11. De igual modo, aduce un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria frente al debate jurídico planteado, pues no se demostró por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como el 2AE, obedeciera a razones objetivas , verificables y debidamente sustentadas. Asimismo, no se aportó prueba alguna que

4 Folio 12 ibid. 5 Folios 8 del escrito de tutela. 6 Folio 14 ibid.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela

4 evidenciara la existencia de criterios válidos que respaldaran dicha decisión administrativa.

12. En esa medida, al no haberse tomado en consideración la Ley 1278 de 2002,

Referencia: Acción de tutela

4 evidenciara la existencia de criterios válidos que respaldaran dicha decisión administrativa.

12. En esa medida, al no haberse tomado en consideración la Ley 1278 de 2002, que exige una proporcionalidad salarial basada en la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador, resultaba necesario cuestionar cuáles motivo s reales incidieron en la adopción de un trato tan inequitativo. Así, precisa que ni el expediente ni la sentencia ofrecieron una explicación al respecto, lo que genera incertidumbre sobre la legitimidad y justificación del incremento salarial desigual avalado por la autoridad administrativa.

Trámite procesal

13. Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío como accionado y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Municipio de ArmeniaSecretaría de Educación, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Públ ico y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 63001 -33-33-005-2024-00148-00/01, como terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

14. Asimismo, vinculó a la Ag encia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

las resultas del proceso, para que rindieran informe.

14. Asimismo, vinculó a la Ag encia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

15. La Secretaría de Educación del Municipio de Armenia solicitó que se declarara improcedente, o en su defecto se negara, la acción de tutela promovida por la señora Laura Milena Huertas contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

Expuso que no se probó ningún defecto que sirviera como requisito para la procedencia excepcional de la acción constitucional y afirmó que el debate planteado se ubica en el ámbito legal y no en el constitucional.

16. En igual sentido, indicó que no se cumple el requisito de relevancia constitucional y sostuvo que no existe amenaza n i vulneración de los derechos fundamentales cuya protección solicitó la actora, por cuanto los hechos señalados no demostraron una acción u omisión atribuible a la entidad pública. Por el contrario, añadió que la entidad actuó dentro de su competencia y en concordancia con los términos fijados por la Constitución y la Ley.

17. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 63001-3333-005-2024-00148-00.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela

Accionante: Laura Milena Huertas

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

20. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los r equisitos de procedibilidad, en particular la relevancia constitucional, al presentar una argumentación dirigida a perseguir un fin meramente económico?

21. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo del Quind ío, con la expedición de la providencia del 8 de mayo de 2025, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad de la parte accionante?

22. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de

del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra de cisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 10 o el Consejo de Estado 11,

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cos a juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentenc ias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

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6 ni una sentencia inter pretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiari edad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitar lo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando

sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga u n efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

25. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté directamente orientada a la protección de derechos fundamentale s y no se limite a reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente al juez ordinario.

26. La Corte Constitucional indicó 14 que la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cues tionar sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la d ecisión judicial.

27. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el eventos en que se pretende reabrir el debate 15: (i) el debate debe recaer sobre un asunto c onstitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el

asunto c onstitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constit ución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

28. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demost rar, de manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018. 15 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

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7 de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

29. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

30. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió

presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

30. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en los defectos fáctico y sustantivo al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2025, que resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la señora Laura Milena Huertas contra el Ministerio de Educación, encaminado a obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales a las cuales considera tener derecho, toda vez que acreditó estar escalafonada en una categoría que, por su propia naturaleza, conlleva una remuneración superior frente a los docentes ubicados en el nivel 2AE.

31. Al respecto, se tiene que, en la decisión acusada, en relación con las diferencias salariales, la autoridad judicial accionada consideró lo siguiente:

“Revisada la sentencia de primera instancia, considera la Sala de Decisión que, contrario a los sostenido por la parte apelante, se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la administración en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los incrementos salariales de los años 2008 a 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante.

Lo afirmado encuentra sustento, ya que luego de un a nálisis amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979, el Estatuto que desarrolló esa materia, dispuesto en el Decreto 1278 de 2002, aplicable a partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la

régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979, el Estatuto que desarrolló esa materia, dispuesto en el Decreto 1278 de 2002, aplicable a partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la política pública implementada para el sector docente mediante los Decretos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009, enfatizando en lo regulado en cada uno de ellos en cuanto a título, grado de escalafón, el nivel salarial y la asignación básica respectiva. De igual manera, analizó el régimen salarial y prestacional docente, para señalar que los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional para establecer la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, históricamente han dispuesto la asignación básica mensual para los docentes de acuerdo al título, grado en el escalafón, nivel salarial y si cuentan con especialización, maestría o doctorado. […].

Es claro, como lo sostuvo en el fallo recurrido, que los supuestos de hecho y de derecho planteados en la demanda y que se predican como contentivos de un trato desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación; sí se logra evidenciar un t rato disímil entre los aumentos de los escalafones que compara la parte demandante en su libelo, sin embargo, ello obedece a sujetos y condiciones diferentes.

Es cierto que, en ambos escalafones comparados, se habla de docentes oficiales, sin embargo, la diferencia entre los escalafones que pretenden ser

sujetos y condiciones diferentes.

Es cierto que, en ambos escalafones comparados, se habla de docentes oficiales, sin embargo, la diferencia entre los escalafones que pretenden ser

16 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

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8 comparados, radica en que para cada uno de ellos se exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes sujetos.

Por activa se pretende equiparar el grado A con el grado B profesional docente del escalafón dos (2), sin tener en cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de la reglamentación distinta; el educador profesional que apena s ingresa al escalafón docente grado A tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y que ha venido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro servidor.

En ese orden, la s pretensiones de la demanda desconocen que la reglamentación reprochada permite fijación salarial variable y que gira en torno a la realidad de cada servidor docente. De igual manera, la gradualidad de los aumentos del 2009 en las bases salariales docente s, lograron disminuir la brecha existente entre uno y otro grado, en lo que atañe a su remuneración, lo cual se logró no con el detrimento de aquellos que más experiencia y profesionalización tuvieran, sino por el contrario, aumentando

disminuir la brecha existente entre uno y otro grado, en lo que atañe a su remuneración, lo cual se logró no con el detrimento de aquellos que más experiencia y profesionalización tuvieran, sino por el contrario, aumentando en un mayor porcentaje, los salarios de aquellos que por su corto tiempo de ingreso a la carrera docente, o en virtud de su nivel básico de especialización, ganaban menos, ello, sin que se desconozca que el docente con mayor grado y nivel seguirá percibiendo una mejor remuner ación salarial”17.

32. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que lo pretendido por la parte actora se limita a una discusión de contenido estrictamente económico, toda vez que los argumentos mediante los cuales sustenta su acción tienen relación con el reconocimiento de la nivelación salarial respecto del año 2009 efectuada por el Ministerio de Educación Nacional, en tanto el incremento en el escalafón 2BE al que pertenecía en ese momento obedeció al 7. 67% y pide que se aplique el que correspondió al escalafón 2AE que fue del 15.61%.

33. En este contexto, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia constitucional. Además, la presente tutela no cuestiona una dimensión fundamental de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, de modo que permita evidenciar que no pudo ejercer su defensa o contradicción, presentar pruebas, ingresar a la administración de justicia o ventilar sus

de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, de modo que permita evidenciar que no pudo ejercer su defensa o contradicción, presentar pruebas, ingresar a la administración de justicia o ventilar sus pretensiones ante la jurisdicción.

34. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello, se d eclarará improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.

17 Folio 11 de la sentencia del 8 de mayo de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07052-00

Accionante: Laura Milena Huertas

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela

9 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justici a en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Laura Milena Huertas, por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a l os interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a l os interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FERNANDO AL