CE - Sentencia 11001031500020250705700 de 2025

Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07057-00

Demandante: GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Tema: Tutela por mora judicial. Deniega la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2025, e l señ or Gerardo

Plena de la corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2025, e l señ or Gerardo Alonso Herrera Hoyos, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectiv os identificado con el radicado 66001 -23-33-000-2025-00033-001, puesto que, no «ha logrado que se admita» dicha demanda, ni se ha concedido el amparo de pobreza que solicitó.

A su vez, se observa que el accionante también solicitó que se le conceda el amparo de pobreza en la acción constitucional de la referencia, pues «bajo

1 El cual promovió contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros en Santa Rosa de Cabal.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juramento» manifiesta no tener trabajo y lo poco que percibe económicamente lo emplea en su subsistencia y en su mínimo vital.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

SE ORDENE ADMITIR MI ACCION POPULAR INMEDIATAMENTE

AMPARADO DERECHO SUSTANCIAL

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

SE ORDENE ADMITIR MI ACCION POPULAR INMEDIATAMENTE

AMPARADO DERECHO SUSTANCIAL

SE CONCEDA EL AMPARO DE POBREZA QUE EN DERECHO NUEVAMENTE PIDO A FIN Q [UE] SE ME GARANTICE MI ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MI ACCION CONSTITUCIONAL SE IMPIDA SE COMETA UN EXCESO RITUAL MANIFIESTO SENTENCIA H CC SU 061 DE 2018

SE ORDENE SIEMPRE AL TRIBUNAL DETERMINAR EL TIPO DE

ACCION QUE TRAMITA LLAM [Á]NDOLA ACCION POPULAR, PUES NO

LE DETERMINA POR SU NOMBRE SE ORDENE LA INTERVENCIÓN EN

DERECHO A MI FAVOR DEL PROCURADOR DELEGADO EN

ACCIONES POPULARES ANTE EL TRIBUNAL A FIN QUE ME

GARANTICE DERECHO SUSTANCIAL Y MI ACCESO EN DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MI ACCION CONSTITUCIONAL de negar mi acci [ó]n, desisto de todas mis acciones populares que pudieran estar en este tribunal contencioso administrativo en Pereira Rda, pues me canse de perder mi tiempo sin eco alguno en derecho. pido comparta todos [los] link de todas las populares que actualmente trámite el tribunal tutelado independiente quien les presentó . (Transcripción literal del texto original)

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que presentó demanda en ejercicio de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros en

del texto original)

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que presentó demanda en ejercicio de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros en Santa Rosa de Cabal , el cual se identificó con el radicado 66001 -23-33-0002025-00033-00. Entre las pretensiones, solicitó lo siguiente:

1. Se proteja el Derecho Colectivo al Goce del Espacio Público, a la Seguridad y Prevención de desastres previsibles Técnicamente, a la realización de las Construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevale[n]cía al beneficio de la calidad de vida de los hab itantes y el Acceso a una infraestructura de Servicios que garantice la salubridad y seguridad pública.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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2. Dada la omisión y amenaza se ordene al accionado, representante legal del establecimiento abierto al publico (sic), gerente del establecimiento comercial accionado, o representante legal o a quien asuma dicha calidad al momento de la notificación de esta acción se sirva adelantar los Trámites Administrativos correspondientes ante la Autoridad competente con el fin de garantizar la construcción de un b año publico (sic), apto para

comercial accionado, o representante legal o a quien asuma dicha calidad al momento de la notificación de esta acción se sirva adelantar los Trámites Administrativos correspondientes ante la Autoridad competente con el fin de garantizar la construcción de un b año publico (sic), apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc, donde tiene el establecimiento de comercio abierto al público, de conformidad con la ley, 361 de 1997. …

Adujo que, la demanda colectiva no se admitió y que el tribunal le indicó que estaba obligado a «agotar la vía gubernativa contra el representante legal del establecimiento de comercio COOPERATIVA DE CAFETEROS EN SANTA

ROSA DE CABAL RISARALDA COLOMBIA SUR AMÉRICA…»

Refirió que, solicitó una medida cautelar y también el amparo de pobreza con la finalidad de que un abogado cumpliera con las «exigencias del tribunal».

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró que no «ha logrado que se admita» la demanda colectiva, ni se ha concedido el amparo de pobreza que solicitó ; por lo que, considera que el tribunal demandado ha incurrido en una conducta «renuente» y en una mora judicial, pese a que en dichos procesos debe primar el derecho sustancial, la celeridad y la economía procesal.

Refirió que, la finalidad de la solicitud de medida cautelar que presentó en dicho expediente obedeció a la inexistencia de la unidad sanitaria pública apta para los ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas , pues existe un

Refirió que, la finalidad de la solicitud de medida cautelar que presentó en dicho expediente obedeció a la inexistencia de la unidad sanitaria pública apta para los ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas , pues existe un perjuicio irremediable a la salud en conexidad con la vida de estos, pese a que se trata de una población que goza de protección reforzada por el Estado, la cual se ve discriminada además por la falta de la unidad sanitaria que él exige.

Señaló que, aunque considera que cumple con lo dispuesto en el artículo 18 2

2 ARTÍCULO 18.- Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos: a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado; b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición; c) La enunciación de las pretensiones; d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pú blica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible; e) Las pruebas que pretenda hacer valer;Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Ley 472 de 1998 3, se negó el amparo de pobreza que también pidió

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Ley 472 de 1998 3, se negó el amparo de pobreza que también pidió para que un abogado cumpliera con los requisitos de la demanda colectiva ; por lo que, a su juicio, se configura un exceso ritual manifiesto.

Manifestó que, «bajo juramento» , no t iene trabajo y lo poco que percibe económicamente lo emplea en su subsistencia y en su mínimo vital.

1.5. Trámite

Mediante auto del 18 de noviembre de 2025, se admitió la demanda de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Risaralda.

A su vez, se dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del ministro de Salud y Protección Social y al representante de la Cooperativa de Cafeteros en Santa Rosa de Cabal (en calidad de demandados en el proceso colectivo), así como al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), pues intervino en el trámite del expediente objeto de esta demanda constitucional.

Adicionalmente, se denegó el amparo de pobreza solicitado, puesto que el actor no acreditó los elementos para ello, ya que no aportó ningún elemento que permitiera establecer que no contaba con la capacidad económica para sufragar los gastos que pud iera generar el trámite de este mecanismo constitucional.

Asimismo, se indicó que, en todo caso, la acción de tutela se caracterizaba esencialmente por la informalidad y porque su presentación no requería que

constitucional.

Asimismo, se indicó que, en todo caso, la acción de tutela se caracterizaba esencialmente por la informalidad y porque su presentación no requería que se realizara a través de representa nte judicial, ni generaba erogación alguna para el actor en caso de actuar por sí mismo.

f) Las direcciones para notificaciones; g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado. 3 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

El magistrado ponente de la referida corporación sostuvo que inadmitió la demanda colectiva, al considerar que, no se acreditó la solicitud previa al Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal frente a la pretensión principal consistente en la

demanda colectiva, al considerar que, no se acreditó la solicitud previa al Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal frente a la pretensión principal consistente en la construcción o habilitación de un baño o unidad sanitaria en la sede, como tampoco que exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos.

Precisó que, si bien el actor mediante escrito del 5 de septiembre de 2025 informó sobre la solicitud del Ministerio de Salud que, entre otros , dicho requerimiento estaba dirigido a la presunta inexistencia de un «…baño p[ú]blico en los LOCALES de los bancos Bancolombia, banco Davivienda banco popular, banco bbva, Banco de Occidente, ban co agrario popular de Colombia Banco de Bogotá Bancamía Banco de la mujer Banco caja social Banco Colpatria Banco Itau Banco GNB Sudameris Banco Procredit Banco W Bancoomeva Banco Pichincha Bancompartir Cooperativa financiera Juriscoop (sic)», no se observ ó que ese era el motivo de la acción interpuesta.

Adujo que como el demandante no presentó la respectiva subsanación , con auto del 30 de octubre de 2025 rechazó la demanda colectiva, pues no fue posible dar por acreditado el requisito de procedibilidad ni la existencia de un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el estudio de admisión, pues este no fue alegado ni demostrado.

Destacó qu e la acción de tutela no cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues «[e]n el presente asunto no se sustenta en la vulneración

este no fue alegado ni demostrado.

Destacó qu e la acción de tutela no cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues «[e]n el presente asunto no se sustenta en la vulneración de derechos y del escrito no es posible inferirlo».

Refirió que, pese a que se rechazó la demanda colectiva, la acción de tutela no se adelanta contra dicha providencia, pues de las pretensiones se establece que el actor pasó por alto este hecho al alegar que existe una tardanza en resolver sobre la admisión. Agregó que, el demandante persigue que se admita la demanda dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Mencionó que sus providencias -la inadmisión y el rechazo de la demandase encuentran debidamente fundadas y motivadas , pues se explicaron lasDemandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co razones de hecho y de derecho y, por ello, no se observaba la vulneración de algún derecho fundamental como el de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial.

Señaló que el demandante utiliza la acción de tutela como un recurso o una instancia adicional, pese a que, en la providencia de rechazo de la demanda se realizó la valoración de la prueba documental en específico señalando que

sustancial.

Señaló que el demandante utiliza la acción de tutela como un recurso o una instancia adicional, pese a que, en la providencia de rechazo de la demanda se realizó la valoración de la prueba documental en específico señalando que no se había acreditado el requisito de procedibilidad ni un perjuicio irremediable, y previamente se le otorgó el plazo legal para subsanar.

Expuso que tampoco se encuentra estruc turada la causal específica que invocó el accionante – el exceso ritual manifiesto -, puesto que no se demandó la providencia judicial de rechazo de la demanda , la cual cuenta con el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustentó la decisión , ante la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.

Agregó que el auto que rechaza la demanda en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos no es susceptible del recurso de apelación.

Manifestó que ya resolvió sobre la admisión mediante auto de rechazo de la demanda, providencia en que no incurrió en ningún defecto, pues la decisión proferida abordó el estudio de los elementos de prueba y los valoró adecuadamente sin encontrar acreditado el requisito de procedibilidad yerro que no fue subsanado; por lo tanto , resultaba procedente el rechazo de la demanda.

Expuso que tampoco incurrió en mora en el trá mite del proceso colectivo, como l o pretende hacer parecer el actor, el cual quiere obviar que ya se profirió el auto del 30 de octubre de 2025 –que rechazó la demanda colectiva-.

Indicó que existe una flagrante improcedenc ia del mecanismo de la tutela, la

profirió el auto del 30 de octubre de 2025 –que rechazó la demanda colectiva-.

Indicó que existe una flagrante improcedenc ia del mecanismo de la tutela, la cual tiene un carácter residual, por lo tanto, la parte actora debía demostrar la configuración de u n perjuicio irremediable y no utilizarlo como una tercera instancia.

Insistió en que la acción de tutela se presentó frente a una supuesta mora en la admisión de la demanda colectiva ; pero esta ya fue rechazada y frente a tal determinación no se presentó recurso alguno.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Aclaró que la Le y 472 de 1998 taxativamente establece cu áles son las providencias apelables y la que rechaza la demanda no hace parte de dicho cuerpo normativo; no obstante, si el juez constitucional adopta la tesis que en virtud del artíc ulo 44 de la precitada norma , esa decisión sí era suscep tible del recurso de apelación y, por tanto, se materializaría también la subsidiariedad por ese motivo.

1.6.2. Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

El titular de este despa cho judicial hizo referencia al trámite impartido en el proceso colectivo, el cual en su oportunidad se identificó con el radicado

1.6.2. Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

El titular de este despa cho judicial hizo referencia al trámite impartido en el proceso colectivo, el cual en su oportunidad se identificó con el radicado 66682-31-03-001-2025-00024-00, cuya competencia finalmente fue asignada al tribunal demandado mediante auto 1020 del 23 de julio de 2025.

Expuso que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, ya que impartió el trámite correspondiente ; por lo que solicitó que se niegue lo solicitado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 4, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en mora judicial en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 66001 -23-33-000-202500033-005, puesto que, según lo indicó el accionante, no «ha logrado que se admita» dicha demanda, ni se ha concedido el amparo de pobreza que solicitó en dicho expediente.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) procedencia de la acción de tutela por mora judicial y (ii)) el caso concreto.

4 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) procedencia de la acción de tutela por mora judicial y (ii)) el caso concreto.

4 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021. 5 El cual promovió contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros en Santa Rosa de Cabal.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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2.3. Procedencia de la acción de tutela por mora judicial

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 6, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

La Corte Constitucional h a señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.7

Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que , atendiendo la realidad de l país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales8.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

…por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha desta cado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentenci a T803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la

6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la

6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 7 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 8 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demue stra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el f uncionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones…

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición

injustificada, cuando se acredita que el f uncionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones…

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial9, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de con tera, al debido proceso de las partes.

2.4. Caso concreto

El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 66001 -23-33-000-2025-00033-0010, puesto que, no «ha logrado que se admita» dicha demanda, ni se ha concedido el amparo de pobreza que solicitó en dicho expediente, en el que, también pidió medidas cautelares.

Para ello, l a parte actora señaló que el tribunal demandado ha incurrido en una conducta «renuente» y en una mora judicial, pese a que en dichos procesos debe primar el derecho sustancial, la celeridad y la economía procesal.

9 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11 001-03-15000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000 -23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mar io Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación. 10 El cual promovió contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cooperativa de Cafeteros en Santa Rosa de Cabal.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El tribunal en mención hizo referencia al trámite impartido en dicho proceso colectivo y, a su vez, se opuso a la pro speridad de las pretensiones del mecanismo constitucional puesto que consideró que no ha incurrido en mora judicial ya que inadmitió la demanda colectiva y posteriormente la rechazó por falta de subsanación.

A su vez, la autoridad judicial acusada estimó que no se cumple el requisito de la relevancia constitucional puesto que el actor pretende utilizar esta vía constitucional como un recurso o instancia adicional , que obviaba las

por falta de subsanación.

A su vez, la autoridad judicial acusada estimó que no se cumple el requisito de la relevancia constitucional puesto que el actor pretende utilizar esta vía constitucional como un recurso o instancia adicional , que obviaba las decisiones emitidas y que, en todo caso, no se cumpl ía con el presupuesto de la subsidiariedad, en caso de aplicar extensivamente lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998 , respecto de la procedencia del recurso de apelación contra el rechazo de la demanda colectiva.

Para resolver, se considera lo siguiente:

De conformidad con las pruebas allegadas al plenario, se observa que, una vez efectuado el reparto inicial, el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto del 24 de febrero de 2025 remitió el proceso colectivo por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Santa Rosa de Caba l (Risaralda), en atención a que la pretensión va dirigida a la materialización de una acción de un particular, ante su presunta omisión.

Posteriormente, con proveído del 4 de abril de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 11 también declaró su falta de jurisdicción y provocó un conflicto de jurisdicciones, el cual fue resuelto por auto 1020 de l 23 de julio de 2025 por la Corte Constitucional, la cual asignó la competencia a la corporación demandada.

Luego, el mencionado tribunal mediante auto del 3 de agosto de 2025 , al efectuar el estudio de admisibilidad del medio de control en mención, inadmitió la demanda por los siguientes motivos:

… dada la pretensión principal de la demanda en el presente asunto no se

efectuar el estudio de admisibilidad del medio de control en mención, inadmitió la demanda por los siguientes motivos:

… dada la pretensión principal de la demanda en el presente asunto no se acreditó la solicitud previa al Ministerio de Salud y Protección Social y (II) Cooperativa de Cafeteros de Santa Rosa de Cabal, como tampoco que exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, por lo tanto, de conformidad con el artículo 2o de la Ley 472 de 1998 se inadmitirá y se concederá un término de tres (03) días para que se subsane so pena de rechazo.

11 En este despacho el expediente se identificó con el radicado 66682-31-03-001-202500024-00.Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda Rad: 11001-03-15-000-2025-07057-00

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En atención a que el demandante no subsanó lo anterior, la corporación acusada con auto del 30 de octubre de 2025 rechazó la demanda colectiva , por lo siguiente:

…con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, se incluyó una nueva causal de rechazo de la demanda, la cual se encuentra consagrada en el numeral tercero del artículo 144 y con respecto a dicho requisito de procedibilidad,

Contencioso Administrativo –CPACA-, se incluyó una nueva causal de rechazo de la demanda, la cual se encuentra consagrada en el numeral tercero del artículo 144 y con respecto a dicho requisito de procedibilidad, basta con que el o los accionantes reclamen la adopción de las medidas necesarias para superar las conductas violatorias de los derechos, pero debe existir certeza de dicha reclamación pues al actor le asistía la carga de probar que requirió a las autoridades demandadas y en el caso particular al no cumplirse con el requisito antes enunciado, a pesar de haberse dado la oportunidad procesal para tal acreditación, no queda otra decisión distinta a rechazar el líbelo como lo imponen las normas transcritas.

Por lo demás, en relación con los hechos relacionados con la presunta vulneración de los derechos colectivos ya reseñados, la Sala le pone de presente a la parte actora que, pese a que la acción popular fue rechazada por no agotar el requisito de proce