CE - Sentencia 11001031500020250707300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222)

Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Vinculadas: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Gloria Cecilia Cano Calderón en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gloria Cecilia Cano Calderón presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y dignidad humana , que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 16 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-032-2021-00074-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP, reconoció una pensión de vejez a Gloria Cecilia Cano Calderón, a través de la Resolución 30887 del 30 de junio de 2006, efectiva a partir del 5 de junio de 2005, en cuantía de $802,052,99.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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3. Posteriormente, el 6 de agosto de 2009, Gloria Cecilia Cano Calderón solicitó al Instituto de Seguro Social, ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones , el reconocimiento de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

4. En respuesta a dicha solicitud, el ISS, mediante Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010, reconoció una pensión de vejez a Gloria Cecilia Cano Calderón, efectiva a partir del 1 de enero de 2009, en cuantía de $734,478.

5. Gloria Cecilia Cano Calderón interpuso recurso de reposición para señalar que no había solicitado una segunda pensión, sino una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Sin embargo, a través de la Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011 ,

había solicitado una segunda pensión, sino una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Sin embargo, a través de la Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011 , el ISS negó la reposición con el argumento de que la pensión se otorgó porque ella había acreditado el cumplimiento de los requisitos de ley.

6. Colpensiones de manera posterior dio apertura a una investigación en la que evidenció que los tiempos que fueron tenidos en cuenta para que Cajanal reconociera la pensión , también fueron tenidos en cuenta por el ISS, para el segundo reconocimiento, esto es con el empleador Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pagados al ISS del 01/01/1995 al 30/05/2005 , y por tanto resultaban incompatibles dichas prestaciones en los términos del artículo 128 de la Constitución

Política.

7. De conformidad con la investigación administrativa adelantada por la Gerencia de Prevención de Fraude de Colpensiones, el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de Gloria Cecilia Cano Calderón se realizó bajo una situación indebida y por ende, mediante Resolución SUB 50000 del 21 de febrero de 2020, Colpensiones ordenó revocar en todas sus partes la Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010 y la Resolución 3889 de 28 de febrero de 2011, sin embargo, como la revocatoria tiene efectos a futuro, para re cuperar las mesadas pagadas, la entidad presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, la cual fue radicada con el número 05001-33-33-032-2021-00074-00.

8. Gloria Cecilia Cano Calderón contestó la referida demanda a través de apoderado

de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, la cual fue radicada con el número 05001-33-33-032-2021-00074-00.

8. Gloria Cecilia Cano Calderón contestó la referida demanda a través de apoderado judicial. Adujo que efectivamente Cajanal le otorgó pensión de vejez. Aclaró que la solicitud que radicó ante el ISS fue para que le otorgaran la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pero la entidad demandante cometió un error y le reconoció fue otra pensión de vejez mediante Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010.

9. Agregó que en contra de la Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010 interpuso recurso de reposición, aclarándole a Colpensiones que lo que había solicitado era la indemnización sustitutiva de vejez. No obstante, la entidad denegó el recurso sin tener en cuenta que la prestación reclamada, era una indemnización sustitutiva de pensión de vejez y no pensión de vejez.

10. Señaló que no se oponía a la declaratoria de nulidad de la Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010 y de la Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011, sin embargo, sí se opuso a la pretensión de reintegro del dinero recibido, como quiera que, según afirmó, sus actuaciones han estado prevalidas de la buena fe.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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11. Por su parte, la UGPP contestó para señalar, de manera escueta, que no se oponía a las pretensiones de nulidad de los actos expedidos por el ISS.

12. El Juzgado 32 Administrativo de Medellín profirió sentencia de primera instancia el

28 de septiembre de 2022 en la que resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 100876 del 15 de marzo de 2010 proferida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES , ISS, hoy COLPENSIONES mediante la cual se reconoció y ordenó pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación a GLORIA CECILIA CANO CALDERON.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011 proferida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES , ISS, hoy COLPENSIONES, mediante la cual se resolvió no reponer lo resuelto en la resolución 100876 del 15 de marzo de 2010 que le reconoció la pensión de vejez.

TERCERO. Denegar las demás pretensiones de la demanda de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO. No se condena en costas, de conformidad con lo plasmado en el presente proveído».

13. La tesis del juzgado de primer grado se cimentó en que el ISS afirmó que Gloria Cecilia Cano Calderón solicitó la liquidación de su pensión de vejez, pero al revisar las pruebas allegadas al proceso, se pudo constatar que en la solicitud Nro. 36709916, lo

Cecilia Cano Calderón solicitó la liquidación de su pensión de vejez, pero al revisar las pruebas allegadas al proceso, se pudo constatar que en la solicitud Nro. 36709916, lo que ella peticionó fue la indemnización sustitutiva, situación que es igual corroborada al revisar el Formato del Seguro Social titulado «Solicitud de Indemnización Sustitutiva de la Pensión», del 6 de agosto de 2009.

14. El juzgado señaló, que a pesar de lo anterior, el ISS indicó que la pensionada reclamó pensión de vejez, lo cual no es cierto , pues, como se indicó en la solicitud presentada al ISS, lo que pretendía era la liquidación de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; error que luego fue reconocido pero no enmendado en la Resolución 003889 del 28 de febrero de 2011 que resolvió un recurso de reposición que presentó Gloria Cecilia Cano Calderón.

15. Entonces, como a Gloria Cecilia Cano Calderón le fueron reconocidas dos pensiones de vejez: una por el ISS y la otra por Cajanal, teniendo en cuenta un tiempo en común desde el 1 de enero de 1995 al 30 de mayo de 2005, esas prestaciones son incompatibles, tal y como lo establece el artículo 128 de la Constitución y la Ley 549 de 1999. En consecuencia, consideró que era procedente la nulidad de los actos acusados.

16. Sin embargo denegó la devolución de los dineros pagados, por cuanto en este caso se debe aplicar el literal c, numeral 1, del artículo 164 del CPACA, que dispone que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, ya que

16. Sin embargo denegó la devolución de los dineros pagados, por cuanto en este caso se debe aplicar el literal c, numeral 1, del artículo 164 del CPACA, que dispone que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, ya que le correspondía a Colpensiones probar debidamente que Gloria Cecilia Cano Calderón, cuando solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez actuó de mala fe, lo que no aconteció, pues quedó demostrado que el extremo pasivo en ningúnRadicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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momento solicitó se le liquidara su pensión de vejez, de allí que el error no fue generado por ella.

17. Colpensiones presentó recurso de apelación en contra de la decisión ordinaria de primera instancia proferida por el Juzgado 32 Administrativo de Medellín, únicamente en lo que respecta a la negativa de ordenar la devolución o reintegro de los dineros que recibió la pensionada. Consideró que Gloria Cecilia Cano Calderón percibió sin justa causa legal una suma que realmente no le correspondía, como quedó establecido en el cuerpo de la sentencia, de allí que se está en presencia de un enriquecimiento injustificado en su patrimonio y un detrimento del erario.

18. La UGPP apeló para afirmar que fue vinculada al proceso en virtud de litisconsorcio necesario, pero en la sentencia no se hizo un análisis respecto de las excepciones propuestas.

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 8 de Decisión, a través de sentencia

necesario, pero en la sentencia no se hizo un análisis respecto de las excepciones propuestas.

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 8 de Decisión, a través de sentencia de segunda instancia del 16 de mayo de 2025, resolvió:

«PRIMERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negó la pretensión de reintegro de sumas de dinero percibidas por la parte demandada por las razones expuestas en la parte motiva y en su lugar se dispone:

TERCERO: ORDENAR a la señora Gloria Cecilia Cano Calderón a reintegrar a Colpensiones las sumas que le fueron canceladas por esta entidad desde el momento en que fue incluida en nómina de pensionados con ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez que le fue efectuada mediante la Resolución No. 100876 del 15 de marzo de 2010 y hasta la fecha en que la misma fue revocada por la administración mediante Resolución SUB 50000 de 21 de febrero de 2020.

Respecto de las sumas a reintegrar, deberá liquidarse y pagar el reajuste de su valor, conforme con el índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula reseñada en la parte motiva de este fallo y con las precisiones efectuadas sobre dicha fórmula. Con relación a los intereses moratorios, deberá observarse lo previsto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, que accedió

artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte recurrente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]».

20. En concreto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 8 de Decisión, argumentó

lo siguiente:

«[…] a pesar de que la demandada sabía que gozaba de una pensión de vejez previamente reconocida y ante la omisión de la información veraz, el ISS reconoció [otra] pensión de vejez mediante Resolución No. 100876 del 15 de marzo de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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En contra de esta decisión, la demandada interpuso recurso de reposición (…).

Si bien en este evento la demandada por intermedio de su apoderada judicial, interpuso recurso de reposición, allí no se informó ante la administradora de pensiones que la señora Gloria Cecilia gozaba de pensión de vejez reconocida por CAJANAL y que por eso requería el bono pensional o la indemnización sustitutiva; por ello, COLPENSIONES si bien aceptó como cierto que ella no había solicitado expresamente el reconocimiento de una pensión, afirmó que había derechos irrenunciables como la seguridad social y que por esta razón le reconocía la pensión, pues se reitera, esa

COLPENSIONES si bien aceptó como cierto que ella no había solicitado expresamente el reconocimiento de una pensión, afirmó que había derechos irrenunciables como la seguridad social y que por esta razón le reconocía la pensión, pues se reitera, esa administradora no conocía ni fue informada que ya gozaba de una pensión.

Bajo dicho escenario, la demandada se aprovecha del error de la administración y comienza a disfrutar de una pensión que de antemano sabe o era consciente que no tenía derecho y aun así, persiste en pretender quedarse con dineros de la seguridad social, lo que sin duda afecta el erario.

En este evento, mal podría afirmarse que la demandada puede ampararse en la legalidad de un acto administrativo, pues como se afirmó con antelación, efectuó afirmaciones que no respondían a la verdad, lo que generó que COLPENSIONES determinará que era viable reconocerle una pensión de vejez, sumando los tiempos de servicios que previamente CAJANAL había tenido en cuenta para reconocer su pensión.

Por ello, el actuar omisivo y silente [de la pensionada] fue decisivo para que la administración de manera indebida reconociera una mesada pensional (…).

Así las cosas, las imprecisiones advertidas en el trámite administrativo de reconocimiento pensional debían ser aclaradas, o corregidas por la demandada para que la administración pudiese actuar de manera inmediata; de allí que ha devengado mesadas pensionales a las cuales no tenía derecho.

Evidentemente la demandada era consciente de que no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, sin que pueda exculparse señalando que en el recurso le dijo a la entidad que estaba errada la decisión, pues dada la convicción de

Evidentemente la demandada era consciente de que no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, sin que pueda exculparse señalando que en el recurso le dijo a la entidad que estaba errada la decisión, pues dada la convicción de no ser acreedora a tal derecho, d ebió insistir ante la administración, exponiendo las circunstancias de que ya era pensionada y por ende lo que reclamaba era la indemnización sustitutiva, generado así un provecho económico del error de la administración.

En el presente evento es claro y así quedó acreditado que la demandada era consciente de que no le asistía ningún derecho y no obstante no obró de conformidad, pues a tono con la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como de la Corte Constitucional, el principio de buena fe le exige también a los particulares y no solo a las autoridades, ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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En ese orden de ideas aun teniendo la convicción de que ningún derecho le asistía y que el acto emanado de la Administración estaba errado, se conformó con la situación y empezó a recibir y a gastar la mesada pensional, esto es obró de manera incorrecta no ajustada a los cánones de la buena fe.

En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este medio de control de legalidad, el actuar omisivo de la demandada y la información carente de

no ajustada a los cánones de la buena fe.

En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este medio de control de legalidad, el actuar omisivo de la demandada y la información carente de verdad en el trámite administrativo , ocasionó un enriquecimiento sin justa causa para ella, lo que da lugar a revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de COLPENSIONES de ordenar el reintegro de las sumas de dinero percibidas a raíz de los actos enjuiciados y que fueron declarados nulos por el juzgado de instancia.

De esta manera se dispondrá que la demandada reintegre a Colpensiones las sumas que le fueron canceladas por esta entidad desde el momento en que fue incluida en nómina de pensionados con ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez mediante la Resolución No. 100876 del 15 de marzo de 2010 y hasta la fecha en que la misma fue revocada por la administración mediante Resolución SUB 50000 de 21 de febrero de 2020».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

21. La parte accionante solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

«PRIMERA: TUTELAR a favor de la señora GLORIA CECILIA CANO CALDERON el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO (art 13 C.N.), en armonía con los derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL (art 53 C.N) y DIGNIDAD HUMANA (art 1 C.N.), así como de los principios superiores de la buena fe, seguridad jurídica y recta administración de justicia.

SEGUNDA: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

como de los principios superiores de la buena fe, seguridad jurídica y recta administración de justicia.

SEGUNDA: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, dejar sin efectos la sentencia del 16 de mayo de 2025, a través de la cual dispuso revocar parcialmente la providencia de primera instancia.

TERCERA: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dictar sentencia acorde con los postulados constitucionales y legales, reconociendo para ello que la actora durante el trámite prestacional siempre actuó de manera honesta, recta, y con certeza de estar actuando de manera legal, esto es actuando siempre de buena fe, obedeciendo el reconocimiento de la prestación a un actuar autónomo de la entidad, quien omitió sus deberes de diligencia y cuidado en el estudio de los antecedentes administrativas, así como la colaboración armónica con otras autoridades que le permitieran advertir la condición de pensionada de la reclamante, sin que por ello se pueda imputar una responsabilidad objetivo a cargo de la actora, tal y como acerta damente lo derivó el fallador a quo, lo anterior en procura de los derechos fundamentales de la accionante.

De manera subsidiaria se disponga disponer la caducidad de la acción o en su defecto la prosperidad de la excepción de prescripción».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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22. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante alegó (i) violación

Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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22. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante alegó (i) violación directa de la constitución, (ii) desconocimiento del precedente, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto procedimental, y (iv) violación directa de la constitución.

23. En lo que tiene con el defecto fáctico y la violación directa de la constitución, señaló

lo siguiente:

«[…] la decisión cuestionada es contraria a los principios superiores, especialmente el de la buena fe, ya que sin pruebas objetivas y realizando inferencias sin soporte probatorio, concluyo el juez colegiado un actuar de mala fe por parte de la accionante, desconociendo el valor suasorio de los medios de pruebas aportados al proceso, de los cuales se podía concluir un actuar honesto, correcto y leal, tanto así que dicha reclamación fue acompañada por una profesional del derecho, obedeciendo el reconocimiento de la prestación a un actuar autónomo de la entidad, quien omitió sus deberes de diligencia y cuidado en el estudio de los antecedentes administrativas, sin tener injerencia alguna la actora en dicho reconocimiento.

Así mismo, por cuanto la decisión tutelada afecta la dignidad humana y mínimo vital de la actora quien es una persona mayor, y según su relato , su única fuente de ingresos es la mesada pensional que percibe por parte de la UGPP, por lo que imponer una obligación en la cuantía indicada en la sentencia tutelada, afectaría de manera grave e irremediable sus condiciones de vida digna».

es la mesada pensional que percibe por parte de la UGPP, por lo que imponer una obligación en la cuantía indicada en la sentencia tutelada, afectaría de manera grave e irremediable sus condiciones de vida digna».

24. Respecto del desconocimiento del precedente , y el defecto procedimental por no aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, argumentó de la siguiente manera:

«[…] las decisiones proferida por la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA se encuentran en contravía de la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, quien, entre otras, en la sentencia ya referida del 2 de octubre de 2024, proferida dentro del radicado 47001233300020160034401 (29412018), indicó en relación con la procedencia de la caducidad de la acción en este tipo de tramites, aplicando para ello lo contenido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024:

“Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones , porque se logra el efecto útil querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto: Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado, ¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha entrado en vigencia? Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo

no ha entrado en vigencia? Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que no cumple con el propósito del legislador , que es el de dar estabilidad a las situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas. No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta el 1 de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación. Por lo expuesto, la SubsecciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C -957 de 1997».

2.3. Trámite procesal

25. El despacho ponente, mediante auto del 12 de noviembre de 2025: (i) admitió la solicitud; (ii) ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Antioquia; (iii) vinculó al presente trámite constitucional, como terceros con interés, al Juzgado 32 Administrativo de Medellín, a Colpensiones y a la UGPP, y (iv) requirió al referido j uzgado para que remitiera, en medio digital, el

terceros con interés, al Juzgado 32 Administrativo de Medellín, a Colpensiones y a la UGPP, y (iv) requirió al referido j uzgado para que remitiera, en medio digital, el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-032-2021-0007400/01.

2.4. Intervenciones

2.4.1. Colpensiones

26. Colpensiones argumentó que «la tutela frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado por el actora, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate», ya que «la sentencia cuestionada: (i) aplicó las normas relativas en la materia (ii) aplicó los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del accionante».

2.4.2. Tribunal Administrativo de Antioquia

27. El Tribunal Administrativo de Antioquia adujo que:

«sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de reconocimiento pensional, la Sala Octava de Decisión, cumplió con el principio de transparencia argumentativa, al exponer las distintas posturas que ha suscitado la aplicación de la norma 86 de la Ley 2381 de 2024.

En la misma decisión se advirtió que frente a los dos planteamientos realizados, esta Sala de decisión acogía el segundo, por considerar como allí se plasmó, que es el que

En la misma decisión se advirtió que frente a los dos planteamientos realizados, esta Sala de decisión acogía el segundo, por considerar como allí se plasmó, que es el que materializaba los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, en tanto, q uien se encuentra legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, debe establecer un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar los derechos fundamentales de las partes.

Por esta razón esta Sala se encuentra obligada a seguir sus propias decisiones, cuando le corresponde decidir casos con supuestos fácticos y jurídicos similares a otros que ya se han decidido, no porque estas se consideren precedente - reglas o subreglas deRadicado: 11001-03-15-000-2025-07073-00 (11222) Accionante: Gloria Cecilia Cano Calderón Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

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derecho - sino para garantizar los principios a la igualdad y la buena fe de quienes acuden a la Administración de Justicia y esperan que su conflicto se defina en la misma forma o bajo el mismo raciocinio que se empleó en los casos anteriores, máxime que la ponente de esa providencia, también ha acogido la misma tesis en varios pronunciamientos».

28. Asimismo señaló:

«[…] esta Sala hizo el recuento probatorio e indicó que en la actuación administrativa, cuando se presentó solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ante

pronunciamientos».

28. Asimismo señaló:

«[…] esta Sala hizo el recuento probatorio e indicó que en la actuación administrativa, cuando se presentó solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ante el ISS, según formulario con radicado N° 367099, había una casilla en la que se preguntaba si el interesado recibía pensión de alguna entidad o empleador y en este caso se marcó la casilla de “NO”, es decir, que se había consignado ante una entidad pública información falsa que la indujo a un error, ya que la accionante sabía que gozaba de una pensión de vejez que le había sido reconocida previamente por la UGPP. También la providencia advirtió que si bien la accionante presentó recurso a la decisión adoptada por el antiguo ISS, nunca se le informó que ya gozaba de una pensión de vejez reconocida por otra administradora y en ese escenario percibió dos mesadas que afectaron el erario».

29. Finalmente expresó que «la parte accionante busca reabrir un debate ya concluido mediante la sentencia proferida por el Juez natural de la causa, en la que no se incurrió en ninguna actuación arbitraria o ilegítima, ni mucho menos en la vulneración a los derechos fundamentales que se invocan. Dado que en la actuación desplegada por la Salsa Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencia de la suscrita titular del Despacho 23, no se incurrió en ningún defecto la conclusión indefectiblemente deberá encaminarse a declarar la improcedencia de la acción».

2.4.3. UGPP

30. Para la UGPP: (i) no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, (ii)

indefectiblemente deberá encaminarse a declarar la improcedencia de la acción».

2.4.3. UGPP

30. Para la UGPP: (i) no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, (ii) el requisito de la subsidiariedad no se cumple porque el accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión, (iii) no se demostró que el Tribunal incurriera en vía de hecho, ni en defecto «material o sustantivo» ya que la decisión judicial se adoptó con las pruebas que estaban en el proce so y en aplicación de las normas y de la jurisprudencia aplicable al caso, (iv) la accionante busca reabrir un debata que judicialmente ya fue cerrado, sin que sea procedente utilizar la acción de tutela como si fuera una instancia adicional, y (v) la pres ente acción de tutela es improcedente porque con ella se pretende