CE - Sentencia 11001031500020250713000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y Juzgado Séptimo

Administrativo de Sincelejo

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Incompatibilidad entre pensiones de sobrevivientes con igual causa / Defecto sustantivo Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Lesbia María Palacio Ortega, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Lesbia María Palacio Ortega promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales del debido proceso e igualdad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión , en el medio de

ampararan sus derechos fundamentales del debido proceso e igualdad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión , en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 7000133-33-007-2019-00152-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, Leonel José Monzón Osorio: i) mediante la Resolución GNR 217985 del 21 de julio de 2015, la Administradora Colombiana de Pensiones2 le reconoció «pensión de sobrevivientes del régimen común, con efectos desde el 30 de octubre de 2014»; y Ia) la Administradora de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAPORVIADEHECHOL(.pdf) NroActua 2 ». 2 Colpensiones.2

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Demandante: Lesbia María Palacio Ortega Riesgos Laborales Suramerican a S A3 le reconoció «pensión de sobrevivientes por riesgo profesional a partir del 21 de septiembre de 2015, derivada de la naturaleza laboral del siniestro».

2.2. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 217985 del 21 de julio de 2015, con la que le fue

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 217985 del 21 de julio de 2015, con la que le fue reconocida «pensión de sobrevivientes del régimen común».

2.3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, mediante sentencia del 25 de enero de 2022 declaró la nulidad del acto con el cual Colpensiones le reconoció la pensión de sobrevivientes, al considerar que las prestaciones de las que era beneficiaria eran incompatibles, por cuan to «ambas obedecían al mismo evento ». En contra de esa decisión las partes presentaron recurso de apelación.

2.4. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentenc ia del 21 de mayo de 2025 confirmó la decisión adoptada en primera instancia . Como consecuencia de lo cual «cesó el pago de la pensión de sobrevivientes del régimen común a mi favor, manteniéndose únicamente la prestación de origen laboral. Esta decisión redujo sustancialmente mi ingreso mensual, afectando mi capacidad para cubrir necesidades básicas y situándom e en riesgo cierto frente a gastos de alimentación, vivienda y salud».

2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo porque «aplicó la regla de “incompatibilidad” como una prohibición absoluta, sin integrar la arquitectura del Sistema Integral de Seguridad Social ni la exigencia de coordinación armónica entre sus subsistemas », sin analizar que las prestaciones de las que era beneficiaria tenían diversidad de fuentes , causas y finalidades. Lo

absoluta, sin integrar la arquitectura del Sistema Integral de Seguridad Social ni la exigencia de coordinación armónica entre sus subsistemas », sin analizar que las prestaciones de las que era beneficiaria tenían diversidad de fuentes , causas y finalidades. Lo anterior, por cuanto la finalidad del sistema general de riesgos laborales es reparar el riesgo profesional con financiación autónoma de la Administradora de Riesgos Laborales, entre tanto, el régimen común protege contingencias no laborales «mediante un fondo común diferente».

2.6. En ese sentido, « la providencia es sustantivamente defectuosa porque confundió coordinación con exclusión, trató como idénticas fuentes y finalidades que el sistema distingue, y omitió la ponderación exigible antes de extinguir una prestación permanente».

2.7. En violación directa de la Constitución Política, toda vez que omitió aplicar directamente «principios constitucionales operativos » que debían orientarla, como lo son: proporcionalidad, favorabilidad, confianza legítima y no regresividad. Como sustento de lo anterior, cuestionó que se vulnerara: i) la dimensión sustancial del debido proceso, al resolver con «automatismo» y omitir el test de proporcionalidad y ponderación entre fines normativos y derechos en juego; Ia) el derecho a la igualdad al imponer un trato más gravoso frente a situaciones que, por la estructura del sistema

3 En adelante Suramericana S.A. 4 En adelante CPACA.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega integral «se resuelven mediante coordinación y modulación antes que con supresión total»;

4 En adelante CPACA.3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega integral «se resuelven mediante coordinación y modulación antes que con supresión total»; y iii) el artículo 53 constitucional, esto es, la « favorabilidad laboral -pensional», por cuanto se debió optar por la interpretación que mejor protegiera su derecho.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Que se dejen sin efectos la sentencia del 25 de enero de 2022 (Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Sincelejo, Rad. 70 -001-33-33-007-2019-00152-00) y la sentencia del 21 de mayo de 2025 (Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda, Rad. 700013333007-2019-00152-02), por configurarse vía de hecho por defecto sustantivo, defecto en la ponderación y violación directa de la Constitución.

Que se ordene a la autoridad judicial competente proferir nuevo fallo dentro del proceso de lesividad, aplicando un test de proporcionalidad con enfoque en protección reforzada de prestaciones periódicas, observando la presunción de buena fe y la confianza legítima, y armonizando el entendimiento de la incompatibilidad con el deber de coordinación entre subsistemas de la seguridad social.

[…]

Que, en subsidio, y de estimarse plenamente acreditada la vulneración, se dejen sin efectos las declaraciones de nulidad del acto GNR 217985 de 2015 y se mantenga o reponga el pago de la pensión de sobrevivientes del régimen común, con la coordinación

efectos las declaraciones de nulidad del acto GNR 217985 de 2015 y se mantenga o reponga el pago de la pensión de sobrevivientes del régimen común, con la coordinación debida frente a la prestación de origen laboral.

Que se declare que no procede la devolución de sumas percibidas al amparo del acto administrativo anulado, por haber sido recibidas de buena fe y por su naturaleza alimentaria. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Sucre 5 pidió que se declarara improcedente la solicitud de tutela, por cuanto no superó el requisito de relevancia constitucional , comoquiera que la demandante acudió a est a con el fin de reabrir una discusión jurídica agotada en el marco de un proceso ordinario que se adelantó ante el juez natural. Lo anterior, toda vez que, los argumentos que sustentan las pretensiones se limitaron a manifestar su desacuerdo con el análisis jurídico y probatorio realizado por el tribunal de segunda instancia, puesto que este resultó lesivo a sus intereses.

5. Asimismo, en caso de que se enc ontrara que la solicitud de ampar o superó el requisito mencionado, pidió se negaran las pretensiones, en tanto, con la providencia objeto de revisión no se vulneraron los derechos fundamentales de la demandante, pues para su adopción se tuvieron en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes y con estricto apego a las normas y jurisprudencia aplicables, que le permitieron tener certeza de que era la decisión que correspondía.

5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado

por las partes y con estricto apego a las normas y jurisprudencia aplicables, que le permitieron tener certeza de que era la decisión que correspondía.

5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «21RECIBEMEMORIAL_INFORME_TUTELA_2025_(.pdf) NroActua 12».4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo 6 solicitó que se declarara la improcedencia del amparo, al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional y porque, a través de est e, la demandante pretend ió que en el escenario de tutela se reali zara nuevamente el análisis jurídico y fáctico que fue abordado en el trámite del proceso ordinario por el juez natural. Adicionalmente, con las sentencias que se pretenden revisar no se vulneraron derechos fundamentales , toda vez que estas se profirieron de conformidad con el marco legal y con base en un análisis riguroso de las pruebas y observancia del debido proceso.

7. Finalmente señaló que, como se expuso en las consideraciones de la providencia en cuestión, al momento de su fallecimiento, el causante no contaba con las exigencias legales para que la prestación fuera reconocida post mortem a sus beneficiarios sobrevivientes, por lo que no era posible «predicar que ya era un derecho adquirido». Asimismo, la resolutiva adoptada en el proceso ordinari o, tuvo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 , que establece la prohibición de

adquirido». Asimismo, la resolutiva adoptada en el proceso ordinari o, tuvo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 , que establece la prohibición de percibir de manera simultánea pensiones « otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento».

8. Colpensiones7 pretendió que se declarara improcedente la solicitud de tutela, al encontrar que no cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en tanto, «se observa que el despacho accionado procedió conforme a la ley y la constitución así: (i) aplicó las normas relativas en la materia (ii) aplicó los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) aplicó la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del accionante».

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra

el Tribunal Administrativo de Sucre.

6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado

abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «21RECIBEMEMORIAL_INFORME_TUTELA_2025_(.pdf) NroActua 12». 7 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «15RECIBEMEMORIAL_Memorial_GS2025023537SEGEN1(.pdf) NroActua 10 ». 8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega 2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio

mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe

solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 11 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

12 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 13 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró los derechos fundamentales de Lesbia María Palacio Ortega con ocasión de la sentencia del 21 de mayo de 2025 , mediante la cual , confirmó la sentencia que declaró la nulidad del acto con el que le fue reconocida una pensión de sobrevivientes al considerar que resultaba incompatible con la otorgada por el sistema de riesgos profesionales [ARL Sura], con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política?

pensión de sobrevivientes al considerar que resultaba incompatible con la otorgada por el sistema de riesgos profesionales [ARL Sura], con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Del defecto sustantivo

19. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al ca so concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad abso luta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega

20. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.4.3. Violación directa de la Constitución Política

22. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de

2.4.3. Violación directa de la Constitución Política

22. Se recuerda que fue delimitada, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

23. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4.º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual

puede configurarse por dos hipótesis:

24. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

25. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos contenidos en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en su artículo 4, ante la existencia de incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

26. Lesbia María Palacio Ortega acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la

2.4.4. Sobre el caso concreto

26. Lesbia María Palacio Ortega acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 21 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre,8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega Sala Segunda de Decisión, con la que se confirmó la de primera instancia que declaró la nulidad del acto con el que le fue reconocida pensión de sobrevivientes, al concluir que resultaba incompatible por la reconocida por la ARL Sura.

27. Lo anterior, al considerar que con esta el tribunal incurrió en defecto sustantivo porque «aplicó la regla de “incompatibilidad” como una prohibición absoluta, sin integrar la arquitectura del Sistema Integral de Seguridad Social ni la exigencia de coordinación armónica entre sus subsistemas », sin analizar que las prestaciones de las que era beneficiaria tenían diversidad de fuentes, causas y finalidades.

28. Al respecto, se advierte que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre se sustentó en las siguientes consideraciones:

«[…] De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002] […] no pueden coexistir cobros de dos pensiones de sobrevivientes reconocidas a una persona, originadas en el mismo evento (muerte del causante) y que se hayan otorgado por el régimen común y por el régimen profesional.

La H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha trazado un nuevo criterio

originadas en el mismo evento (muerte del causante) y que se hayan otorgado por el régimen común y por el régimen profesional.

La H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha trazado un nuevo criterio jurisprudencial en el asunto, concluyendo en la Sentencia SL5092 -2020, radicación No. 73685 del 23 de septiembre de 2020, magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena, "(...) que existe incompatibilidad entre las pensiones de sobrevivientes del sistema general de riesgos laborales y la del sistema general de pensiones, cuando el acto generatriz de la prestación emerge de un mismo evento, acontecimiento o suceso.”

En esa oportunidad consideró la Corte que, nos encontramos ante un solo sistema dentro del cual interactúan de manera armónica y coordinada sus subsistemas. De manera textual, se trae a colación el pronunciamiento de la Corporación frente al contenido del parágrafo No. 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002:

“La disposición en cita evidencia que efectivamente el legislador estructuró diferentes garantías a sus afiliados, con base en el riesgo objeto de amparo de tal manera que toda circunstancia derivada del trabajo, sería objeto de las prestaciones del Subsistema de riesgos profesionales, y dado que la invalidez y la muerte también pueden ser consecuencia de hechos que no se relacionan en nada con la actividad profesional, estableció su amparo por el subsistema pensional, razón por la cual, ante un mismo evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos

evento, como puede ser la invalidez o la muerte de un trabajador, tendrá lugar la protección según el origen de la contingencia, con lo que a partir de la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, las prestaciones por los riesgos anotados se tornan incompatibles, pues, se insiste, por el mismo suceso la finalidad de la pensión es la misma, es decir, amparar la contingencia del fallecimiento.”

[…]

La demandada se opone alegando que la nulidad del acto vulnera sus derechos, al desconocer el precedente sobre compatibilidad de las pensiones de Sobrevivientes otorgadas por el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Profesionales, las cuales son aplicables al caso.

[…]

Conforme al recurso de apelación presentado por la parte demandada, su desacuerdo radica en que la juez de primera instancia desconoció el precedente sobre compatibilidad9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07130-00

Demandante: Lesbia María Palacio Ortega de las pensiones de Sobrevivientes otorgadas por el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Profesionales, las cuales considera aplicables al caso.

Para la Sala la decisión se encuentra acorde con el precedente actual de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, aplicable al caso concreto, citado en la parte considerativa de esta providencia, de las que se concluye la incompatibilidad entre la pensión de sobrevivientes del subsistema general de riesgos laborales y la del subsistema general de pensiones, cuando el acto que da lugar al reconocimiento de la prestación, se origina en un mismo evento.

No le asiste razón a la demandada al señalar que los dos beneficios percibidos pueden

subsistema general de pensiones, cuando el acto que da lugar al reconocimiento de la prestación, se origina en un mismo evento.

No le asiste razón a la demandada al señalar que los dos beneficios percibidos pueden devengarse de manera simultánea, siempre que los beneficiarios acrediten las exigencias legales, dado que dichas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación, finalidades y regulaciones diferentes. Lo anterior, pues dentro del sistema integral de seguridad social quedó regulada la coordinación armónica entre el sistema de pensiones y el de riegos laborales, toda vez que, ante igual acontecimiento, como es la muerte o la invalidez, no es posible percibir simultáneamente pensiones de ambos subsistemas.»

29. Asimismo, después de adelantar un comparativo entre los actos de reconocimiento pensional expedidos por Colpensiones y Suramericana S A, concluyó que las 2 tuvieron como fuente el fallecimiento del causante «como consecuencia de un accidente de trabajo», por lo que se encontraban incursas en la prohibición del parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, según la cual « [n]o hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento» [se resalta].

30. Descendiendo a los reproches concretos, de los apartes transcritos de la decisión objeto de l presente trámite de tutela , se advierte que no se omitió adelantar un análisis en relación con la fuente de las prestaciones que le fueron otorgadas, sino que, al contrario , después de verificar los elementos probatorios aportados al

objeto de l presente trámite de tutela , se advierte que no se omitió adela