CE - Sentencia 11001031500020250709900 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante ROBERTO LAUREANO TATIS PARRA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA DE DECISIÓN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez. Proceso ejecutivo. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en prime ra instancia la acción de tutela instaurada por Roberto Laureano Tatis Parra, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 10 de noviembre de 2025 1, el seæor Roberto Laureano Tatis Parra, a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la decisión adoptada a travØs de la providencia proferida el 31 de marzo

Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la decisión adoptada a travØs de la providencia proferida el 31 de marzo de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 23001-33-33001-2020-00202-01. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2: «Por lo tanto, conforme a los hechos y fundamentos expuestos, suplico, con el mayor respeto, la protección de los derechos fundamentales de mi defendido invocados como vul nerados, y en consecuencia, ruego se sirva ordenar al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA DE DECISIÓN, para que deje sin efectos la sentencia de fecha 31 de marzo de 2025, proferida dentro del proceso ejecutivo de sentencia, de radicado No. 23-001-33-33-001-2020-00202-01; dirigido co ntra la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional; y se prosiga el Proceso Ejecutivo ad elantado contra dicha entidad; por lo que se ha de proferir una nueva decisión acogiendo las directrices que ordene el despacho».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Roberto Laureano Tatis Parra promovió un proceso ejecutivo en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con sustento en el cumplimiento del pago de una condena impuesta a travØs de una sentencia judicial a su favor.

1 SAMAI, índice 1.

Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con sustento en el cumplimiento del pago de una condena impuesta a travØs de una sentencia judicial a su favor.

1 SAMAI, índice 1. 2 PÆgina 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.2. Al proceso se le asignó el radicado No. 23001-33-33-001-2020-00202-01 y su conocimiento le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Montería, que, mediante auto del 24 de septiembre de 2021, libró mandamiento ejecutivo por la suma de $52’393.828. 2.3. La entidad demanda contestó la demanda y entre las excepciones propuestas, se refirió a la compensación, en tanto que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución No. 1091 del 11 de marzo de 2019 de la dirección General de la Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se estableció que el ejecutante debía devolver la suma de $271’.167.872 a CASUR, por concep to de asignación mensual de retiro pagado a favor del seæor Laureano Tatis Parra. 2.4. En la audiencia de la que tratan los artículos 372 y 373 del CGP, el Juzgado Quinto Administrativo de Montería negó la excepción de compensación alegada por la entidad ejecutada, al considerar que CASUR era una entidad

Parra. 2.4. En la audiencia de la que tratan los artículos 372 y 373 del CGP, el Juzgado Quinto Administrativo de Montería negó la excepción de compensación alegada por la entidad ejecutada, al considerar que CASUR era una entidad diferente a la condena en la sentencia judicial, por lo que ordenó seg uir adelante con la ejecución. 2.5. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación porque la parte acto ra consideró que las dos entidades relacionadas para sustentar la compensación, CASUR y la Policía Nacional, hacían parte del Ministerio de Defensa y, por tanto, a su parecer, debía prosperar la excepción planteada. El recurso fue concedido en el efecto devolutivo. 2.6. De igual forma, con posterioridad a lo narrado, la entidad ejecutada presentó una solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación y, para sustentar su petición, allegó la resolución No. 02600 del 21 de octubre de 2022, a travØs de la cual dio cumplimiento a la sentencia judicial condenatoria en su contra y en favor del seæor Roberto Laureano Tatis Parra (incluyendo en este acto de ejecución la compensación con CASUR). 2.7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, a travØs de providencia del 31 de marzo de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago, por lo que dio por termina do el proceso. 2.8. La referida providencia se notificó a travØs de mensaje de datos remitido al correo electrónico de las partes el 3 de abril de 2025, razón por la cu al, se

proceso. 2.8. La referida providencia se notificó a travØs de mensaje de datos remitido al correo electrónico de las partes el 3 de abril de 2025, razón por la cu al, se entiende que la notificación se surtió el 7 de abril de 2025, en virtud d e lo previsto en el artículo 205 del CPACA3.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que su demanda era procedente porque no cuestionaba una sentencia de tutela; ademÆs, por no contar con otros medios ordinarios o extraordinarios para recurrir la decisión cuestionada y porque el hecho que generó la violación de los derechos invocados proviene de un error judicial por no valorarse debidamente el material probatorio, el cual fue inducido por la entidad ejecutada.

De igual forma, planteó varias incongruencias en relación con la liquidación, los descuentos, las compensaciones y los trÆmites que adelantó la Policía Nacional en cuanto al reconocimiento de sus derechos económicos, para advertir que, eventualmente se produjo un enriquecimiento sin causa.

3 SAMAI del proceso ejecutivo en segunda instancia, índ ice No. 14.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Frente a estas inconsistencias, seæaló que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, no se percató que, al aplicar de manera oficiosa la terminación del proceso por el pago de la obligación, por considerar que en el caso en particular se estaría percibiendo una doble asignación d el

Córdoba, Sala Tercera de Decisión, no se percató que, al aplicar de manera oficiosa la terminación del proceso por el pago de la obligación, por considerar que en el caso en particular se estaría percibiendo una doble asignación d el erario, se aplicó de cierta forma la figura de la compensación de deudas, frente a la cual, contradictoriamente, seæaló en la misma providencia que no era procedente. A juicio de la parte actora, no era viable declarar probado el pago de la obligación por la incertidumbre de la supuesta doble asignación que recibió el beneficiario de la sentencia judicial que sirvió de título ejecutivo, por lo que, al proferir esa decisión, la autoridad judicial accionada incurrió en un error judicial.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. El 14 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por el seæor Roberto Laureano Tatis Parra, por conducto de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión y, ademÆs, vinculó, en calidad de terceros con interØs, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, como entidades ejecutadas y al Juzgado Quinto Administrativo de Montería, que conoció del proceso en primera instancia.

De igual forma, se reconoció como apoderado judicial de la parte ac tora al abogado Francisco Javier Herrera. 4.2. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó no conceder las pretensiones de la demanda, al considerar la improcedencia de la acción, en tanto que no se advirtió ninguna vulneración de derechos fundamentales ni ningœn hecho constitutivo de un perjuicio irremediable.

pretensiones de la demanda, al considerar la improcedencia de la acción, en tanto que no se advirtió ninguna vulneración de derechos fundamentales ni ningœn hecho constitutivo de un perjuicio irremediable. Ni la parte demandada ni la autoridad judicial vinculada como tercero con interØs se manifestaron frente a la presente acción constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundame ntales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judicia les, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provide ncias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la prote cción de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevanciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reun ir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o req uisitos especiales la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial

cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberÆ determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera el examen general de procedibilidad, en especial el requisito de inmediatez.

En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se dirigirÆ a establecer si el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora al proferir la providencia que es objeto de cuestionamiento, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 23001-33-33-001-2020-00202-01.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez y anÆlisis en el caso en concreto 4.1. La Corte Constitucional 8 ha seæalado que si bien no es posible establecer un tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, deb e existir un tØrmino razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías

riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino tambiØn con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados9. En este orden de ideas, la inmediatez es mÆs bien una condición que busca que la acción se presente en un tØrmino razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Precisamente, en razón a que el anÆlisis de la procedencia de tutela contra providencias judiciales debe ser mÆs riguroso, la Sala Plena del Consejo d e

constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.

Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 d e agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 8 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. `l varo Tafur Galvis. 9 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: « el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aœn mÆs estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Estado 10 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un tØrmino de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un tØrmino prudencial para que el interesado interponga la acción. Límite temporal que tambiØn ha sido acogido por la Corte Constitucional11. Dicho tØrmino razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la

por la Corte Constitucional11. Dicho tØrmino razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resuelt as logren certeza y estabilidad»12. Sin embargo, dicha providencia tambiØn acudió a unas pautas, para examinar las excepciones a esa regla general, indicando que se debe analizar tambiØn «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con l a decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acció n y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió despuØs de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición». Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un tØrmino razonable »13. Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la

ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tute la; y (v) los efectos de la tutela. Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como en la providencia del Consejo de Estado son vÆlidas para estudiar el presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, ademÆs de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demÆs criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, qu e caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio. 4.2. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que el accionante cuestionó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, el 31 de marzo de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 23001-33-33-001-2020-00202-01, a travØs de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de pago, por lo que dio por terminado el proceso. Esta decisión se notificó mediante mensaje de datos remitido al buzón de correo electrónico de las partes, el 3 de abril de 2025, de conformidad con los registros y la constancia que reposa en el sistema de gestión SAMAI14, por lo que, en virtud de lo previsto en el

mensaje de datos remitido al buzón de correo electrónico de las partes, el 3 de abril de 2025, de conformidad con los registros y la constancia que reposa en el sistema de gestión SAMAI14, por lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 205 del CPACA, se entiende como notificada el 7 de abril de 2025. Así las cosas, como la demanda de tutela se radicó el 10 de noviembre de 2025, si se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la providencia proferida en el proceso ejecutivo en segunda instancia, para la Sala es claro que se excedió el tØrmino considerado como razonable para acceder a la tutela

10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto d e 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 11 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero PØre z. 12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. 13 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016. 14 SAMAI del proceso ejecutivo en segunda instancia, índice No. 14.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo que se cuestiona es el contenido de providencias judiciales, en tanto que transcurrieron 7 meses y 2 días desde que el accionante tuvo conocimiento

www.consejodeestado.gov.co 6 como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo que se cuestiona es el contenido de providencias judiciales, en tanto que transcurrieron 7 meses y 2 días desde que el accionante tuvo conocimiento del supuesto escenario de vulneración y la fecha en la que ejerció la acción constitucional. 4.3. Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el q ue adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración iusfundamental15. En línea con lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante, esto al reconocer que no existen reglas inflexibles; no obstante, al analizar las particularidades del asunto objeto de estudio, segœn lo esgrimido en la demanda de tutela, no se evidencia argumento alguno dirigido a justificar la inacción de los demandantes por mÆs de 6 meses, considerado este como e l tØrmino razonable para ejercer la acción constitucional. Como consecuencia de lo anterior, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional 16 no se

tØrmino razonable para ejercer la acción constitucional. Como consecuencia de lo anterior, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional 16 no se encuentra acreditada en este caso una situación que justifique la interposición de la acción de tutela por fuera de tØrmino establecido como razonable para ello, por lo que resulta evidente que la acción interpuesta no cumplió co n el requisito de procedibilidad de inmediatez.

5. Conclusión Por todo lo expuesto, la Sala considera que la acción de tutela no supera el requisito de inmediatez, en la medida en que se interpuso por fuera del tØrmino de 6 meses, considerado por la jurisprudencia como razonable para acudir al juez constitucional en procurar de la protección de derechos fundamentales, con ocasión de la expedición de providencias judiciales y, ademÆs, porque tampoco se acreditó u na circunstancia particular que le impidiera a la parte actora acudir a este mecanismo constitucional, razón por la cual se declararÆ la improcedencia del amparo solicitado.

En mØrito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley, FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Roberto Laureano Tatis Parra, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de este fallo.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tute la

Laureano Tatis Parra, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de este fallo.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tute la del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-0 00-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e). 16 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria SÆchica MØndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviæo, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07099-00

Demandante: Roberto Laureano Tatis Parra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio mÆs expedito.

3. Publicar la presente decisión en la pÆgina web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cœmplase,

3. Publicar la presente decisión en la pÆgina web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cœmplase, Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha. (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN

Presidente (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTAÑO

(Firmado electrónicamente)

CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador