CE - Sentencia 11001031500020250711900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: GLENEN ALEXANDER ROSS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Tema: DERECHO DE PETICIÓN. Se declara improcedente la acción de tutela frente al derecho de petición. Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Glenen Alexander Ross solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de Bolívar , por la omisión de dar respuesta a la solicitud de 20 de octubre de 2025, presentada dentro del medio de control de reparación directa núm. 13001-23-33-000-201701116-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que

01116-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 20 de octubre de 2025 presentó un derecho de petición ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual solicitó lo siguiente:

“[…] Buenos días Secretaria Karen Reales (o la Señora o Señor Secretario que reciba este correo electrónico en su lugar).

[…] Respecto a demanda de reparaciones directas rad.: 130012333000201701116002

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

Por favor, infórmeme sobre el estado actual de esta demanda, qué posición ocupamos actualmente en la lista, tal vez incluso sugiérame cuándo podríamos esperar un fallo del Tribunal […]”.

2.2. Refirió que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela, no ha recibido respuesta alguna.

III. PRETENSIONES

3. Pese a que la parte actora no indicó un acápite de pretensiones, esta Sala observa del escrito de tutela que lo pretendido por el accionante es que se dé respuesta a la solicitud de 20 de octubre de 2025.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de noviembre de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de noviembre de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente

informe:

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar informó que mediante correo electrónico de 18 de noviembre de 2025 dio respuesta a la solicitud presentada por el accionante el 20 de octubre de 2025, motivo por el cual solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y del Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela ”. 4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”.3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VI.2. Problema jurídico

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) La procedencia del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales.

b) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

VI.3. Caso concreto

8. El señor Glenen Alexander Ross solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición, cuya vulneración le atribuyó a l Tribunal Administrativo de Bolívar , por la omisión de dar respuesta a la solicitud de 20 de octubre de 2025, presentada dentro del medio de control de reparación directa núm. 13001 -23-33-000-201701116-00.

9. Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas

dentro del medio de control de reparación directa núm. 13001 -23-33-000-201701116-00.

9. Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.

VI.3.1 Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales

10. Esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

11. Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 20087, precisó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por

5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos

5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-200500304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal . Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;

jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal . Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos ad ministrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. ( Sentencia T -377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ

CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)

cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)

12. En el caso objeto de estudio, se observa que el 20 de octubre de 2025 el accionante radicó una solicitud de información dentro del medio de control de reparación directa 13001-23-33-000-2017-01116-00. En la referida petición la parte actora solicitó a la autoridad judicial lo siguiente: “[…] Por favor, infórmeme sobre el estado actual de esta demanda, qué posición ocupamos actualmente en la lista, tal vez incluso sugiérame cuándo podríamos esperar un fallo del Tribunal […]”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

13. Como se puede apreciar, en la citada solicitud se indica “[…] sugiérame cuando podríamos esperar un fallo […]”, lo que implica que la autoridad judicial accionada decida sobre la cuestión propia del proceso judicial, la cual debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales previstos para tal fin.

14. Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la parte actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

15. Ahora bien, frente al hecho vulnerador que alegó la parte accionante, la Sala determinará si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta el informe allegado por la autoridad judicial accionada.

VI.3.2 De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine

determinará si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta el informe allegado por la autoridad judicial accionada.

VI.3.2 De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine

16. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 20208, sostuvo que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional9, desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las pretensiones del accionante10, debido a “una conducta desplegada por el agente transgresor […]”11.

17. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en el evento que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su eficacia y razón de ser12.

18. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela no está obligado a pronunciarse de fondo13, sino que en esos casos le corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que de realizar lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la

8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T -054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado

Ponente: Carlos Bernal Pulido.

lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la

8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T -054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido. 9 Corte Constitucional, sentencias T -238 de 2017 y T -047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. 11 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016. 12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Ma gistrada Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez. 13 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -011 de 22 de enero de 2016, Magistrado

Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor […]”14.

19. En el presente proceso el accionante indicó que el Tribunal Administrativo de

superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor […]”14.

19. En el presente proceso el accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar omitió dar respuesta a la solicitud de 20 de octubre de 2025, mediante la

cual solicitó:

“[…] Por favor, infórmeme sobre el estado actual de esta demanda, qué posición ocupamos actualmente en la lista, tal vez incluso sugiérame cuándo podríamos esperar un fallo del Tribunal […]”

20. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que mediante correo electrónico de 18 de noviembre de 2025 dio respuesta a la solicitud del accionante.

21. Para tal efecto, el Tribunal allegó la respuesta brindada el 18 de noviembre de

2025, en los siguientes términos:

“[…] Con relación a su solicitud, comunico a usted que el expediente radicado con el No. 13001 -23-33-000-2017-01116-00 ingresó al Despacho para dictar sentencia el 22 de enero de 2021 y actualmente se encuentra en el turno No. 55 de los procesos que están pendi entes de decisión de fondo (primera y segunda instancia) y en el turno N° 11 de los procesos de primera instancia que están pendiente de decisión de fondo.

El artículo 63A de la Ley 270 de 1996, establece el orden y la prelación de turnos. Así mismo, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece que es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que

turnos. Así mismo, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece que es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sent encia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

Luego, el orden de turno para fallo está legalmente establecido en las normas mencionadas, y dicho orden solo puede modificarse o alterarse cuando se encuentren configurados los supuestos allí previstos […]”.

22. Así las cosas, la Sala considera que las circunstancias que motivaron la interposición de esta acción de tutela han desaparecido, en razón que la autoridad judicial accionada dio respuesta a la solicitud de 20 de octubre de 2025 efectuada por el accionante.

23. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Corte Constitucional, en este caso se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto

14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 1 6 de octubre de 2014, Magistrada

Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07119-00

Accionante: Glenen Alexander Ross

hecho generador de la vulneración desapareció, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Accionante: Glenen Alexander Ross

hecho generador de la vulneración desapareció, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado Presidenta

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.