CE - Sentencia 11001031500020250706400 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta

ESSMAR E.S.P.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –

ESSMAR E.S.P.

Demandado: Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de

Comercio de Bogotá

Temas:

Contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. Relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P. contra el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá , de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de noviembre de 2025, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa

conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de noviembre de 2025, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR E.S.P., por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al principio de publicidad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,

DERECHO DE DEFENSA, IGUALDAD DE ARMAS, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD y

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. HACER la debida interpretación normativa, respecto del vacío que se encuentra en la norma Ley 1563 de 2012, referida a la notificación de las audiencias en sesión privada, armonizando la norma arbitral, con las normas procesales vigentes.

3. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS los Autos No 8 (del 06 -102025) y No, 10 (del 22-10-2025) proferidos por el Tribunal de Arbitramento.

4. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento que corrija o rehaga la actuación, al determinar

que el Auto No. 7 del 3 de septiembre de 2025, al haber sido adoptado en sala privada, debía remitirse al día siguiente (4 de septiembre de 2025); y el término para sub sanar el llamamiento en garantía debía computarse a partir del día siguientes (sic) a la remisión

debía remitirse al día siguiente (4 de septiembre de 2025); y el término para sub sanar el llamamiento en garantía debía computarse a partir del día siguientes (sic) a la remisión formal del auto, esto es, el 5 de septiembre de 2025.

5. ORDENAR al Tribunal de Arbitramento, admitir el llamamiento en garantía formulado por la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. contra Seguros del Estado S.A., y ordenar su trámite conforme al Código General del Proces o.»Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes1 los siguientes:

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., en desarrollo del contrato de suministro suscrito con la firma LLC Oil Company S.A.S., acudió al mecanismo arbitral previsto en la cláusula compromisoria para resolver las controversias surgidas durante su ejecución.

En el trámite asignado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal de Arbitramento, el 3 de septiembre de 2025, inadmitió el llamamiento en garantía de la sociedad Seguros del Estado S.A. y concedió término de cinco días para subsanar. La notificación se realizó por correo electrónico el mismo día, y la citada autoridad computó el término desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 2025.

la sociedad Seguros del Estado S.A. y concedió término de cinco días para subsanar. La notificación se realizó por correo electrónico el mismo día, y la citada autoridad computó el término desde el 4 hasta el 10 de septiembre de 2025.

La parte actora subsanó el 11 de septiembre del mismo año, esto es, el primer día hábil siguiente, porque el plazo debía contarse conforme con las reglas del Código General del Proceso. Sin embargo, el 6 de octubre de 2025, el Tribunal rechazó la solicitud por extemporánea, interpretación que fue confirmada el 22 de octubre de 2025 al negar el recurso de reposición interpuesto. Esta actuación se fundamentó en la aplicación estricta del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012, que asimiló la notificación electrónica al efecto inmediato de una audiencia pública.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora afirmó que el Tribunal de Arbitramento profirió el auto del 3 de septiembre de 2025, mediante el que inadmitió el llamamiento en garantía en sesión privada, sin presencia de las partes, y lo notificó por correo electrónico el mismo día, a lo que se le otorgó efectos inmediatos.

Sostuvo que e sa práctica constituy ó una notificación «ficticia» que vulner ó el principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la jurisprudencia constitucional exige la existencia material del acto y su conocimiento efectivo antes de producir efectos jurídicos.

A su juicio, la aplicación automática del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 en estos casos desconoc ió que las decisiones adoptadas en sala privada requieren un proceso formal de comunicación que garantice la contradicción y la transparencia.

A su juicio, la aplicación automática del artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 en estos casos desconoc ió que las decisiones adoptadas en sala privada requieren un proceso formal de comunicación que garantice la contradicción y la transparencia.

Adujo que la entidad demandada computó de manera incorrecta el plazo para subsanar el llamamiento en garantía, pues, le dio inicio desde el envío del correo electrónico y no desde la notificación efectiva, lo que redujo el término legal y vulneró el principio de irrenunciabilidad del derecho de defensa.

Afirmó que, es a interpretación desconoc ió las reglas del Código General del Proceso y la jurisprudencia constitucional, que exigen contar los términos a partir del conocimiento real del acto, lo que considera afectó gravemente la oportunidad procesal de la parte accionante.

1 Resumen de los hechos de la sentencia proferida dentro del expediente 1001-33-42-050-2019-00534-01 de nulidad y restablecimiento de derecho.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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Sostuvo que la autoridad arbitral aplicó indebidamente el efecto «en estrados» a una decisión adoptada en sesión privada, lo equiparó a la notificación electrónica enviada el mismo día a la presencia real de las partes en audiencia pública.

A su juicio, se vulneró el principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la

una decisión adoptada en sesión privada, lo equiparó a la notificación electrónica enviada el mismo día a la presencia real de las partes en audiencia pública.

A su juicio, se vulneró el principio de publicidad y el derecho de defensa, pues la decisión impidió el conocimiento inmediato y la posibilidad de contradicción, atributos propios de las audiencias públicas. Agregó que e xtender este efecto a actos privados desconoc ió la naturaleza del arbitraje y las garantías constitucionales, lo que generó un estado de indefensión para la parte afectada.

Indicó que la celeridad procesal no puede prevalecer sobre las garantías constitucionales en el arbitraje , que, justificar notificaciones ficticias y cómputos abreviados en nombre de la eficiencia implica sacrificar derechos irrenunciables como el debido proceso y de defensa. La jurisprudencia ha reiterado que la autonomía del arbitraje debe armonizarse con los principios constitucionales, evit ó interpretaciones mecánicas que generaron indefensión y vulneraron la publicidad y contradicción, pues la rapidez nunca puede convertirse en un fin que desconozca la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Manifestó que la decisión de rechazar la subsanación por presunta extemporaneidad care ció de fundamento jurídico, pues la actuación se presentó dentro del plazo legal , por lo que, adujo que e l Tribunal aplicó de manera errónea las normas procesales, vulneró principios como el debido proceso y la defensa, «lo que configura una nulidad que debe ser corregida».

Mencionó que e l artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 regula las notificaciones electrónicas en el arbitraje, en el sentido de señalar que se entienden surtidas el

que configura una nulidad que debe ser corregida».

Mencionó que e l artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 regula las notificaciones electrónicas en el arbitraje, en el sentido de señalar que se entienden surtidas el mismo día del envío. Sin embargo, expresó que esta disposición no distingue entre decisiones adoptadas en audiencia pública y aquellas dictadas en sesión privada, lo que gener ó un vacío normativo. A su juicio, a plicar la regla de manera literal a actos privados implica una notificación instantánea sin garantizar el conocimiento efectivo, vulneró principios como el debido proceso y la contradicción.

Dijo, además, que para llenar este vacío, debe aplicarse el sistema de fuentes que combina la especialidad del Estatuto Arbitral con la subsidiariedad del derecho procesal común, pues el Código General del Proceso establece que las decisiones en audiencia se notifican en estrados, mientras que las adoptadas en sesión privada requieren comunicación posterior. Con fundamento en lo cual, sostuvo que la notificación electrónica adquiere relevancia sustancial, pues es el acto que materializa el conocimiento de l a providencia y habilita el ejercicio del derecho de defensa.

Finalmente, mencionó que, en armonía con lo anterior, el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 dispone que las notificaciones electrónicas se entienden surtidas al día siguiente del envío, criterio que debe aplicarse supletoriamente al arbitraje por ser compatible con su naturaleza. Est a interpretación preserva la distinción entre notificación en estrados y notificación electrónica, evita efectos procesales instantáneos sin conocimiento real y garantiza la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

4. Trámite previo

notificación en estrados y notificación electrónica, evita efectos procesales instantáneos sin conocimiento real y garantiza la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

4. Trámite previo

En providencia del 12 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela, ordenó notificar al actor y al Tribunal de Arbitramento constituido en laRadicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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Cámara de Comercio de Bogotá en calidad de demandado, y como tercero interesado en las resultas del proceso a LLC Oil Company S.A.S.

5. Oposiciones

El Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá explicó que la acción de tutela no cumpl ió los requisitos generales y específicos establecidos por la Corte Constitucional para proceder contra providencias judiciales.

Argumentó que no existe relevancia constitucional ni irregularidad procesal, pues las consecuencias que la accionante calific ó como vulneración deriva ron de su propia omisión o actuación extemporánea. Además, dijo que la tutela no puede ser usada como una instancia adicional para modificar decisiones desfavorables, ya que su finalidad es excepcional y se limitada a graves falencias incompatibles con la Constitución.

En cuanto a los hechos, el Tribunal explic ó que mediante del 3 de septiembre de 2025 inadmitió el llamamiento en garantía por incumplir los requisitos del artículo 82

la Constitución.

En cuanto a los hechos, el Tribunal explic ó que mediante del 3 de septiembre de 2025 inadmitió el llamamiento en garantía por incumplir los requisitos del artículo 82 del CGP, otorg ó cinco días para subsanar. La providencia fue adoptada en audiencia sin presencia de las partes, conforme con el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, y notificada electrónicamente el mismo día, en aplicación del artículo 23 del Estatuto Arbitral, que establece que la notificación se entiende surtida en la fecha del envío, salvo para el auto admisorio de la demanda.

Aclaró que el término para subsanar inició el 4 de septiembre y venció el 10 de septiembre de 2025, por lo que la subsanación presentada el 11 fue extemporánea, por lo que, mediante providencias del 6 de octubre de 2025, confirmada por el auto del 10 mismo mes y año, se rechazó el llamamiento en garantía.

Enfatizó que las normas aplicadas son especiales, de orden público y obligatorias, por lo que el Tribunal actuó conforme a derecho, que la notificación electrónica y el cómputo del término se realizaron según lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de ambas partes. Afirmó que la supuesta vulneración alegada por ESSMAR obedec ió exclusivamente a su incumplimiento procesal, no a una actuación irregular del Tribunal.

Solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, porque no se vulneraron derechos fundamentales y que las decisiones impugnadas se ajustaron a la normativa aplicable , porque l a consecuencia del rechazo del llamamiento en

Solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, porque no se vulneraron derechos fundamentales y que las decisiones impugnadas se ajustaron a la normativa aplicable , porque l a consecuencia del rechazo del llamamiento en garantía es resultado de la extemporaneidad en la subsanación, lo cual constituy ó una carga procesal de la parte y no una limitación al acceso a la justicia.

Mediante memorial presentado el 2 6 de noviembre de 2025, la señora Tatiana López Romero, en su calidad de secretaria del Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá informó que mediante providencia del 25 de noviembre de 2025, se declararon extintos los efectos del pacto arbitral contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro celebrado el 11 de enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS, lo que afectó los hechos, pretensiones y controversias consignados en la reforma de la demanda, sometidos a la decisión de ese Tribunal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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Asimismo, informó que se declararon terminadas las funciones del Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, en su calidad de convocante, y LLC OIL Company SAS, en su condición de convocada.

Arbitramento conformado para dirimir las controversias entre Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, en su calidad de convocante, y LLC OIL Company SAS, en su condición de convocada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá con la decisión que rechazó una subsanación.

La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto, porque con posterioridad a la interposición de la presente acción de tutela , mediante providencia del 25 de noviembre de 2025 se declararon extintas las funciones del Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá.

(i) De la carencia de objeto

a la interposición de la presente acción de tutela , mediante providencia del 25 de noviembre de 2025 se declararon extintas las funciones del Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá.

(i) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en las siguientes circunstancias: el daño consumado 2, el hecho superado 3, y el acaecimiento de una situación sobreviniente4.

2 Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el p eligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improce dente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria. Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional. 3 Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la presunta vulneración de derechos

3 Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018. 4 Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el ac cionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho. Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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En sentencia T -242 de 2025, la Corte Constitucional reiteró la postura que ha mantenido en relación con la figura de l a carencia actual de objeto 5, en el sentido de indicar que se configura cuando el objeto jurídico de la acción de tutela ha

En sentencia T -242 de 2025, la Corte Constitucional reiteró la postura que ha mantenido en relación con la figura de l a carencia actual de objeto 5, en el sentido de indicar que se configura cuando el objeto jurídico de la acción de tutela ha desaparecido6, de manera que «la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno»7.

Precisó que lo anterior puede suceder: (i) porque se obtuvo lo pedido –hecho superado–; (ii) porque se consumó la afectación que pretendía evitarse –daño consumado–, o (iii) porque ocurrieron hechos a partir de los cuales se pierde interés en la prosperidad del amparo –situación sobreviniente–8.

En esa misma oportunidad, explicó que, en lo referente al hecho superado9 la Corte Constitucional ha señalado que este fenómeno ocurre cuando «durante el trámite de la acción de tutela, esto es, entre la interposición de la acción y el momento en que el juez profiere el fallo , la accionada atiende las pretensiones que motivaron la solicitud de amparo»10, es decir que, «por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario»11. Aquí debe revisarse: «(i) que efectivamente se haya satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que la entidad demandada haya actuado o cesado en su accionar voluntariamente»12.

En efecto, cuando la satisfacción de los derechos del accionante se logra debido a la actuación de la parte demandada en virtud de una orden judicial y no de manera

haya actuado o cesado en su accionar voluntariamente»12.

En efecto, cuando la satisfacción de los derechos del accionante se logra debido a la actuación de la parte demandada en virtud de una orden judicial y no de manera voluntaria, no se puede declarar la configuración de un hecho superado. Esto es así, porque en ese caso «de lo que se trata no es de la superación del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible de valoración integral por parte la instancia posterior o en sede de revisión, según corresponda»13.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en que se configure un hecho superado no es necesario que el juez de tutela realice un pronunciamiento de fondo pero que puede «pronunciarse sobre el caso para realizar observaciones sobre los hechos que dieron origen a la interposición de la tutela, si así lo considera» 14. Así, la Corte podrá, «entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental»15.

Por su parte, en lo relacionado con el daño consumado, dijo que, se configura cuando «se ha producido la afectación o vulneración que la tutela pretendía evitar, por lo que no es posible que el juez dé una orden para retrotraer la situación y solo es posible el

Por su parte, en lo relacionado con el daño consumado, dijo que, se configura cuando «se ha producido la afectación o vulneración que la tutela pretendía evitar, por lo que no es posible que el juez dé una orden para retrotraer la situación y solo es posible el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental»16.

5 Al efectó citó apartes de la sentencia T-154 de 2024 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Ver también sentencia T-086 de 2020. 9 Regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. 10 Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. 12 Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 15 Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. 16 Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2023. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

Demandante: Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta

16 Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2023. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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Sobre esta figura, la Corte ha precisado que «(i) si al presentar la tutela es claro que el daño ya ocurrió, el juez, en principio, debe declarar improcedente el amparo, pero si este se consuma durante el trámite de primera o segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede dictar órdenes adicionales a fin de proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar a los responsables; y (ii) el daño debe ser irreversible, pues, de lo contrario, si es posible interrumpirlo, retrotr aerlo o mitigarlo por orden judicial, no puede decretarse la carencia de objeto»17.

Respecto de la situación sobreviniente, la Corporación, en sentencia T -248 de 2021, señaló que esta categoría fue diseñada con la finalidad de «cubrir escenarios que no encajan en las categorías» de daño consumado o de hecho superado18. En ese sentido, «remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’» 19. Por tanto, no es «una categoría homogénea y completamente delimitada»20. Este evento puede configurarse, por ejemplo, en los

por lo tanto caiga en el vacío’» 19. Por tanto, no es «una categoría homogénea y completamente delimitada»20. Este evento puede configurarse, por ejemplo, en los siguientes supuestos: (i) el accionante «asumió la carga que no le correspondía»21, (ii) el accionante perdió el interés en el resultado del proceso22 o (iii) «un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada – ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental»23.

(ii) Caso concreto

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P. solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al principio de publicidad que consideró vulnerados por el Tribunal de Arbitramento, constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión a la notificación del auto del 3 de septiembre de 2025, que inadmitió un llamamiento en garantía.

Al respecto, la Sala anota que, sería del caso entrar a determinar si el Tribunal de Arbitramento constituido en la Cámara de Comercio de Bogotá incurrió en la vulneración de los derechos invocados, de no ser porque, de la revisión del expediente, se advierte que el 26 de noviembre de 2025 , la señora Tatiana López Romero, en su calidad de secretaria del citado Tribunal informó a esta Corporación el 25 de noviembre de 2025, se declararon extintos los efectos del pacto arbitral contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro celebrado el 11 de enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –

contenido en la cláusula vigésima del Contrato de Suministro celebrado el 11 de enero de 2022 por Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS, lo que afectó los hechos, pretensiones y controversias consignados en la reforma de la demanda, y que fueron sometidos a la decisión de ese Tribunal; igualmente, declaró terminadas las funciones del Tribunal que se conformó con el objeto de dirimir las controversias entre las mencionadas compañías.

La Sala observa que en el caso de estudio existe carencia actual de objeto, porque con posterioridad a la interposición de la presente acción de tutela, mediante el auto 17 del 25 de noviembre de 2025 , los árbitros Carlos Polo García, Adolfo Suárez Eljach y Omar Rodríguez Turriago, que componían el Tribunal de Arbitramento conformado en la Cámara de Comercio de Bogotá con el objeto de dirimir las controversias entre la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –

17 Corte Constitucional. Sentencia T-401 de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera. 18 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. 19 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 20 Ibídem. 21 Corte Constitucional, sentencias T-481 de 2016 y T-149 de 2018. 22 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

23 Corte Constitucional, sentencia T-248 de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07064-00

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ESSMAR ESP y LLC OIL Company SAS declaró extinto el pacto a