CE - Sentencia 11001031500020250709400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-07094-00

Accionante: YEISON GÓMEZ RAMOS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA

DE DECISIÓN

Temas: Responsabilidad del Estado por daños sufridos por conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio. Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra de la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 13 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

Por auto del 13 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Yeison Gómez Ramos, quien actúa por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión3. Con la solicitud de amparo, el actor persigue la protección de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 En esta providencia, se admitió la demanda en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia. Así mismo, se ordenó la vinculación de los señores los señores Elizabeth Ramos Vergara, Bernardo Ramos Vergara, Bernardo Abad Gómez Ramos, Marciano Gómez López, Concepción María Ramos Berrío, José Miguel Ramos Hernández, Noris Vergara Gaviria, Elizabeth Madera Ramos, José Miguel Madera Ramos, Eliana Gómez Quiñones, Yulissa Madera Ramos, Bernardo Gómez Pérez y Yuliana Gómez Pérez, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo, la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, así como de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. 3 La acción de tutela fue presentada el 10 de noviembre de 2025 mediante el aplicativo Tutela en Línea, y al día siguiente fue radicada en esta corporación.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral y al acceso efectivo a la administración de justicia.

2. El accionante atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a sentencia de 23 de abril de 2025, dictada por la autoridad judicial accionada en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 05837-33-33002-2021-00085-01. Dicha providencia modificó y revocó, respectivamente, los ordinales tercero y quinto del fallo de 11 de diciembre de 2024, en el que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de l Circuito de Turbo accedió parcialmente a las pretensiones de indemnización de los perjuicios sufridos por el actor durante el tiempo en que prestó el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados del CONSEJO DE ESTADO, que CONCEDAN la Protección a los Derechos Fundamentales del accionante YEISON GÓMEZ RAMOS al DEBIDO PROCESO, la REPARACIÓN INTEGRAL, la IGUALDAD y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales fueron vulnerados al proferirse la providencia judicial de fecha

accionante YEISON GÓMEZ RAMOS al DEBIDO PROCESO, la REPARACIÓN INTEGRAL, la IGUALDAD y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales fueron vulnerados al proferirse la providencia judicial de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025) por parte del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA OCTAVA DE DECISIÓN, bajo la ponencia del Magistrado JUAN GABRIEL VILLAMARÍN MARTÍNEZ, en el Medio de Control de Reparación Directa con Radicado No. 05837-3333-002-202100085-01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se DEJE SIN EFECTO la providencia judicial de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025), proferida por parte del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA OCTAVA DE DECISIÓN, bajo la ponencia del Magistrado JUAN GABRIEL VILLAMARÍN MARTÍNEZ, en el Medio de Control de Reparación Directa con Radicado No. 058373333-002-2021-00085-01, a través de la cual se ordenó Modificar el ordinal tercero de la citada decisión variando los montos a otorgar por concepto de perjuicios morales a beneficiarios de la sentencia, y se ordenó revocar la condena por concepto de perjuicios materiales en favor de YEISON GÓMEZ

RAMOS.

TERCERO: Solicito respetuosamente que se ORDENE al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA OCTAVA DE DECISIÓN que, dentro

RAMOS.

TERCERO: Solicito respetuosamente que se ORDENE al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA OCTAVA DE DECISIÓN que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia de tutela, PROFIERA UNA NUEVA DECISIÓN que subsane el Defecto Fáctico y el Desconocimiento del Precedente Jurisprudencial, ORDENÁNDOSE que la nueva providencia Valore de forma integral y razonable la Pérdida de Capacidad Laboral de YEISON GÓMEZ RAMOS como prueba suficiente y determinante para establecer el monto de los perjuicios morales y por concepto de Lucro Cesante, CONFIRMÁNDOSE la condena de primera instancia proferida por

el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TURBO.

1.2. Hechos

4. El señor Yeisón Gómez Ramos y su núcleo familiar 4 promovieron el medio

4 Conformado por sus padres, Elizabeth Ramos Vergara y Bernardo Abad Gómez Ramos; sus abuelos, Marciano Gómez López, Concepción María Ramos Berrio, José Miguel Ramos Hernández y Noris Vergara Gaviria; así como por sus hermanos, Eizabeth Madera Ramos, José Miguel Madera Ramos, Eliana Gómez Quiñones, Yulissa Madera Ramos, Bernardo Gómez Pérez y Yuliana Gómez

Pérez.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

3

Pérez.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos con ocasión de las afectaciones de salud que sufrió el accionante durante el tiempo en que prestó el servicio militar obligatorio5.

5. El proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo6, que, en sentencia de 11 de diciembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al respecto, el a quo indicó que la responsabilidad del Estado era atribuible en virtud del título de imputación de daño especial. En el caso concreto, encontró, entre otras que: (i) antes de su ingreso al servicio militar obligatorio (17 de mayo de 2018), el señor Gómez Ramos fue calificado como «apto» , sin que se evidenciara alguna enfermedad; (ii) la historia clínica del actor da cuenta de que la primera lesión por leishmaniasis se produjo en enero de 2019, esto es, durante la prestación del servicio militar obligatorio; y (iii) conforme al acta n. ° 110916 de 4 de septiembre de 2019, la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional calificó al demandante con una disminución de su capacidad laboral del 13.50 %.

2019, la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional calificó al demandante con una disminución de su capacidad laboral del 13.50 %.

6. Por lo anterior, el Juzgado concluyó que el daño le era atribuible al demandado, comoquiera que el señor Gómez Ramos adquirió la enfermedad durante la prestación del servicio militar obligatorio y habida cuenta de que no se probó la configuración de alguna causal eximente de responsabilidad. En consecuencia, reconoció en favor de los demandantes el pago de perjuicios morales7, por daño a la salud8 y materiales9.

7. El demandado apeló dicha decisión 10. El recurso correspondió a la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que profirió sentencia el 23 de abril de 202511, mediante la cual: (i) modificó el ordinal tercero, en el sentido de disminuir el monto reconocido por concepto de perjuicios morales 12; (ii) revocó el ordinal quinto, relativo a la condena de los perjuicios materiales, en modalidad de

5 Los demandantes alegaron que, durante el servicio militar obligatorio, el señor Gómez Ramos adquirió una enfermedad infecciosa parasitaria denominada «leishmaniasis», que le generó una gran cantidad de lesiones en su cuerpo y, posteriormente, la disminución de su capacidad laboral en un 13.50 %. Aunado a ello, adujeron que tal eneferme dad le generó secuelas permanentes que le impiden disfrutar con normalidad en los aspectos laborales, familiares y sociales. 6 Al proceso le fue asignado el radicado 05837-33-33-002-2021-00085-00.

impiden disfrutar con normalidad en los aspectos laborales, familiares y sociales. 6 Al proceso le fue asignado el radicado 05837-33-33-002-2021-00085-00. 7 Al grupo demandante le fueron reconocidos perjuicios morales en la siguiente cuant ía: (i) 20 SMLMV para la víctima directa y para sus padres; y (ii) 10 SMLMV para sus abuelos y hermanos. 8 Se condenó al demandado al pago de 20 SMLMV en favor de la víctima directa. 9 Se reconoció en favor de la víctima directa (i) lucro cesante consolidado por valor de $ 15.569.128 y (ii) lucro cesante futuro en cuantía de $ 43.008.706. 10 Los fundamentos del recurso fueron: (i) la inexistencia de presunción de perjuicios morales a sujetos distintos a la víctima directa y a sus padres; (ii) la improcedencia de aumentar los perjuicios materiales en un 25 % por concepto de prestaciones sociales, pues en el proceso nunca se demostró que el señor Gómez Ramos desarrollara alguna actividad laboral antes de ingresar al servicio militar obligatorio. 11 En la sentencia se consignó 2024, como año de expedición del fallo. Sin embargo, de acuerdo con la información del acta de reparto (7 de febrero de 2025), del auto que admitió el recurso (13 de febrero de 2025), así como la información consignada en SAMAI, es claro que la fecha correcta es 23 de abril de 2025. 12 En esta decisión, los perjuicios fueron tasados así: (i) 20 SMLMV para la víctima directa; (ii) 10

SMLMV para los padres; y (iii) 5 SMLMV para los abuelos y hermanos.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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lucro cesante consolidado y futuro, y (iii) confirmó en todo lo demás el fallo de primera instancia.

8. Al respecto, el tribunal adujo que, de un lado, no era posible afirmar que la entidad del daño es igual para la víctima directa y para sus familiares. En efecto, «el dolor, congoja y sufrimientos padecidos no son iguales o no tienen la misma intensidad del lesionado», máxime cuando al proceso no se allegó prueba que permita acreditar que el «el padecimiento» fuese igual para todos los demandantes.

En consecuencia, redujo a la mitad el reconocimiento de los perjuicios morales de los padres, los abuelos y los hermanos del señor Gómez Ramos.

9. De otro lado, precisó que las lesiones padecidas no le generaron al conscripto ninguna limitación funcional que lo incapacite para trabajar, «a tal punto que le impida la realización de algún trabajo en particular o que disminuya su capacidad para desempeñ arse en actividades laborales o cotidianas». Tanto es así que el accionante es apto para seguir desempeñando la actividad militar. Por ende, concluyó que no hay lugar al reconocimiento de lucro cesante, ni consolidado ni futuro.

accionante es apto para seguir desempeñando la actividad militar. Por ende, concluyó que no hay lugar al reconocimiento de lucro cesante, ni consolidado ni futuro.

10. Esta decisión fue notificada por medios electrónicos el 24 de abril de 2025, sin que se presentaran solicitudes de adición o aclaración.

1.3. Sustento de la vulneración

11. El actor afirmó que la acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedencia. En particular, frente al requisito de inmediatez, manifestó que este se encuentra satisfecho porque a la fecha no se ha proferido el auto que «ordena se dé obedecimiento a lo resuelto por el superior», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código General del Proceso.

12. También refirió que, en este caso, la sentencia de la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente por las siguientes razones:

(i) Defecto sustantivo: el tribunal accionando aplicó de manera errada y arbitraria los parámetros fijados por la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, en lo que respecta a la tasación de los perjuicios morales. Esto, al exigir prueba de la «intensidad del dolor» sufr ido por los familiares de la víctima directa y, asimismo, al establecer una «distinción matemática» entre los montos indemnizatorios definidos en el fallo de unificación.

(ii) Defecto por desconocimiento del precedente: la autoridad judicial demandada desconoció la regla de unificación fijada por el máximo tribunal de lo

matemática» entre los montos indemnizatorios definidos en el fallo de unificación.

(ii) Defecto por desconocimiento del precedente: la autoridad judicial demandada desconoció la regla de unificación fijada por el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, al exigir un estándar probatorio que «se aleja de la lógica indemnizatoria» aplicable a los perjuicios morales y materiales.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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1.4. Intervenciones

13. Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional . Solicitó que se declare la improcedencia de la petición de amparo. Esto, por cuanto no se satisfacen los requisitos generales y, en todo caso, tampoco se configuran los defectos invocados. De una parte, señaló que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, porque fue interpuesta «un (1) año y siete (7) meses después de haberse proferido la decisión de segunda instancia (23 de abril de 2024 )». En el mismo sentido, manifestó que la acción tampoco ti ene relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido por el actor es reabrir el debate del proceso ordinario, como si se tratase de una tercera instancia.

14. De otra parte, expuso que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en los defectos que le endilga el accionante. En cuanto al defecto sustantivo, consideró

como si se tratase de una tercera instancia.

14. De otra parte, expuso que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en los defectos que le endilga el accionante. En cuanto al defecto sustantivo, consideró que no se evidencia arbitrariedad o irrazonabilidad en la decisión sub examine .

Frente al desconocimiento del precedente expuso algunas consideraciones sobre las diferencias entre el precedente horizontal y vertical.

15. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión . Solicitó que se declare la improcedencia de este mecanismo constitucional o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones. En primer lugar, estimó que la tutela no reviste de relevancia constitucional, en tanto su única finalidad es debatir la decisión judicial a partir de simples inconformidades. En segundo lugar, mencionó que no se configuran los defectos alegados, porque la decisión motivó con suficiencia el análisis sobre los perjuicios ma teriales y morales que fueron reconocidos, en atención a la gravedad de la lesión, la sentencia de unificación y lo probado en el proceso. Por tanto, concluyó que la acción de tutela se funda en simples inconformidades y desacuerdos que no dan cuenta de una trasgresión de garantías iusfundamentales.

16. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo. Hizo un recuento de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso ordinario de reparación directa, y remitió el expediente correspondiente.

17. Yulissa Madera Ramos , Eliana Gómez Quiñones y Bernardo Gómez Pérez manifestaron coadyuvar la solicitud de tutela , sin formular pretensiones o argumentos adicionales.

II. CONSIDERACIONES

17. Yulissa Madera Ramos , Eliana Gómez Quiñones y Bernardo Gómez Pérez manifestaron coadyuvar la solicitud de tutela , sin formular pretensiones o argumentos adicionales.

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela sub examine, por cuanto no supera el requisito general de inmediatez.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judicialesAccionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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19. El Consejo de Estado 13 y la Corte Constitucional 14, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún defecto especial16 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

20. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra

improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

21. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas

(pasiva).

23. Legitimación por activa. El señor Yeison Gómez Ramos está legitimado en la causa por activa, comoquiera que formó parte del grupo accionante, en calidad de víctima directa, en el medio de control de reparación directa, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada.

24. Legitimación por pasiva . La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia está legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la sentencia de 23 de abril de 2025, que cuestiona el actor en esta acción constitucional.

25. Coadyuvancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código General del Proceso, la Sala aceptará las solicitudes de coadyuvancia de la acción

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

General del Proceso, la Sala aceptará las solicitudes de coadyuvancia de la acción

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de l 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU -111 de 2025; SU -439 de 2024; SU -316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 15 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad ( v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. 16 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del

16 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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de tutela presentada s por Yulissa Madera Ramos, Eliana Gómez Quiñones y Bernardo Gómez Pérez, puesto que no se advierte que estas estén en oposición a los intereses de la parte actora.

26. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo razonable 17, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente en virtud del cual la finalidad de este mecanismo constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo18.

27. De acuerdo con lo anterior, esta Sección 19 ha considerado como plazo prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador —el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada — que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su

prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador —el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada — que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No obstante, se debe analizar en cada caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

28. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional indicó

que la acción de tutela será procedente:

[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incap acidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos , continúa y es actual20.

29. Para la Sala, en este caso, no se supera el requisito de inmediatez, en tanto fue interpuesta en un tiempo superior al que esta Sección ha tenido como razonable.

actual20.

29. Para la Sala, en este caso, no se supera el requisito de inmediatez, en tanto fue interpuesta en un tiempo superior al que esta Sección ha tenido como razonable.

En efecto, la sentencia cuestionada es de 23 de abril de 2025, y su notificación se realizó por medios electrónicos al día siguiente , sin que alguna de las partes del proceso ordinario presentara solicitud de adición o aclaración. En ese orden, el fallo

17 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez - Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001 -03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001 -03-150002015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. 18 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011. 19 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001 -03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette

Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001 -03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alb erto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. 20 Ver sentencias T -1229 de 2000, T -684 de 2003, T -016 de 2006 y T -1044 de 2007, T - 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

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reprochado mediante la acción sub examine quedó ejecutoriado el 2 de mayo de 2025.

30. Sin embargo, la solicitud de amparo solo fue presentada hasta el 10 de noviembre de 2025, esto es, más de 6 meses después de ejecutoriado el fallo. En tales términos, es claro que la misma se radicó por fuera del término que la jurisprudencia de esta sala de decisión ha admitido como razonable para cuestionar las providencias judiciales.

31. Por lo demás, esta Sección tampoco encuentra acreditada alguna razón que justifique la presentación tardía de este mecanismo constitucional. Esto, por cuanto dicha situación no fue siquiera alegada por el actor, quien se limitó a exponer que

31. Por lo demás, esta Sección tampoco encuentra acreditada alguna razón que justifique la presentación tardía de este mecanismo constitucional. Esto, por cuanto dicha situación no fue siquiera alegada por el actor, quien se limitó a exponer que el requisito de inmediatez debía tenerse por satisfecho porque no se había expedido el auto de obedézcase y cúmplase por parte del juzgado de primera instancia en el proceso ordinario. Dicho argumento debe rechazarse, comoquiera que la providencia a la que alude el accionante es irrelevante para el análisis del requisito de inmediatez, en tanto , desde la ejecutoria del fallo del tribunal accionado , se concretó la actuación que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del señor Gómez Ramos. De allí que la inmediatez deba contarse desde este momento, y no a partir de la expedición del proveído indicado por el actor en la solicitud de amparo.

32. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela sub examine por no superar el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Yeison Gómez Ramos en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala

Octava de Decisión.

SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por Yulissa

Madera Ramos, Eliana Gómez Quiñones y Bernardo Gómez Pérez.

TERCERO NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el

SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por Yulissa

Madera Ramos, Eliana Gómez Quiñones y Bernardo Gómez Pérez.

TERCERO NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.Accionante: Yeison Gómez Ramos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-07094-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.c