CE - Sentencia 11001031500020250709300 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250709300 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Demandante: Fabian Alberto Borja Pinzón Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Acción: Acción de tutela Tema: Problemas técnicos con el aplicativo SAMAI para visualización, cargue y descargue de document os en proceso ordinario Decisión: Declara falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por Fabian Alberto Borja Pinzón, en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
1. SÍNTESIS DEL CASO El señor Fabian Alberto Borja Pinzón, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra de las precitadas entidades, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERA: Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad vulnerados por el accionado, ordenando solucionar el problema técnico, para que los documentos puedan
PRIMERA: Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad vulnerados por el accionado, ordenando solucionar el problema técnico, para que los documentos puedan ser visualizados y descargado pues como se ind ica en la misma página se presentaron 3 documentos.
SEGUNDA: Se conmine a la entidad a no repetir esta conducta y solucionar los problemas técnicos de forma inmediata, toda vez que, con su omisión, se están vulnerando derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ordenándoles respetuosamente tomar las medidas pertinentes.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07093-00Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 28 de julio de 2025 interpuso recurso de apelación, con tres documentos anexos, en contra de la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 68001-23-33-000-2018-00935-00, promovido por la señora Ángela Castellanos Barajas en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
68001-23-33-000-2018-00935-00, promovido por la señora Ángela Castellanos Barajas en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Manifestó que, debido a un error de la plataforma SAMAI , los documentos presentados no podían ser descargados ni visualizados, lo que había impedido que el despacho de conocimiento concediera el precitado recurso.
Sostuvo que, a pesar de múltiples oficios enviados por el despacho correspondiente para solucionar el error, no se había recibido respuesta alguna y la falla persistía.
Reprochó que habían transcurrido casi cuatro meses desde la presentación del recurso sin que este hubiese sido tramitado , lo que , según estima, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia, pues interpuso el recurso en tiempo, con sus respectivos anexos, y no contaba con medios para solucionar el problema, el cual depende exclusivamente de la entidad encargada de la plataforma.
Aseguró que otros abogados no han enfrentado la falla aludida, lo que agrava la desigualdad y agregó, que no existe otro mecanismo para reclamar la protección de sus derechos ante esta situación tecnológica que solo puede ser corregida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o el contratista de la plataforma SAMAI.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes dentro del trámite fueron las siguientes:
3.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 14 de noviembre de 20252, en el cual se ordenó notificar 3 al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
3.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 14 de noviembre de 20252, en el cual se ordenó notificar 3 al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Ministerio de Justicia y del Derecho , como parte accionada. Igualmente, se dispuso a vincular al Tribunal Administrativo de Santander, así como a todas las partes que intervienen en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001 -23-33-000-20180093500, como terceros interesados en el resultado del proceso.
En la misma decisión, se requirió al Tribunal Administrativo de Santander para que remitiera copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado No. 68001-23-33-000-2018-00935-00, el cual fue remitido4.
2 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00. 3 Esta orden se cumplió el 19 de noviembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2025-07093-00. 4 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
03-15-000-2025-07093-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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3.2. El sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander5 rindió informe en el que solicitó que se declare que dicha autoridad judicial no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, comoquiera que obró con diligencia, en el marco de sus competencias.
Para ello, expuso que, al evidenciar la falla técnica que imp edía visualizar y descargar los documentos anexos a dos procesos en los que intervenía el accionante , ofició a la oficina de soporte técnico solicitando la corrección de la inconsistencia presentada , la verificación de la existencia de los archivos cargados a través de la plataforma y la confirmación de su debida incorporación en el expediente.
Señaló que el 7 de octubre de 2025, recibió una nota interna en la que se le informó que los archivos estaban almacenados, pero no visibles, y que el incidente fue escalado al área correspondiente.
Relató que, el 29 de octubre de 2025 reiteró la solicitud presentada y que el 14 de noviembre de 2025 se constató que los ajustes técnicos se habían realizado y los documentos ya podían visualizarse.
Por lo anterior, indicó que el trámite procesal se reanudó y que el 19 de noviembre de 2025 el despacho a cargo del proceso concedió el recurso de apelación presentado, el
documentos ya podían visualizarse.
Por lo anterior, indicó que el trámite procesal se reanudó y que el 19 de noviembre de 2025 el despacho a cargo del proceso concedió el recurso de apelación presentado, el cual fue notificado al día siguiente.
Concluyó que, no existe vulneración atribuible al Tribunal Administrativo de Santander , pues la Corporación actuó de manera oportuna y la falla presentada se debió exclusivamente a problemas técnicos de la plataforma SAMAI, cuya infraestructura no está bajo el control del tribunal.
3.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho 6 allegó escrito en el que solicitó que se declarara probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha cartera ministerial, porque no es la entidad responsable de la administración, operación o soporte de la plataforma SAMAI, ni tiene intervención alguna en el trámite del proceso 68001-2333-000-2018-00935-00.
3.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7, allegó informe en el que señaló que la accionante presentó una demanda de tutela ante el Juzgado 11 Administrativo de Bucaramanga, con identidad de objeto, causa y partes, en el trámite identificado con radicado 68001 -33-33-011-2025-00278-00, por lo cual solicitó verificar la posib le configuración de conducta temeraria.
Sin perjuicio de lo anterior , expuso las actuaciones adelantadas para solucionar el inconveniente presentado en el aplicativo SAMAI y las medidas técnicas implementadas para superarlo, por lo que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado.
inconveniente presentado en el aplicativo SAMAI y las medidas técnicas implementadas para superarlo, por lo que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00. 6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00. 7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga8 allegó informe en el que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y, adicionalmente, la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se configura la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Además, pidió ser desvinculada del trámite, por cuanto no es la autoridad frente a la cual se formula el presunto desconocimiento de los derechos constitucionales debatidos.
Afirmó que no existe perjuicio atribuible a la Dirección Seccional, pues las pretensiones
se formula el presunto desconocimiento de los derechos constitucionales debatidos.
Afirmó que no existe perjuicio atribuible a la Dirección Seccional, pues las pretensiones de la accionante buscan intervenir en trámites administrativos que no son de su competencia. Dichos asuntos corresponden exclusivamente a la Oficina de Tecnología del Consejo de Estado (CETIC) y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a nivel central, entidades sobre las cuales la Dirección Seccional no tiene injerencia.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 10 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 11, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 12, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
4.2.1. Frente a las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
Se observa que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga solicitaron, en su respectivo
Judicial de Bucaramanga
Se observa que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga solicitaron, en su respectivo informe, su desvinculación del presente trámite constitucional.
Para resolver dicha solicitud, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:
Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 1100103-15-000-2025-07093-00. 9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
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sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 200613, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la siguiente forma:
En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)
En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a la solicitud de
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)
En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que, conforme se desprende del escrito de tutela, la accionante incluyó expresamente a esa cartera como autoridad accionada.
De igual manera, respecto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, se advierte que , conforme las pruebas allegadas junto con el escrito de tutela, el 28 de julio de 2025 el accionante envió a dicha entidad los archivos contentivos del recurso de apelación , reportando la constancia de cargue de los documentos a SAMAI, lo que constituye el núcleo de la controversia en este asunto.
En consecuencia, la presencia procesal de ambas autoridades resulta necesaria para garantizar la eficacia de la decisión que llegue a adoptarse dentro de este trámite constitucional. Por ello, no es procedente acceder a su s solicitudes de desvinculación presentadas.
13 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
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4.2.2. Frente a la posible configuración de temeridad aludida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
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4.2.2. Frente a la posible configuración de temeridad aludida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En el informe rendido con destino a este trámite tutelar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que el accionante presentó otra acción tutela ante el Juzgado 11 Administrativo de Bucaramanga con identidad de objeto, causa y partes , identificada con el radicado nro. 68001-33-33-011-2025-00278-00, por lo que solicitó que se estudie la presunta configuración de una conducta temeraria por parte del accionante.
Sobre el particular, se advierte que en dicho trámite constitucional lo que se discute es la imposibilidad del accionante de visualizar y descargar los documentos contentivos del recurso de apelación radicado el 31 de julio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 68001-23-33-0002019-00623-00.
En ese orden de ideas, la Sala considera que no es de recibo la alegada configuración de una conducta temeraria, en la medida en que el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos fundamentales en el presente asunto corresponde a la imposibilidad de visualizar y descargar los documentos del recurso de apelación radicado por el accionante el 28 de julio de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 68001 -23-33-000-201800935-00.
Por tal motivo, no se configura la temeridad alegada, pues las acciones de tutela se dirigen contra situaciones fácticas distintas al cuestionarse el trámite de expedientes
00935-00.
Por tal motivo, no se configura la temeridad alegada, pues las acciones de tutela se dirigen contra situaciones fácticas distintas al cuestionarse el trámite de expedientes ordinarios diferentes.
4.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.3.1. El 28 de julio de 2025, el accionante, en calidad de apoderado de la señora Ángela Castellanos Barajas , presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de julio de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 68001-23-33-000-2018-00935-00.
4.3.2. El Tribunal Administrativo de Santander, al evidenciar que no podía visualizarse en el aplicativo de SAMAI la documentación correspondiente al precitado recurso, mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2025 solicitó a la oficina de soporte técnico verificar y confirmar la existencia de los documentos.
4.3.3. El 14 de noviembre de 2025, la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado revalidó el incidente reportado y confirmó la existencia de una falla técnica y la recepción fallida de los documentos . Por ello , solicitó al soporte técnico de nivel 1 la incorporación y reconstrucción de los registros con la información visible en la actuación identificada con el índice 60 del expediente 68001-23-33-000-2018-00935-00.
4.3.4. Al solucionarse el inconveniente, por auto del 19 de noviembre de 2025 la Sala de
el índice 60 del expediente 68001-23-33-000-2018-00935-00.
4.3.4. Al solucionarse el inconveniente, por auto del 19 de noviembre de 2025 la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander concedió el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario en cuestión.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado nro. 68001-23-33-000-2018-00935-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el señor Fabián Alberto Borja Pinzón, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Justicia y del Derecho , con el fin que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad, con ocasión de los problemas técnicos presentados en el aplicativo SAMAI para visualización, cargue y descargue del recurso de apelación radicado a través de dicha plataforma con destino al proceso ordinario identificado con el radicado nro. 68001-33-33-011-2025-00278-00.
La Sala advierte que el señor Borja Pinzón, no se encuentra legitimado para interponer la solicitud de amparo, por las razones que pasa a explicarse.
La Sala advierte que el señor Borja Pinzón, no se encuentra legitimado para interponer la solicitud de amparo, por las razones que pasa a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que: “(…) toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. (Se destaca).
A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que, “(…) la acción de tutela podrá ser ejercida , en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales (…)”. (Se destaca).
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-511 de 2017, al hacer referencia de la sentencia T -176 de 2011, anotó que: “ (…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pued a establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante (…)”. (Se destaca).
En igual sentido ha señalado que “ (…) la legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona . Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la
procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona . Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”15. (Se destaca).
A su turno, esta sección ha indicado que quien promueve una acción de tutela con el propósito de buscar la protección de un derecho fundamental, presuntamente amenazado o vulnerado con ocasión de las actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial, debe acreditar que es o hizo parte del mismo16.
En el caso concreto, está acreditado que la señora Ángela Castellanos Barajas promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , identificada con el radicado nro. 68001-23-33-000-201815 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo. 16 Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02901 01 y (ii) Sentencia del 26 de marzo de
2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2022 04272 01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07093-00
Accionante: Fabian Alberto Borja Pinzón Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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00935-00, en el que actúa a través de su apoderado, el señor Fabián Alberto Borja Pinzón.
En ese sentido, la Sala evidencia que el señor Borja Pinzón no hace parte del precitado proceso, sino que actúa como apoderado judicial de la demandante, razón por la cual no se encuentra legitimado para interponer la presente solicitud de amparo, debido a que la eventual vulneración de las garantías constitucionales invocadas por los problemas técnicos presentados en la plataforma de SAMAI no le afectaría a él, sino a la señora Castellanos Barajas, parte demandante en el proceso ordinario.
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor Fabián Alberto Borja Pinzón.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Fabián Alberto Borja Pinzón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Fabián Alberto Borja Pinzón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.