CE - Sentencia 11001031500020250714400 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Demandante: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia mediante la cual la autoridad judicial accionada, en el marco del medio de control de reparación directa, la condenó por una falla médica. La Sala declarará improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues se advirtió que el interés es exponer su desacuerdo con la valoración probatoria del juez natural.

I. ANTECEDENTES

Hechos de la demanda

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la ESE Hospital San Rafael de Oiba en contra del Tribunal Administrativo de Santander, para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

1 Mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2025 (índice 02 de Samai).2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 23 de junio de 2014, la señora Lina Salome Melgarejo Arciniegas sufrió un accidente en su lugar de trabajo, mientras realizaba labores domésticas, pues se precipitó a su ojo una basura que le generó molestia en un primer momento y, el 8 de julio siguiente, acudió al Hospital San Rafael de Oiba por un cuadro clínico de 15 días de evolución, caracterizado por visión borrosa en el ojo derecho, asociada a escotoma a nivel periférico, por lo cual fue remitida a valoración oftalmológica.

1. El 9 de septiembre de 2014, en la consulta especializada de oftalmología, se registró que la paciente refirió miodesopcias y escotoma OD de dos meses de evolución; disminución que ha sido progresiva, por lo cual fue remitida a valoración prioritaria por el retinólogo.

1. El 28 de mayo de 2015, tras presentar una acción de tutela, a la paciente le fue practicada una cirugía de vitrectomía posterior prioritaria.

retinólogo.

1. El 28 de mayo de 2015, tras presentar una acción de tutela, a la paciente le fue practicada una cirugía de vitrectomía posterior prioritaria.

1. El 21 de agosto de 2015, en el Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro se le diagnosticó con desprendimiento de retina e iridocilitis aguda y subaguda.

1. El 21 de octubre de 2015, la paciente asistió a control postoperatorio de la cirugía y en su historia clínica se consignó “al examen se observa retina superior aplicada hasta la arcada superior el compromiso macular y de la retina inferior es severo con PVR RETINIANO sin posibilidad de nuevo procedimiento se le explico (sic) a la paciente previamente que pronóstico (sic) era pobre por el tiempo de desprendida de la retina y el mal estado al primer procedimiento. Paciente refiere mejoría visual en forma parcial, pero no se le ofrece realizar ningún procedimiento por alto riesgo de PTOSIS BULBI”-

1. El 23 de octubre de 2015, se le explicó a la paciente que no había posibilidad de cirugía con mejoría visual y que tenía una pérdida de agudeza visual en el ojo derecho definitiva.

1. El 23 de agosto de 2016, la paciente asistió a control de retina por dolor en su ojo derecho y el concepto del médico fue “paciente con secuela de desprendimiento de retina3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

total y ojo ciego doloroso, sin alteraciones en ojo izquierdo por lo que se requiere manejo sintomático y revisiones periódicas por oftalmología general”.

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

total y ojo ciego doloroso, sin alteraciones en ojo izquierdo por lo que se requiere manejo sintomático y revisiones periódicas por oftalmología general”.

1. Los señores Lina Salome Melgarejo Arciniegas, Elkin Orlando Corredor Melgarejo, Gloria Arciniegas Cortes y Orlando Melgarejo Lozano presentaron demanda de reparación directa en contra del Hospital San Rafael de Oiba y la EPS COMPARTA, por la pérdida definitiva de la visión en el ojo derecho de la señora Lina Salome Melgarejo

Arciniegas.

1. Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil negó las pretensiones, con base en que no se configuró responsabilidad en cabeza de ninguna de las entidades demandadas, pues no se acreditaron los elementos esenciales de la responsabilidad extracontractual estatal bajo el título de imputación por falla del servicio médico.

1. Respecto del Hospital San Rafael de Oiba, se estableció que es una entidad de primer nivel sin especialistas en oftalmología y que, conforme con su capacidad operativa, actuó conforme a la lex artis médica, pues atendió a la paciente oportunamente y la remitió a un hospital de nivel superior.

1. El peritaje de Medicina Legal confirmó que la atención prestada por el hospital fue adecuada y temprana; además, se verificó que la paciente acudió al servicio médico 15 días después del accidente, lo que, según los expertos, afectó negativamente su pronóstico.

1. La parte demandante apeló con fundamento en que el a quo omitió valorar

días después del accidente, lo que, según los expertos, afectó negativamente su pronóstico.

1. La parte demandante apeló con fundamento en que el a quo omitió valorar integralmente las pruebas que demostraban fallas en la atención médica prestada, tanto por la ESE Hospital San Rafael de Oiba como por COMPARTA EPS, pues, frente a la primera, consideró que la actuación del hospital fue deficiente por no dar prioridad a los síntomas referidos por ella al momento de la consulta (visión borrosa y escotoma), lo que ameritaba una remisión inmediata y prioritaria al especialista en oftalmología y no simplemente una orden para que la paciente gestionara por su cuenta la cita con la EPS.

1. Respecto a la segunda, advirtió que hubo una clara negligencia administrativa que generó demoras injustificadas en la autorización de consultas y cirugía, las cuales solo fueron obtenidas mediante una acción de tutela e incidentes de desacato, situación que4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

impidió un tratamiento oportuno, ya que la cirugía de vitrectomía posterior fue practicada 10 meses después del accidente inicial, cuando ya se había consolidado un daño irreversible.

1. Además, el perito que rindió el dictamen carecía de especialidad en oftalmología, emitió conclusiones hipotéticas, no consideró los síntomas iniciales ni las dilaciones en la atención y asignó injustamente la causa del daño a una supuesta consulta tardía de la paciente.

1. A través de sentencia del 22 de mayo de 20 25, el Tribunal Administrativo de

la atención y asignó injustamente la causa del daño a una supuesta consulta tardía de la paciente.

1. A través de sentencia del 22 de mayo de 20 25, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión y, en su lugar, declaró administrativa y solidariamente responsables a COMPARTA EPS y la Ese Hospital San Rafael de Oiba, en consecuencia, las condenó al pago de los perjuicios, decisión que fue modificada en su numeral cuarto, a través de providencia del 19 de junio de 20252.

1. La decisión se sustentó en que existió una falla del servicio médico, en la cual confluyeron tanto el Hospital San Rafael de Oiba por no brindar la atención adecuada y remisión prioritaria, como COMPARTA EPS, por omitir garantizar la cirugía dentro de los tiempos clínicamente razonables.

Fundamento de la vulneración

La parte actora alegó que en la providencia de segunda instancia se presentaron los defectos fáctico y procedimental absoluto con los siguientes argumentos:

Frente al defecto fáctico, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en su dimensión negativa, por omisión probatoria, debido a que desestimó el dictamen pericial practicado en primera instancia por falta de idoneidad del perito por no ser especialista en oftalmología y, pese a ello, no haber decretado de oficio una nueva prueba técnica que supliera el vacío probatorio generado.

2 “PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de mayo de 2025, el cual quedará así: CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil”.5

2 “PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de segunda instancia proferida el 22 de mayo de 2025, el cual quedará así: CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil”.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

Dicha omisión desconoció el deber judicial de investigación oficiosa previsto en el artículo 213 del CPACA y condujo a que la condena por responsabilidad médica se fundara sin el convencimiento científico exigido para evaluar la lex artis, apoyándose únicamente en la historia clínica y en la valoración de un médico general, lo que, a su juicio, derivó en una insuficiencia probatoria radical que vulneró el derecho fundamental a la prueba, al debido proceso y a la defensa.

De igual forma, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada adolece de un defecto procedimental absoluto, por cuanto el Tribunal Administrativo de Santander omitió ejercer de manera efectiva sus facultades oficiosas como director del proceso, tanto al resolver de fondo el recurso de apelación como al proferir la s entencia complementaria.

Afirmó que, una vez descartado el dictamen pericial por falta de idoneidad, el tribunal tenía el deber de sanear el proceso mediante la práctica oficiosa de una nueva prueba técnica, omisión que habría viciado de manera sustancial el trámite y la decisión adoptada.

Asimismo, alegó que en la sentencia complementaria se declaró la ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil sin requerir de oficio a la aseguradora la exhibición de

adoptada.

Asimismo, alegó que en la sentencia complementaria se declaró la ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil sin requerir de oficio a la aseguradora la exhibición de los documentos que acreditaban la trazabilidad de la póliza y la presentación oportuna de la reclamación, en desconocimiento a carga dinámica de la prueba y permitiendo que la controversia se resolviera con base en un déficit probatorio imputable al propio órgano judicial, lo que, en su criterio, vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la entidad accionante.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“PRIMERO: SUSPENDER provisionalmente los efectos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que prevalezca el debido proceso, y se detengan los términos referentes al pago de la condena mientras se resuelve la acción constitucional

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y la

Defensa de la E.S.E. Hospital San Rafael de Oiba.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

TERCERO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de segunda instancia, de fecha 22 de mayo de 2025, que declaró probada la falla en el servicio por lex artis, y su posterior sentencia Complementaria proferida el 19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada la excepción de “ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander proferir una

19 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada la excepción de “ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva sentencia en la que subsane los defectos advertidos, garantizando el derecho a la prueba técnica y valorando la responsabilidad de la llamada en garantía a la luz de la totalidad del acervo probatorio y los principios de buena fe y lealtad procesal”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAIFl 14 y 15 de la demanda).

Actuación procesal

Mediante auto del 14 de noviembre de 2025, se negó la medida provisional, admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, al tiempo que, se vinculó como tercero con interés, a los señores Lina Salomé Melgarejo Arciniegas, Elkin Orlando Corredor, Gloria Arciniegas Cortés y Orlando Melgarejo Lozano y al representante legal de La Previsora SA Compañía de Seguros y al liquidador de COMPARTA EPS en liquidación, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La señora Lina Salomé Melgarejo Arciniegas solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplirse las causales generales ni específicas que excepcionalmente habilitan su procedencia contra providencias judiciales; ello, en atención a que la decisión cuestionada fue adoptada con observancia plena del precedente, del debido proceso y de los principios de autonomía e independencia judicial (índice 18 de Samai).

habilitan su procedencia contra providencias judiciales; ello, en atención a que la decisión cuestionada fue adoptada con observancia plena del precedente, del debido proceso y de los principios de autonomía e independencia judicial (índice 18 de Samai).

La Previsora SA solicitó ser desvinculada del presente trámite en razón a su falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que no ostenta la condición de sujeto obligado frente a las pretensiones de la parte accionante y ello se fundamenta en que no es la entidad competente ni encargada de prestar los servicios médicos requeridos índice 22 de Samai).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar

una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

Solicitudes de desvinculación

La Previsora SA solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala negará dicha solicitud, toda vez que fue vinculada al presente trámite en calidad de tercero con interés por haber intervenido en el proceso de reparación directa, con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción y para que aportara los elementos probatorios que obraran en su poder, sin que ello implique atribuirles responsabilidad respecto de la providencia judicial cuestionada.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 22 de mayo de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, por las siguientes razones:8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientad os a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le

restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

3 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma

interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional

4 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.6

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la C orte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni r eabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la

que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

6 Ídem.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no

y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019, esta hipótesis

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019, esta hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto12

Expediente: 11001-03-15-000-2025-07144-00

Actor: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA Acción de tutela

de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicion