CE - Sentencia 11001031500020250709100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: DIANA YOLIMA VERA RAMÍREZ

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Se declara improcedente el mecanismo de amparo – La parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para ventilar los motivos de inconformidad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Diana Yolima Vera Ramírez , en nombre propio, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, estabilidad laboral reforzada y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad

de Administración de Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura del

sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, estabilidad laboral reforzada y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena con la Resolución CJR25-0344 de 6 de octubre de 20251 y el Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 20252.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó que solicitó traslado por razones de salud el 9 de junio de 2025, “[…] del Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta con destino al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta […]”.

1 “[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación […]”. 2 “[…] ASUNTO: Concepto traslado por razones de salud de la doctora Diana Yolima Vera Ramírez, en su calidad de Secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta EXCSJMA25-449 […]”.2

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Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

2.2. Sostuvo que el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena mediante el Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 20253, emitió concepto negativo a su traslado.

2.3. Expuso que interpuso recurso de apelación y el Consejo Superior de la

Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 20253, emitió concepto negativo a su traslado.

2.3. Expuso que interpuso recurso de apelación y el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través de la Resolución CJR25-0344 de 6 de octubre de 20254, confirmó el concepto desfavorable de traslado.

2.4. Manifestó que, “[…] Ingresé por concurso de méritos convocatoria 4 para proveer cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios en el Distrito judicial de Santa Marta y Distrito Administrativo del Magdalena, Acuerdo No. CSJMAA17-206 del 06 de octubre de 2025. La modalidad de ingreso a la cual me inscribí no hizo distinción sobre la especialidad en derecho para la cual debía inscribirse o concursar, dicha convocatoria se hizo abierta, sin ningún tipo de restricción para el cargo elegido […]”.

2.5. Afirmó que la “[…] negativa del concepto de traslado proferido por el ente accionado, se fundamenta en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, que exige cambio de subespecialidad para traslados dentro de la misma sede territorial; sin embar go, es de anotar que para la categoría municipal no existe subespecialidad en civil en el distrito de Santa Marta. Lo indicado anteriormente, ha hecho mi situación más gravosa, por cuanto no me encuentro en la capacidad de soportar el cambio o reforma en la legislación aplicable […]”.

municipal no existe subespecialidad en civil en el distrito de Santa Marta. Lo indicado anteriormente, ha hecho mi situación más gravosa, por cuanto no me encuentro en la capacidad de soportar el cambio o reforma en la legislación aplicable […]”.

2.6. Señaló que, “[…] [e]l traslado con destino al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, es una medida de adaptación razonable, conforme a lo establecido en el Acuerdo PCSJA1710754, pues para el desempeño del cargo destino se exigen los mismos requisitos, y tienen la misma asignación salarial, que el que hoy ostento, y no sería una decisión desproporcionada, tampoco generaría desbalance en la planta de personal […]”.

2.7. Adujo que, “[…] [e]l derecho de los empleados en carrera judicial a solicitar traslado está reconocido como una manifestación de la movilidad funcional, especialmente cuando existen razones de salud, protección reforzada o condiciones que afectan la dignidad humana. Su restricción debe superar un test de razonabilidad y proporcionalidad […]”.

2.8. Expresó que, no “[…] permitir el traslado solicitado, no solo desconoce el principio de dignidad humana, sino que vulnera el derecho a la salud en su dimensión integral, al interrumpir un proceso terapéutico que exige estabilidad emocional, cercanía con el mi (sic) núcleo familiar y condiciones laborales adaptadas. Además, se configura una afectación grave al derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues me obligaría a optar por una sede judicial fuera de Santa Marta, lo que implicaría

cercanía con el mi (sic) núcleo familiar y condiciones laborales adaptadas. Además, se configura una afectación grave al derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues me obligaría a optar por una sede judicial fuera de Santa Marta, lo que implicaría

3 “[…] ASUNTO: Concepto traslado por razones de salud de la doctora Diana Yolima Vera Ramírez, en su calidad de Secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta EXCSJMA25-449 […]”. 4 “[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación […]”.3

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Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

desarraigo, ruptura del entorno de apoyo que actualmente tengo y una carga emocional incompatible con mi estado clínico […]”.

III. PRETENSIONES

3. La accionante formuló la siguiente pretensión:

“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la salud, a tener un tratamiento médico efectivo, al trabajo en condiciones dignas y al traslado por ser empleada en carrera.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la accionada emitir expida un nuevo acto administrativo motivado conforme a la jurisprudencia de conformidad a las razones de salud, y permita el traslado solicitado sin aplicar el requisito de subespecialidad para esta servidora judicial en el Distrito Judicial de Santa Marta, teniendo en cuenta la condición de salud actual y que permita el cumplimiento de las recomendaciones médicas entregadas por PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA y TRABAJO SOCIAL, en virtud de la estabilidad laboral reforzada y el principio de progresividad.

el cumplimiento de las recomendaciones médicas entregadas por PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, NEUROPSICOLOGIA y TRABAJO SOCIAL, en virtud de la estabilidad laboral reforzada y el principio de progresividad.

3. Que se adopten medidas para garantizar el tratamiento médico integral en condiciones dignas. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de noviembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas, se allegaron los

siguientes informes:

5.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó declarar improcedente la acción de tutela en la medida que, “[…] la accionante no ha presentado escrito de demanda o medida cautelar ante el juez natural y por ende no es posible demostrar que el medio de control no sea idóneo o efectivo. Así como tampoco es posible deducir de las pruebas aportadas la existencia de un perjuicio irremediable […] existir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo para controverti r los actos administrativos cuestionados, y no haberse demostrado la configuración de un perjuicio irremediable […]”.

5.2. Asimismo, indicó que “[…] No se configura vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la negativa al traslado obedece exclusivamente al cumplimiento de los requisitos legales señalados por el propio legislador en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de l a Administración de Justicia,

fundamentales invocados, toda vez que la negativa al traslado obedece exclusivamente al cumplimiento de los requisitos legales señalados por el propio legislador en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de l a Administración de Justicia, pero ello no le impide el acceso de la accionante a los servicios de salud, ni afecta su estabilidad laboral. La accionante continúa vinculada en propiedad, con las mismas garantías salariales, prestacionales y de seguridad social, y no se evidencia4

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Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

que la decisión administrativa genere una carga desproporcionada, discriminatoria o que haga imposible el ejercicio de sus funciones […]”.

5.3. Precisó que “[…] Tampoco se vulneran los derechos derivados de la carrera judicial, puesto que el traslado es un derecho reglado y no automático, supeditado al cumplimiento del artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PCSJA1710754 de 2017. En este caso, ambos despachos se encuentran en la misma sede territorial y no se acredita el cambio de subespecialidad exigido por la ley, requisito cuya constitucionalidad ha sido confirmada por la Corte Constitucional. La administración actuó bajo el principio de legalidad, aplicando las normas vigentes y garantizando el mérito y la igualdad entre los servidores judiciales, sin que ello implique vulneración o amenaza a los derechos fundamentales alegados […]”.

5.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no se cumple con el requisito de

implique vulneración o amenaza a los derechos fundamentales alegados […]”.

5.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad y, además, no se está frente a la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción.

5.5. Afirmó que “[…] se trata de un acto administrativo en firme contra el cual proceden acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa y la accionante se encuentra vinculada a la Rama Judicial como Secretaria del Juzgado 3° Civil Municipal de Santa Marta, por lo que conserva su condición de servidora judicial, con estabilidad laboral y salario […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 8, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 202410.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo

siguiente:

diciembre de 202410.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo

siguiente:

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 7 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si la s autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante con ocasión a la Resolución CJR25-0344 de 6

de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si la s autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante con ocasión a la Resolución CJR25-0344 de 6 de octubre de 202511 y el Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 202512.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; y posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

9. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

10. En ese sentido, la jurisprudencia 13 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa

en expresar que:

“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA– consagró mecanismos de autotutel a y los medios de control de nulidad y de

controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA– consagró mecanismos de autotutel a y los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del texto].

11. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:

“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección. Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra

11 “[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación […]”. 12 “[…] ASUNTO: Concepto traslado por razones de salud de la doctora Diana Yolima Vera Ramírez, en su calidad de

11 “[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación […]”. 12 “[…] ASUNTO: Concepto traslado por razones de salud de la doctora Diana Yolima Vera Ramírez, en su calidad de Secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta EXCSJMA25-449 […]”. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la solicitud” […]”.

12. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio.

13. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200314, la Corte Constitucional determinó:

“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irre mediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”. [Subrayado fuera del texto].

14. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en Sentencia

T - 912 de 2006, se señaló:

“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o

forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutel a puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de

14 Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho [...]”.

VI.4. El caso concreto

y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho [...]”.

VI.4. El caso concreto

15. La señora Diana Yolima Vera Ramírez, en nombre propio, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, estabilidad laboral reforzada y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad

de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena con la Resolución CJR25-0344 de 6 de octubre de 202515 y el Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 202516.

16. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.

VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad

17. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.

18. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

vulnerados.

18. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante.

[…]”.

19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza17], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

15 “[…] Por medio de la cual se resuelve recurso de apelación […]”. 16 “[…] ASUNTO: Concepto traslado por razones de salud de la doctora Diana Yolima Vera Ramírez, en su calidad de Secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta EXCSJMA25-449 […]”. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

20. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la

acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”18.

defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”18.

21. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”19.

22. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

23. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales citados supra

neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales citados supra

18 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07091-00

Accionante: Diana Yolima Vera Ramírez

con ocasión a la Resolución CJR25-0344 de 6 de octubre de 202520 y el Oficio CSJMAOP25-661 de 12 de junio de 202521.

25. La Sala advierte que si la parte demandante pretende atacar el contenido del acto administrativo que confirmó el concepto desfavorable de traslado, la acción de tutela es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales, la parte actora no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional

derechos fundamentales, la parte actora no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

26. Así las cosas, los actos administrativos cuestionados son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala advierte que, incluso, la accionante podría solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional con carácter de urgencia en los términos del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, medida que constituye un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

27. La Sala concluye que no se acreditan los presupuestos constitucionales que permitan la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, en atención a que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.

28. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión22 ha sostenido que: “[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado

[…]”23.

29. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de

protec