CE - Sentencia 11001031500020250710600 de 2025

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Título: CE - Sentencia 11001031500020250710600 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

Demandantes: Unión Temporal Veblinco - Toyorentacar

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico – Niega

Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que revocó la decisión de primera instancia y decidió negar las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales por ausencia de prueba del presunto incumplimiento.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Unión Temporal Veblinco – Toyorentacar contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 11 de noviembre de 2025, la Unión Temporal Veblinco-Toyorentacar, mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 17 de septiembre de 2025 , proferida en el proceso de controversias contractuales acumulado con reparación directa Rad. 11001-33-36-034-2020-00245-01.

2. A título de amparo constitucional, l a parte accionante solicitó (se

trascribe):

“Primero: Amparar mi Derecho Fundamental al Debido Proceso y dentro de este la debida valoración probatoria y aplicación de las cargas dinámicas.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

Demandantes: Unión Temporal Veblinco - Toyorentacar

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca– Sección Tercera - Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega ______________________________________________________________________________________________________________

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Segundo: Como consecuencia de lo anterior, en sede de corrección

Cundinamarca– Sección Tercera - Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega ______________________________________________________________________________________________________________

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Segundo: Como consecuencia de lo anterior, en sede de corrección constitucional, ordenar las medidas conducentes y pertinentes para la salvaguarda de los derechos y principios afectados.

Tercera: Las complementarias, sustitutivas o adicionales que usted considere pertinentes para el amparo implorado.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) La Unión Temporal accionante y la Unidad Nacional de Protección

(UNP) celebraron el contrato 816 de 2017, cuyo objeto era el alquiler de vehículos blindados. El plazo de ejecución pactado era hasta el 31 de diciembre de 2018 o a monto agotable, lo que primero ocurriera.

5. 2) Durante el 12, 13 y 14 de noviembre de 2018 la Unión Temporal prestó el servicio de alquiler de vehículos en los términos y condiciones del contrato 816 de 2017.

6. 3) El 26 de octubre de 2020, l a accionante presentó demanda , en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, acumulado con el medio de control de reparación directa, en la cual solicitó la declaración de suministro del servicio y su no pago por parte de la entidad contratante, y las consecuentes pretensiones de condena. De otra parte, también pretendió el incumplimiento por haber informado de manera tardía sobre la retención de un vehículo por parte de la fiscalía.

contratante, y las consecuentes pretensiones de condena. De otra parte, también pretendió el incumplimiento por haber informado de manera tardía sobre la retención de un vehículo por parte de la fiscalía.

7. 4) En Sentencia de 28 de abril de 2023, el Juzgado 3 4 Administrativo de Bogotá declaró el incumplimiento y ordenó a la Unidad Nacional de Protección pagar la suma de $149.185.258,81 . El juzgado consideró que se había demostrado que el contrato había terminado el 31 de diciembre de 2018, pues no se demostró que los recursos se hubieran agotado el 11 de noviembre de ese año. De igual manera, determinó que los servicios habían sido prestados en el periodo del 12 al 14 de noviembre de 2018 sin que se hubiera efectuado el pago por parte de la entidad. En relación con las pretensiones relacionadas con el vehículo retenido por la fiscalía decidió que la información se había remitido por fuera del tiempo prudencial y accedió a las pretensiones de condena.

8. 5) Contra esta decisión, l a demandada interpuso recurso de apelación. En síntesis, alegó que el contrato finalizó el 11 de noviembre por agotamiento del monto y que no existía prueba en el expediente que demostrara la prestación del servicio entre el 1 2 y el 14 de noviembre de

2018. Sobre este asunto los reparos se dirigieron a señalar que el juzgado de primera instancia había decidido con base en indicios sobre la prestaciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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Demandados: Tribunal Administrativo de

primera instancia había decidido con base en indicios sobre la prestaciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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3 de 9 del servicio. En lo concerniente al vehículo retenido por la fiscalía aseguró que el juzgado decidió de manera “lejana a lo aseverado en la demanda” y se ignoró que el demandante debía estructurar el nexo de causalidad entre el daño y el obrar de la UNP.

9. 11) El 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C revocó la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda .

Consideró que el juez de primera instancia había fallado con base en indicios y no en pruebas sobre la efectiva prestación del servicio y, con ello, del presunto incumplimiento contractual . Al respecto afirmó que en el expediente no existían pruebas que dieran cuenta de la prestación del servicio de alquiler de vehículos durante el 12, 13 y 14 de noviembre de 2018, por lo cual concluyó que el demandante no descargó sus de beres probatorios para dar por demostrado el incumplimiento . En ese sentido señaló:

señaló:

En este caso, la Sala no observa prueba alguna en el expediente que permita establecer con certeza que los servicios de alquiler de carros blindados se prestaron durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2018. Esto es, (i) no se identificaron los vehícu los que asegura la demandante se alquilaron, (ii) no se solicitó el testimonio de los funcionarios de la entidad demandada que trabajaban en la supervisión de la ejecución del contrato objeto de litigio, (iii) no se solicitó el testimonio de las personas que hubiesen tenido asignados los vehículos que se asegura estaban alquilados, (iv) no se decretó como prueba documental la respuesta a los derechos de petición que la juez echó de menos, entre otros elementos materiales probatorios que hubiera podido solic itar la parte actora para cumplir con el deber que tenía de acreditar los supuestos de hecho expuestos en su demanda.”

10. Sobre la información del vehículo retenido por la Fiscalía, el Tribunal puso de presente que en el contrato no se había pactado un término en el cual debiera ponerse en conocimiento tal situación, por lo que no podía haber un incumplimiento contractual sobre el particular.

11. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora argumentó que la providencia incurrió en los siguientes defectos:

12. Defecto fáctic o negativo por omisión en la valoración probatoria .

Sostuvo que no se tuvieron en cuenta: 1) la declaración del señor René Fabián Garzón, 2) la prueba documental: correo electrónico con las mallas de los días adicionales enviado por la accionante, 3) el documento emitido por la UNP que se denominó “ contestación a requerimiento emitido el día

Fabián Garzón, 2) la prueba documental: correo electrónico con las mallas de los días adicionales enviado por la accionante, 3) el documento emitido por la UNP que se denominó “ contestación a requerimiento emitido el día 22 de septiembre en audiencia inicial ”, 4) las certificaciones de la representante de la Unión Temporal, y 5) las peticiones radicadas por el contratista a la UNP.Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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13. Defecto fáctico , por valoración irrazonable o inadecuada inaplicación de las cargas de las pruebas, pues los vehículos que prestaron los servicios fueron los mismos entregados a la UNP en cumplimiento del contrato cuyo incumplimiento se demandó, no sabía de la ubicación de los funcionarios, ni su plena identificación, y como lo establecía el contrato, el contratista no podía conocer a los protegidos. En resumen , sostuvo que la UNP o el juez de primera instancia debieron, respectivamente, solicitar o decretar esas pruebas q ue echo de menos el Tribunal. De igual manera, indicó que el juez de segunda instancia desconoció la aplicación de la inversión de la carga de la prueba o su “ dinamización”, pues había afirmaciones y negaciones indefinidas y situaciones en las cuales la entidad estaba en mejor posición de probar algunos asuntos.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

afirmaciones y negaciones indefinidas y situaciones en las cuales la entidad estaba en mejor posición de probar algunos asuntos.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

14. La Unidad Nacional de Protección 3 solicitó su desvinculación por carecer de legitimación pasiva en la causa, pues la supuesta vulneración de derechos se derivaba de una decisión judicial que no tenía relación con sus funciones . De igual manera sostuvo que no se había acreditado debidamente el incumplimiento, recordó la importancia de la cosa juzgada, destacó que no había un perjuicio irremediable, y alegó que con esta acción se vulneraba el carácter subsidiario de la tutela.

15. El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá 4 señaló que los reparos planteados por el actor se referían “al fallo de segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda y no contra la decisión de este despacho que inicialmente había accedido de manera parcial a las pretensiones”, por lo que solicitó su desvinculación y remitió el enlace de acceso al expediente.

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C5 sostuvo que el asunto no cumplía con los requisitos generales ni específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Particularmente, sostuvo que el asunto no revestía relevancia constitucional, pues se trataba de divergencias con el análisis probatorio realizado por el Tribunal. Indicó que la negatoria de ciertas pruebas ocurrió en primera instancia , que sobre ello no se interpuso recurso alguno , por lo

2 Mediante Auto de 13 de noviembre de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como

en primera instancia , que sobre ello no se interpuso recurso alguno , por lo

2 Mediante Auto de 13 de noviembre de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, (3) vinculó al Juzgado 34 administrativo de Bogotá y a la Unidad Nacional de Protección como terceros con interés en el asunto. 3 Índice 11 de Samai. 4 Índice 12 de Samai. 5 Índice 13 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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5 de 9 que la actora no alegó la presunta vulneración al debido proceso durante el proceso judicial.

17. Finalmente, indicó que no se había configurado el presunto defecto fáctico alegado, y sobre las presuntas pruebas no valoradas o valoradas indebidamente señaló “basta con remitirse a las páginas 8, 9 y 10 del fallo de segunda instancia para evidenciar que la Subsección sí valoró la totalidad de pruebas que obran en el expediente. Cosa diferente es que tales elementos no fueron prueba suficiente de los servicios reclamados por la parte actora ”. Sobre este asunto, el Tribunal concluyó que la acción de tutela era, entonces, improcedente o, si se estudiaba de fondo, debía negarse el amparo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

la parte actora ”. Sobre este asunto, el Tribunal concluyó que la acción de tutela era, entonces, improcedente o, si se estudiaba de fondo, debía negarse el amparo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y providencia objeto de estudio. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.

Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.

2.1. Identificación de defectos y providencia objeto de estudio

18. La acción de tutela persigue la protección de los derechos fundamentales del accionante en el contexto de la Sentencia de segunda instancia por defecto fáctico. El primer grupo de alegaciones se refiere a la omisión en la valoración del material probatorio obrante en el exped iente, y el segundo grupo a las razones de la ausencia de material probatorio, particularmente el hecho de que no se hubieran decretado pruebas de oficio en primera instancia o se h ubiera invertido la carga de la prueba o aplicado una carga dinámica de esta.

19. En esa medida, le corresponde a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, como juez de segunda instancia, incurrió en un defecto fáctico y, con ello, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.

2.2. Solicitudes de desvinculación

20. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la

defecto fáctico y, con ello, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.

2.2. Solicitudes de desvinculación

20. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad Nacional de Protección y el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, la Sala las resolverá de manera desfavorable, ya que, aunque no se alega una presunta vulneración de derechos fundamentales respecto de dichaRadicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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6 de 9 entidad y despacho, las decisiones que eventualmente se adopten podrían resultarles de interés, por haber estado involucrados en el proceso ordinario como demandada y juez de primera instancia, respectivamente . Por esta razón, fueron vinculadas en el auto admisorio de la acción de tutela.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permita a la parte accionante alegar el reparo plante ado vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de 17 de septiembre de 2025 (29/9/2025)6 y la interposición de la presente acción de tutela (11/11/2025)7. No se enjuició

notificación de la Sentencia de 17 de septiembre de 2025 (29/9/2025)6 y la interposición de la presente acción de tutela (11/11/2025)7. No se enjuició un fallo de tutela , pues la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia dictad a en el marco de un proceso de controversias contractuales. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

22. Por último, la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de una providenci a cuyo debate gira en torno al defecto fáctico por omisión e indebida valoración de las pruebas en segunda instancia .

Particularmente se cuestiona que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al revocar la decisión apelada no hubiera tenido por demostrada la prestación del servicio de alquiler de vehículos durante los días 12 -14 de noviembre de 2018 . Dicho análisis fue diferente al de la primera instancia que accedió a la demanda y, por ende, no pudo ser objeto de debate en el proceso ordinario. De manera que no se trata de una reiteración de argumentos.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales

23. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el defecto fáctico en la Sentencia de 17 de septiembre de 202 5, por las

razones que se explican a continuación:

24. En relación con el defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria, a diferencia de lo afirmado por los accionantes, la Subsección

razones que se explican a continuación:

24. En relación con el defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria, a diferencia de lo afirmado por los accionantes, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí

6 De acuerdo con la información que reposa en el índice 12 del proceso ordinario en SAMAI. 7 Según acta Individual de reparto.Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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7 de 9 realizó una valoración integral del material probatorio y justificó de manera razonada su decisión de dar por no demostrada la prestación de servicios durante los días 12-14 de noviembre de 2018.

25. Contrario a lo señalado por el accionante, el Tribunal se pronunció expresamente en la providencia enjuiciada s obre las pruebas presuntamente omitidas. En primer lugar, el Tribunal las refirió expresamente en el aparte de las pruebas obrantes en el expediente entre los numerales 1.14-1.17. Adicionalmente, los valoró expresamente de la siguiente manera:

Al respecto, la Sentencia indicó:

“Todo lo contrario, en el expediente se encuentran los informes de supervisión del contrato, a partir de los cuales se observa que el mismo se ejecutó hasta el 11 de noviembre de 2018 (1.8). El último informe que se rindió fue respecto del periodo comprendido entre el 1 y el 11 de noviembre de 2018.

del contrato, a partir de los cuales se observa que el mismo se ejecutó hasta el 11 de noviembre de 2018 (1.8). El último informe que se rindió fue respecto del periodo comprendido entre el 1 y el 11 de noviembre de 2018. Es cierto que la unión temporal aportó dos derechos de petición radicados en la entidad demandada el 14 y 28 de diciembre de 2018, reclamando el pago de los servicios prestados durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2018; sin embargo, ello no es prueba de que el servicio se haya prestado efectivamente, ello es prueba de que el contratista reclamaba un pago adicional relacionado con el contrato 816 de 2017 (1.11, 1.12). También obra en el expediente una certificación emitida por la unión temporal demandante el 22 de octubre de 2020, en la que se asegura que se prestó el servicio de alquiler de vehículos el 12, 13 y 14 de noviembre de 2018 y que tal servicio tenía un costo de $126’370.684 (1.15); sin embargo, tal certificación no cuenta con soporte alguno, luego no es prueba de que el servicio se haya prestado efectivamente. Lo mismo ocurre con el testimonio del empleado de una de las empresas integrantes de la unión tempor al demandante (1.17). Aseguró que el servicio de alquiler de vehículos se brindó del 12 al 14 de noviembre, pero no es claro respecto de qué vehículos, a quién estaban asignados, quién autorizó tales servicios, entre otros aspectos que permitieran tener certeza sobre el valor reclamado y sobre el servicio prestado. A lo anterior se suma que la entidad demandada, por el contrario, fue enfática en la contestación de la demanda en asegurar que tales servicios no se

tener certeza sobre el valor reclamado y sobre el servicio prestado. A lo anterior se suma que la entidad demandada, por el contrario, fue enfática en la contestación de la demanda en asegurar que tales servicios no se prestaron. Respuesta que coincide con la dada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica el 31 de octubre de 2022 (1.16). Luego, no hay certeza de la prestación del servicio reclamado. Contrario a lo asegurado por la juez de primera instancia, para esta Sala no es prueba de tal prestación el hecho de que la entidad no haya liquidado el contrato, el hecho de que no obren en el expediente las respuestas a los derechos de petición presentados por el contratista el 14 y 28 de diciembre de 2018 y el hecho de que el nuevo contrato iniciara el 15 de noviembre siguiente, pues, recordemos, la entidad había adelantado el proceso de selección respecto de 6 grupos diferentes. Esto es, con la suscripc ión del contrato 816 de 2017, se suscribieron otros 5 contratos con el mismo objeto, por lo que la entidad no interrumpiría “abruptamente” el servicio de alquiler por la terminación de un contrato, pues había otros 5 contratos adicionales en ejecución, con los que se podía garantizar la asignación de vehículos blindados en caso de requerirlos. ”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

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26. Así las cosas, las pruebas presuntamente omitidas fueron

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26. Así las cosas, las pruebas presuntamente omitidas fueron expresamente referidas y valoradas por el Tribunal en su decisión de segunda instancia, por lo que no se configura en la Sentencia enjuiciada el defecto fáctico por omisión de valoración alegado por el accionante.

27. En lo que se refiere a l defecto fáctico por valoración irrazonable e inadecuada aplicación de las cargas de la prueba , la Sala considera que el razonamiento del Tribunal no es arbitrario, injustificado ni descontextualizado frente al material probatorio. El Tribunal expuso las razones por las cuales consideró, con base en las normas procesales vigentes, que correspondía al demandante demostrar la prestación del servicio durante los días posteriores a la finalización del contrato. En ese sentido apuntó: “ es bien sabido que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la justicia es rogada y no de oficio, y que le corre sponde al actor prima facie la carga de la prueba, (Art. 167 CGP) para demostrar los supuestos de hecho de la norma que consagra los efectos jurídicos que considera protege o garantiza sus derechos”. De tal manera que no resulta irrazonable, inadecuado, o arbitraria la valoración probatoria realizada.

28. Por otra parte, las inconformidades en el sentido de que el Tribunal debía aplicar la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la misma son inconformidades que no tienen la entidad suficiente para configurar un defecto fáctico, por si solas. Como se indicó, tanto la labor del

debía aplicar la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la misma son inconformidades que no tienen la entidad suficiente para configurar un defecto fáctico, por si solas. Como se indicó, tanto la labor del juzgado, como la decisión del Tribunal, resultan interpretaciones y aplicaciones razonables de las normas procesales que exigen de un demandante demostrar los supuestos de hecho necesarios para que el juzgador aplique las consecuencias jurídicas peticionadas por el demandante.

2.5. Conclusiones

29. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala negará al amparo solicitado porque no se acreditaron los defectos invocados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVERadicación: 11001-03-15-000-2025-07106-00

Demandantes: Unión Temporal Veblinco - Toyorentacar

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PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Unión Temporal Veblinco Toyorentacar, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unidad Nacional de Protección y el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá , por las razones expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unidad Nacional de Protección y el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá , por las razones expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dent ro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretar ía, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Firmado electrónicamente FREDY IBARRA MARTÍNEZ Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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