CE - Sentencia 11001031500020250714500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-0315-000-2025-07145-00

Accionantes: Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros1 en ejercicio de la acción de tutela, contra la sentencia proferida el 9 de mayo del 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio de control de reparación directa radicado con el número 66001-33-33-004-2019-00030-01, iniciado por los mismos demandantes contra la Nación –Rama Judicial –Fiscalía General de la Nación.

SÍNTESIS2

Los accionantes sostienen que la providencia cuestionada vulneró sus derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al revocar la condena impuesta en su favor por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, que declaró injusta la privación de la libertad del primer demandante, absuelto en el proceso penal por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Señalan que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al rev ocar dicha decisión y negar las pretensiones de la demanda de reparación directa,

calificado y agravado. Señalan que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al rev ocar dicha decisión y negar las pretensiones de la demanda de reparación directa, fundamentó su determinación en la ausencia de las grabaciones de las audiencias en las que se decretó la detención domiciliaria del señor Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo, pruebas que consideró indispensables para establecer el carácter injusto de la medida. La Sala denegará el amparo solicitado, por cuanto el Tribunal demandado no se apartó del precedente aplicable, valoró adecuadamente el material probatorio obrante en el proceso, no omitió el decreto de pruebas de oficio ni incurrió en el exceso ritual manifiesto alegado.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1 Ernesto Patiño Salazar, Yamile Patiño Salazar, Nelsy Jaramillo Aguilar, Alberto Jaramillo Aguilar, Jonnathan Andrés Patiño Jaramillo, Jacqueline Patiño Giraldo, Karla Andrea Vargas Castaño y Laura Sofía Patiño Vargas. 2 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / derechos a la igualdad , al debido proceso y de acceso a la administración de justicia / irrespeto al precedente y exceso ritual manifiesto / negación del amparo por inexistencia de tales defectos.Radicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

Accionantes: Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros Se niega el amparo

El 12 de noviembre del 2025, Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros, por intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos

Se niega el amparo

El 12 de noviembre del 2025, Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros, por intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues consideraron que, con la referida exigencia probatoria, el Tribunal Administrativo de Risaralda irrespetó el precedente aplicable, omitió la valoración integral de las pruebas exigida por la l ey y cometió exceso ritual manifiesto, aparte de que debió ordenar el recaudo oficioso de las grabaciones de las audiencias de control de garantías, si de verdad era necesario el análisis de los argumentos por los cuales el juez que efectuó ese control impuso detención domiciliaria al procesado.

B. Hechos

1. Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo fue vinculado a un proceso penal por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado, por hechos ocurridos en el año 2008.

2. El 12 de marzo de 2015 se libró orden de captura en su contra y, una vez hecha efectiva, en audiencias celebradas ese mismo día, el Juzgado de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

3. El señor Patiño Jaramillo permaneció en detención domiciliaria desde el 12 de marzo de 2015 hasta el 11 de marzo de 2016. No obstante, el 14 de junio del 2017, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira lo absolvió de los delitos que se le atribuyeron, por falta de prueba de su responsabilidad penal.

Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira lo absolvió de los delitos que se le atribuyeron, por falta de prueba de su responsabilidad penal.

4. El 1° de febrero del 2019, los ahora accionantes interpusieron demanda de reparación directa contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios derivados de la detención que padeció el señor Patiño Jaramillo.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira resolvió en primera instancia el medio de control mediante sentencia proferida el 15 de diciembre del 2022 , con la cual declaró que, efectivamente, la privación de la libertad impuesta a Patiño Jaramillo fue injusta . Por tal razón, condenó a las entidades demandadas a indemnizar los perjuicios que la detención produjo a los demandantes.

5. El juzgado concluyó que la privación de la libertad del señor Patiño Jaramillo fue injustificada, pues la medida de aseguramiento se basó en un proceso penal “plagado” de irregularidades, sustentado en un reconocimiento fotográfico viciado y en la intervención indebida de un investigador que indujo a la víctima a señalarlo, sin que existieran pruebas que lo vincularan con los hechos investigados. Agregó que la Fiscalía y el juez de control de garantías actuaron con fallas en el servicio al avalar la captura y la detención domiciliaria por un año, pese a que posteriormente el juez de conocimiento determinó que no había elementos que permitieran afirmar su part icipación en el delito de tentativa de homicidio.

6. Ambas partes apelaron la sentencia. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que las medidas de aseguramiento buscan garantizar la futura ejecución de las sentencias

de tentativa de homicidio.

6. Ambas partes apelaron la sentencia. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que las medidas de aseguramiento buscan garantizar la futura ejecución de las sentencias y evitar impunidad o revictimización, y que al momento de actuar contaba con informesRadicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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policiales y reconocimientos que apuntaban a la posible responsabilidad del demandante. Afirma que no puede exigirse al fiscal tener certeza absoluta desde el inicio del proceso, pues esa certeza corresponde al juez al dictar sentencia, dentro de un debate probatorio propio del proceso penal , por lo tanto, no se configuró la falla en el servicio alegada.

7. La parte demandante manifestó que la orden de captura generó para el señor Patiño pérdida de empleo, escarnio público, afectación a su honra y problemas emocionales, así como dificultades para conseguir trabajo durante todo el tiempo que estuvo vinculado al proceso penal (marzo de 2015 a junio de 2017).

8. El 9 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, denegó las súplicas de la demanda de reparación directa.

9. A juicio del Tribunal, para reclamar responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, es obligación del demandante aportar el expediente penal, especialmente los registros de la audiencia en que se impuso la medida de aseguramiento, pues sin ellos no es posible a nalizar si dicha medida cumplió con los requisitos de legalidad,

de la libertad, es obligación del demandante aportar el expediente penal, especialmente los registros de la audiencia en que se impuso la medida de aseguramiento, pues sin ellos no es posible a nalizar si dicha medida cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Al no haberse allegado estas pruebas, no se demostró que la decisión hubiese sido arbitraria o ilegal y no se acreditó la falla del servicio.

10. con el argumento de que , en la actualidad, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa coinciden en que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se configura bajo un régimen objetivo, pero solamente cuando la absolución del procesado ocurre porque el hecho delictivo no ocurrió o es penalmente atípico; en los demás casos, el régimen aplicable es el de falla del servicio por privación injusta de la libertad, cuya aplicación, en consecuencia, requiere análisis de las pruebas fundamento de la detención.

C. Fundamentos de la vulneración

11. Los demandantes consideran que la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos invocados, por las siguientes razones:

11.1. Omitió el precedente constitucional vigente al momento de la presentación de la demanda de reparación directa -1° de febrero del 2019 -, esto es, el contenido en la sentencia SU-072 del 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y en cuya virtud la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad opera bajo un régimen objetivo, que se configura cuando la persona detenida durante un proceso penal resulta finalmente absuelta porque el hecho no ocurrió, el

cuya virtud la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad opera bajo un régimen objetivo, que se configura cuando la persona detenida durante un proceso penal resulta finalmente absuelta porque el hecho no ocurrió, el procesado no lo cometió, la conducta es atípica o por aplicación del principio in dubio pro reo.

11.2. En lugar del referido precedente, el Tribunal apoyó su decisión en sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “pero proferidas conRadicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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posterioridad a la presentación de la demanda de reparación directa”3 y que, por tanto, no podía aplicarle , providencias que, efectivamente, exigen analizar las razones de la detención para establecer si es justa o injusta.

11.3. Como el señor Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo fue absuelto por falta de prueba de los delitos que se le imputaron, el Tribunal Administrativo de Risaralda debió mantener la condena que había impuesto el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y bajo las solas consideraciones de la sentencia penal, sin exigir, además, el aporte de las grabaciones de las audiencias en las cuales le fue impuesta la medida de aseguramiento.

11.4. La injusticia de la detención se demostró con las demás evidencias aportadas al expediente, pero el Tribunal se abstuvo de valorarlas, concentrado en que solamente podía ser probada con dichas grabaciones , con lo cual cometió un exceso ritual manifiesto.

11.5. Si de veras las grabaciones eran imprescindibles para determinar la injusticia de la

podía ser probada con dichas grabaciones , con lo cual cometió un exceso ritual manifiesto.

11.5. Si de veras las grabaciones eran imprescindibles para determinar la injusticia de la detención, entonces el Tribunal estaba obligado a ordenar de oficio su recaudo.

D. Trámite procesal

12. Por auto del 14 de noviembre de 2025, se admitió la demanda4, se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por ser terceros con interés en el resultado del proceso , y se ordenó el siguiente

requerimiento:

“REQUERIR por el medio más expedito posible a Jacqueline Patiño Giraldo y al abogado Néstor Alberto Cárdenas Tobar, para que, en el término de un (1) día contado a partir del conocimiento de este auto, alleguen el poder especial que lo faculta para represen tar sus intereses”.

13. El 19 de noviembre de 2025, el referido abogado presentó poder especial, amplio y suficiente conferido por la demandante, Jacqueline Patiño Jaramillo, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto admisorio.

E. Oposiciones e intervenciones

14. El 19 de noviembre del 2025, el magistrado sustanciador de la sentencia impugnada manifestó que la tutela no tiene relevancia constitucional porque lo que se pretende es abrir nuevamente una discusión legal y suficientemente agotada, aparte de que no cumple el requisito de subsidiariedad, pues los demandantes no intentaron el recurso extraordinario de revisión que procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ; añadió que el régimen aplicable a la

cumple el requisito de subsidiariedad, pues los demandantes no intentaron el recurso extraordinario de revisión que procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ; añadió que el régimen aplicable a la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad exige el análisis de las razones que la autoridad competente tuvo para imponer una medida restrictiva de la libertad, examen que, en este caso, no pudo hacerse porque al proceso

3 En el texto de la demanda no se identifica decisión alguna. 4 Índice 00004 Samai.Radicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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de reparación directa no se aportaron las grabaciones de las audiencias en las cuales le fue impuesta al primer demandante.

15. El 20 de noviembre del 2025, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva en este proceso, por no haber impuesto la detención de Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo ; agregó que los demandantes no identificaron los hechos ni los derechos vulnerados, que el asunto no tiene relevancia constitucional y que la providencia atacada no vulneró derecho fundamental alguno, argumentos con base en los cuales solicitó su desvinculación del proceso o rechazar la tutela por improcedente.

16. En la misma fecha, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira solicitó su desvinculación del proceso, por no tener legitimación en la causa por pasiva frente a un asunto del resorte del Tribunal Administrativo de Risaralda , aparte de pedir que se

16. En la misma fecha, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira solicitó su desvinculación del proceso, por no tener legitimación en la causa por pasiva frente a un asunto del resorte del Tribunal Administrativo de Risaralda , aparte de pedir que se rechace la tutela por improcedente, por no cumplir los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción contra providencias judiciales; porque, en el presente caso, no se configura un perjuicio irremediable que justifique la procedencia excepcional de la acción, y porque los demandantes tan sólo presentan diferencias de criterio con e l Tribunal, lo cual no constituye ninguno de los defectos que autorizan la acción de tutela contra providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 , 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento de esta Corporación).

I. Sentido de la decisión

18. La Sala denegará la tutela de los derechos invocados, porque el Tribunal Administrativo de Risaralda, en su sentencia del 9 de mayo del 2025, no irrespetó el precedente aplicable, valoró correctamente las pruebas recaudadas en el proceso de reparación directa, no se abstuvo indebidamente de decretar pruebas de oficio ni cometió el exceso ritual manifiesto denunciado por los demandantes.

J. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela5

reparación directa, no se abstuvo indebidamente de decretar pruebas de oficio ni cometió el exceso ritual manifiesto denunciado por los demandantes.

J. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela5

19. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos fundamentales6. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra ellas implica

5 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -029 del 8 de febrero del 2024, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar , y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B , sentencia del 18 de noviembre del 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-06126-00, C.P . Diego Enrique Franco Victoria. 6 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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un juicio de validez y no de corrección de la decisión cuestionada 7, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

20. En línea con lo anterior y con el referido fin, la jurisprudencia ha identificado los siguientes requisitos generales para su procedencia, que se cumplen en este caso, como se expone a continuación.

ley que dieron origen a la controversia judicial”.

20. En línea con lo anterior y con el referido fin, la jurisprudencia ha identificado los siguientes requisitos generales para su procedencia, que se cumplen en este caso, como se expone a continuación.

20.1. La cuestión discutida tiene relevancia constitucional , pues se imputa a un Tribunal la violación de derechos constitucionales fundamentales y no meramente legales, lo cual merece un serio control de constitucional idad, por ser los Jueces y Magistrados de la República los llamados por antonomasia a proteger los derechos de los ciudadanos, en ejercicio de la función de administrar justicia que tienen a su cargo 8, luego se requiere verificar si, en realidad, el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en las irregularidades que le imputan los demandantes, lo cual solo es posible mediante un análisis material del asunto.

20.2. Agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios , en tanto la sentencia discutida es de segunda instancia y, por consiguiente, en su contra no procede recurso ordinario alguno, sino solamente el extraordinario de revisión , pero sin que los cargos que la demanda de tutela esgrime en su contra se acomoden a alguna de las causales descritas en el artículo 250 de la ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

20.3. La demanda cumple el requisito de inmediatez , en vista de que la providencia censurada fue notificada el 12 de mayo del 20259 y la demanda de tutela, presentada el 12 de noviembre siguiente 10, seis (6) meses que la Sala considera razonables para el ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial , visto el asunto de la que

12 de noviembre siguiente 10, seis (6) meses que la Sala considera razonables para el ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial , visto el asunto de la que es atacada en este caso11.

20.4. La irregularidad procesal denunciada tiene efecto decisivo en la sentencia atacada, puesto que los demandantes manifiestan que el Tribunal no hizo una valoración integral del acervo probatori o, valoración que, de haber hecho —dicen—, lo habría llevado a confirmar en vez de revocar la sentencia apelada.

20.5. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados , identificación realizada efectivamente en la demanda de tutela.

7 Corte Constitucional, sentencias T -016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU -128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 8 Constitución Política, artículo 229. 9 Índice 00012 del proceso de reparación directa número 66001333300420190003001, Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda. 10 Índice 00001 Samai del Consejo de Estado. 11 Término que la jurisprudencia ha considerado razonable (cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-029 del 8 de febrero del 2024, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre del 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-02016-01,

C.P . Diego Enrique Franco Victoria).Radicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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20.6. Que no se trate de una sentencia de tutela , como la que es objeto de este proceso, expedida en segunda instancia de un proceso contencioso administrativo de reparación directa.

K. El caso concreto

21. Si bien el asunto bajo conocimiento de la Sala satisface los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, no hay lugar a la protección de los derechos constitucionales fundamentales invocados por los demandantes , porque el Tribunal Administrativo de Risaralda , en su sentencia del 9 de mayo del 2025 , no irrespetó el precedente aplicable , valoró correctamente las pruebas recaudadas en el proceso de reparación directa, no se abstuvo indebidamente de decretar pruebas de oficio ni cometió el exceso ritual manifiesto aludido por los actores.

22. En efecto, ellos presentaron la demanda de reparación directa el 1° de febrero del 2019 y ahora en sede de tutela consideran que, para entonces, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa aplicable en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, la entendía configurada bajo un régimen objetivo, en el cual bastaba la absolución del sujeto privado de la libertad por inexistencia del delito, atipicidad del hecho, que el procesado no lo cometió o por aplicación del principio in dubio pro reo para que el Estado respondiera patrimonialmente por esa privación, al considerarse injusta.

del delito, atipicidad del hecho, que el procesado no lo cometió o por aplicación del principio in dubio pro reo para que el Estado respondiera patrimonialmente por esa privación, al considerarse injusta.

23. Como fundamento de su posición, invocaron la sentencia SU -072 del 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en concreto, la siguiente parte:

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valo rativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas a jenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.

24. A partir de la jurisprudencia citada, concluyeron que, como el señor Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo fue absuelto por falta de pruebas de los delitos de cuya comisión fue acusado, entonces se configuró la referida responsabilidad bajo un régimen objeti vo y que no requería análisis de l os argumentos esgrimidos por el Juez de Control de Garantías para imponer la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, pues ese análisis sólo lo exigieron sentencias del Consejo de Estado posteriores a la presentación de la demanda y, por tanto, inaplicables al asunto.

25. Sin embargo, el extracto invocado por los demandantes no es aplicable a su caso, en

análisis sólo lo exigieron sentencias del Consejo de Estado posteriores a la presentación de la demanda y, por tanto, inaplicables al asunto.

25. Sin embargo, el extracto invocado por los demandantes no es aplicable a su caso, en vista de que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira absolvió al procesado por ausencia de prueba de su responsabilidad penal, mas no por inexistencia del hecho o atipicidad, de modo que el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado pertinente es el subjetivo de falla del servicio por privación injusta de la libertad , no uno objetivo, restringido solamente a esas dos situaciones, que no comprende la absoluciónRadicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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por falta de prueba de la responsabilidad penal , porque el procesado no cometió los delitos que se le imputan ni por aplicación del principio in dubio pro reo12.

26. Entonces y dado que no es aplicable al caso este régimen de responsabilidad, sino aquel, era razonable y jurídicamente válido exigir las evidencias de los motivos que tuvo el Juez de Control de Garantías para disponer la detención domiciliaria del mencionado demandante, que no se encuentran en las únicas recaudadas en el proceso de reparación directa13, sino precisamente en aquellas por cuya ausencia el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó la condena impuesta en contra de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación : las grabaciones de la s audiencias en las cuales se impuso la medida de aseguramiento al procesado.

27. Si solamente con tales evidencias es posible determinar la justicia o injusticia de la

General de la Nación : las grabaciones de la s audiencias en las cuales se impuso la medida de aseguramiento al procesado.

27. Si solamente con tales evidencias es posible determinar la justicia o injusticia de la detención, puesto que allí se encuentran las razones que tuvo el juez para imponerla, entonces en absoluto constituye exceso ritual manifiesto que el referido Tribunal haya exigido las mencionadas grabaciones y , posteriormente, revocado la sentencia condenatoria por ausencia de ellas.

28. La falta de tales pruebas no podía ser suplida con las consideraciones consignadas en la senten cia penal absolutoria, pues fue proferida en un estadio más avanzado del proceso penal y relacionado con la responsabilidad del procesado, no con los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para su detención puramente preventiva.

29. Es igualmente acertado el criterio del Tribunal para negarse a decretar pruebas de oficio, según el cual esa facultad no puede utilizarla para suplir la inactividad o la negligencia probatoria de las partes y, cuando el proceso está para decisión de fondo , “sólo procede para esclarecer puntos oscuros o dudosos… de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del CPACA”14, sin que fuera éste el caso.

30. De otra parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda tampoco incurrió en defecto sustantivo por haber acudido a precedentes del Consejo de Estado para resolver el caso concreto. En efecto, aun cuando el precedente judicial tiene vocación de aplicación inmediata a los procesos en curso -con independencia de la fecha de presentación de la demanda-, lo cierto es que, en el presente asunto, el Tribunal no aplicó una regla jurisprudencial novedosa ni sorpresiva, sino una línea interpretativa que ya se encontraba

inmediata a los procesos en curso -con independencia de la fecha de presentación de la demanda-, lo cierto es que, en el presente asunto, el Tribunal no aplicó una regla jurisprudencial novedosa ni sorpresiva, sino una línea interpretativa que ya se encontraba consolidada con anterioridad.

31. En particular, la providencia citada en la nota al pie 39 de la página 34 de la sentencia cuestionada, aunque fue referida por el Tribunal como proferida el 12 de abril de 2023, en realidad corresponde a una decisión adoptada el 10 de agosto de 2017, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de reparación directa el 1.º de febrero de

12 Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencias SU-072 del 5 de julio del 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, y SU -363 del 22 de octubre del 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 11 de diciembre del 2015, número interno 56130, y del 10 de agosto del 2017, número interno 59814, C.P . Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sección Segunda, sentencia del 21 de noviembre del 2023, número interno 11131, C.P . Juan Enrique Bedoya Escobar. 13 Copia de la orden de captura número 290014254, acta de derechos del capturado del 12 de marzo del 2015 y documento de su individualización y arraigo. 14 Página 33 de la sentencia atacada, índice 00002 Samai del Consejo de Estado.Radicado: 11001-0315-000-2025-07145-00

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Accionantes: Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y otros Se niega el amparo

2019. Dicha sentencia ya sostenía que, cuando la absolución penal no obedece a la inexistencia del hecho o a su atipicidad, sino a la falta de prueba de la responsabilidad penal, el análisis de la privación de la libertad exige examinar las razones que motivaron la imposición de la medida de aseguramiento.

32. Similar situación se presenta frente a la sentencia dictada dentro del proceso de reparación directa con número interno 56130, invocada por el Tribunal en la nota al pie 38 de la página 33, la cual fue citada como expedida el 31 de octubre de 2022, cuando en realidad fue proferida el 11 de diciembre de 2015. En consecuencia, también se trata de un precedente anterior a la demanda, cuya ratio decidendi ya hacía parte del acervo jurisprudencial aplicable.

33. Finalmente, aun en relación con otros pronunciamientos que los demandantes consideran posteriores, lo relevante es que estos no introdujeron un criterio distinto ni modificaron el entendimiento vigente sobre el régimen de responsabilidad aplicable, sino que reiteraron una misma línea jurisprudencial, consistente con la jurisprudencia constitucional y