CE - Sentencia 11001031500020250714600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-07146-00

Accionante: Safira Flórez Hernández

Accionados: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Declara improcedencia y niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 presentada por la señora Safira Flórez Hernández contra el Tribunal Administrativo del Meta por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la providencia proferida el 3 de julio de 2025, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado

50001333300420210020001.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Presentó de manda en contra del d epartamento de Gua inía en atención a la suspensión en el pago de la prima técnica por evaluación del desempeño , en el

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Presentó de manda en contra del d epartamento de Gua inía en atención a la suspensión en el pago de la prima técnica por evaluación del desempeño , en el curso de ese proceso el ente territorial aceptó como cierto el hecho segundo de la demanda, razón por la cual, se excluyó de la fijación del litigio el tema relacionado con la naturaleza de la vinculación de la demandant e. La entidad edificó sus argumentos de defensa en el hecho de que la accionante perdió el derecho al reconocimiento y pago de la prestación reclamada por obtener una evaluación del desempeño inferior al 90%.

3. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio autoridad judicial que profirió sentencia de primera instancia el 18 de noviembre de 2024, en la que accedió a las pretensiones de la demanda en cuanto al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño, lo anterior teniendo en cuenta que obtener una calificación inferior al 90% no es óbice para la pérdida definitiva de la prima, puesto que solo se pierde por la anualidad en la que no se obtuvo el puntaje.

1 Acción de tutela presentada el 12 de noviembre de 2025Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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4. La decisión fue apelada por el departamento del Guainía, oportunidad en la cual alegó que la prima t écnica por evaluación del desempeño solo abarca a los empleados del orden nacional; además que, en sentencia del 19 de marzo de 1998, proferida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, que permitía a los entes territoriales el otorgamiento de la prima técnica por evaluación desempeño.

5. El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3, en sentencia del 3 de julio de 2025, por medio de la cual revocó la sentenci a proferida en primera instancia y en su lugar negó las pretensiones incoadas por la demandante, teniendo en cuenta que no cumplió con el requisito de haber ocupado un empleo público en propiedad en el orden nacional, razón por la que no es beneficiaria del régimen de transición previsto en el Decreto 1724 de 1997.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al desconocer el procedimiento legal establecido para resolver el recurso de apelación; lo anterior teniendo en cuenta que, la naturaleza de la vinculación de la accionante no fue objeto de controversia en el proceso, debido a que la entidad en sede administrativa, la contestación de la demanda y

resolver el recurso de apelación; lo anterior teniendo en cuenta que, la naturaleza de la vinculación de la accionante no fue objeto de controversia en el proceso, debido a que la entidad en sede administrativa, la contestación de la demanda y la defensa del proceso, aceptó el carácter de servidora pública del orden nacional, razón por la cual dicho punto fue excluido de la fijación del litigio y el problema jurídico planteado de limitó a determinar si hab ía perdido el derecho a la prima técnica por evaluación del desempeño, por inexistencia de una calificación.

7. En el recurso de apelación, la entidad solicitó revocar la decisión proferida en primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el departamento no debía soportar una carga económica que no le correspondía, además señaló que la prima técnica por evaluación del desempeño no podía ser reconocida a favor de los servidores públicos del orden territorial, no obstante en ningún momento alegó que la demandante tenía o no la calidad de servidora pública del orden nacional.

8. El Tribunal Administrativo del Meta entró a revisar la calidad de la vinculación de la demandante, sin que el apelante único haya invocado motivo de inconformidad sobre el particular, por lo que excedió los límites de la competencia que le fue asignada.

9. De otra parte, alegó la configuración de un defecto fáctico por indebida

valoración probatoria de:

• El acta 104 del 11 de noviembre de 1993, por medio de la cual tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios generales código 6035 grado 3 ante el Gobernador del Guainía, teniendo en cuenta que no consideró que

• El acta 104 del 11 de noviembre de 1993, por medio de la cual tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios generales código 6035 grado 3 ante el Gobernador del Guainía, teniendo en cuenta que no consideró que para la fecha en que la demandante tomó pose sión del cargo, estaba vigente la Ley 43 de 1975, que ordenó la nacionalización del servicio público de la educación, es decir que su administración dependía directamente del Gobierno Nacional, por esta razón los nombramientos efectuados por los alcaldes y gobernadores tenían el carácter de nacional.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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• El Oficio OTH SED 649 del 19 de septiembre de 2007 y el Decreto 494 de 2006, medios de prueba en virtud de los cuales se concluye que la accionante fue homologada y nivelada salarialmente en el año 2006, procedimiento que se realizó y ocurrió únicamente para el personal que se encontraba vinculado con la Nación y posteriormente fue incorporado a la planta territorial, contrario a ello el Tribunal afirma que su nombramiento desde el año 1993, no sufrió modificación hasta la homologación en el año 2006, sin analizar que se realizó para el personal que se encontraba a cargo de la nación, ostentando el carácter de servidor público del orden nacional.

• No valoró las pruebas que determinaron que a la accionante se le reconoció

2006, sin analizar que se realizó para el personal que se encontraba a cargo de la nación, ostentando el carácter de servidor público del orden nacional.

• No valoró las pruebas que determinaron que a la accionante se le reconoció la prima técnica por evaluación de desempeño como derecho adquirido cuando ostentó la condición de servidora pública del orden nacional, esto es la Resolución 1076 de 1997, que fue expedida en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2 de la Resolución 05737 de julio de 1994, por la cual se estableció la asignación de la prima técnica a funcionarios del orden nacional vinculados a la administración del servicio educativo en las entidades territoriales.

• No valoró la Resolución 2350 del 10 de julio de 1997, que certificó al Departamento de Guainía para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los servidos educativos, no obstante, no consideró que la demandante se vinculó con anterioridad a la expedición de esta disposición (1993), esto es en vigencia de la Ley 43 de

1975.

• No valoró la evaluación del desempeño del año 1994, documento que da fe que dependía del Ministerio de Educación Nacional por prestar sus servicios al sector educativo.

2.3. Pretensiones

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERA: Se tutelan, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA además de todos aquellos que resultaron violentados y/o amenazados a mi poderdante, por la configuración del

DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA además de todos aquellos que resultaron violentados y/o amenazados a mi poderdante, por la configuración del defecto fáctico y procedimental en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de decisión No. 3 - del procedo de radicado: 5000133330042021002000, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio el día 18 de noviembre de 2024.

SEGUNDA: En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguna la Sentencia

de fecha 03 de julio de 2005 emitida por el Tribunal Administrativo del MetaSala de decisión No. 3 - Magistrado Ponente: Juan Darío Contreras Bautista dentro del proceso de radicado: 500013330042021002000, y en su lugar se le ordene al Tribunal accionante EMITIR una sentencia en reemplazo de la aquí cuestionada, sentencia que deberá corregir enteramente la tutelada, reconociendo los derechos de la actora y según los argumentos que expondráAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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4 en (sic) H Consejo de Estado, en su fallo protector de los derechos fundamentes transgredidos.>>

2.4. Intervenciones

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4 en (sic) H Consejo de Estado, en su fallo protector de los derechos fundamentes transgredidos.>>

2.4. Intervenciones

11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de noviembre de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Meta – Sala de Decisión 3 como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito vi Villavicencio y al departamento de Guainía como terceros interesados en las resultas del proceso.

12. Departamento del Guainía, se opuso a las pretensiones incoadas, teniendo en cuenta que la demandante accedió a la administración de justicia en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , proceso que se tramitó conforme a las etapas procesales previstas en el ordenamiento y fue debatido en las instancias correspondientes, así las cosas, el hecho de que la sentencia de segunda instancia haya revocado la decisión favorable de primera instancia no habilita el uso de la acción de tutela como mecanismo para reabrir el litigio ni para obtener un nuevo pronunciamiento judicial.

13. Alegó que no se configuró el defecto fáctico endilgado, teniendo en cuenta que el Tribunal valoró las pruebas obrantes en el expediente, incluyendo las resoluciones que le reconocieron la prima técnica, las calificaciones de desempeño y la naturaleza jurídica de la entidad empleadora ; así como tampoco el defecto procedimental, en atención a que la demandante ejerció plenamente sus derechos de defensa y contradicción en el proceso en el curso del proceso ordinario.

14. El reconocimiento de la prima técnica a favor de la demandante se fundamentó

el defecto procedimental, en atención a que la demandante ejerció plenamente sus derechos de defensa y contradicción en el proceso en el curso del proceso ordinario.

14. El reconocimiento de la prima técnica a favor de la demandante se fundamentó en el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, norma que fue declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de 1998, por exceder las facultades otorgadas por el ejecutivo en la Ley 60 de 1990. En ese orden, los actos administrativos que otorgaron la prima técnica perdieron fuerza ejecutoria por desaparición de su fundamento legal, conforme al artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, situación que fue debidamente valor ada por el Tribunal Administrativo del

Meta.

15. El Tribunal Administrativo del Meta a través del Magistrado ponente de la decisión, rindió informe en el cual señaló que la sentencia cuestionada se adoptó luego de analizar la situación fáctica y jurídica exp uesta en la demanda, así como lo pretendido e indicado en las pruebas allegadas al expediente y los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

16. Solicitó a la Sala remitirse a las consideraciones que se consignaron en la decisión, teniendo en cuenta que contiene la fundamentación fáctica, jurídica y jurisprudencial analizada para llegar a la decisión cuestionada por la accionante.

17. Finalmente señaló que la tutela carece de relevancia constitucional, debido a que se pretende una tercera instancia s obre un debate ordinario que está revestido de cosa juzgada, por lo que solicitó declarar su improcedencia.Acción De Tutela

17. Finalmente señaló que la tutela carece de relevancia constitucional, debido a que se pretende una tercera instancia s obre un debate ordinario que está revestido de cosa juzgada, por lo que solicitó declarar su improcedencia.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión 3, al proferir la sentencia del 3 de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igua ldad y acceso a la administración de justicia , al incurrir en los defectos procedimental y fáctico.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de

2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de

2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtene r la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absolut a sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan

supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, q ue se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claroAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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6 que la m isma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que una de las pretensiones de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición, y otras no, según se pasa a explicar.

3.3.1.1. En relación con el requisito de subsidiariedad es necesario verificar si la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para

jurisprudencia, que habilitan su interposición, y otras no, según se pasa a explicar.

3.3.1.1. En relación con el requisito de subsidiariedad es necesario verificar si la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional . En este punto se advierte el incumplimiento frente a los argumentos de los defectos: fáctico (parcialmente) y procedimental absoluto. En cuanto al defecto fáctico, en relación con la omisión de valorar las pruebas que determinaron que a la accionante se le reconoció la prima técnica por evaluación de desempeño como derecho adquirido cuando ostentó la condición de servidora pública del orden nacional; así mismo, la omisión de valorar la Resolución 2350 del 10 de julio de 1997, que certificó al Departamento de Guainía para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los servicios educativos; y la ev aluación del desempeño del año

1994. En relación con el defecto procedimental en el cual se argumentó que la naturaleza de la vinculación de la accionante no fue objeto de controversia en el proceso ni argumento de la apelación, con lo cual se habría vulnerado el principio de congruencia. Así las cosas, de conformidad con la tesis de esta Subsección los anteriores planteamientos, esto es, la omisión de valoración probatoria y la vulneración del principio de congruencia, pueden ser alegado s a través del recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA 2, por lo que, se reitera, no se cumple el requisito de subsidiariedad frente a es tos aspectos.

recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA 2, por lo que, se reitera, no se cumple el requisito de subsidiariedad frente a es tos aspectos.

3.3.1.2. En relación con los otros argumentos del defecto fáctico basados en una indebida valoración probatoria, se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional. De igual forma se considera que los h echos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 3 de julio de 2025 , ejecutoriada el 21 de julio de la misma anualidad y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 12 de noviembre de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establ ecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a la administración de justicia , los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

2 Consultar entre otras la sentencia del 6 de noviembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-0479601.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia sobre los aspectos que superaron los requisitos generales según lo antes explicado.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprend e las indebidas valoraciones probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 5, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de

providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de

carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»6.

27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

28. Alega que la decisión objeto de tutela realizó una valoración caprichosa, arbitraria e irracional de los medios de prueba allegados al proceso, en especial del acta de posesión 1004 de 1993 y de la Resolución 435 de 1993, al concluir sin fundamento jurídico ni probatorio que la vinculación de la demandante era del orden territorial.

29. Sobre el particular, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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8 Meta en la providencia cuestionada señaló:

<<”(…) 2.3. Análisis jurídico y jurisprudencial de la prima técnica por e valuación del desempeño (…)

A partir del anterior recuento normativo, resulta posible concluir que tendrá derecho a la prima técnica por evaluación de desempeño el empleado público que ocupó un cargo de orden Nacional en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo u operativo, o sus equivalente en los sistemas especiales, y que obtuvo, como mínimo, un noventa por ciento (90%) en la calificación de servicios correspondiente al año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997.

Improcedencia del reconocimiento de la prima técnica en las entidades territoriales

Como se expuso en antecedencia, el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 facultó a los

de 1997.

Improcedencia del reconocimiento de la prima técnica en las entidades territoriales

Como se expuso en antecedencia, el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 facultó a los Gobernadores y a los Alcaldes a adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica a los empleados públicos del orden departamental y municipal. Sin embargo, el Consejo de Estado, en providencia de 19 de marzo de 19987, declaró la nulidad de dicha normativa por exceso de la potestad reglamentaria, en los términos que a continuación se transcriben: (…)

Por lo tanto, como consecuencia del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, la prima técnica quedó previst a exclusivamente para los empleos del sector público del orden nacional, dado que los efectos de la sentencia de nulidad son retroactivos, esto es, la legislación vuelve a su estado anterior a la expedición de dicha norma, que en este caso corresponde a lo s artículos 1 y 9 del Decreto 1661 de 1991.

4.2 Caso actual

En el presente asunto, la demandante SAFIRA FLÓREZ HERNÁNDEZ solicita el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, consagrada en el Decreto 1661 de 1991, argumentando que la vinculación legal y reglamentaria que mantuvo con el DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA fue del orden Nacional, y que obtuvo, adicionalmente, una calificación superior al 90% antes del 4 de octubre de 1997.

Para el a quo, la demandante tiene der echo al reconocimiento y pago de dicha

mantuvo con el DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA fue del orden Nacional, y que obtuvo, adicionalmente, una calificación superior al 90% antes del 4 de octubre de 1997.

Para el a quo, la demandante tiene der echo al reconocimiento y pago de dicha prestación económica en los términos del Decreto 1661 de 1991, teniendo en cuenta que su vinculación con la entidad demandada ocurrió el 20 de mayo de 1993, y que, antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 1997 , le fue reconocida la prima técnica al obtener una calificación superior al 90%.

Por su parte, en el recurso de apelación, la entidad demandada sostiene que la demandante no tiene derecho a dicha prestación, teniendo en cuenta que esta sólo puede otorgarse a los empleados públicos del orden nacional, condición que, según afirma, no cumple la parte actora.

Para resolver, de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, se establece que a través del Decreto 028 de 20 de mayo de 19938 la demandante fue nombrada en provisionalidad, por un periodo de cuatro meses, para desempeñar el cargo de Auxiliar de Servicios Generales código 6035 Grado 03 al servicio del Fondo Educativo Regional del Guainía. De este empleo tomó posesión el mismo día, ante el Gobernador y el Jefe de Personal del F.E.R.

Posteriormente, mediante el Decreto 040 de 1993 9, el Gobernador del Departamento del Guainía, en su condición de presidente de la Junta Administradora del FER, y el

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc ión Segunda. consejero ponente: Silvio Escudero Castro. Radicado 11995. Sentencia de 19 de marzo de 1998

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc ión Segunda. consejero ponente: Silvio Escudero Castro. Radicado 11995. Sentencia de 19 de marzo de 1998 8 (OneDrive: 12Agregar Memorial). Registro SAMAI. Actuación: Agregar Memorial; Índice: 00011. 9 Pág.16, ibidem.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-07146-00

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9 representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Regional Educativo del Guainía, prorrogaron por el término de cuatro meses la prestación de los servicios de la demandante en el cargo de Auxiliar de Servicios General código 6035-Grado 02, dependiente del Fondo Educativo Regional del Guainía.

De igual manera, se observa que mediante el Acta No. 1 004 de 11 de noviembre de 199310, la demandante toma posesión del cargo de Auxiliar de Servicios Generales código 6035 grado 03 nombrada mediante resolución 435 de 8 de noviembre de 1993 y, se le otorgó un periodo de prueba por el término de cuatro (4) meses. Esta actuación se adelantó ante el Gobernador del Guainía y el repre