CE - Sentencia 11001031500020250707800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: SANTIAGO GONZÁLEZ CHICA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela con tra providencia de segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo, en sede de acción popular. Improcedencia por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. No se agotó el mecanismo eventual de revisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. El actor promovió acción de tutela contra la sentencia de 9 de mayo de 2025, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas proferida dentro del trámite de la acción con el número 17001 -33-33-002-202400132-00/01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se reseña el decurso del proceso judicial que llevó a la sentencia atacada; y en segundo lugar, se presentarán los fundamentos del escrito de tutela.

Antecedentes del proceso de acción popular 17001 -33-33-002-2024-0013200/01

2. El actor manifestó que es una persona con discapacidad visual, habitante de la ciudad de Manizales y usuario del sistema público de transporte municipal. El 16 de

Antecedentes del proceso de acción popular 17001 -33-33-002-2024-0013200/01

2. El actor manifestó que es una persona con discapacidad visual, habitante de la ciudad de Manizales y usuario del sistema público de transporte municipal. El 16 de febrero de 2024, presentó requerimiento a la Alcaldía Municipal de Manizales y a la Secretaría de Movilidad para que protegiera los intereses y derechos colectivos con el fin de que adoptara políticas para eliminar las barreras de acceso y garantizar la movilidad segura de las personas con discapacidad.

3. Su petición fue resuelta el 1 de marzo de 2024, a través de respuesta en la que, grosso modo, se indicó que la administración municipal trabaja constantemente para mejorar las condiciones de movilidad de las person as con discapacidad. Ante la anterior situación, el tutelante, el 14 de marzo de 2024, formuló demanda de acción popular la cual fue repartida al juzgado Segundo Administrativo del Circuito de

Manizales.

4. En la demanda solicitó la protección de los dere chos colectivos de las personas en condición de discapacidad, y reprochó que la administración municipal de Manizales no garantiza la prestación efectiva en condiciones de igualdad el sistema de transporte municipal, puesto que los buses que hacen parte de dicho sistema no cuentan con las adecuaciones necesarias para permitir el ingreso de las personasRadicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

con discapacidad, carecen de señalización auditiva y lenguaje braille. Informó que durante el desarrollo de la acción popular, enfrentó barreras de acceso a la

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

con discapacidad, carecen de señalización auditiva y lenguaje braille. Informó que durante el desarrollo de la acción popular, enfrentó barreras de acceso a la administración de justicia, pues el sistema Samai, tampoco está adecuadamente ajustado para que personas en condición de discapacidad ejerza el derecho de defensa.

5. En sede de primera instancia, el juez popular accedió parcialmente a las pretensiones y declaró que el municipio de Manizales incurrió en violación al derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. En consecuencia ordenó: “al sr alcalde de Manizales, que en el término de un mes a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a diseñar un plan de trabajo para la verificación tanto documental como visual de las condiciones de accesibilidad a los vehículos de transporte a cargo de las empresas que prestan en la ciudad el servicio pú blico colectivo urbano de transporte de pasajeros, de modo que al menos el 80% de los vehículos de cada empresa cumplan con las mismas, según las normas técnicas aplicables. También verificará los planes de capacitación al personal de la empresa en materia de atención a personas con discapacidad. Vencido dicho término, procederá a ejecutarlo en un plazo máximo de dos meses, dentro del cual ejercerá los correctivos que como autoridad de tránsito le competen, frente a los incumplimientos hallados. Todo lo anterior deberá quedar documentado para informar al Juzgado al vencimiento del último plazo mencionado, sobre el cabal cumplimiento de lo ordenado”.

6. Apelada la providencia, en sentencia de 9 de mayo de 2025, la Sala Quinta del

anterior deberá quedar documentado para informar al Juzgado al vencimiento del último plazo mencionado, sobre el cabal cumplimiento de lo ordenado”.

6. Apelada la providencia, en sentencia de 9 de mayo de 2025, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Caldas revocó la providencia de primera y en su lugar declaró probada la excepción de carencia de prueba que constituya vulneración de los derechos colectivos. Además, negó las demás pretensiones.

Fundamentos de la acción de tutela.

7. Sostiene que la providencia de 9 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en los defectos fáctico y procedimental. Sobre el particular, indicó que el tribunal desvió la valoración integral y razonada de los medios de prueba, puntualmente de informes oficiales emitidos por la autoridad territorial en al que se daba cuenta del estado de los buses de los cuales se desprende que la gran mayoría no cuenta con rampas ni plataformas de acceso o señalización en lenguaje braille. Indicó que, según la información contenida en el expediente, de los 887 buses, únicamente 97 contaban con rampa o plataformas de acceso. El juez de primera instancia dio credibilidad a dicho informe y concluyó que se presentaba vulneración, mientras que el juez de segunda instancia determinó que la sola cifra no implicaba una vulneración a un derecho colectivo.

8. Argumentó que conforme las resoluciones del ministerio de transporte y de la superintendencia de transporte los buses del sistema de transporte de Manizales no cuentan con los mínimos requeridos. Sostuvo que, un análisis en conjunto en relación con las aspectos no meramente jurídicos y legales, sino de carácter social

superintendencia de transporte los buses del sistema de transporte de Manizales no cuentan con los mínimos requeridos. Sostuvo que, un análisis en conjunto en relación con las aspectos no meramente jurídicos y legales, sino de carácter social pues, se omite la valoración de la histórica segregación de la administración a las personas con discapacidad.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

9. Adicionalmente señaló que el juez popular incurrió en una omisión al deber de ejercer sus facultades oficiosas, en particular la prevista en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998. Pues, el tribunal no distribuyó la carga de la prueba a l a entidad accionada, reconociendo la dificultad de acceso a información estatal para una persona en condición de discapacidad. Añadió que la providencia incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues el Tribunal exigió cargas probatorias desproporcionadas al tutelante, sin tener en cuenta que carece de las capacidades técnicas y económicas para poder demostrar la totalidad de las vulneraciones a los derechos colectivos.

Trámite de la acción de tutela.

10. Una vez admitida, se vinculó al tribunal accionado, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, a la Defensoría del Pueblo, al Municipio de Manizales, a la Empresa de Transportes Gran Caldas S.A., a la Cooperativa Unitrans, al ministerio Público, y a Jorge Amido Castaño y Carolina Valencia Mosquera, así como a los demás intervinientes dentro de la acción popular radicada

Manizales, a la Empresa de Transportes Gran Caldas S.A., a la Cooperativa Unitrans, al ministerio Público, y a Jorge Amido Castaño y Carolina Valencia Mosquera, así como a los demás intervinientes dentro de la acción popular radicada núm. 17001-33-33-002-2024-00132-00/01 en calidad de terceros con interés.

11. El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales 1 remitió acceso digital al expediente de la acción popular identificado con número 2024 -00132. La empresa de transporte gran Caldas SA 2 intervino con el fin de solicitar que se niegue o se declare improcedente el amparo por no existir vulneración a algún derecho fundamental. Solicitó que se la desvincule del trámite de amparo. Igualmente, el Municipio de Manizales3 solicitó que se declare la improcedencia de la acción y de manera subsidiaria que se niegue, pues la providencia cuestionada no incurrió en los yerros alegados por el tutelante.

12. El tribunal Administrativo de Caldas 4 solicitó que se declare la improcedencia del amparo, pues los argumentos muestran que se utiliza el medio constitucional como una instancia adicional para reabrir un debate q ue fue examinado en dos instancias. La defensoría regional del pueblo de Caldas 5 indicó que no cuenta con material probatorio adicional al que ya reposa en el expediente. Reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad, pero no realizó petición concreta respecto de las peticiones del amparo. La Cooperativa Unitrans 6 intervino con el fin de indicar que el amparo solicitado reabre el debate resuelto en dos instancias por el Tribunal Administrativo,

de discapacidad, pero no realizó petición concreta respecto de las peticiones del amparo. La Cooperativa Unitrans 6 intervino con el fin de indicar que el amparo solicitado reabre el debate resuelto en dos instancias por el Tribunal Administrativo, además señaló que existen otros medios judiciales pendientes de agotar como la acción de cumplimiento o “la vigilancia de políticas públicas por parte de la autoridad territorial”. Además, no se satisface el requisito de inmediatez, pues la sentencia atacada data del 9 de mayo de 2025, notificada el 12 del mismo mes, y la acción de amparo fue admitida el 12 de noviembre de 2025, es decir, meses después y “ el actor no explicó causa objetivas para la inactividad procesal”. Solicitó que se declare

1 Índice Samai 10 2 Índice Samai 11. 3 Índice samai 12. 4 Índice samai 14 5 Índice samai 16. 6 Índice samia 17.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

improcedente el amparo y que de manera subsidiaria se niegue. Argumentó que la flota de buses cumple la reglamentación vigente para el momento de inicio de operaciones y que estima inconstitucional que se apliquen retroactivamente regulaciones más exigentes, en caso de amparar algún derecho, las órdenes deben ser progresivas y no retroactivas.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en

regulaciones más exigentes, en caso de amparar algún derecho, las órdenes deben ser progresivas y no retroactivas.

CONSIDERACIONES

Competencia

13. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

14. En primer lugar, la Subsección debe establecer si, en relación con la sentencia de 9 de mayo de 2025, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, la acción de tutela promovida por el Santiago González Chía resulta formalmente procedente por satisfacer las causales genéricas de procedencia. En caso de concluir que si es procedente se deberá establecer si la providencia censurada incurrió en los defectos fácticos y procedimental por exceso ritual manifiesto, al hacer una valoración incompleta o sesgada del material probatorio y por no haber aplicado las reglas de carga dinámica de la prueba prevista en la Ley 472 de 1998.

15. Con el fin de resolver los dos anteriores problemas jurídicos, se reiterará el precedente judicial respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales.

Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela contra providencia.

16. Conforme el precedente fijado en la C -590 de 2005 7, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de

consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

17. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 8 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022. 9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 10 o el Consejo de Estado 11, ni una sentencia i nterpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se

ni una sentencia i nterpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsid iariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para ev itarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta ten ga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

18. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se t rata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales14.

la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se t rata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales14.

19. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección j urídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las gar antías constitucionales15.

20. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos . A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 11 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023. 13 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo

14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. 15 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providenci as judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

1. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

1. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

1. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

1. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban

indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

1. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.

1. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

1. Decisión sin motivación , que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

1. Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (p recedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

1. Violación directa de la Constitución , que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

21. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

Caso concreto.

22. Descendiendo al caso concreto, esta subsección estima que la acción de tutela

examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

Caso concreto.

22. Descendiendo al caso concreto, esta subsección estima que la acción de tutela de la referencia no satisface las causales genéricas de procedencia formal. En el caso del requisito de inmediatez, el medio de amparo fue radicado ante la corporación el 10 de noviembre de 2025, cuando la providencia cuestionada tiene como fecha de suscripción el 9 de mayo del mismo mes, pero notificada el día 12.

En esa medida, el medio de amparo se presentó dentro del plazo razonable fijado por la Corte Constitucional como adecuado.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

23. En contraste, no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que los artículos 273 y 274 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, establecen el mecanismo eventual de revisión de sentencias de procesos de acción popular, el cual, en el caso concreto resulta idóneo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-713 de 2008 y SU-686 de 2015, y T -176 de 2016), para cuestionar las sentencias de segunda instancia dentro de procesos de acción popular.

24. En particular, la Sentencia T -176 de 2016 resolvió una acción de tutela contra una sentencia de un proceso de acción popular proferida por un Tribunal

instancia dentro de procesos de acción popular.

24. En particular, la Sentencia T -176 de 2016 resolvió una acción de tutela contra una sentencia de un proceso de acción popular proferida por un Tribunal Administrativo. En esa ocasión, la Sala Quinta de Revisión indicó que, el examen de la obligación de agotar el mecanismo eventual de revisión se debía realizar caso a caso, dado que el mi smo, prima facie, es idóneo y eficaz para la protección de derechos fundamentales. Se indicó que no resultaba obligatorio acudir al mecanismo de revisión eventual, cuando la finalidad no era la unificación de la jurisprudencia, y cuando, los derechos funda mentales presuntamente afectados requieren una intervención inmediata por vía de tutela, y existe conexidad con derechos fundamentales16.

25. Si bien el caso reviste relevancia constitucional, puesto que se trata de una acción constitucional dirigida a c uestionar una providencia judicial en la que se resolvió la petición de protección del derecho colectivo al acceso al servicio público de transporte para personas con discapacidad, grupo poblacional que goza de protección constitucional reforzada en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, tales como la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada mediante Ley 1346 de 2009 y la Ley estatutaria de 1618 de 2013, referida a los derechos de las personas con discapacida d, lo cierto, es que el mecanismo judicial extraordinario pendiente de agotar es un medio judicial idóneo y eficaz para solicitar la protección de estas garantías superiores. Estos importantes derechos pueden ser invocados a través de las causales del mecanismo eventual de revisión, en particular, la causal primera del artículo 273,

idóneo y eficaz para solicitar la protección de estas garantías superiores. Estos importantes derechos pueden ser invocados a través de las causales del mecanismo eventual de revisión, en particular, la causal primera del artículo 273, conforme a la cual, resulta posible acudir al mecanismo fundado en razones referidas a la interpretación de la ley aplicada por el tribunal, en este caso, el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013.

26. La sentencia cuestionada sostuvo una especial interpretación de la obligación estatal respecto de la adecuación del sistema de transporte de la ciudad de Manizales, mientras que el actor sostiene que la interpretación de la norma estatutaria resulta contraria a la garantía de acceso universal del servicio público.

Estas razones pueden ser tramitadas a través del medio de eventual revisión. Motivo por el cual, en el caso concreto, tenía el deber de acudir al mismo, antes de promover el medio constitucional de amparo.

27. En el caso concreto, esta subsección concluye que no se satisface el requisito de subsidiariedad pues no se observan razones puntuales que justifiquen que el actor no acudió al mecanismo eventual de revisión. En el es crito de amparo el tutelante simplemente afirmó que no tenía que agotar ningún otro mecanismo

16 Corte Constitucional, Sentencia T-176 de 2016.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07078-00

Accionante: Santiago González Chica

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

judicial. Sin embargo, como se acabó de señalar, existe un medio judicial idóneo y eficaz. No se observan razones iusfundamentales relacionados con amenazas o

Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas Referencia: Acción de tutela

judicial. Sin embargo, como se acabó de señalar, existe un medio judicial idóneo y eficaz. No se observan razones iusfundamentales relacionados con amenazas o riesgos concretos en cabeza del titular que permitan, en el caso sub lite, concluir que el juez constitucional desplace el mecanismo ordinario. Al respecto, no se identifican argumentos que muestran una vulneración individual de derechos fundamentales que torne procedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Es tado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por la parte actora, debido a que no satisfizo el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualment e

manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualment e puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. VF