CE - Sentencia 11001031500020250713900 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

Demandante: Óscar Alfonso Ramírez Pabón y otra

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C, diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07139-00

Demandante: Óscar Alfonso Ramírez Pabón y otra Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Tema: Derecho fundamental de petición. Omisión en entregar respuesta o en remitir a la autoridad competente.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada , en nombre pr opio, por l os señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena contra el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de noviembre de 202 5, l a parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición. En consecuencia , solicitó que se ordene a la autoridad accionada que

El 11 de noviembre de 202 5, l a parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición. En consecuencia , solicitó que se ordene a la autoridad accionada que contestar de fondo y de manera completa la petición presentada el 23 de septiembre de 2025.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena indican que son propietarios del vehículo automotor de placas RBQ287 desde el año 2010.

Los accionantes manifestaron que hace algunos días celebraron un contrato de promesa de compraventa y, al intentar hacer los trámites para transferir la propiedad del vehículo, advirtieron que en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) el vehículo automotor tiene una anotación de embargo desde el 14 de enero de 2015 , limitación a la propiedad registrada el 18 de diciembre de 20 14, en virtud del oficio 6684704 expedido en Bogotá por el Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo anterior, ante el desconocimiento de esa medida cautelar, el 23 de septiembre de 2025 los tutelantes presentaron petición dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Unidad de Auditoria, con el fin de solicitar lo siguiente:

«1. Se informe cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron la actuación judicial, administrativa y/o de cobro coactivo que generaron la medida de

con el fin de solicitar lo siguiente:

«1. Se informe cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron la actuación judicial, administrativa y/o de cobro coactivo que generaron la medida de embargo sobre el vehículo de nuestra propiedad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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2. Evidencia de cada una de las notificaciones que el CSJ nos realizó a nosotros, para que pudiéramos ejercer nuestro derecho de defensa, debido proceso, y conocer los hechos por los que nos están investigando, y que conllevaron a dictar la mencionada medi da de embargo.

3. Indicar las normas jurídicas que facultan al Consejo Superior de la Judicatura a expedir una medida cautelar sobre el vehículo de nuestra propiedad, y para adelantar el proceso de cobro coactivo que inició en nuestra contra por los hechos de que trata e l mencionado proceso.

4. Se remita el link del proceso en el cual podemos conocer cada una de las piezas procesales de todo el proceso de cobro coactivo.

5. Se remita copia del oficio de embargo del vehículo que fue remitido al RUNT y/o a la autoridad de tránsito competente, con la constancia de recibido y/o de radicación. 6. Que sea el Consejo Superior de la Judicatura, el que a su costo y gestión, tramite y gestione el oficio de desembargo del vehículo de nuestra propiedad, puesto que nunca hemos sido notificados de ninguna actuación de cobro coactivo adelantado en nuestra contra.

sea el Consejo Superior de la Judicatura, el que a su costo y gestión, tramite y gestione el oficio de desembargo del vehículo de nuestra propiedad, puesto que nunca hemos sido notificados de ninguna actuación de cobro coactivo adelantado en nuestra contra.

7. Remitirnos copia de los oficios, comunicaciones, correos y evidencias que adelante el CSJ para obtener ante el RUNT el desembargo del vehículo de nuestra propiedad».

La petición fue enviad a por medio de los correos electrónicos : presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; auditoria@cendoj.ramajudicial.gov.co y csjsacmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Sin embargo, los accionantes manifestaron que, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela, no han recibido respuesta alguna frente a su petición.

3. Argumentos de la acción de tutela

Los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena invocaron vulnerado el derecho funda mental de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución Política, porque a la fecha de presentación de la acción de tutela no han recibido respuesta a la solicitud enviada el 23 de septiembre de 2025 a los correos electrónicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

El 18 de noviembre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de demandado , y a l Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca; a la Dirección Seccional de

al Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de demandado , y a l Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca; a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca; a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura; a la Unidad de Asistencia Legal y a la División de Cobro Coactivo, en condición de terceros con interés.

4. Intervenciones

El director Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela en relación con esa entidad, porque carece de competencia para dar respuesta a la petición objeto de la presente tutela, en tanto ésta fue presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y no ante esa entidad.

Igualmente, informó que, con ocasión de la notificación del trámite de la acción de tutela de la referencia, la Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo verificó en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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aplicativo GCC y evidenció que el señor Óscar Alfonso Ramírez Pabón «tiene un proceso terminado en la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá».

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sostuvo que esa entidad no tiene competencia para registrar medidas de embargo sobre

proceso terminado en la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá».

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sostuvo que esa entidad no tiene competencia para registrar medidas de embargo sobre vehículos automotores , pues les corresponde a los jueces y a las direcciones seccionales ordenar dichas medidas en los procesos de cobro coactivo.

Informó que la petición recibida el 23 de septiembre de 2025 fue remitida a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas el 30 de septiembre de 2025.

La directora de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no se encuentra entre sus funciones intervenir en los asuntos relacionados con procesos de cobro coactivo, la cual sí es una atribución de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de la División de Cobro Coactivo.

Señaló que la petición no se encuentra dirigida ni fue radicada ante la Unidad de Auditoría por parte de los peticionarios.

La Unidad de Asistencia Legal y la División de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la Dirección Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas y la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura vulneraron el derecho fundamental de petición de los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena, por la omisión en dar respuesta a la petición presentada el 23 de septiembre de 2025.

La Sala anticipa que accederá al amparo solicitado, en relación la Dirección Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas y la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, porque no se evidenció que esas entidades hubieran dadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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respuesta a la solicitud y que, en caso de no ser competentes para dar respuesta, hubieran remitido a la autoridad competente.

Para el efecto, la Sala hará referencia al derecho fundamental de petición y, seguidamente, estudiará el caso concreto. Sin embargo, de manera previa, se pronunciará sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura.

Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura

En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura , se observa que no está llamada a prosperar, en la medida en que, si bien, alega que la petición sobre la que se predica la vulneración no es competencia de esa entidad, lo cierto es que la misma fue dirigida y radicada al correo electrónico de esa entida d y, por ende, fue relacionada como demandada, razón suficiente por la que había lugar a vincularla al presente trámite procesal. Por lo anterior, no se accederá a la solicitud de desvinculación.

Derecho fundamental de petición

De conformidad con lo anterior, se tiene que , en el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos de interés

De conformidad con lo anterior, se tiene que , en el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que resolución sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario1.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido »2. Aun así, la Corte Constitucional ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»3.

el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido »2. Aun así, la Corte Constitucional ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»3.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada

1 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. 3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.

Caso concreto

Los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena promovieron la presente acción de tutela porque considera n que las autoridades accionadas han vulnerado su derecho fundamental de petición al no dar respuesta a la solicitud enviada por medio de correo electrónico el 23 de septiembre de 2025.

La Sala advierte que los accionantes enviaron la solicitud a los correos electrónicos: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; csjsacmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co; auditoria@cendoj.ramajudicial.gov.co los cuales corresponden , respectivamente, al

presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; csjsacmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co; auditoria@cendoj.ramajudicial.gov.co los cuales corresponden , respectivamente, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura , tal como se evidencia en el siguiente pantallazo:

En dicha oportunidad, los peticionarios solicitaron:

Por lo previamente expuesto , la Sala estudiará la vulneración alegada frente a las entidades vinculadas , dado que existe prueba de que la mencionada petición fue radicada mediante correo electrónico ante estas dependencias, razón por la que la Sala realizará el estudio de manera separada.

(i) De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura

La Sala evidencia que la petición objeto de la tutela fue enviada al correo electrónico de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura y, aunque dicha entidad, en su informe de tutela, manifestó que no tiene competencia para intervenirRadicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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en los asuntos relacionados con procesos de cobro coactivo y que dicha atribución le corresponde a la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo cierto es que a la fecha no existe constancia de que hubiera

en los asuntos relacionados con procesos de cobro coactivo y que dicha atribución le corresponde a la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo cierto es que a la fecha no existe constancia de que hubiera efectuado pronunciamiento con respecto a l a solicitud presentada por l os demandantes.

Si bien la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura allegó respuesta a la acción de tutela y afirmó que no vulneró el derecho fundamental invocado, porque de sus funciones no depende atender lo solicitado, no allegó constancia de haber dado respuesta a la mencionada petición en ese sentido.

Al respecto, se advierte que el artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, establece que en los eventos en que la autoridad ante la cual se presente la petición no es competente, deberá informar inmediatamente al interesado si éste actúa verbalmente, o dentro de los cinco días siguientes si ac túa por escrito. En ese término deberá también remitir al funcionario competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará al interesado.

Al margen de que la solicitud no fue radicada mediante el canal dispuesto para la radicación de peticiones, lo cierto es que ese hecho no fue objeto de cuestionamiento por la parte accionada, al punto, que no negó la recepción de la misma, sino su falta de competencia para dar respuesta.

Por consiguiente , la Sala concluye que se encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición por parte de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto omitió el deber de remitir a la autoridad competente y hacerle

Por consiguiente , la Sala concluye que se encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición por parte de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto omitió el deber de remitir a la autoridad competente y hacerle saber a los solicitantes sobre dicha remisión.

En consecuencia, la Sala accederá al amparo solicitado y, ordenará a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, remita por competencia la solicitud a la autoridad competente y notifique de dicha remisión a los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena , en los términos del artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

(ii) De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca

En el proceso también se probó que la petición del 23 de septiembre de 2025 fue presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, entidad que advirtió que esa entidad no tiene la función de registrar medidas cautelares sobre vehículos automotores, pues esa facultad recae en los juzgados y de las direcciones seccionales de administración judiciales, en los procesos de cobro coactivo.

Por lo anterior, indicó que la solicitud en mención fue remitida el 30 de septiembre de 2025 a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas, actuación que comunicó a los interesados, tal como puede ser evidenciado en la siguiente captura de pantalla , aportada por los peticionarios en el

2025 a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas, actuación que comunicó a los interesados, tal como puede ser evidenciado en la siguiente captura de pantalla , aportada por los peticionarios en el escrito de tutela:Radicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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De modo que, no resulta posible endilgar vulneración del derecho fundamental de petición al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas, cuando la entidad cumplió con el deber legal de remitir por competencia la solicitud de la parte actora y le comunicó al respecto, conforme con lo previsto en la norma.

Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la acción de tutela en relación con el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

(iii) De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Dirección Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Amazonas

La Sala e ncuentra que se acreditó que el 30 de septiembre de 2025 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca remitió la petición objeto de la tutela a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas. No obstante, esta última, en la contestación, señaló que carece de competencia para dar respuesta a la petición, por cuanto ésta fue presentada ante el Consejo Superior de la

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas. No obstante, esta última, en la contestación, señaló que carece de competencia para dar respuesta a la petición, por cuanto ésta fue presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y no ante esa entidad.

Asimismo, indicó que, al hacer las verificaciones correspondientes, encontró que el señor Óscar Alfonso Ramírez Pabón «tiene un proceso terminado en la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá».

Así pues , la Sala considera que, a unque la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas carezca de competencia para resolver de fondo la petición objeto de la tutela, lo cierto es que tenía el deber de remitir la solicitud al competente e informar sobre esa remisión a los interesados, de conformidad con el artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, pero no allegó prueba que demostrara que así lo hizo.

En consecuencia, la Sala accederá a la solicitud de amparo para ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, remita por competencia la solicitud a la autoridad competente y notifique de dicha remisión a los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena, en los términos del artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

de dicha remisión a los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena, en los términos del artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

Por las anteriores razones, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena. En consecuencia, ordenará a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –Radicado: 11001-03-15-000-2025-07139-00

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Amazonas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, de forma individual, ejerzan las acciones correspondientes en garantía del citado derecho fundamental , de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Amparar el derecho fundamental de petición de los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena. En consecuencia, se dispone:

Superior de la Judicatura.

2. Amparar el derecho fundamental de petición de los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena. En consecuencia, se dispone:

2.1. Ordenar a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, remita por competencia la solicitud a la autoridad competente y notifique de dicha remisió n a los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena, en los términos del artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

2.2. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, remita por competencia la solicitud a la autoridad competente y notifique de dicha remisión a los señores Óscar Alfonso Ramírez Pabón y Ana Cristina Eraso Baena, en los términos del artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

3. Negar las pretensiones de la acción de tutela en relación con el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

4. En caso de no ser impugnada la presente providencia , enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador